Las primeras detenciones en Barillas fueron arbitrarias, según la ACNUDH

El 1 de mayo de 2012, tres líderes comunitarios fueron atacados en Santa Cruz Barillas, falleciendo Andrés Pedro Miguel y quedando gravemente heridos Esteban Bernabé y Jose Antonio Pablo Pablo. Los sobrevivientes aseguraron que los agresores habrían sido parte del personal de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, por lo que los pobladores, reaccionaron fuertemente exigiendo justicia. Para retomar el control de la situación, el gobierno decidió declarar estado de sitio, el que oficialmente entró en vigor el 4 de mayo cuando se publicó en el diario oficial. Organizaciones campesinas y de derechos humanos criticaron el uso del decreto de estado de sitio para resolver conflictos1 y denunciaron irregularidades, como abuso de autoridad durante los allanamientos y detención de personas sin que sean escuchadas por un juez.

Una de las fuentes del conflicto ha sido la frustración de los pobladores porque aseguran que ni el presente ni el anterior gobierno han respetado los resultados de la consulta comunitaria realizada en 2007, en la que se rechazó la incursión de megaproyectos en la región. A pesar de la consulta, el gobierno anterior otorgó permiso para la construcción de la represa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz.

El estado de sitio fue levantado el 18 de mayo; hasta entonces se había detenido a 15 personas por supuesta participación en los tumultos.2 El 9 de enero de este año fueron puestos en libertad los 8 presos, después de haber estado recluidos nueve meses.

Con fecha del 15 de enero de este año los abogados en el caso fueron notificados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, acerca de la opinión de la Mesa de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la que reconoce, entre otras cosas, que las detenciones anteriores al cuatro de mayo fueron arbitrarias.

ACOGUATE ha acompañado al abogado defensor de los pobladores de Barillas, Carlos Bezares, del Centro de Defensa Legal en colaboración con CEIBA, y ha observado tanto las audiencias en Santa Eulalia como las del caso del asesinato el 1 de mayo del líder comunitario en el cual están siendo procesados dos supuestos trabajadores de la empresa hidroeléctrica, capturados el 26 del mismo mes.3 También ha observado las manifestaciones pacíficas y ha acompañado a la Auditoría Social de Barillas, y a UDEFEGUA.

Entrevista a Carlos Bezares, abogado defensor:

¿Cuáles son las irregularidades en cuanto a derechos humanos en la captura de los presos?

Los hechos son del primero de mayo. Al día siguiente convocan a reunión a todos los líderes comunitarios, y cuando ellos llegan a la cabecera municipal de Barillas, son atrapados por civiles. Sin embargo, el Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República estipulan que los civiles sólo pueden aprehender a personas cuando es flagrante, es decir hay conectividad entre el delito y la persecución y el momento en que te aprehenden. Entonces un día después ya no hay flagrancia, por lo tanto en ese momento se violó la detención legal de los nueve líderes comunitarios.

El segundo momento que se viola la detención legal es cuando el juez natural, que era el Juez de Paz de Barillas, en lugar de escuchar a los detenidos y de decirles por qué se les detenía, los manda hasta Ciudad de Guatemala para ser escuchados. En el trayecto, antes de que se les comunique el motivo de su detención, se les toma fotografías que son publicadas el día 3 de mayo a las 12 de la noche, lo que significa que a las cinco de la mañana cualquiera podía tomar un diario de Prensa Libre y ver sus fotos y ya se les culpaba del delito. Ellos son escuchados hasta muchas horas después, el 3 de mayo hasta las tres de la tarde. Ya ahí llevamos la violación de los artículos 6, 10 y 13 de la Constitución y al no ser escuchados, se viola el plazo de las horas constitucionales, que son seis horas, ya que son escuchados más de 24 horas después. Rinden su primera declaración hasta el día 17 de mayo, es decir 15 días después de su captura, y no dentro de las 24 horas después de su captura, como está estipulado. Ahí se viola el artículo 10, asimismo el expediente de investigación, porque a ti no te pueden decir que cometiste un delito sin ser investigado previamente. Ellos ya estaban en prisión y el expediente se construyó hasta el 4 de mayo, es decir dos días después de que ellos ya guardaban prisión; ahí se violenta el principio de inocencia que está contenido en el artículo 14 de la Constitución.

O sea ¿ya estaban presos antes de que se dio la denuncia?

