Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango

Un análisis del contexto en el cual se ejerce

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En lo que va del año, ocho defensores de derechos humanos y de los recursos naturales del norte de Huehuetenango, acompañados por ACOGUATE, se encuentran privados de su libertad en prisión preventiva. En el juicio contra Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, de Barillas, inició la repetición del debate oral y público a partir del primero de septiembre, ahora en Quetzaltenango. Las causas abiertas en contra de Francisco Juan Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan, y Ermitaño López (Don Taño), de Barillas, y Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, de Santa Eulalia, se encuentran en la fase intermedia y se esperaría que inicie el debate oral y público para los próximos meses. En ninguno de los casos los jueces han admitido otorgar libertad condicional a los sindicados.

Aunque cambie constantemente y requiere frecuentes actualizaciones, la situación de los presos refleja el incremento de la criminalización hacia defensores de los derechos humanos que se observó en el transcurso del año en la región norte de Huehuetenango. Este se enmarca en una estrategia que vulnera una pluralidad de derechos humanos y de los pueblos en contextos específicos.

¿Por qué y cuándo hablamos de criminalización?

De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), se podría decir que hace poco más de 10 años, la criminalización se ha intensificado (y hecho más sofisticada) como una de las estrategias en la vulneración y represión de los derechos humanos en Guatemala y de ataque a defensores/as en diversos regiones del país. En su informe de 20101, Udefegua menciona que “esta sistematización (sobre criminalización) se inicia en el 2004, porque este es el año en que este nuevo patrón de ataques inicia con la aplicación sistemática del delito de usurpación agravada, modificado en 1997 como mecanismo para el manejo de los conflictos provocados por la reconcentración de tierras y por la utilización de la denuncia penal por parte del Estado ante la manifestación2. Más adelante, señala que en Guatemala “del 2004 a la fecha (junio 2010) se han abierto procesos penales a 592 defensores/as”3. Lo ocurrido en el norte de Huehuetenango, principalmente desde 2012 (pero que inicia de hecho desde 2008), implica que la criminalización no es nueva sino que ha persistido hasta ahora como estrategia de represión contra personas defensoras y movimientos sociales de derechos humanos.

No podemos olvidar que la criminalización ha sido una táctica, que se ha generalizado en los últimos años en América Latina, para callar (y hacer caer) las diversas voces de protesta social frente a los modelos socio-económicos y políticos impuestos por los gobiernos4. Lo anterior tiende a agravarse frente a la imposición, sin consentimiento previo y sin participación de la población local, de proyectos transnacionales, extractivos y energéticos. Cabe mencionar que muchas de las entidades (públicas o privadas) encargadas de desarrollar estos proyectos se vuelven activos protagonistas de la represión en contra de los grupos sociales y pobladores/as que se oponen, resisten y denuncian sus efectos negativos, toda vez que éstos generalmente implican vulneraciones del derecho a la determinación de los pueblos originarios, y/o del derecho a la tierra y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Igualmente constituyen una amenaza para el medio ambiente (la Madre Tierra) y el acceso al agua para todas/os. A eso se suma que la criminalización como tal, atenta contra los derechos civiles y políticos de los/as defensores/as, por ejemplo la libertad de expresión. Los grupos y personas afectadas son orilladas a recurrir a medidas cada vez más radicales de protesta social, aunque de forma legítima, para hacer valer sus reclamos ante la represión y la falta de voluntad para entablar un diálogo realmente respetuoso por parte de las autoridades y de las empresas, que ignoran la voluntad de los pueblos, pasan por alto su identidad y destruyen sus medios de subsistencia (como el maíz, los bosques, el frijol, los ríos, etc.) y su potencial desarrollo económico mediante el comercio (por ejemplo, del café y del cardamomo en el caso de Huehuetenango). Los pueblos originarios, además, preservan y reivindican usos, “modos”, costumbres y formas de organización social, política y jurídica, ancestrales pero vigentes, y con su propia visión de bienestar comunitario (el buen vivir, por ejemplo, frente al discurso desarrollista), y de dignidad humana y colectiva, que resultan incompatibles con dichos proyectos, especialmente en la región de los Cuchumatanes.

De acuerdo a las cifras de Udefegua5, los defensores de la tierra y territorio, desde la década de los años 2000 son el grupo más atacado por casos de criminalización en el país; y en segundo lugar los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Sumando estos dos sectores el 70% de casos de criminalización entre 2004 y 2009.

