El Jute después de la sentencia por desaparición forzada

Desde el inicio del acompañamiento de ACOGUATE al Comité de Víctimas de El Jute en 2005, las y los miembros de dicho comité han vivido muchos momentos diferentes, según el progreso de su caso legal por la desaparición forzada de ocho personas hace 31 años. Por este crimen, a fines de 2009 fueron condenados a 53 años y 4 meses de prisión cuatro excomisionados militares y el Coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa, primer exmilitar de alto rango sentenciado en Guatemala por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. ACOGUATE ha hablado con miembros del Comité de Víctimas sobre su situación actual, y el impacto de la sentencia en sus vidas y en la comunidad.

La larga lucha para la justicia

El 19 de octubre de 1981, en las primeras horas de la mañana, miembros del Ejército entraron en la comunidad de El Jute, llevándose consigo a ocho personas: Inocente Gallardo; Antolin, Valentín y Santiago Gallardo Rivera; Tránsito Rivera; Jacobo Crisóstomo Cheguen; Miguel Angel Cheguen Crisóstomo, y Raúl Cheguen. En 2002 se presentó el caso por el delito de desaparición forzada, además de delitos contra deberes a la humanidad y detención ilegal en concurso real.1

Sin embargo, fue hasta septiembre de 2009 que se abrió el debate oral y público en el caso. A pesar de ser presentado inicialmente por desaparición forzada, el caso fue registrado como secuestro, que a diferencia del anterior no es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto durante varios años se había solicitado la aplicación de amnistía bajo la Ley de Reconciliación Nacional.

Un acontecimiento clave, tanto para éste como para otros casos de desaparición forzada, fue la sentencia en el caso de Choatalum en agosto de 2009, ya que fue la primera sentencia por desaparición forzada en Guatemala. El excomisionado militar Felipe Cusanero Coj fue condenado a 25 años de prisión por cada una de las seis personas desaparecidas: un total de 150 años.2

Un mes después de la sentencia en el caso de Choatalum, se abrió el debate oral y público en el caso de El Jute.

“Los que siempre estarán en ninguna parte”3: la sentencia y los efectos de la desaparición que se siguen viviendo

El proceso jurídico y el tener que declarar obligó a las víctimas revivir el dolor pasado. Como cuenta doña Juana, “cuando me tocó declarar me acordé de todo lo que había pasado”. La sentencia fue un reconocimiento importante de lo que había pasado, y una recuperación de dignidad para las víctimas.

Como en otros casos de desaparición forzada en los cuales ha habido una condena, las víctimas de El Jute expresan que, más que todo, lo que querían era información sobre el paradero de los restos de sus familiares, la cual nunca se obtuvo. Ignacio expresa su reacción el día de la lectura de la sentencia:

“Lo que sentí fue por lo menos un alivio. Por lo menos se había dado una sentencia justa. No me sentí contento porque lo que yo quería no se había logrado. Encontrar los restos de la familia. Eso es lo que yo quería… Pero lamentablemente nadie habló… Yo no quería cárcel para nadie, sino que yo quería era saber dónde está mi familia. Pero tomaron la opción de no hablar.”

Otras y otros miembros del Comité expresan los mismos sentimientos, poniendo énfasis en la importancia de poder visitar la tumba del familiar y, simbólicamente, en el Día de los Santos:

“Ahorita que viene el Día de los Santos, entonces uno va a dejar flores, uno va a la tumba de ellos, y nosotros no tenemos ese honor de irlos a enflorecer.” (Pedro)

“Ya no va a ser el 19 de octubre el día de la conmemoración sino que va a ser el Día de los Santos.” (Miguel Ángel)

La hija de un desaparecido nos cuenta cómo en la navidad deja un plato en la mesa para su papá. Las secuelas de la desaparición forzada y el duelo de las y los familiares de “los que siempre estarán en ninguna parte” se siguen viviendo.

El acto de perdón público: “Sí era cierto lo que había sucedido” (Miguel Ángel)

Después de la sentencia, otro reconocimiento público de las víctimas se dio en junio de 2011 a través de un acto de perdón público realizado por el expresidente Colom, resultado de una solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas expresan sentimientos mezclados sobre este acto. Miguel Ángel hace hincapié en el simbolismo del acto:

“Eso también fue otro paso importante porque él reconoció como representante del gobierno nacional, él hizo consciencia de que sí era cierto lo que había sucedido. Él nos tomó en cuenta como las personas que eran las víctimas y que habíamos tenido mucho valor con poner en la mano de la justicia los hechos que habían sucedido. Entonces él pidió perdón porque sí era cierto lo que había sucedido.”