Exacto. Antes de que existiera una investigación, ya estaban presos. Y ya con esas violaciones de derechos humanos, toda la detención se convirtió en arbitraria. Después, vuelve a violárseles el derecho del debido proceso, es decir los contenidos en el artículo 12 que ya sí habían sido violado por el juez de Paz, al mandarlos a Guatemala, vuelve a ser violentado en el momento de la primera declaración cuando se decide que las personas vuelvan a presentar su primera declaración en Guatemala. Esto ya lo hace el Juzgado de Primera Instancia. Y ahí tenemos el artículo 6, el 10, el 14, el 13 y el 12 de la Constitución, violentados.

Por último, lo que sucede dentro de este expediente, es que, cuando son las primeras audiencias, el gobierno, el Estado, a través de los órganos de persecución penal, que es el Ministerio Público, alega que había un estado de sitio en Barillas, es decir que se habían suspendido las garantías constitucionales. Sin embargo, esto se publicó en el diario oficial hasta el día 4 de mayo, y es la manera de vigencia de las leyes según el artículo 180 de la Constitución, que las leyes o los decretos no rigen antes de publicarse en el diario oficial. Al querer aplicar este decreto de suspensión de garantías, que era única- y exclusivamente para Barillas, y no para Ciudad de Guatemala, es decir que ellos perdían sus derechos ciudadanos en Barillas pero no en Ciudad de Guatemala, es violentado el artículo 15 que implica la no retroactividad de las leyes, que sólo pueden ser retroactivas en materia penal cuando benefician al reo, y el artículo 180 en cuanto a las formalidades de la ley que deben ser vigentes desde el momento de la publicación en el diario oficial. Después de estas graves violaciones de derechos humanos se da, además, una denuncia en Ginebra por detención arbitraria y acabamos de recibir la resolución en la que nos dan la razón por todos estos argumentos.

Y así también impulsamos una inconstitucionalidad en caso concreto porque a ellos se les intenta aplicar de forma retroactiva una ley local, que nace el 4 de mayo, a una detención que se da el 2 de mayo. Esas son, a grandes rasgos, las violaciones de derechos humanos, o sea, se violaron las garantías mínimas de cualquier persona que se ve enfrentada a un juicio penal.

¿Por qué tardó tanto tiempo dejarlos en libertad?

Tardó ocho meses. En Guatemala, el plazo de la investigación es de tres meses. Sin embargo, este plazo es variable en cuanto a las estrategias, tanto de la defensa como del Ministerio Público en cuanto a suspender audiencias o los actos conclusivos. Lo que tardó más fue la audiencia de acusación, que se realizó hasta el 17 de agosto. Sin embargo se dio una intervención de una nueva defensa puesta por le empresa, lo que atrasó la audiencia. Entonces solicitamos una actividad procesal defectuosa, en función de aceptar un trato del Ministerio Público que era el procedimiento abreviado, a la cual el Juez accedió y se regresó al comienzo. Fijaron la audiencia para diciembre, pero tanto el Ministerio Público como el Juzgado buscaron las estrategias legales para suspender y pasarla hasta enero. Todo esto significó tres o cuatro meses muertos por un juego de retardo, que al final era el reflejo de una serie de cuestiones para poder ver si se lograba rectificar el expediente y el curso del mismo.

¿Por qué pidió el Ministerio Público procedimiento abreviado?

Durante toda la etapa de la investigación, que es desde el momento de la captura en mayo del año pasado hasta enero de este año, el Ministerio Público está consciente, fuera de las audiencias, de todas las violaciones de derechos humanos. Entonces el Ministerio Público busca una salida que de alguna manera no le haga jugar el papel de la defensa pero tampoco le haga quedar mal frente a la violación de derechos humanos. Es decir, cumplir con la función, tratando de dejar libres a las personas, pero sin tener que entrar a debatir sobre la violación a derechos humanos. Y la salida para ellos era el procedimiento abreviado. Para la defensa, el procedimiento abreviado era la salida a las presiones externas de la empresa dentro del juicio, y cortar la estrategia, tanto legal como política, de la empresa. Entonces, al aceptar el procedimiento abreviado, lo que hacíamos era en función de la libertad de los presos y, por las presiones externas que existían, zanjar el juicio para que los presos quedaran libres.

Ahora el juez tuvo un criterio diferente: no aceptó el procedimiento abreviado porque el procedimiento abreviado tiene la característica –y la considero una mala característica– de tener que aceptar unos hechos para poder ingresar a ello. Y en realidad no debiera de ser así porque debiera de ser legislado de tal forma que todos los delitos en los que se espere pena menor se vaya por este procedimiento, y el juez tenga la libertad, tal como se lo da la ley, de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. En la práctica, hay jueces que han dictado sentencias absolutorias en procedimientos abreviados. Sin embargo, el Juez decidió no aceptarlo porque los hechos del Ministerio Público eran demasiado generales y el derecho penal es personal, es decir, tiene que decir con exactitud qué hizo cada persona en cada momento para poder delimitar si la acción de esta persona constituye un delito o no.