También, organizaciones internacionales de derechos humanos reconocen que “el objetivo de la criminalización es crear miedo, destrozar la reputación, debilitar la resistencia, forzar oponentes a dedicar su tiempo y recursos a defenderse y, finalmente, justificar el uso de la fuerza contra los oponentes. A fin de cuentas, Estados y empresas quieren debilitar y neutralizar la resistencia para permitir la realización de proyectos extractivos a gran escala”6. Por ello se reconoce la criminalización como una de las modalidades más severas de ataque contra defensores/as de derechos humanos.

Por eso, se refiere al término de criminalización contra defensores/as en un sentido amplio, para aquellos casos en que se aplica o se amenaza con aplicar indebidamente la ley, casi siempre en materia penal, instrumentalizando por parte del Estado la aplicación misma de distintas disposiciones legales, en derecho penal particularmente, y desvirtuando las instituciones encargadas de impartir justicia o que participan en esta7.

Esto incluye denunciar falsamente a alguien o sin certeza de las acusaciones; librar órdenes de captura e iniciar investigaciones criminales de forma discrecional y premeditada; proceder a detenciones arbitrarias o ilegales; adjudicar hechos individualmente sin pruebas o fabricándolas; presentar acusaciones desproporcionadas a los hechos investigados, específicamente contra algunas personas y/o comunidades “fichadas” políticamente, en el afán de proteger intereses particulares o ideológicos, pero ajenos a la sana impartición de una justicia pronta e imparcial. En un sentido más específico, al hecho de iniciar juicios penales, se le conoce también como judicialización de la protesta social. Esta situación adquiere su forma más severa cuando se llegan a imponer sentencias condenatorias contra defensores/as en virtud de hechos que no cometieron, ni tuvieron responsabilidad penal alguna que se les pudiera válidamente imputar. Sin embargo, casualmente son muy pocos los casos en que el Ministerio Público (MP) logra obtener una sentencia condenatoria8.

En los casos de criminalización, la facultad acusatoria del Estado y la justicia van dirigidas entonces, no contra personas que hubiesen cometido un delito, sino contra personas o colectividades que por motivo de sus actividades y posicionamientos económicos, sociales, políticos, culturales, etc., hagan frente a las decisiones y políticas públicas de los gobiernos mismos. Por ello, cuando son privados de su libertad, se les califica como presos políticos9.

Casos observados en 2015

La observación y acompañamiento durante las audiencias públicas y gracias a los testimonios de las personas afectadas y de los abogados defensores dan cuenta del hecho que los casos abiertos durante el 2015 contra los defensores de derechos humanos de Barillas y Santa Eulalia constituyen en su conjunto acciones que encuadran en el fenómeno de la criminalización. Por eso, resulta indispensable hacer una breve descripción de cada una de las causas penales abiertas actualmente.

En los casos observados por ACOGUATE desde 2013 en Huehuetenango, al origen de los hechos por los cuales están siendo criminalizados estos defensores desde 2008 se encuentran, en Santa Cruz Barillas, los proyectos hidroeléctricos Cambalam I y Cambalam II de la empresa Hidro Santa Cruz S.A., filial de la española Hidralia Energía y en Santa Eulalia, la empresa 5M S.A., la cual está ubicada en la Finca San Luis, y es filial de la misma Hidralia Energía. Estos proyectos están actualmente detenidos, en virtud de los hechos ocurridos en la región10 y por la resistencia de las comunidades que se inscriben en el conjunto de los municipios en resistencia del Norte del Departamento: Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, San Sebastian, San Rafael, entre otros. Con la última consulta en Malacatancito el 2 de agosto pasado, son 29 de los 32 municipios del departamento que, a través de consultas comunitarias de buena fe, ya han manifestado su rechazo a proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, y se han pronunciado por la defensa de los recursos naturales en sus territorios. No obstante se sabe de más de 40 licencias de exploración y explotación de los recursos naturales, vigentes o en trámite.


CASOS OBSERVADOS

Saul y Rogelio

Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, el caso quizá más emblemático, presos (por segunda vez) desde el 27 de agosto de 2013. Ellos son acusados de haber participado en un linchamiento ocurrido el 19 de agosto de 2010 en Barillas. Recluídos en la cárcel de Huehuetenango, su causa se encuentra actualmente ante el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y esperan nueva sentencia para el próximo 13 de octubre.

