Caso Sepur Zarco en fase de investigación

En septiembre de 2012, 15 mujeres y cuatro hombres maya q’eqchi’s declaraban en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo sobre la esclavitud sexual a la que las mujeres habían sido sometidas entre 1982 y 1988 en el destacamento militar de Sepur Zarco. El 14 de junio de 2014 fueron detenidos el ex coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, ambos acusados de delitos contra los deberes de humanidad, y asesinato y desaparición forzada respectivamente. El 23 de junio tuvo lugar la audiencia de primera declaración, en la que se les dio a conocer los motivos de su detención y rindieron su primera declaración. ACOGUATE ha observado el proceso desde septiembre de 2012, por petición de Mujeres Transformando el Mundo, que junto a la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala y Colectiva Jalok U son querellantes adhesivas. ACOGUATE también
 observó el Tribunal de Consciencia, realizado en Ciudad de Guatemala en 2010.

Esteelmer Francisco Reyes Girón, detenido en la zona seis de la capital, es acusado de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad. De acuerdo a las declaraciones en prueba anticipada de las 19 testigas y testigos, Esteelmer Francisco Reyes Girón se desempeñaba como subteniente en el destacamento en Sepur Zarco y fue identificado por ellas y ellos a través de fotos. Bajo su mando fueron capturadas y ejecutadas una mujer y sus tres hijas, de las que se encontraron las osamentas y su ropa durante una exhumación, según la investigación preliminar del ministerio Público (MP).

Heriberto Valdez Asij declaró haber trabajado como policía municipal en Panzós, y está actualmente jubilado. En las declaraciones de las testigas y testigos, lo reconocen como comisionado militar durante el período entre 1982 y 1988. Según las investigaciones preliminares del MP, habría participado en un operativo en el que el 25 de agosto de 1982 se hubiera capturado y desaparecido a 18 personas. Fue detenido en Panzós, Alta Verapaz, donde siguió viviendo.

El juez ordenó que el MP continuara la investigación y dio un plazo de tres meses, hasta el 22 de septiembre. También le sugirió reformular sus acusaciones, dado que este se enmarca en el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

En espera de la nueva audiencia, que tendrá lugar el 3 de octubre, los dos acusados permanecerán en prisión preventiva para evitar cualquier intento de fuga.

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