Las 32 comunidades de la Finca Patio de Bolas, Copón, son reconocidas como comunidades indígenas

ixcan 32 comunidades baras (3)El 16 de Agosto del 2013, en San Juan Chactela (municipio de Ixcán, Quiché) se reconoció públicamente a 32 comunidades q’eqchi’s como comunidades indígenas. Según la Asociación Finca Patio de Bolas, Copón, esto es un logro histórico, por su amplitud; representa un paso hacia la aceptación de los derechos específicos de los pueblos indígenas y un ejemplo de capacidad de movilización colectiva, más allá de una larga lucha para incentivar a los diversos actores involucrados a reconocer la legalidad del procedimiento, tanto en las comunidades como en las instituciones locales. ACOGUATE observó la entrega de títulos y entrevistó a representantes de las organizaciones sociales involucradas (Abogados Mayas, Puente de Paz, Pastoral Social y la Asociación Finca Patio de Bolas, Copón).

Fundamentos jurídicos reconocen comunidad indígena

Diferentes documentos jurídicos vigentes en Guatemala, desde convenios internacionales hasta el derecho constitucional e interno, reconocen el derecho de los pueblos indígenas de conservar su cultura y sus modos propios de organización.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca en su artículo 8 (…) el deber de respeto del derecho consuetudinario, siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en los marcos jurídicos nacionales ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.1 En otras palabras, el convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias.

Además, el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.2 Así, además de reconocer el carácter pluricultural del país, la Constitución  abre la puerta a una legitimación de modos de administración alternativos.

Por fin, la reforma del Código Municipal, del año 2002, estipula en su artículo 20 que “las comunidades de los pueblos indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el Registro Civil de la municipalidad correspondiente, con respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales ”.3 Según los Abogados Mayas, ese derecho fue reforzado en el año 2012 cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) destacó la obligación que tienen las alcaldías de atender la petición de inscripción de una comunidad como comunidad indígena.

Registrarse o no registrarse como comunidades indígenas

A pesar de estos fundamentos jurídicos, actualmente existe un debate sobre si registrarse o no en las respectivas alcaldías. Por un lado, algunas organizaciones sociales, como  el Consejo de los Pueblos mayas de Occidente (CPO) consideran que el convenio 169 tiene que ser la referencia ya que “el ordenamiento jurídico guatemalteco está construido sobre matrices monoculturales, monoétnicas y monolingües” y que “la Constitución Política de 1985, fue un avance al reconocer la existencia de grupos étnicos de ascendencia indígena, pero sus derechos quedaron únicamente en un listado de generalidades y sin mecanismos para que sean operados”.4 En otros términos, registrarse como comunidad indígena sería reconocer la necesidad de una autorización por parte de una autoridad “nacional” unitaria y ladina, heredada de la colonización y cuya legitimidad histórica y cultural es puesta en tela de juicio por un sector de la sociedad.

Por otro lado, otras organizaciones, como las que apoyaron en el proceso de las 32 comunidades de la Finca Patio de Bolas Copón, destacan que el registro  fortalece el respeto de los derechos de las comunidades: les da una personalidad jurídica que les permite defender de manera más directa y eficaz sus derechos e intereses colectivos. Jerónimo Osorio, de Puente de Paz, aclara: “Es ejercer el derecho al reconocimiento como tal, hacer que las  autoridades municipal cumplan con su obligación que las leyes internacionales en materia de derechos indígenas establecen, es perder el miedo, es declararse como son: comunidades indígenas, no es pedir permiso ni autorización al sistema impuesto.”

Reconocimiento de 32 comunidades: un argumento legalista

El proceso se originó en el año 2010, cuando una quincena de comunidades decidieron que la vía más adecuada para fortalecer sus derechos sería pedir dicha inscripción ante la alcaldía municipal. Sin embargo, el principal obstáculo fue el desconocimiento de este derecho tanto por parte de los mismas comunidades como por la administración pública local.

Desde 2010 hasta principios de 2012 hubo varias reuniones involucrando a organizaciones sociales, líderes comunitarios y, en una segunda fase, a la totalidad de los habitantes. En esas primeras reuniones, según Jerónimo Osorio, existía un importante escepticismo, hasta miedo, por parte de algunos líderes y habitantes, convencidos que ese derecho no sería respetado por las autoridades municipales y estatales. De hecho, el papel principal de Puente de Paz, apoyada por Abogados Mayas y Pastoral Social, fue de orientar a las comunidades y sus líderes sobre la legitimidad y legalidad de sus demandas. Jerónimo Osorio recuerda: En más de una ocasión, unos líderes decían “¿si las cosas salen mal, yo no quiero ir a la cárcel; ¿si eso ocurriera, cómo nos vamos a defender?; ¿quiénes nos van a ayudar?; ¿cuánto tiempo va a demorar ese procedimiento?; ¿cuánto nos va a costar?. A principios de 2012, fueron 32 las comunidades que se reunieron para presentar una  petición conjunta a la Alcaldía Municipal de Ixcán.