Ver: Comunicado segundo juicio presos políticos Saúl y Rogelio

Ermitaño López, capturado el 2 de junio pasado, es el último de los defensores detenidos hasta ahora. Lo acusan de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstaculización de la acción penal y plagio o secuestro ante el Juzgado de Santa Eulalia, el cual ahora está ubicado en la Ciudad de Huehuetenango, donde guarda prisión preventiva. Es acusado junto a Francisco Juan Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan y nueve defensores más, de haber participado en la retención de personal del CAJ durante una audiencia en el Juzgado de Santa Eulalia, en el marco del caso arriba mencionado.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, presos en la cárcel de la zona 18 de la capital, fueron capturados el pasado 24 de marzo de 2015 y enfrentan actualmente cargos por detenciones ilegales, coacción, e instigación a delinquir. En un principio, el MP los acusaba por plagio o secuestro, amenazas, atentado y obstrucción de la acción penal, pero la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A desestimó estos últimos*. Son acusados de haber participado en hechos ocurridos el 19 y 20 de enero de 2015, en los que supuestamente un grupo de personas retuvo a personal del Centro de Administración de Justicia -CAJ- de Santa Eulalia. Enfrentan otro juicio ante el juzgado de Santa Eulalia por su supuesta participación, junto a un grupo de pobladores, a la retención de trabajadores de la empresa 5M, S.A., los días 2 y 9 de diciembre de 2013.

*No obstante, el MP presentó una apelación contra esta resolución, para restituir el delito de plagio o secuestro a la acusación. Hasta el mes de agosto, dicha apelación no ha sido resuelta en definitiva.

Francisco Juan Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan (Profe Arturo) fueron detenidos el 26 de febrero de 2015, en un primer momento acusados por los delitos de amenazas, instigación a delinquir, reunión y manifestación ilícitas, cargos a los que después se agregaron los de plagio o secuestro. Presos en la cárcel de la Zona 18 de la capital, su causa se dirime ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, en virtud de hechos ocurridos el 22 de abril de 2013 en el lugar conocido como Poza Verde, en Barillas. Se les acusa de haber formado parte de un grupo de personas, quienes ése día, suspuestamente retuvieron durante un par de horas a trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A. para que se comprometieran a que ya no laborarían para esta. A esas acusaciones se suma otra (sobre la cual volveremos mas adelante) que se ventila ante el juzgado de Santa Eulalia, por hechos ocurridos el 23 de enero de 2014.


En todos los casos se les señala como los líderes que “dirigían” acciones protagonizadas por grupos de pobladores. Así mismo, fuera del caso de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, se observa que si bien en un principio (2013 y 2014) las acusaciones provenían de trabajadores de las empresas hidroeléctricas, a partir de 2014 y 2015, son las propias autoridades locales, en particular las de Santa Eulalia, quienes se presentan como agraviados.

Modalidades y facetas de la criminalización de acuerdo a los casos observados

Una de las tácticas utilizadas para criminalizar es provocar retrasos durante los procesos penales. Así, en los casos arriba mencionados no se ha respetado el plazo de 24 horas después de la captura, establecido por la ley para la audiencia de primera declaración. Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, no rindieron su declaración ante el juez sino hasta más de dos meses después de haber ingresado a la cárcel. En otros casos, el MP ha solicitado a los jueces las ampliaciones más largas para realizar sus investigaciones, y al cabo de dichos plazos no presentan mayores resultados, retrasando las etapas siguientes.

Otro recurso es acusar a las personas de delitos tan serios que no permitan que sean puestos en libertad condicional, y que las penas incurridas son las más altas contempladas en el código penal. Es así que si en otros casos se ha visto que los defensores son injustificadamente acusados por “terrorismo”12, en las causas abiertas contra Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, así como contra Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo Juan, todos son acusados por el delito de “plagio o secuestro”, el cual establece una pena de hasta 40 años de cárcel. Sobre la aplicación de este delito en estos casos nos referiremos más adelante.

