Juicio de la empresa minera Montana contra siete campesinos maya Mam… ¿Estrategia de criminalización de la protesta social?


ACOGUATE observó por solicitud de la Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán ( ADISMI), , el juicio contra siete campesinos, acusados por el Ministerio Público y la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A. de haber cometido delitos de lesiones leves y graves contra trabajadores de la empresa en enero 2007 además de delitos de coacción e instigación a delinquir durante bloqueos que sufrió esta empresa en enero de 2007.

Conflicto acerca de la renegociación de las tierras compradas a los campesinos
Según los vecinos del municipio de San Miguel Ixtahuácan, la empresa Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Goldcorp Inc., empezó a comprar terrenos en la región de San Miguel en 1999 para luego empezar la explotación en diciembre de 2005. La extensión del terreno comprado por la mina es de 100 mil hectáreas. Las tierras fueron compradas al precio de Q, 4000 la cuerda.

El conflicto entre la mina y las comunidades de San Miguel Ixtahuacán empezó con la negación por parte de la empresa minera a dialogar sobre un memorial de peticiones entregado el 9 de enero de 2007 por representantes de comunidades cercanas. Las peticiones se referían a la renegociación del valor de las tierras vendidas a la empresa y entre otras a la compensación de las grietas en las casas (por las detonaciones que realizan la empresa y el paso de los camiones pesados). Según las Comunidades en Resistencia de San Miguel Ixtahuacán, organización de comunidades afectadas por la mina, la empresa los “engañó y se aprovechó de su analfabetismo y pobreza en el momento de comprar sus tierras, ofreciéndoles centros de salud, trabajo, granjas pecuarias, mini riegos, viviendas, pago de las siembras destruidas por las actividades mineras y proyectos de toda clase, promesas que nunca cumplió”. Nunca se les informó de los impactos y efectos negativos de la explotación minera sobre el medio ambiente y de la utilización de metales pesados en los procesos industriales de minería.

Hechos del 10 de enero del 2007 y la denuncia de la Montana
El 10 de enero 2007 por la mañana, tuvo lugar una reunión entre unos 20 representantes de las comunidades (entre ellos algunos de los acusados) y los gerentes de la mina, en donde los primeros expusieron la necesidad de hacer valer sus peticiones. La empresa se negó firmemente a renegociar el precio de las tierras argumentando que los contratos de compra-venta ya estaban firmados. Según los acusados, los campesinos se dirigieron a sus casas después de la reunión, cuando a unos 2 kilómetros de la mina fueron atacados por miembros del equipo de seguridad de la mina, quienes trataron de secuestrar a Fernando Basilio Pérez, uno de los acusados principales en el juicio. Los atacados se defendieron y se refugiaron en sus casas. Después de estos acontecimientos, campesinos de las comunidades decidieron bloquear los accesos a la mina. El 22 de enero, los campesinos se retiraron, después de que la gerencia de Montana les hubiera prometido negociar los puntos del memorial en una reunión el 26 de enero en la Diócesis de San Marcos. El 24 de enero, el gerente de Montana mandó una carta a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y a la Diócesis, informando que ellos no iban a participar en dicha reunión.

El 13 de febrero, día de la consulta comunitaria sobre la minería en el municipio vecino de Concepción Tutuapa, fuerzas especiales de la Policía Nacional y agentes encubiertos de la empresa efectuaron varios allanamientos en aldeas del Municipio de San Miguel Ixtahuacán, con el propósito, según ADISMI, de capturar a ciertos líderes comunitarios que supuestamente participaron en los bloqueos. Fernando Pérez y Antonio Bamaca fueron encarceladas por dos días en la cárcel de San Marcos.
Según la empresa minera, Fernando Pérez y Francisco Bamaca ingresaron a la mina el 10 de enero 2007 donde agredieron a dos miembros del grupo de seguridad de la empresa. Supuesto delito que la Montana Exploradora S.A. denuncio al Ministerio Publico (MP) en febrero acusándolos conjuntamente con 5 otros campesinos de delitos de lesión, coacción, de amenaza y de instigación a delinquir. El 28 de agosto, el MP presentó como pruebas unas declaraciones testimoniales y un dictamen médico sobre la gravedad de las supuestas lesiones provocadas a dos miembros de la seguridad de Montana y se decidió la apertura a juicio de la denuncia de Montana para noviembre.

