Observaciones preliminares de Relator Especial de la ONU sobre situación de derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas

James Anaya, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas[1], de visita en Guatemala del 14 al 18 de junio pasado, visitó a varias regiones del país afectadas por la explotación minera, donde ACOGUATE acompaña a defensores y defensoras de derechos humanos comprometidos-as en la defensa de los recursos naturales y del territorio. Su misión tenía como objetivo evaluar la situación de los pueblos indígenas, especialmente acerca de los derechos al territorio y a la consulta[2], y de la criminalización de las luchas y reivindicaciones de las comunidades, con atención particular al caso de la mina Marlin en los municipios de Sipakapa[3] y de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos. ACOGUATE acompaña desde el 2007 a organizaciones que defienden el territorio y denuncian los impactos negativos de la actividad minera en esa área.

La visita del Relator en el país fue solicitada por diferentes organizaciones y comunidades quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas vinculadas con la explotación de recursos naturales (actividad minera, construcción de hidroeléctricas y de otras infraestructuras, etc.), y la implementación de dichos proyectos sin consulta previa a las poblaciones afectadas. La cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas marcaron las diferentes visitas que requirieron un inmenso trabajo de movilización por parte de la población y organizaciones locales. La participación fue un elemento muy importante de la visita, ya que acerca de 30.000 personas de las zonas más afectadas del país acogieron al Relator, participaron en las actividades y asistieron a los discursos y testimonios.

Testimonios por parte de los pueblos afectados

Previamente a sus visitas en el interior del país, James Anaya mantuvo reuniones en la Ciudad de Guatemala con representantes de instituciones del Estado[4]. Luego, el experto independiente de la ONU visitó varias regiones marcadas por un alto nivel de conflictividad social relacionado a la actividad minera: San Juan Sacatepéquez[5] (departamento de Guatemala), San Miguel Ixtahuacán (San Marcos) y Huehuetenango. Representantes de los pueblos indígenas presentaron sus luchas para la defensa del territorio, refiriéndose muchas veces a la cosmovisión maya, y al respeto de la Madre Tierra y los antepasados. Denunciaron en sus discursos, el “neocolonialismo de las transnacionales” y “los megaproyectos que saquean sus recursos naturales[6]. También insistieron en que se estaban violando sus derechos, tal como el derecho a la consulta previa, libre e informada acerca de ese tipo de proyectos en sus territorios, “susceptibles de afectarles directamente[7]. Durante su visita, el Relator Especial recibió testimonios directos sobre impactos de la minería en la salud y en el ámbito social y ambiental : enfermedades, contaminación de los ríos y de las tierras cultivables, daños o destrucción de casas, despojos de tierras y desplazamientos forzados, ataques, amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos así como violaciones y abusos sexuales a mujeres, en contra de líderes y lideresas comunitarios-as y otros-as campesinos y campesinas indígenas que defienden sus derechos. En San Miguel Ixtahuacán, la población afectada pidió a Anaya que abogara ante la ONU para el cierre de la mina Marlin. Además, algunos testimonios[8] enfocaban en las estrategias de engaño de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc., así como en la destrucción del tejido comunitario y de la paz social –hasta en las mismas familias– que esos megaproyectos llegan a generar.

Preocupaciones del Relator Especial acerca de la situación de los pueblos indígenas y recomendaciones al gobierno

Al terminar su misión de cinco días en Guatemala, James Anaya expresó durante una conferencia de prensa en la capital, así como en su informe de observaciones preliminares[9], su gran preocupación acerca de la situación de los pueblos indígenas “en cuanto a las actividades de la empresas” incluso la explotación minera. Denunció “el clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades de las empresas en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala”. En cuanto a las persecuciones y a la criminalización de los y las defensores y defensoras de derechos humanos, afirmó que “las informaciones que [ha] recibido sobre los distintos procesos judiciales abiertos [y la celeridad con la que estos procesos se han llevado a cabo] en contra de miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas son preocupantes”. De la misma forma, destacó que “la aparente falta de respuesta ante las demandas presentadas por las comunidades en relación con actos atentatorios de sus derechos” se pudiera interpretar como “una pauta de discriminación en el acceso a la justicia”.