En su columna publicada por el Centro de Medios Independientes -CMI-, Andrés Cabanas escribe: “se amenaza, reprime y encarcela, con argumentos (formalmente) inapelables: la violación de la ley. Pero lo técnico-jurídico como justificador de las capturas está deslegitimado por el historial de ilícitos, arbitrariedades e irregularidades cometidas por los operadores de justicia13. Entender la criminalización reside en la manera en que los casos son planteados por las autoridades. “La criminalización se aprovecha de un discurso simplista y vago, de esta manera es muy fácil acusar a cualquiera de cualquier cosa” expresa uno de los abogados defensores a la salida de una audiencia. Sin embargo, para objetar los argumentos en contra de sus defendidos, los abogados ponen al descubierto la falta de técnica jurídica por parte del MP, en particular la ausencia de elementos que permitirían establecer “la individualización de la conducta”. Es decir, los aspectos que le dicen fehacientemente al juez que una persona plenamente identificada cometió una acción delictiva de acuerdo a las descripciones de la conducta que señala el Código Penal u otro. Sin estos elementos, en lugar de una acusación legal, se tienen alegatos en abstracto, suposiciones y deducciones sobre lo ocurrido en un determinado lugar y momento, y sobre los autores de estos hechos. Esto es esencial, pues estas acusaciones se basan en momentos de tensión entre la población que efectivamente ocurrieron debido a la conflictividad social provocada en la región, pero, de acuerdo a los abogados de la defensa “el MP no ha podido en ningún caso vincular personal y directamente a los sindicados de haber provocado, participado o instigado dichos acontecimientos”. Así mismo, algunos de los hechos ocurridos no constituyen delitos en sí, sino que se trata allí de criminalizar la protesta social.

En relación a lo anterior, los abogados defensores argumentan que los hechos en los que se basan las acusaciones se refieren a acontecimientos llamados “delitos en muchedumbre”, es decir cometidos por una cantidad indeterminada de personas. Eso lleva al MP a deducir que los sindicados, al ser líderes comunitarios, necesariamente “dirigieron” los hechos denunciados, “sin señalarles una conducta específica y los factores de tiempo, modo y lugar en que cometieron supuestamente esos hechos”.

Peor aún, Domingo Baltazar, Rogelio Velázquez y Francisco Juan Pedro (Chico Palas), en sus casos respectivos, niegan categóricamente haber estado siquiera en el lugar y momento de los hechos. Aportan pruebas que se encontraban en otros lugares. Inclusive, en algunos casos los propios agraviados no los mencionan directamente en sus declaraciones.

Respecto a Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, así como Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo Juan, la defensa nota que, de manera sorprendente, “las actas testimoniales de los denunciantes y otros testigos que el MP presenta en sus acusaciones, resultan ser una copia exacta unas de las otras, párrafo tras párrafo, como si cada persona hubiera pronunciado por separado exactamente las mismas palabras para narrar lo que vivió”. Algunos abogados, han expresado que este “copiar-pegar” demuestra ”una total falta de objetividad y profesionalidad y es una seria arbitrariedad” por parte de los fiscales del MP que participan de estos procesos.

Según la defensa y los propios acusados, los vínculos, incluso abiertamente reconocidos, entre fiscales del MP y los abogados y personal de las empresas hidroeléctricas, para concertar las acusaciones contra los que se oponen a sus proyectos, ponen en tela de juicio el actuar del MP. Más preocupante aún resulta la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, cuya tarea consistiría en principio en velar por el respeto del debido proceso, ya que en todos los casos que se ventilan en Huehuetenango como en la Ciudad de Guatemala (salvo el de Saúl y Rogelio), esta entidad es la que acusa a los defensores. En la audiencia de primera declaración de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, el abogado Benito Morales señaló que un fiscal de Derechos Humanos del MP le había confesado personalmente que “tenía órdenes de arriba para dejar en la cárcel a todos los de Huehuetenango”. En algunos de estos juicios, el MP ha presentado como prueba de su investigación contra los líderes sociales de la región, un “Informe de la estructura criminal en Huehuetenango. Conflicto social”, realizado por Víctor Hugo Villatoro, un abogado de las empresas hidroeléctricas.

Los defensores criminalizados al momento de su primera declaración durante estos procesos y los abogados durante su defensa, han identificado un “rol de las instituciones del Estado como instigadores y provocadores directos de la conflictividad social, así como de otros actos de violencia contra defensores como amenazas, intimidaciones y llegando al extremo de agresiones físicas e incluso asesinato”. Esto último en referencia concreta a los hechos ocurridos los pasados 19 y 20 de enero de 2015 en Santa Eulalia, donde de acuerdo a testigos y víctimas de estos hechos, ocurrió un enfrentamiento provocado por el alcalde municipal y por personas relacionadas a él, que acabó en una persona asesinada y varias más afectadas física y psicológicamente, además del cierre de la radio comunitaria de Santa Eulalia.