El debate publico
Durante el proceso, la Montana propuso retirar su acusación, si los siete campesinos se declaraban culpables, pedían disculpas públicamente al jefe de seguridad y firmaban un acta que restringía su libertad de manifestación; sin embargo, los acusados no aceptaron declarándose inocentes.

Al final de octubre, los acusados recibieron el apoyo de dos abogados de la Fundación Rigoberto Menchú Tum (FRMT) además de los dos abogados que iban a realizar su defensa. Acerca de la presencia de los abogados de FRMT, miembros del equipo legal de Montana Exploradora expresaron al canal guatemalteco Guatevisión que no entendían cual era “el interés de la fundación Menchú a participar en este proceso.

El 12 de noviembre 2007 se abrió el debate en el Tribunal de Sentencia de San Marcos. Julio Cesar Aguilar, integrante del grupo de seguridad de la Montana, alegó haber sufrido lesiones graves por parte de Francisco Salomón Bamaca al tirarle éste una piedra a la nariz. John W.G. Noyes de nacionalidad canadiense, también del grupo de seguridad y ex trabajador de MINUGUA (Misión de Naciones Unidas para Guatemala), declaró haber sufrido una herida en la frente por una piedra tirada por Fernando Basilio Pérez Hamaca.

El 10 de diciembre fueron presentadas las conclusiones. El fiscal del Ministerio Público solicitó una condena de 14 años de prisión para Francisco Salomón Bamaca y para Fernando Basilio Pérez, 9 años de prisión así como una condena absolutoria de los otros cinco acusados por falta de suficientes elementos para condenarles. El abogado de la mina exigió penas máximas para Francisco Bamaca y Fernando Pérez, y la condena de tres de los cinco acusados por coacción e instigación a delinquir. También solicitó el pago de 2 millones de Quetzales por daños y perjuicios a la empresa.

Los abogados de la defensa alegaron que las pruebas de delito no eran contundentes, que había muchas contradicciones en los testimonios de la acusación y que consideraban este juicio como una tentativa para establecer un precedente en contra de líderes comunitarios para evitar protestas futuras y, que por lo tanto exigían una sentencia absolutoria para todos los acusados. Además, declararon que con los testimonios de los empleados de la mina contra los siete campesinos, quienes son de las mismas aldeas y en algunos casos incluso familiares, se esta buscando provocar una división dentro de las comunidades.

Una sentencia contestada
El martes 11 de diciembre, el Tribunal de San Marcos dictó sentencia, condenando a Fernando Pérez y Francisco Bamaca a 2 años de prisión conmutable en pago de 5 Quetzales por día por lesiones leves no intencionadas, sin imposición de una multa por su situación económica precaria o 3 años de suspensión condicional de la pena. Los siete acusados fueron absueltos de los cargos de coacción e instigación a delinquir.

El abogado defensor, Benito Morales, protestó antes de la lectura del fallo por la exagerada presencia de efectivos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional Civil (entre 25 y 30 en total) en los alrededores del Tribunal de San Marcos, considerando que, según él, este acto tuvo el fin de estigmatizar a los campesinos, violando el principio de presunción de inocencia, por cuanto daba fe de una sentencia anunciada.

Después de la clausura del debate público, Morales expresó ante los medios de comunicación su indignación, declarando que los dos condenados son inocentes y que presentarán apelación contra dicha sentencia para demostrar la inocencia absoluta de los acusados. También aseguró que la empresa ha obligado a sus empleados a declarar en contra de los sindicados y que el MP ha aceptado pruebas falsas y viciadas aportadas por la compañía minera. Dijo que tampoco se justificaba la acusación de los otros cinco acusados, ya que no existían pruebas físicas de su presencia en el lugar de los hechos delictivos y que fue allí una estrategia para intimidar estas personas.

Anomalías en el proceso subrayadas por organizaciones de derechos humanos

En un comunicado del 13 de diciembre, la Fundación Rigoberta Menchú Tum declaró que “el Tribunal se plegó con este fallo a las intenciones de la minera, contribuyendo con ello no solamente a criminalizar la protesta social, sino también los liderazgos dignos de las comunidades afectadas, con la intención de dividirlas. Además, condena la actuación de las fuerzas de seguridad combinadas de San Marcos que se presentaron previo a darse a conocer el fallo, haciendo gala de su fuerza y de un despliegue inusual de efectivos con el fin de intimidar, no solamente a los acusados, sino también a los abogados defensores y a sus acompañantes.

Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron mediante una acción urgente durante el juicio, declarando que éste “no es un juicio de justicia, sino de criminalización, represión, de silencio y advertencia que impulsa el gobierno y su aparato de justicia en abierto y público apoyo de empresas mineras como la Montana Exploradora S.A., en contra del pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuácan y todos los pueblos indígenas y campesinos de Guatemala que luchan por la defensa de su tierra.

En dicha acción urgente las organizaciones exigieron entre otros puntos, “el cese inmediato de la persecución criminal contra los siete campesinos, el cumplimiento por parte del Estado con su deber constitucional, que consiste en garantizar, proteger y promover el respeto de los derechos humanos, económicos y sociales de la mayoría de la sociedad, no seguir promoviendo la impunidad a favor de las empresas poderosas, reivindicando el juicio y castigo de los funcionarios de la empresa Montana Exploradora S.A. en su proyecto Marlin, por ser los verdaderos responsables de usurpación y despojo de las tierras de l@s campesinos, de la destrucción y contaminación del medio ambiente y los recursos naturales de Guatemala

El desafío del tema minero

La explotación minera es un tema controvertido en Guatemala. Hace apenas un mes, el Presidente de la Republica, Oscar Berger, defendió los trabajos de minería efectuados en el país, al afirmar que han mejorado la calidad de vida y han generado empleo para los habitantes de San Marcos. Insiste en que el próximo gobierno debe aprobar la iniciativa de ley que va enfocada a promover el sector minero. Sin embargo, los movimientos ambientalistas y de derechos humanos opinan que estos proyectos deben procurar un bienestar social y no particular, así como respetar las decisiones de los pueblos indígenas al respecto. También el cardenal Rodolfo Quezada Toruño declaró el 25 de noviembre pasado, que le preocupa que continúe la extensión de licencias para la explotación de metales, ya que esta y la explotación de las minas a cielo abierto daña el medio ambiente y contaminan los ríos: “Nos molesta la injusticia, la miseria de dinero que queda en Guatemala y los millones de dólares que se van al extranjero”, enfatizó. Criticó al gobierno de Berger por haber extendido licencias para la explotación de metales sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades. Agregó que esperaba que el próximo gobierno respete la decisión de las comunidades en las consultas populares, y que legalice esa figura para que sean vinculantes. Desde 2005, se realizaron cerca de 20 consultas comunitarias sobre minería involucrando a cerca de 300,000 personas. Estos procesos de toma de decisión comunitarios y sus resultados (“NO” rotundo a la minería en la totalidad de estos municipios) no han hasta le fecha estado declarados vinculantes por el estado.

Según Rafael Espada, vicepresidente electo, la próxima administración realizará un estudio legal de la Ley de Minería, la cual podría ser objeto de reformas. “Resolver los problemas en el tema minero será prioridad para el gobierno de Álvaro Colom”, sostuvo Espada. Así mismo abrió la puerta a las consultas populares. Dijo que se debe dar importancia a los pueblos cercanos a donde se realicen proyectos mineros, ya que son ellos quienes tienen posesión de la tierra.

Entretanto, la empresa Montana comunicó el 15 de diciembre en el periódico Siglo XXI, su intención de extender su estancia en el país y que prevé quedarse en San Marcos más de los 13 años previstos, puesto que se han localizado reservas que ofrecen duplicar la cantidad de metales preciosos. El director ejecutivo de Montana para Centroamérica, Eduardo Villacorta, considera que el área tiene potencial para convertirse en un distrito minero.

Milton Saravia, el representante de la mina, manifestó en una entrevista a medios de comunicación después del juicio, que la empresa no tenía la intención de modificar su política de compra de tierras. En un campo pagado en la Prensa Libre del 16 de diciembre, Montana Exploradora S.A. declaró que respeta las decisiones de los tribunales y definió la sentencia como una luz en el camino para las empresas que creen e invierten en Guatemala.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales siguen siendo preocupadas por la conflictividad social que provoca la instalación de proyectos mineros.

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Por ACOGUATE

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