Según las organizaciones involucradas, la primera reacción de las autoridades municipales fue de poner en duda su legalidad. Otra vez, la argumentación de las ixcan 32 comunidadesorganizaciones y de los representantes de las comunidades fue antes que todo legalista, ya que las autoridades locales también tenían miedo de involucrarse en un procedimiento que no tuviera fundamentos legales. Además, manifestaron la preocupación de una repartición de los poderes que debilitaría a la Alcaldía Municipal, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y al Consejo Municipal de Desarollo (COMUDE). A pesar de estas reservas iniciales, a principios de 2013, el procedimiento se desbloqueó, abriendo la puerta al reconocimiento, al registro de las comunidades indígenas, a la inscripción de sus propias autoridades y a la entrega de los libros de actas el 16 de agosto de este año.

Logros actuales y perspectivas para el futuro

Según Cristiano Otzín, de los Abogados Mayas, pueden ser distinguidos dos tipos de logros en relación a la acción colectiva de las 32 comunidades de la Finca Patio de Bolas Copón: “el objetivo es fortalecer sus autoridades indígenas y también que puedan comparecer en algún tribunal para ejercer su derecho en nombre de la comunidad”. Como el Estado reconoce su personalidad jurídica, como comunidad indígena puede iniciar una acción legal, un proceso civil, un amparo, etc. Además, ese procedimiento garantiza, a nivel local, la cohesión de las comunidades alrededor de un marco común como valores, identidad y un sistema de autoridad legítimo y mejor aceptado. La legitimación de las autoridades indígenas es un contrapeso a las múltiples estructuras de poder exógenas que se impusieron “desde arriba”, a través de la historia de la colonización y del estado liberal, a los modos propios locales de gestión de bienes o de conflictos. Por ejemplo, en cuanto a la represión de los delitos, el convenio 169 establece respetar los métodos tradicionalmente utilizados por los pueblos indígenas en la represión de delitos cometidos por sus miembros.5 Sin embargo, en la  práctica, las relaciones con las alcaldías municipales, según Cristiano Otzín, “van dependiendo del partido en el poder: a veces es de coordinación, a veces de confrontación, a veces de subordinacióny cada cambio del equipo municipal o de los representantes de la(s) comunidad(es) es una amenaza potencial para las buenas relaciones entre las dos estructuras.  

Por parte de las comunidades de la Finca Patio de Bolas Copón buscan sinergias con las comunidades del municipio de Chisec, Alta Verapaz, quienes ya tienen una trayectoría de ser reconocidas como comunidades indígenas. En este marco, con el apoyo de Puente de Paz, Pastoral Social y la asociación Sank, se realizó un encuentro entre líderes de dichas comunidades el 23 de agosto de 2013. Según Jerónimo Osorio, “el objetivo del encuentro es intercambiar conocimientos entre las comunidades para fortalecer la estructura organizativa de las comunidades ancestrales q´eqchí’s, como también intercambiar acerca de la recuperación de nuestra autoridad y de nuestra cultura como pueblos originarios. Es importante que las 32 comunidades compartan y aprendan otras experiencias. Estos encuentros se van a seguir dando porque son importantes, para que las y los líderes comunitarios retomen las buenas prácticas, modos de organización y de administración de sus tierras.”

De hecho, y a pesar de sus diferencias, las diversas comunidades comparten una visión similar sobre el bien común: el concepto de riqueza o de Madre Tierra, una concepción del bien común que se difunde entre todos y todas y se gestiona entre todos y todas, al contrario de la matriz unitaria y jerarquía promovida en los Estados-Naciones. En este sentido, el logro de las 32 comunidades de la finca Patio de Bolas Copón es un ejemplo local positivo tanto en el compromiso para el fortalecimiento de los derechos como en la lucha para mantener viva su propia concepción para futuras generaciones.

1 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (No.169) (1989),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
2 Constitución política de la Republica de Guatemala, 1985,
http://www.quetzalnet.com/constitucion.html
3 Congreso de la República (2002), Código Municipal, Decreto 12-2002, Articúlo 20,
http://www.unicef.org/guatemala/spanish/CodigoMunicipal.pdf
4 Consejo de Pueblos Mayas de Occidente (CPO), Julio de 2012,  Cronología: acción de inconstitucionalidad promovida por el consejo de pueblos de occidente – cpo,
http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/2012/07/la-lucha-de-los-pueblos-por-la-vida-la_26.html
5 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (No.169) (1989), articúlo 9.1,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
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