A un año de la captura de Héctor Mario López Fuentes

El 17 de junio se cumple un año desde la primera captura por cargos de genocidio y deberes contra la humanidad en Guatemala. El general retirado Héctor Mario López Fuentes es acusado de ser autor intelectual de las masacres en la región Ixil, cuando desempeñaba el cargo de jefe del Estado Mayor de Defensa entre 1982 y 1983. Para las víctimas y querellantes, la captura significa un gran avance para la justicia, ya que han esperado desde 1999, cuando se presentó la denuncia 1.

ACOGUATE ha acompañado y observado este y otros procesos históricos. En el mismo caso, de genocidio, durante este año se ha capturado a otras tres personas, incluyendo a dos ex jefes de Estado, los generales retirados Oscar Humberto Mejía Víctores2 y José Efraín Ríos Montt3, así como al jefe de inteligencia militar durante el gobierno de Ríos Montt, el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez4.  Además hay orden de captura en contra de quien fuera Director de Operaciones bajo el alto mando de Ríos Montt, Luis Enrique Mendoza García, quien continúa prófugo.

En los últimos 12 meses ACOGUATE ha sido testigo de tres condenas por crímenes del pasado. En el caso de la masacre de las Dos Erres, cinco ex kaibiles -fuerza élite del ejército creado durante el conflicto armado- fueron, en dos procesos, declarados culpables por los 201 asesinatos presentados. De la misma forma, por la masacre de Plan de Sánchez, cuatro ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y un ex comisionado militar fueron condenados por 268 asesinatos.

Edgar Pérez, junto a Aura Elena Farfán (FAMDEGUA), entrevistado en caso de la masacre de Las Dos Erres, Petén.

El abogado guatemalteco Lic. Edgar Fernando Pérez Archila ha sido clave en la lucha por la justicia, verdad y reconciliación en Guatemala. Recientemente fue reconocido por la Asociación de Colegios de Abogados Norteamericanos (ABA)5 por su trabajo como abogado principal de los querellantes en estos casos. Con más de una década de experiencia, este respetado abogado nos comparte acerca de qué ha hecho posible estos avances en el desarrollo de un Estado de derecho en Guatemala:

Personalmente creo que está cerrándose un ciclo histórico del país. Guatemala tiene una complejidad cultural que hace no tan fácil que la reivindicación de la memoria histórica se de, y mucho más complejo que se rompa el muro de impunidad que en las graves violaciones a derechos humanos se dieron durante el conflicto armado interno. A esto hay que sumarle que el conflicto armado interno conllevó políticas de terror de Estado, de terrorismo de estado, que implantó ese miedo, ese terror en la población víctima, que hasta al día de hoy todavía se vive en un buen porcentaje. Entonces ha costado que las víctimas vayan como superando sus terrores para ir enfrentando los casos que en diferentes épocas se han ido presentando.

No es que hasta ahorita se están dando los resultados, pero si es que hasta ahorita vamos como empezando a ver cómo esta transición del pasado hacia un Estado democrático se está empezando a dar. No podemos hablar de una democracia solo porque hay unas elecciones cada cuatro años, y un Presidente, si no tenemos un Estado de derecho donde la ley sea igual para el que tiene como para el que no tiene, igual para el gobernante como para el gobernado.

Entonces, hay una serie de complejidades que han hecho que estos casos, que son evidentemente reprochables por el mundo civilizado, hayan tenido este impacto de muro de impunidad durante décadas y que sea hasta ahora que se empiece como a derribar ese muro. Todavía falta ver y poner a prueba el sistema judicial guatemalteco hasta el momento en que finalmente un juez o un tribunal establezca si las sindicaciones o acusaciones que se están planteando tienen o no sustento.

Bueno, ¿cómo veo yo todo esto? Es un proceso, aquí hay denuncias. No es cierto que sea hasta el año pasado o hace dos años que estos casos se presentaron. Estos casos llevan décadas de haberse presentado, y digamos que, unos con mayor impulso que otros, han tenido ese desarrollo procesal. Ya en 1998 teníamos el primer juicio, por la masacre de Río Negro y Agua Fría, el cual se repitió en 1999. En 1999 también teníamos un juicio contra un ex-comisionado militar en el Quiché, que como abusando de su poder local cometió graves violaciones a derechos humanos en su área.