Las personas a las que nos referimos, como defensores tienen un papel de mediadores, pacificadores, negociadores, portavoces, y de liderazgo con una autoridad moral reconocida tanto por las comunidades y por otras organizaciones de derechos humanos de Guatemala y de otros países. Es más, en años anteriores habían sido interlocutores de sus comunidades en mesas de diálogo a las cuales participaron el ex-presidente Otto Pérez Molina, el ministerio de defensa y la COPREDEH. En relación a ello, la Convergencia por los Derechos Humanos ha mencionado que, “las empresas mantienen la presión para que se condene, particularmente a los líderes no violentos y a los que han estado dando la cara ante el gobierno para pedir un diálogo respetuoso y el derecho a la consulta libre, previa e informada14.”

A la par de estas denuncias en su contra, los defensores de Huehuetenango han señalado en diversas ocasiones que los hechos de los cuales se les acusa, fueron provocados e instigados por personas vinculadas a las empresas hidroeléctricas Hidro Santa Cruz, S.A. en Barillas, y la Empresa 5M, S.A. en Santa Eulalia, así como de los propios funcionarios municipales en su caso. Como señala uno de los abogados defensores, sobre “estos hechos y acusaciones no han sido investigados por el MP, demostrando un actuar que no es ni imparcial ni objetivo”15. Miembros de organizaciones de derechos humanos han señalado en diversas ocasiones que son estas empresas las que provocan la violencia y buscan beneficiarse de ella para controlar el poder económico e incluso político a nivel local, en complicidad con las autoridades nacionales, quienes “prefieren defender y promover estos proyectos, que proteger y ver por la población que gobiernan16.”

Finalmente, el factor multicultural no se puede dejar de lado al tratarse de comunidades maya q’anjob’al, chuj, poptí, akateco, mam, y mestizas, entre otros pueblos presentes en Huehuetenango. Como lo explicaba Rigoberto Juárez en su primera declaración, “el hecho de exigir pacíficamente y colectivamente que las autoridades (estatales) solucionen en ese momento y lo más pronto posible una crisis de la conflictividad social a la que está expuesta la propia gente, corresponde a evitar consecuencias más graves y trágicas y que nadie salga lastimado. Esto es también de acuerdo a nuestros modos y costumbres tradicionales de los pueblos en la solución de nuestros conflictos”. Por ello, como lo defiende su abogado Benito Morales, en respeto de normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, los hechos ocurridos el 24 de marzo de 2014 y, 19 y 20 de enero de 2015, no pueden válidamente interpretarse en delitos como retenciones ilegales, coacción, obstrucción de la acción penal o instigación a delinquir, tal como lo refiere el MP en sus acusaciones.

El rol del Estado en la instrumentalización de la justicia

A manera de resumen los defensores criminalizados y sus abogados, han señalado en distintos momentos los siguientes aspectos que determinan una actuación injusta por parte de las propias autoridades:

En el actuar del MP:

– Falta de objetividad en su rol de investigación de delitos, así como arbitrariedad e imparcialidad.

– Ausencia de las investigaciones correspondiente por hechos denunciados cuando son los propios defensores y pobladores organizados quienes presentan sus denuncias, inclusive por hechos ocurridos de mucho mayor gravedad, tales como asesinato, agresiones graves, amenazas en público e instigación a delinquir por parte de autoridades estatales, como en el caso de Santa Eulalia los días 19 y 20 de enero de 2015.

– Carencias graves en las argumentaciones presentadas por los fiscales en las audiencias.

– Cuando las acusaciones iniciales correspondían a delitos catalogados como leves, inclusión o intento de incluir posteriormente delitos más graves como plagio o secuestro.

– Intentos diversos por aplazar y entorpecer los procesos penales abiertos.

En el actuar de los jueces:

– A pesar de señalar, a veces, desacuerdos con los argumentos del MP e incluso de desestimar su labor de investigación durante las audiencias, finalmente aceptan y conceden las solicitudes que el MP les expone.

– En diversas ocasiones los jueces han optado por excusarse de conocer estos casos.

– Conservan las acusaciones por plagio o secuestro al momento de ligar los sindicados a proceso, ignorando los argumentos y las pruebas aportadas por la defensa.

– Se han negado a otorgar medidas sustitutivas como la libertad condicional, aún cuando se trata de delitos leves, como el caso de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez. El MP solicitó en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia que los casos de Huehuetenango “no fueran remitidos ante el juez Miguel Angel Galvez del juzgado de Mayor Riesgo B, pues él deja libres a todos los defensores antes de mandarlos a juicio”, para que mejor fueran enviados al Juzgado A, a cargo de la jueza Carol Patricia Flores”.



