Juicio por Genocidio nuevamente en compás de espera

Cuando el 5 de enero reiniciaría el debate oral y público en el proceso por Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad, en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, la defensa de José Efraín Ríos Montt interpuso una recusación en contra de la Presidente del Tribunal B de Mayor Riesgo. Esta recusación fue admitida por el Tribunal por mayoría, con dos votos contra uno, siendo el voto razonado el de la Presidente del Tribunal. Ahora deberá ser la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo quien resuelva si la Juez Irma Jeannette Valdés Rodas continuará formando parte del tribunal que juzgará nuevamente a José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, o si se deberá integrar un nuevo tribunal. 1

En términos generales, la recusación, como figura jurídica, consiste en el recurso que tienen las partes en un proceso para hacer valer el derecho de reclamar la falta de imparcialidad que debe guardar en todo momento un juez, quien debe decidir conforme a los principios de objetividad, ecuanimidad y respeto al debido proceso, entre otros. Cuando es el propio juez quien considera que está impedido para conocer de un proceso, se le conoce como “excusa”. Ambas figuras se rigen bajo las mismas causales, de acuerdo a lo establecido en la propia Ley del Organismo Judicial (LOJ).

Defensa duda de imparcialidad de Presidente del Tribunal

La defensa de José Efraín Ríos Montt basa su recusación en la causal “J” del artículo 123 de dicha ley, donde señala como supuesto: “cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila”. Según la defensa de José Efraín Ríos Montt, desconfía “objetivamente de la imparcialidad de la Juez” y valora que se encuentra impedida para conocer el caso, toda vez que “ella ha externado previamente opinión sobre el fondo del asunto”, en su tesis titulada “Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio2 realizada para acreditar el grado de Magister en Derecho Penal, en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Los abogados de José Efraín Ríos Montt alegan que la tesis entera “contiene una opinión sesgada” sobre los delitos por los que se acusa a su representado. Para argumentar que la Juez tiene “predisposición en su actuar” y ha expresado una “opinión prejuzgada” respecto a su responsabilidad por el delito de genocidio, resaltaron algunos de los fragmentos de la tesis. Por ejemplo, en donde la Juez hizo referencia a la campaña de exterminio masiva perpetrada durante el gobierno de José Efraín Ríos Montt, y al hecho de que “es común que no se toque a las altas esferas del poder o a autores intelectuales” para castigar el delito de genocidio, al mismo tiempo que hizo mención a las intimidaciones, amenazas y agresiones de las que eran objeto los actuales querellantes adhesivos.

La Juez Irma Jeannette Valdés Rodas, así como la fiscal y los querellantes adhesivos, defienden la imparcialidad de la Juez, señalando que como autoridad jurisdiccional cuenta con las facultades para conocer el caso y que en ningún momento han puesto en duda su imparcialidad y objetividad favoreciendo a alguna de las partes. Por el contrario, señalan que la recusación interpuesta “es a todas luces improcedente; que los argumentos son insuficientes y que carece de sustento jurídico”. Incluso la interposición de la recusación fue calificada de “frívola y maliciosa” por parte de la fiscal, “ya que tiene como único propósito evitar la continuación del proceso”.

Señala la Juez que más que una opinión personal respecto al Genocidio en Guatemala, en su tesis se basa y señala fuentes documentales (doctrina jurídica, derecho comparado, obras de historia del conflicto armado de Guatemala, actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, por ejemplo), así como encuestas realizadas como trabajo de campo en el marco de la propia investigación. Y es, a su criterio, la información de dichas fuentes en la que fundamenta sus conclusiones y recomendaciones, “para proponer reformas a la legislación guatemalteca para una mejor protección a las partes en los procesos por genocidio”.

Recusación “es extemporánea”

También se alega la “improcedencia de la recusación” planteada, por extemporánea. Las partes que piden no aceptar la recusación señalaron que el Tribunal (presidido por la Juez Irma Jeannette Valdés Rodas) fue formalmente instalado para conocer este proceso en junio de 2013 y que entró propiamente en funciones en noviembre del mismo año. A partir de esta fecha, la Juez en su carácter de Presidente del Tribunal, ha dictado diversas resoluciones, las que fueron consentidas por las partes, implicando una aceptación tácita sobre la calidad e imparcialidad de la Juez para conocer el caso. La recusación es extemporánea, ya que debió haber sido interpuesta dentro de los 6 días posteriores de tener conocimiento las partes sobre la integración del Tribunal, o al momento en que la Juez comenzó a emitir resoluciones en el caso, lo que no hicieron hasta el 30 de diciembre del 2014, por lo que por lo tanto no afectaban los derechos de las partes. Toda vez que la causal alegada (es decir, la tesis de 2004) era anterior a 2013. Por el contrario, alegaron, con esta recusación la defensa únicamente “hace evidente el esfuerzo por retrasar el proceso”.

Los querellantes han expresado además que de los propios argumentos de la defensa, “significa que [la juez] cuenta con las capacidades profesionales para realizar un análisis ajustado a derecho”. Y por el contrario, “aceptar el argumento empleado por la defensa de los acusados significaría que los jueces especializados [en delitos de genocidio] estarían inhibidos de conocer casos vinculados con su área de conocimiento”. El 9 de enero los querellantes adhesivos apelaron la recusación.

1 De acuerdo al artículo 128 de la Ley del Organismo Judicial (LOJ), la Sala de Apelaciones, en su calidad de tribunal superior, debe resolver sobre la recusación en un plazo de 48 horas, una vez que fuera remitido por el juez. Asimismo, para no detener el proceso, de acuerdo al artículo 132 se contempla que, “por impedimento, excusa o recusación legalmente declarada… se llamará a los respectivos suplentes… pero si por algún motivo no previsto no se pudiere integrar el tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del Organismo Judicial para que en el plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo”
2 Tesis completa en: http://en.calameo.com/books/0025316287571f1a36547
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Justicia transicional, Otro y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s