Confusión e incertidumbre en el juicio por genocidio

DSC_0878El juicio por genocidio que inició el 19 de marzo sigue en suspenso. El viernes 26 de abril la titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores Polanco, recibió formalmente las pruebas que el Juez B, Miguel Ángel Gálvez, rechazara el 4 de febrero del presente año. Después de la recepción de medios de prueba, la jueza regresa el expediente del juicio al Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo que conoció el caso hasta el 19 de abril, tal y como lo ordenara la Corte de Constitucionalidad (CC). A esta fecha habían declarado unos 100 testigos y presentado su informe unos 70 peritos.

La confusión comenzó cuando la juez Carol Patricia Flores Polanco, el  jueves 18 de abril, a un día de las conclusiones, resolvió anular el juicio, después de interpretar una RESOLUCIÓN DE LA CC del 3 de abril. La juez decidió entonces dejar sin efecto todo lo actuado después del 23 de noviembre de 2011, fecha en que el juez B, Miguel Ángel Gálvez, conoce el caso, argumentando que la CC había dejado con lugar un recurso planteado en esa fecha por los abogados querellantes del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) en relación a la recusación de la juez Carol Patricia Flores por parte de la defensa de los acusados.

El viernes 19 de abril, el Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo se negó a aceptar la decisión de Carol Patricia Flores, porque la calificó de ilegal, e indicó que tiene que ser la CC quien resuelva si el Juzgado en cuestión tiene la competencia de actuar como lo hizo. El juicio fue suspendido en espera de que la CC se pronuncie acerca de la legalidad de tal resolución.

Sin lugar actividad procesal defectuosa

El martes 23 de abril, la CC resolvió aceptar la decisión de la jueza Carol Patricia Flores. Sin embargo, la resolución de la CC del 3 de abril también incluía la resolución de otros recursos y el viernes 26 de abril, el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo cumplió formalmente con uno de ellos aceptando las pruebas presentadas por la defensa que fueran rechazadas el 4 de febrero. La defensa de los dos acusados no estuvo de acuerdo, hizo referencia a que el recurso de amparo ya habría quedado anulado por la resolución de la jueza del 18 de abril de regresar al 23 de noviembre de 2011 y a que horas antes de la audiencia la defensa habría desistido de ese amparo. Por lo tanto, planteó actividad procesal defectuosa debido al conflicto de resoluciones, la que fue declarada sin lugar porque “no es el órgano jurisdiccional al que se debe alegar”, como lo indicó la juez Carol Patricia Flores.

La defensa insistió además en que la resolución de la juez Carol Patricia Flores del 18 de abril está en firme, ya que nadie la ha revocado, y por lo tanto no se podía recibir los medios de prueba ya que estaría, según esta resolución, en otra etapa del proceso. El abogado de la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR), querellante adhesivo en el caso, Edgar Pérez Archila, negó rotundamente esto, ya que asegura que el amparo que se ha presentado está sin resolverse y por lo tanto la resolución de la juez está vigente pero no firme, como habían asegurado los abogados defensores. Edgar Pérez reiteró además que no está de acuerdo con la resolución porque la considera ilegal, ya que

“… la ejecución del amparo relacionado a la recusación  ya era una ejecución realizada por la sala primera de la Corte de Apelaciones al declarar sin lugar la recusación, y todos los abogados que estamos aquí sabemos que cuando una recusación es declarada sin lugar: primero, no tiene efecto suspensivos; segundo, no deja sin efecto ninguna de las actuaciones declaradas.”

La juez Carol Patricia Flores leyó la respuesta de la CC, al ser consultada una vez más, sobre el contenido de la resolución referente a los medios de prueba, porque se contradecía con su resolución del 18 de abril:

“… Incorpórese al expediente el oficio… Segundo: En vista de a que a esta corte no le consta el estado de firmeza de la decisión que dice haber emitido la juez ahora consultante el 18 de abril el año en curso, con la cual dejó sin efecto todo lo actuado a partir del 23 de noviembre del año 2011 en el proceso penal que sirve de antecedente al amparo, dicha funcionaria judicial deberá dar exacto cumplimiento a lo decidido por esta corte en el auto de fecha 3 de abril del año 2012 que confirmó el otorgamiento del amparo provisional solicitado, observando para ello los plazos determinados en esta última resolución.”

Antejuicio contra Jazmín Barrios

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudia un antejuicio en contra de la presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, presentado por el abogado Francisco García Gudiel, quien fuera expulsado por la presidenta del Tribunal el 19 de marzo, en el momento de darse inicio al debate oral y público. Ese día, Francisco García Gudiel pidió al Tribunal que se le autorice para asumir la defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt, argumentando que los abogados habían abandonado la defensa. Cuando el Tribunal ya lo había aceptado, para que el acusado tuviera defensa, Francisco García recusó a la presidenta y a otro miembro del Tribunal, por tener con ellos enemistad y amistad respectivamente. El Tribunal resolvió en contra de Francisco García, argumentando que él, al  asumir la defensa de Efraín Ríos Montt, ya tenía conocimiento de la conformación del Tribunal y le pidió retirarse de la sala, al mismo tiempo que ordenó al abogado defensor de José Mauricio Rodríguez Sánchez, Moisés Galindo, a asumir la defensa hasta que Ríos Montt tuviera nuevamente abogados de su confianza, para cumplir con el derecho de defensa. La acusación presentada por Francisco García también incluye los delitos de prevaricato y abuso de autoridad por parte de la jueza Jazmín Barrios.

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