El problema de este caso, es que dentro de la acusación ubicaban a las personas que al mismo tiempo habían participado en los hechos: todas las personas acusadas habían golpeado, todas las personas acusadas habían robado los tornillos, todas las personas acusadas habían ido a quemar cierta casa… La tesis era insostenible, porque era imposible hacer todo en el tiempo que el Ministerio Público decía. Habrían tenido que tener tecnología de teletransportación para poder hacer todo al mismo tiempo, y a la misma hora. El que la tesis del Ministerio Público haya sido insostenible fue lo que permitió clausurar el proceso. El efecto procesal de eso es que el juez le ordena al Ministerio Público buscar nuevos medios de investigación y mejorar su acusación. Ahora depende del trabajo de la defensa. Es muy posible que el caso ya teniendo esta resolución de Naciones Unidas respecto a las violaciones, ya logrando algún tipo de incidencia, podamos, de alguna forma, lograr el sobreseimiento.

¿Qué pasos se han tomado desde el 9 de enero?

Lo que hemos hecho ha sido adjuntar esta resolución de Naciones Unidas al expediente. Hemos estado buscando la opinión de tres expertos, que es lo que solicitó el Juez, y hemos trabajado con la Fiscalía el hecho de que se sobresea el proceso.

¿Y cuáles son los próximos pasos?

Por ahora, la búsqueda de los expertos y adjuntar los medios de investigación que tenemos a la mano. Podría ser la resolución de la OACNUDH más estudios sobre terrorismo, porque hay que recordar que a ellos se les acusaba de terroristas, y entonces es necesario establecer cuándo es que se comete este delito, que es un delito contra el Estado, un delito político. Y desde nuestro criterio, que si bien es cierto lo que sucedió en Barillas el primero de mayo está mal, lo que sucedió después no tiene ningún asidero legal. Lo que sucedió el primero de mayo fue una violencia desmedida que uno puede justificar desde la perspectiva comunitaria por el hecho de que estaban desesperados por el impulso de la hidroeléctrica y que ninguna autoridad hacía caso, que además la empresa había asesinado a un líder comunitario.

Hay muchas aristas para poder entender la violencia. Sin embargo, a los ojos de una legalidad es, por supuesto, condenable el hecho violento del primero de mayo, pero también ahí hay que recordar que es necesario establecer si la turba intentaba un cambio constitucional, si la turba intentaba realmente transformar al Estado. Si no lo estaba intentando, no puede configurar el delito de terrorismo. El hecho de tener una opinión contraria a un modelo de desarrollo nacional no te hace terrorista. Ahora, si el Estado quiere continuar afirmando que el terrorismo es tener opiniones en contra de él, ya estamos arribando a un Estado antidemocrático y represor, rayando con sus sanas diferencias en un estado fascista.

¿Están preocupados por la audiencia que va a haber en junio?

Estamos preocupados, en tanto que la problemática social de Barillas no ha tenido una solución y es necesario que tenga una solución para que no se utilice el derecho como una herramienta de represión. En ese sentido, sí estaríamos preocupados si el Estado no asume su papel de solucionador de este conflicto. No se trata de sentar a la empresa y a la comunidad a dialogar, sino se trata de que el Estado escuche, a través de sus instituciones, a la población, que les resuelva las demandas y que el Estado tenga que abogar como intermediario frente a la empresa porque es el responsable de su población. Sí es necesario, para la paz social de Barillas, que el Estado diga “posponemos la instalación de esta hidroeléctrica” y que será al Estado quien asuma el costo de la inversión extranjera. Es decir: “como Estado hemos cometido un error al autorizarte sin haber escuchado a nuestra población, y te vamos a resarcir por ello. No vas a poder realizar el negocio porque no lo quiere mi población. Yo veré cómo resuelvo la demanda poblacional.”

¿Qué importancia tiene esta resolución de la ACNUDH que acaban de recibir?

La resolución de la ONU lo que sienta, y nos llena de agrado, es que efectivamente todo lo que se dijo en las audiencias o toda la tesis de la defensa, tiene respaldo, que ya no es sólo el respaldo de los movimientos sociales o de las personas defensoras de derechos humanos, sino ya de un órgano compuesto de abogados de diferentes partes del mundo. Al exponerles el caso, efectivamente dicen “la defensa de estas nueve personas tiene la razón aquí; que se cometió una detención arbitraria, que violentó los principios del debido proceso y los pactos internacionales de derechos humanos”, y que aparte de las violaciones propias de la Constitución del país, se violentaron derechos humanos que el Estado tiene por reconocidos, por aceptados, ratificados y contantes en su legislación nacional. Entonces esto es un llamado de atención también para el Estado guatemalteco en el sentido de que el Estado tiene que pensar que esos tratados firmados, son legales, son de todo derecho en Guatemala y deben de respetarlos y hacerlos valer. El poder no puede ejercer represión sin el respeto de los derechos humanos.