Y así pues podemos ir desarrollando la historia en aquellas épocas, el aparato de justicia, o el sistema judicial guatemalteco, era casi inoperante en estos casos. En primero porque de acuerdo a los acuerdos de paz habíamos tenido una reforma procesal en la cual el juicio ya no era tan inquisitivo, donde el juez ordenaba y dirigía la investigación, sino pasamos ya a un proceso mixto, donde ya había un fiscal encargado del Ministerio Público con el monopolio de la acción penal en cuanto a la función de investigar los crímenes y promover la acción penal ante los órganos jurisdiccionales. Eso conllevó que esa etapa de transición, de un viejo proceso inquisitorio a un proceso mixto oral, nos llevara una década casi ir entendiendo.

En 1994 entra en vigencia el código procesal penal y ya en 2004 o 2005 realmente se empieza a ver el desarrollo procesal de las técnicas procesales en el juicio oral, evidenciando muchos errores técnicos del código que ya fueron superados pero promoviendo reformas que dieran herramientas básicas para realmente enfrentar al crimen. Cuando se habla del crimen es en general, pero eso también incluye los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en Guatemala. ¿Por qué? Porque no podemos tener, insisto, un Estado democrático sin tener un Estado democrático de derecho. Entonces, si el sistema judicial no es capaz de poder procesar a los presuntos responsables de graves violaciones a derechos humanos (como la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, las masacres y genocidio) que son evidentes y que se tiene algunos indicios sustentables de sus participación, entonces no podemos tener un sistema judicial democrático a efecto de que en el futuro o en el presente pueda tener la capacidad de juzgar a altos funcionarios que sean corruptos, que puedan promover algún tipo de violaciones o graves violaciones a derechos humanos, y que cuya responsabilidad debería ser promover la defensa y el desarrollo de esas garantías fundamentales.

Entonces, estamos en esa fase. Estos dos últimos años, todo este proceso de adecuamiento del andamiaje jurídico de Guatemala en cuanto a proceso penal ha tenido reformas importantes. Obviamente ha habido una creciente ola de inseguridad en el país, que puede o no ser secuela de lo que se vivió durante el conflicto armado interno, eso corresponderá a los antropólogos o a los sociólogos en su momento analizarlo, pero sí hay muchos patrones que se repiten del conflicto armado interno en lo que actualmente vivimos; en la gran mayoría de casos, actos cometidos no necesariamente por agentes del Estado (de repente algunos agentes del Estado involucrados en bandas organizadas del crimen u otro tipo de criminales) y algunos actos en los cuales sí algunos funcionarios deliberadamente han cometido algún tipo de violaciones a derechos fundamentales. Eso conllevó a que Guatemala promoviera, en buena parte ante Naciones Unidas, primero la promoción del establecimiento de un órgano internacional aquí que apoyara la lucha contra la impunidad y allí empezamos con la CICIACS6 para terminar finalmente con la CICIG7. El anterior comisionado, con una nueva experiencia de Naciones Unidas, tratando de apoyar a los países como Guatemala para enfrentar al crimen organizado, vino sin un plan de trabajo bajo la manga sino que ya estando aquí tuvo que implementar un plan de trabajo.

Lo primero que él empezó a realizar fue promover reformas, ante el Congreso de la República, al código procesal penal, y promover leyes que pudieran ser herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado. Ahí ya hubieron reformas y emisión de nuevas leyes para promover esta lucha contra el crimen organizado. Se dieron la legalidad de las escuchas telefónicas y lo de los colaboradores eficaces en el crimen organizado. También se promovió la creación de los juzgados y tribunales de mayor riesgo para determinados delitos. Todas esas herramientas procesales, yo creo que han venido a tener un resultado positivo para esta transición del pasado hacia un estado democrático de derecho.

Finalmente, el año pasado la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia promovió reformas al código procesal penal para equiparar los derechos de los imputados a los derechos de las víctimas. Entonces ya se dio la tutela judicial efectiva y se dio también el tema de la reparación digna de las víctimas. Esto, promovido en buena parte por la cámara penal en base a las obligaciones internacionales en materia a derechos humanos, que el Estado de Guatemala ha asumido, y las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ahora ya son varias. Son más de 15 casos que se han llevado hasta la Corte y que tienen un patrón reiterativo, que es que el Estado de Guatemala no cumple con las obligaciones de un juicio justo, un juicio sencillo, rápido y vulnera las garantías procesales y fundamentales del debido proceso, establecidas en la Convención Americana sobre derechos humanos. Aparte de que violan otros derechos fundamentales de las víctimas.