Recomendaciones al Estado de Guatemala

En el marco legislativo, James Anaya recomendó al gobierno guatemalteco avanzar urgentemente hacia la discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Consultas, y “que sea conforme con los estándares mínimos fijados en las normas internacionales y con la plena participación de los pueblos interesados”. Insistió de la misma manera en la urgencia de adoptar una nueva Ley de Minería, que deberá “incorporar plenamente los deberes que corresponden al Estado en relación con la protección de los derechos indígenas[10].

Por otra parte, recomendó como medida provisional “la creación de espacios institucionalizados de diálogo en los que los pueblos indígenas puedan recibir información objetiva y completa, sobre todos los aspectos del proyecto que los afecten y puedan aclarar y comunicar al Estado y a la empresa sus preocupaciones al respecto”. Como lo explicó durante sus encuentros con la población, el Relator aseguró tomar en serio y ser consciente de la situación y expresó el deseo de actuar, dentro de los límites de su papel, para que ésa se mejore. Acerca de la mina Marlin, declaró que “el gobierno de Guatemala [debía] cumplir con sus obligaciones internacionales y acatar las resoluciones de la CIDH”.

Esas observaciones preliminares serán desarrolladas en un informe final que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que incluirá una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala y a otros actores interesados.

Ante un proyecto extractivo que sólo trajera impactos negativos, que afectara a la tierra de la que siempre he vivido, que provocara conflictos en mi comunidad, y que no conllevara ninguna mejora en mis condiciones de vida, yo también diría que no a la minería”, afirma el Relator de la ONU en su informe de observaciones preliminares[11].

En los últimos meses se ha realizado una serie de consultas comunitarias en los departamentos de Alta Verapaz, Quetzaltenango, y Quiché. El 28 de septiembre el municipio de Lanquín, Alta Verapaz, realizó una consulta comunitaria sobre los proyectos hidroeléctricas, con el resultado de 14.065 votos en contra y 15 a favor[12]. El 20 de octubre se llevó a cabo una consulta sobre la minería en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango, con el resultado de 13.610 personas en contra, 73 a favor, y 130 votos nulos; cabe destacar que a diferencia de la mayoría de las consultas, que han sido realizado por votación a mano alzada, el proceso en el municipio de Cabricán utilizó un sistema de votación con papeletas[13]. Luego, el día 22 de octubre participaron 27.776 personas del municipio de Santa Cruz del Quiché en una consulta que dio un resultado unánime en contra de la minería[14]. Una semana después, el 29 de octubre, se realizó una consulta sobre los temas de la minería y las hidroeléctricas en el municipio de Uspantán, también del departamento de Quiché, con un resultado preliminar de más de 27 mil votos en contra de los megaproyectos[15].


[1] Estadounidense de origen indígena, es el segundo Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Fue nombrado en marzo de 2008 por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y ocupa ese cargo por un periodo inicial de tres años. Visite la página web del Relator Especial : http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/index.htm y la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala : http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/GTIndex.aspx.

[2] Derecho a la consulta de los pueblos indígenas, Artículo 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996. Véase página Internet de la OIT : http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml.

[3] En Sipakapa, municipio vecino de la mina Marlin, se celebró el 18 de junio pasado el quinto aniversario de la consulta comunitaria de buena fe en la cual 45.738 personas se pronunciaron en contra de la explotación minera en su territorio.

[4] Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). En una de esas reuniones, Sergio Morales (PDH) le recordaba el expediente en contra del Presidente de la República Álvaro Colom por no haber acatado las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había anunciado dos semanas antes. Esas medidas buscan proteger las poblaciones afectadas por la mina Marlin, exigiendo la suspensión de sus actividades. Véase “Medidas MC 260-07” en la página Internet de la CIDH : http://www.cidh.org/medidas/2010.sp.htm.

[5] Municipio afectado por la cementera de Cementos Progreso. Doce comunidades se pronunciaron en 2007 en contra de este proyecto por medio de una consulta comunitaria.

[6] Discursos pronunciados el día 17 de junio de 2010, en las ruinas de Zaculeu, Huehuetenango.

[7] Véase nota 2.

[8] Video grabado en San Miguel con testimonios sobre ese tema en un artículo publicado en la página Internet de la Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos (COPAE) :

http://www.resistencia-mineria.org/espanol/?q=node/288

[10] Véase nota 9.

[11] Véase nota 9.

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