¿Para terminar, qué opinan de la resolución del Juez?

Respeto mucho el criterio del Juez; creo que fue un criterio acertado, que el juez tomó la decisión correcta en tanto que el desarrollo de la propia audiencia indicaba que faltaban muchos elementos como que para que él pudiera llegar a una conclusión del caso. Era mejor clausurar, y por efecto dejar en libertad a las personas, y posteriormente, con mayores elementos, poder volver a discutir si es necesario un juicio. Creo que con los nuevos elementos que tenemos no va a ser necesario un juicio, y esto creo que ya es de mucho beneficio para las personas.

¿Cómo es posible que fueran inmiscuidos en el proceso? El Juez decide que la prueba que el Ministerio Público está presentando no es suficiente como para condenarlos pero aún así, mantiene la denuncia en su contra. ¿El Ministerio Público deja un plazo más para ver si puede encontrar algo en contra de estas personas?

Lo que uno tiene que ver en estos casos es que, paralelamente al caso jurídico, es un caso político. Hay fuerzas paralelas que no se manifiestan dentro de las audiencias pero que hacen un juego de presiones. El Juez sabe que en derecho lo procedente hubiera sido que desde el primer día que tuvieron audiencia los tenía que dejar en libertad, pero las presiones políticas son tantas sobre él que no puede dejarlos libres inmediatamente porque los tiene que dejar sujetos de tal suerte que las tensiones políticas calmen, para que él pueda ejercer un derecho en libertad y en objetividad. Y eso sólo va a tener su explicación: en el propio informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, hay un capítulo especial para el Organismo Judicial que dice cómo, desde antes del conflicto armado durante la lucha anticomunista, se vino desgastando el Organismo Judicial para dejarlo sujeto al Organismo Ejecutivo.

Si bien es cierto que tenemos 27 años de democracia y llevamos ya 16 años desde la firma de los acuerdos de paz, también es cierto que el camino de hacer un organismo judicial independiente y fortalecido, que asuma su papel de poder de Estado, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque todavía hoy vemos los efectos negativos de que un juez no asuma el papel de ser representante de uno de los poderes del Estado, que no está sujeto a los otros dos, y que las presiones políticas no son más que interferencia de poderes, cuestión que desde el momento en que él recibe este tipo de presiones, en otros estados democráticos sería, primero impensable y, si sucediera, serían constitutivos de delito. Y en Guatemala esto es parte de lo que todavía nos falta por terminar de aterrizar en esta transición democrática, que el Organismo Judicial sea independiente.

El fallo yo lo respeto, primero como persona porque estando en el papel en que el Juez está, que no es un sitio fácil porque tiene presiones de todos lados, dar un fallo así ya es sentar una posición frente a los poderes que quisieran ver un juicio, pero también es cierto que él debe ser muy diplomático para sentar su posición y su única diplomacia era “sí, los dejo libres pero los tengo que dejar sujetos a proceso”. En junio tendrán que resolver. Para junio esperamos tener ya suficientes medios de investigación para demostrarle al juez que un expediente de esta naturaleza no tiene ningún tipo de posibilidad de avance real.

1Ver sitio web de Tribunal Popular de Salud, www.www.tribunaldesalud.org, CPO, Comunicado, 2 mayo 2012, Ante los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Barillas Huehuetenango, http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/cpo-011.html
2Prensa Libre, 18 de mayo de 2012, Presidente levanta estado de sitio en Santa Cruz Barillas, www.prensalibre.com/noticias/Deponen-Sitio-Santa-Cruz-Barillas_0_702529892.html
3Prensa Libre, 26 de mayo de 2012, Capturan a dos hombres por la muerte de un campesino en Barillas, www.prensalibre.com/noticias/justicia/Estado_de_sitio-costo-seguridad-MP-Otto_Perez_Molina-Santa_Cruz_Barillas_0_707329359.html
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Defensa de territorio y recursos naturales, Justicia transicional y etiquetada , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Las primeras detenciones en Barillas fueron arbitrarias, según la ACNUDH

  1. Pingback: Presiones para construir Xalalá, pero la oposición se mantiene | ACOGUATE

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s