Familiares de personas desaparecidas siguen buscando justicia

Photo Art Munroe

De 1960 a 1996, el conflicto armado interno en Guatemala provocó 200,000 muertes, 45,000 desapariciones forzadas, y más de un millón de desplazados forzados1. A pesar de que el conflicto armado terminó hace casi 20 años, organizaciones, comunidades y familiares todavía luchan para conocer la verdad y para que se haga justicia por los crímenes cometidos durante estos años. Un aspecto específico de aquella lucha es la conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Desde 2007, el 25 de febrero es consagrado como el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, por la justicia, contra la impunidad y en memoria de las víctimas. Este año, la caminata que marcó la celebración sirvió para demostrar solidaridad pero también para pedir al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley 3590, que propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Victimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición.

Este 25 de febrero fue el decimoquinto aniversario del Día Nacional de La Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Para este día, después de una misa en la Catedral Metropolitana en memoria de las víctimas, los sobrevivientes, familiares, amigos y otras personas solidarias participaron en una marcha organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas Qanil Tinamit rumbo al Congreso para pedir que apruebe la propuesta de ley 3590. Al llegar frente al Parlamento, más de cien personas desplegaron fotos de las personas desaparecidas y llevaron flores para recordar a sus familiares.

Art MunroeJuntos escucharon discursos y manifestaron su respaldo a la delegación que había entrado a entregar la petición en el recinto parlamentario. Al salir, la comitiva comunicó a las personas presentes que no habían logrado obtener el compromiso que esperaban por parte de los parlamentarios. No obstante, agradecieron las muestras de solidaridad expresadas por las personas que continúan en la lucha por la justicia. “Estamos hablando de 45,000 desaparecidos… ¿Qué implica eso? expresó una representante del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH). Que son 45,000 familias…no es una lucha que nosotros como organizaciones estamos haciendo porque queremos que todo esté bien, lo hacemos porque hay una necesidad de las familias.”2

La iniciativa de ley 3590, que propone la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, con el objeto de buscar más de 45,000 personas desaparecidas durante el conflicto armado, ha sido presentada en el Congreso de Guatemala desde 2006. Desde entonces ha pasado por diversas comisiones parlamentarias. Sin embargo una de las dificultades ha sido que algunas de estas comisiones le den su visto bueno. En 2007, se dio un primer paso cuando la comisión de finanzas aprobó el presupuesto de 28 millones de Quetzales para la creación de la mencionada Comisión de búsqueda3. Sin embargo, los próximos pasos prometen ser muy difíciles. En efecto, muchas de las 23 organizaciones que trabajaban juntas al principio, se fueron desmoralizando y actualmente solamente cinco siguen luchando.

Encontrar a las personas desaparecidas: un deber institucional

Aunque el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas se enfoca en la iniciativa de ley, también es ocasión para conmemorar a las víctimas, pedir justicia, exigir que los delitos no queden impunes. El Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), concluyó en su informe “Guatemala, Nunca más” que, aunque “en muchos de los casos hay testigos de la detención (…) las acciones [de Inteligencia] eran secretas [y] esas acciones nunca se han reconocido y las familias nunca pudieron descubrir lo que pasó con sus familiares.”4 Si los familiares no pueden averiguar dónde están los restos de los desaparecidos, no puede haber ni justicia por los crímenes cometidos, ni evidencia de lo que pasó. Además, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) diligenciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que “en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de Inteligencia.”5 Pasando por alto esta conclusión, el Estado todavía no quiere reconocer su responsabilidad en el conflicto armado y por consiguiente, no coadyuva a la reconciliación entre la sociedad civil por un lado y las fuerzas beligerantes y las instituciones del Estado por el otro. El retraso en la aprobación de la iniciativa de ley 3590 es una muestra de esta falta de voluntad. Según una representante del CIIDH, las organizaciones no tienen la capacidad de abrir cada caso y trabajar en ellos porque es muy caro, los procesos son largos y no pueden tener acceso a la información sin una orden judicial. De ser creada la Comisión Nacional de búsqueda, se podría realizar, en un año o menos, la misma cantidad de trabajo que las organizaciones pueden desempeñar en cuatro años. Eso se debe, por una parte, a la disponibilidad de recursos y por la otra, al acceso a informaciones que la comisión tendría como instancia gubernamental6 .

Recordar es una condición para un mejor futuro

La conmemoración es solo una parte de toda la lucha que se lleva a cabo en todas las regiones del país donde mucha gente todavía resiente la impunidad y trabaja para alcanzar la justicia. En una declaración pública, el Movimiento Nacional de Víctimas Qánil Tinamit afirma: “seguimos considerando que los atropellos que sufrió el pueblo en esa época, todavía no han sido asumidos por la conciencia nacional.”7 La importancia para el futuro es que la sociedad no olvide lo que ocurrió, porque se puede usar la memoria como una manera de exigir reconciliación. Una de las organizadoras comentó que hay que seguir porque lo que pasó podría repetirse y porque esa lucha es necesaria para construir una Guatemala diferente. “Si seguimos luchando, tal vez no yo, pero mis hijos o mis nietos podrán tener un país diferente donde se pueda vivir con tranquilidad.”8

El comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas Qánil Tinamit recuerda que “la memoria de los mártires que cayeron a lo largo de los 36 años, cuyo pasado fue degradado y manipulado, solo serán dignificados con el conocimiento de la verdad, la justicia y una reparación digna… la reconciliación de quienes hoy sobrevivimos, no es posible sin justicia.”9 Las diversas marchas que, cada año, son organizadas en la capital y otros lugares en Guatemala en ocasión del Día Nacional de Víctimas, son una forma de dignificación de la memoria en honor a las personas desaparecidas y para reivindicar la lucha por la justicia.

Esa es una lucha que sigue a pesar de la falta de apoyo por parte del Estado. La aprobación de la ley 3590 representaría un paso importante para combatir la impunidad y para lograr que la memoria histórica sea reconocida por el Estado, así mismo será una parte del camino para la paz y la reconciliación.

1 Declaración pública del Movimiento Nacional de Víctimas Qánil Tinamit, 24 de febrero 2015.

2 Representante de CIIDH, entrevista con la autora, 27 de marzo 2015.

3 Representante de CIIDH, entrevista con la autora, 27 de marzo 2015.

4 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala: Never Again (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999), 19. (Traducido por la autora).

5 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Conclusiones y Recomendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Tomo V, (MINUGUA, 2004), 42.

6 Representante de CIIDH, entrevista con la autora, 27 de marzo 2015.

7 Declaración pública del Movimiento Nacional de Víctimas Qánil Tinamit, 24 de febrero 2015.

8 Representante de CIIDH, entrevista con la autora, 27 de marzo 2015.

9 Declaración pública del Movimiento Nacional de Víctimas Qánil Tinamit, 24 de febrero 2015.

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