Sin embargo, según Isidoro, tendrían que ser los verdaderos responsables quienes pidieran perdón:

“El presidente Colóm no tenía por qué pedirnos perdón él. Porque en ese tiempo no era él el presidente de la República. Sino que el presidente de la República era otro.”

“La gente habla de uno” (Nidia): reconocimiento y estigmatización de las víctimas

A pesar de los avances en el caso con la sentencia y el acto de perdón público, las y los miembros de Comité de Víctimas indican que su situación de seguridad sigue siendo precaria y que a nivel comunitario existe una falta de información sobre el caso que genera una estigmatización de las víctimas. Mientras que las comunitarias y los comunitarios saben que hubo una sentencia condenatoria y que hay miembros de la comunidad ahora encarcelados, muchos no saben por qué.

En la solución amistosa de la CIDH en 2011, se firmó un acuerdo para reparaciones a las víctimas, varias de las cuales se enfocan en la reconstrucción del tejido social en la comunidad, como lo son el mejoramiento de la cancha de fútbol y la construcción de una despensa de medicamentos. Otra parte del acuerdo fue la elaboración de un documental sobre lo ocurrido en la aldea que se tenía que pasar en la televisión nacional. Estas partes de la solución amistosa todavía no se han cumplido. Miguel Ángel destaca la importancia de reconstruir el tejido social en la comunidad, especialmente a través de información a otras comunitarias y otros comunitarios sobre el caso:

“El Estado tendría que dar alguna información, y si es posible poner una plaqueta en la entrada de la aldea que dice lo que pasó, qué es lo que sucedió, y por qué sucedió. Como el Estado es responsable de eso y fueron elementos del Estado tiene que haber una buena información… Creo que la gente de aquí se encuentra mal informada. Por ejemplo no hay información en las escuelas, no hay información a nivel comunitario, con los demás comités. Entonces nos dicen a nosotros “qué pasa con ustedes?”… Porque a nosotros nos niegan… Dicen “a este grupo, no lo reconocemos”… Tienen que haber personas interesadas, el Gobernador Departamental, el alcalde, de que informen a la comunidad y dicen “mira, eso es lo que sucedió, y eso es por qué sucedió y queremos que ustedes se den una reconciliación y que haya una tranquilidad en la comunidad”. Porque mientras que eso no suceda aquí estamos viviendo con desconfianza. Porque eso es lo que sucede: que no ha habido una buena información, y creo que no ha habido una buena relación entre nosotros y toda la comunidad.

“La información tiene que venir desde afuera de nosotros. Porque a nosotros siempre nos van a asumir como personas metidas en cosas…”

Sin embargo, a pesar de esta estigmatización, Pedro resalta su razón de seguir involucrado en el Comité de Víctimas:

“No estoy peleando por dinero. No estoy peleando por tierra. Estoy peleando por la dignidad de mi familia.”

_ _ _

1 Sin embargo el juez de primera instancia penal cambió la tipificación del primero por la de secuestro o plagio. (Ver ACOGUATE, 8 de enero de 2009, CasoElJute:Pasado, presente y futuro de una lucha, www.acoguate.blogspot.com/2009/01/caso-el-jute.html). Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, la desaparición forzada se define como:

la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”. Se estima que hubo unas 45,000 personas desaparecidas en Guatemala durante el conflicto armado interno (1960 a 1996).

2 Ver ACOGUATE, 23 de octubre de 2009, El Caso de Choatalúm: Implicaciones de una sentencia por el delito de desaparición forzada, http://www.acoguate.blogspot.com/2009/10/el-logro-precedente-del-caso-de.html

3 “Los que siempre estarán en ninguna parte” es el título de un libro sobre la desaparición forzada en Guatemala, escrito por el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra (México: 1999)

“Los que siempre estarán en ninguna parte” es el título de un libro sobre la desaparición forzada en Guatemala, escrito por el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra (México: 1999)

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