El Caso de Rio Negro


A tres años de haber sido suspendido, se reabrió el caso de Río Negro en diciembre 2007. En este juicio hay seis patrulleros de Xococ sentados en el banquillo acusados por su papel en la masacre del 13 de marzo, 1982. En un juicio anterior en 1999, tres comandantes de la patrulla fueron condenados a 50 años de prisión por su participación en la misma masacre, que tuvo un saldo de 70 mujeres y 107 niños muertos. ACOGUATE ha estado presente en las audiencias, observando el proceso en el cual la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), actúa como querellante.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los hechos del 13 de marzo de 1982 representan una etapa en una serie de operaciones impulsadas por intereses económicos y estratégicos, que se concretizaron en “la intención del mando responsable del Ejército de destruir total o parcialmente a dicha comunidad (…).” Las sucesivas violaciones fueron cometidas con el objetivo de desalojar forzosamente las comunidades que residían a lo largo del Río Negro para poder avanzar con la construcción de la represa de Chixoy e inundar el valle del Río Negro en Baja Verapaz. Este proceso se desarrolló bajo los ojos de las instituciones de supervisión, el entonces estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en función de la administración de fondos y la coordinación del proyecto, junto con el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo quienes aportaron los prestamos para impulsar el proyecto .

El desplazamiento de la gente empezó con hostigamientos en 1980 y culminó en cuatro masacres cometidas entre febrero y septiembre de 1982 por efectivos del ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de Xococ. La mayoría de los sobrevivientes hoy viven en el lugar de reasentamiento previsto por el INDE, Pacux, una aldea modelo situada detrás de un destacamento militar a orillas del pueblo de Rabinal, Baja Verapaz.

El juicio es el segundo que se desarrolla por las violaciones en Río Negro y está enfocado en la masacre del 13 de marzo de 1982. En la primera fase, los supuestos victimarios presentaron sus declaraciones. Algunos de los acusados negaron de haber estado presentes en el lugar de la masacre. Otros subrayaron el papel protagonista del ejército y explicaron como los soldados les habían organizado en patrullas y llevado a Río Negro. Al mismo tiempo no identificaron a los actores del ejército que estaban al mando de la operación. Uno de los acusados admite que no quiso señalar estos por tener miedo de repercusiones por parte de las estructuras militares. Los patrulleros en el caso señalan solo la participación del capitán Solares, quien ya tiene numerosos órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

La segunda parte del juicio ha sido caracterizada por las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre de Río Negro. Muchos de ellos se acuerdan detalladamente de los hechos de este día. Cuentan como las mujeres y los niños se habían quedado en la aldea porque se esperaba que no iban a sufrir represalias. Según los testimonios, los habitantes de la aldea que habían permanecido fueron rodeados por los efectivos del ejército y las patrullas civiles y después llevados a un cerro cerca de la aldea, donde muchos fueron torturados, violados y brutalmente asesinados. Pocos lograron escapar la masacre en la cual fueron ultimados 177 mujeres y niños. Una mujer quien logró escapar cuenta lo siguiente: “Vi a mi mamá y a mi abuela en la fila, y las vi morir. Violaron a muchas mujeres. Le dije a mi prima que si se quedara tal vez se salvara. Yo tenía 16 años. Le pedí a mi mamá que se quedara con mi niña, pero no me la quiso recibir. La dejé tirada porque no quería recibirla y huí. Pensé en mi hija, pero no quería morir. Me dispararon mientras corría para el barranco.” También, quedaron vivos 18 niños elegidos por los patrulleros y sucesivamente llevados a Xococ donde fueron forzados a convivir con los patrulleros que habían matado a sus familiares y les mantenían como esclavos.

La acusación señaló que el juicio también ha sido marcado por unas decisiones del fiscal del caso y de la defensa que no parecen contundentes. Entre ellas fue el anuncio del fiscal de querer renunciar a un testigo considerado clave por parte de la acusación. Este testigo, quien formó parte de la patrulla de autodefensa civil de Xococ, había sido citado para que declara quién había dado las órdenes a los patrulleros y porqué. Según los abogados de la acusación, esta aportación hubiera podido contribuir al desmantelamiento de la estructura de mando que operaba detrás de los actuales acusados. En una primera argumentación, el fiscal determinó como abundante la toma de declaración del señor por considerarla repetitiva. Posteriormente, en una segunda explicación, se declaró preocupado por la integridad física del testigo. A causa de las protestas de los abogados querellantes, el fiscal aseguró que averiguaría la posibilidad de tomar medidas para garantizar la seguridad del testigo. En cuanto de las “peculiaridades” por parte de la defensa fue su anuncio el segundo día de querer retirar todos sus testigos del juicio. Al final esta propuesta fue rechazada por las demás partes.

La acusación opinó que estas acciones dilatorias del fiscal y de la defensa buscaban impedir la identificación de los autores intelectuales vinculados con las masacres. Esta lectura puede coincidir con la ausencia de Otto Ponce, comandante del destacamento militar quien fue citado por la acusación pero no se presentó en el tribunal.

Varios familiares de las victimas mencionaron el sentido de hostilidad hacía los familiares presente en la sala de debate. Como señalaron fuentes locales, es una consecuencia de las dinámicas del conflicto armado que creó la división de un contexto local en el cual víctimas y victimarios siguen conviviendo sin esclarecimiento de la responsabilidad intelectual y material de las masacres.

El último acontecimiento que refleja la concentración de violencia en el contexto local, que según diferentes organizaciones de derechos humanos está vinculado con este juicio es el atentado sufrido por Guillermo Chen, director de la Fundación Nueva Esperanza ubicada en el municipio de Rabinal. Como decía un testigo del caso, el juicio muestra que por el momento, la posibilidad de alcanzar una condena jurídica se limita a los agresores, que son “indígenas y pobres” iguales como las víctimas, pero día por día más elementos se juntan y empiezan a identificar a las autores intelectuales de los actos de violencia.

Escrito por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE; 1. Gente de las comunidades de Rabinal, Baja Verapaz afuera de la corte de Salamá. 2. Reconocimiento judicial del lugar hacía Rio Negro que fue suspendido a la mitad del camino

1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio.
2 Centre on Housing Rights and Evictions en colaboración con Rights Action (2004): Haciendo realidad las reparaciones en el caso de la repesa Chixoy.
3 Ibíd.
4 http://www.elperiodico.com.gt/es/20080306/pais/49776
5 Ibíd.

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