Entrevista con Javier de León y Fernando Solís

Estos son extractos de una entrevista realizada en noviembre de 2009 por miembros de ACOGUATE. Miguel Fernando Solis es coordinador ejecutivo y editor de la Asociación El Observador y investigador en los campos políticos, económicos y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Javier de León es un líder comunitario Maya Mam, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y coordinador de la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguel Ixtahuacán (ADISMI).

ACOGUATE: En el contexto pos conflicto armado ¿qué ha sido el rol de la explotación minera en Guatemala?

FS: El fin formal de la guerra favoreció la imposición de un cierto modelo de Estado. Cuando hablo de Estado, no hablo de las instituciones como tal, sino de una forma de relaciones de poder que va a generar condiciones para que Guatemala se vincule y sea aceptada en el concierto de las naciones democráticas. Guatemala era considerada como un país no democrático porque tenía gobiernos militares. Formalmente, hay una democracia y estamos en paz. Sin embargo, no es así en realidad. En el país, siguen existiendo las mismas condiciones que dieron origen al conflicto. La justicia nunca funcionó para cuestionar quienes habían sido los violadores de derechos humanos y los ejecutores de la contra insurgencia. Los militares están ahí vivos, y la gente de dinero que financió la guerra nunca fue ajuiciada.

Este Estado que se construyó después de la firma de la paz promueve la articulación del país al capitalismo mundial, más globalizado. Lo único que generó fue condiciones para que legalmente, o en el contexto de una democracia formal liberal capitalista, las empresas vinieran y generaran una serie de articulaciones para explotar los recursos. Ahora se hace bajo una lógica de expansión y de toma de territorio (como en el tiempo de la colonización), y también bajo un elemento fundamental, que es el sometimiento ideológico, o sea ganar la mente de la gente. Eso es una forma de violencia.

ACOGUATE: ¿De qué manera podemos decir que se oponen dos visiones del desarrollo en cuanto a la explotación minera en Guatemala?

JDL: Cuando vino la industria minera, empezamos a comparar el modelo de desarrollo que tenemos las primeras naciones y el modelo que impone el capitalismo. Son totalmente contradictorios. El subsuelo o la tierra, para el pueblo originario, tiene un nombre. Por ejemplo, en Mam se dice Knan Chojch. Knan significa “nuestra madre” y Chojch es “tierra”, pues nuestra madre tierra. Ese elemento cultural rompe con la llegada de una transnacional para la cual no existe madre tierra. Para una transnacional, la tierra es la tierra y por lo tanto, hay que extraer los recursos. Las connotaciones culturales se rompen por eso y de ahí genera la conflictividad y por eso, no son compatibles.

FS: Para las industrias extractivas, el desarrollo viene de la obtención de ingresos y de ganancias. La concepción es que la tierra, los recursos, el agua, el bosque, la montaña, el volcán son mercancías que se pueden extraer y vender. El desarrollo para los pueblos indígenas es fundamentalmente la reproducción de la vida en condiciones plenas. El problema no es que la empresa minera pague más por lo que extrae, sino que el problema es que extrae, y el valor por lo cual vende esos recursos en el exterior. Algunos proponen que la mina pague 5 o 10 % de regalías . Aunque pague el 100% sobre lo que extrae, el problema fundamental es que extraen recursos que no son renovables, impactando así no solamente el ambiente, sino también las formas de vida de las poblaciones.

ACOGUATE: ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que están llevando a cabo las comunidades y en cuáles instrumentos jurídicos se basan las reivindicaciones?

JDL: En Guatemala y particularmente en el caso de San Marcos, en las comunidades Mam y Sipakapense, las prácticas de resistencia y de organización comunitaria descansan en las autoridades comunitarias. Son las autoridades comunitarias o las autoridades tradicionales que han hecho el papel de comunicación, de educación, de orientación y de organización para hacer los consensos comunitarios para ver si están de acuerdo o no con el tema de la extracción de los recursos naturales. De ahí surge lo que se llama técnicamente las consultas comunitarias. Son unos de los mecanismos de resistencia que se ha realizado en la defensa del territorio. Este proceso democrático se está practicando desde cientos de años en las comunidades, donde se reúnen, platican, llegan a consensos, escriben el acuerdo a través de un acta.

Eso está vinculado al tema de los derechos establecidos en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. En la Constitución política de la República, el artículo 66 establece que los pueblos tienen derecho a decidir cual es la forma de vida que quieren, incluso la forma de organización social. Por otra parte, el Código municipal establece que deben ser consultadas las comunidades o las autoridades tradicionales, en este caso los alcaldes comunitarios. Todo eso está también respaldado en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los artículos 6, 7, 8 y 15 .