Entonces, todo eso ha hecho que en estos dos últimos años los casos de graves violaciones a derechos humanos hayan tenido un pequeño avance. Entonces, el caso de las Dos Erres, no es porque el Estado por sí haya querido; hubo necesidad de ir a la Corte Interamericana para que la Corte condenara al Estado y a través de esta sentencia se promoviera el seguimiento al proceso. Pero igual tenemos otro ejemplo, el caso Bámaca, que no hay forma en que el Estado pueda cumplir con esta sentencia.

Aparte de eso, yo creo que es importante decirlo, pues también ha concedido que personas con buena voluntad han querido promover este tipo de casos. Empezamos con el licenciado Velásquez Zárate como fiscal general, cubriendo el período faltante del licenciado Florido que, si bien no promovió abiertamente este tipo de procesos tampoco los obstruyó y dejo a los fiscales hacer su trabajo. Y actualmente una fiscal general que no es que se dedique solo a los casos de derechos humanos pero sí que, por ser su propia formación académica, ella también apoya a los fiscales y a la fiscalía de derechos humanos. Eso ha dado que los casos se promuevan. Por aparte, teniendo una cámara penal que ha dejado claro de que su intención es promover un juicio con garantías equiparadas para las partes de un proceso. Es decir, para las víctimas y para los procesados.

Ese creo yo que podría ser como la repuesta de la pregunta de por qué ha avanzado en estos últimos dos años.

En el caso de genocidio, actualmente Ríos Montt se encuentra todavía bajo arresto domiciliario. Su caso se ha dilatado debido a la utilización de amparos y otros recursos jurídicos interpuestos por la defensa8.  Rodríguez Sánchez y López Fuentes se encuentran bajo arresto en el Hospital Militar mientras se evalúa sus estados de salud física y mental9. Todavía se espera una fecha para la presentación de pruebas en estos casos, que dará paso al debate oral y público y cumplir con el debido proceso.

1 El Periódico, 18 de junio de 2011, Responsabilizan de más de diez mil muertes a exJefe de Estado Mayor de la Defensa, www.elperiodico.com.gt/es/20110618/pais/19700
2 El Periódico, 24 de octubre de 2011, Ex-Jefe del Estado Mayor se entrega tras ser declarado en rebeldía, www.elperiodico.com.gt/es/20111024/pais/202659/ Su proceso se ha dejado por razones de salud mental: La Hora, 10 de noviembre de 2011, Fiscalí­a insistirá en persecución penal contra Mejí­a Ví­ctores, www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/147361-fiscalia-insistira-en-persecucion-penal-contra-mejia-victores
3 La Hora, 26 de enero de 2012, Ligan a proceso a Rí­os Montt por el delito de genocidio, www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/152026-mp-acusa-a-rios-montt-de-genocidio
4 Prensa Libre, 14 de octubre de 2011, Militar va preso a Matamoros, www.prensalibre.com/noticias/Militar-va-preso-Matamoros_0_572342786.html
5 Prensa Libre, 19 de abril de 2012, Abogado guatemalteco recibe reconocimiento en Estados Unidos, www.prensalibre.com/noticias/abogado-destacado-premiado-EE-UU_0_685131683.html
6 Comisión para la Investigación de Grupos Ilegales y Organizaciones Clandestinas de Seguridad en Guatemala (CICIACS), según convenio del 7 de enero de 2004 entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.
7 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se reformuló la CICIACS y se firmó un nuevo convenio entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.
8 Prensa Libre, 2 de marzo de 2012, Ríos Montt continúa ligado a proceso, www.prensalibre.com/noticias/justicia/Rios-Montt-continua-ligado-proceso_0_656334376.html
9 El Periódico, 12 de marzo de 2012, Juez niega medida sustitutiva a exmilitares acusados de genocidio, www.elperiodico.com.gt/es/20120312/pais/209350/
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Justicia transicional y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.

2 respuestas a A un año de la captura de Héctor Mario López Fuentes

  1. Reblogged this on Cascadia Solidaria and commented:

    Nueva entrevista con Lic. Edgar Pérez por ACOGUATE sobre los avances para la justicia y en contra de la impunidad en Guatemala – ¡difundir muchás!

  2. Pingback: Recusación en caso por genocidio es rechazada; apertura a juicio sigue firme: 14 de agosto | ACOGUATE

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s