Aunque el Estado o la Corte de Constitucionalidad dicen que las consultas no son vinculantes , de todas maneras, son vinculantes porque es una práctica legítima y legal que ejercen las comunidades. Existe un informe de la Comisión nacional de transparencia del Congreso que dice que a pesar de que se están realizando las consultas tantos años después, no deja de ser un derecho legítimo de las comunidades porque está legalmente establecido .

ACOGUATE: ¿Qué dificultades han enfrentado las organizaciones y los representantes de comunidades en su rechazo de la minería?

FS: Un problema fundamental es la negación por parte del Estado de los instrumentos que el mismo sistema da a las comunidades para defender estos derechos, como es el caso del Convenio 169. La primera cuestión: ¿qué forma utilizar si el mismo Estado niega los instrumentos legales? En el Convenio 169, el principio fundamental es que las comunidades tienen derecho a la consulta libre, previa e informada. Eso no se ha dado en ninguno de los casos.

El segundo problema impactante es la criminalización de la lucha, a través de la utilización por el Estado de las fuerzas de seguridad para enfrentar la protesta social. A una movilización se responde con la policía y el ejército. Luego, han venido mecanismos que se practicaban durante el tiempo de la guerra: el acoso violento, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, el ataque directo. Entonces ¿cuáles son las formas que hay para hacer valer los derechos en este contexto? No se puede ir a los tribunales, porque los mismos tribunales están subordinados a intereses privados. Aquí, todo el andamiaje de la justicia funciona sobre la base del soborno y de la atención a intereses no colectivos. Él que paga manda. Él que tiene el billete para pagar un funcionario de justicia tiene asegurado salir ileso del proceso.

ACOGUATE: ¿Cuáles son las debilidades del movimiento social en cuanto a la temática de la defensa de los recursos naturales y qué son los retos de las comunidades?

JDL: Una es la división política que existe entre el liderazgo. Es uno de los elementos de la estrategia para que no se articulen los movimientos comunitarios en uno solo. Por otra parte entra el tema de la pobreza y de la extrema pobreza. La gente no tiene mucho tiempo para estar pensando en lo que va a hacer en el movimiento para defender su territorio, sino más bien está pensando qué va a comer hoy. Luego, está la cuestión política de los partidos políticos, que lejos de articular una fuerza comunitaria para enfrentar los problemas colectivos, fragmentan la unidad comunitaria. La lucha de liderazgo es un problema fatal en Guatemala, que explica porque no hemos podido ganar con gobierno cuando somos la mayoría, el pueblo Maya en Guatemala.

FS: Hay que tener claro que en la minería, hay un poder constituido que es muy fuerte históricamente. Es el poder de las empresas, de las transnacionales y de los grupos de poder que va de siglos. Hay que entender que para enfrentar ese poder, también hay que construir uno nuevo. Ahora, la constitución de este poder no pasa ni por el partido político, ni por el gobierno, porque el poder se enfrenta con poder. Esto implica construir proyectos políticos y no me estoy refiriendo aquí a un proyecto partisano. La burguesía nacional, las familias de grupos corporativos están muy claras en cuanto a sus proyectos políticos y económicos. Es la obtención de ganancias. Las comunidades están claras de que no quieren este proyecto y que quieren otra forma de desarrollo. Hay que construir un poder que sea capaz de soportar, de decir a las transnacionales que no queremos eso.
……………………………..
Por ACOGUATE

1. Según la Ley de minería de Guatemala, vigente desde enero de1998, se debe pagar el 1% de las regalías para la explotación minera (0.5% al Estado y 0.5% a la municipalidad). [Artículo 63, Ley de minería y su reglamento, Ministerio de energía y mina, Dirección general de minería, Guatemala, Decreto 48-97]. http://www.mem.gob.gt/Portal/MEMDocuments/DGM/Ley/ley%20de%20mineria%20y%20su%20reglamento.pdf
2. “Artículo 6.1 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”. http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml
3. Decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala del 8 de mayo de 2007 en la cual calificó de legal y legítima la consulta de Sipakapa del 18 de junio de 2005, pero no vinculante. (Expediente 1179-2005).
4. Informe de Investigación y Verificación del Proceso de Autorización de las Licencias de Explotación en Los Municipios de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos, Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, 23 de octubre de 2009. http://www.congreso.gob.gt/uploadimg/documentos/n9132.pdf

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