Efectos más importantes de estos ataques contra la defensa de los derechos humanos

Uno de los aspectos mas preocupantes de la criminalización, es que implica una vulneración de los derechos fundamentales a largo plazo. De acuerdo a los relatos de las distintas personas que las han experimentado, se trata de un atentado a la libertad física y la dignidad que pretende perdurar durante mucho tiempo y que deja consecuencias de largo alcance a nivel individual y comunitario. En este sentido, destaca la criminalización de más de 60 personas en el norte de Huehuetenango, quienes saben que tienen órdenes de captura vigentes, en casos que siguen los mismos patrones que los casos de las personas ahora encarceladas. Esto les afecta también en su integridad, tranquilidad, libre movilidad y en su dignidad.

De esta forma, la persecución judicial de un defensor por causas políticas, equivale a criminalizar la defensa de los derechos humanos y en general, el derecho a expresar su opinión. En algunos casos, se intenta recurrir a la criminalización por revanchas personales (Santa Eulalia), pero en todos los casos sirve para desalentar la unidad de personas y organizaciones en expresiones plurales de defensa de derechos humanos.

Efectos sobre las personas18

Las personas afectadas, directa o indirectamente, por ser criminalizados, han descrito los efectos más presentes de la manera siguiente:

– Exposición a riesgos en los centros preventivos, tales como riñas, amenazas19 y extorsiones.

– En lo económico: ingresos perdidos, gastos de abogados, pago de la “talacha” (el soborno que se paga en algunas cárceles para no ser golpeado), traslados, acciones públicas de denuncia social, etc.

– Las personas con órdenes de captura, pierden total libertad de movilidad ante el riesgo de ser detenidas fuera de sus lugares de residencia, pues temen que por el simple hecho de querer enfrentar jurídicamente sus casos, no serían escuchados y se encontrarían en total estado de indefensión, tal como les sucedió a sus compañeros actualmente presos.

– Existen personas que, a partir de los hechos del 19 y 20 de enero de 2015 en Santa Eulalia, no se atreven a salir de sus comunidades, ni siquiera hacia las ciudades aledañas, por temor a que la violencia vuelva a repetirse en cualquier momento. Testigos y víctimas señalan que durante esa noche y hasta la mañana siguiente, decenas de pobladores, al ser perseguidos por agresores dirigidos por el propio alcalde de Santa Eulalia, tuvieron que huir hacia las montañas para evitar ser golpeados o asesinados, de acuerdo a amenazas proferidas públicamente.

– Efectos psicológicos, como estrés, desánimo, depresión, ansiedad, entre otros.

– Sobra decir cuán preciada es la libertad de toda persona y lo que significa estar encerrado, ante ello vivir preso injustamente no admite de paciencia. Así lo expresó una de las personas actualmente detenidas: “Estando aquí, una hora es un día, un día es una semana, un mes es un año, y mientras pasa el tiempo yo me voy desgastando”.

– Sobre lo familiar y afectivo, existen casos de sensación de abandono, de soledad y de estrés.

1439048936489– Efectos concretos para las esposas, compañeras e hijos: incomprensión de lo que sucede en casos de niños pequeños, abandono escolar para cubrir ingresos familiares, vulnerabilidad a amenazas, chantajes, extorsiones y críticas, desinformación, ansiedad e impaciencia.

– Efectos al ser trasladados y sus juicios llevados ante el sistema de Mayor Riesgo en la capital y para los familiares, dificultades para apoyarles durante sus audiencias. Sobre las condiciones de los traslados, por ejemplo, el 16 de julio, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez fueron trasladados desde la capital hacia Huehuetenango en un trayecto que duró 35 horas; otro trayecto el 7 de agosto duró más de 18 horas. Tiempo durante el cual van esposados a la intemperie en la caja de las patrullas, pasando lluvia, frío, sed, hambre y exposición al sol, además de los golpes contra el vehículo al ir en movimiento.

– Efectos en lo laboral (perdida del puesto de trabajo y de la reputación laboral).

– Respecto a la salud física, los detenidos han reportado enfermedades y problemas con los servicios médicos, en centros públicos (mal servicio) o privados (excesivamente caros). Además, señalan carencias serias en el suministro de agua, por ejemplo en el preventivo de Huehuetenango, donde reciben agua no potable cada cinco días. Debido al estrés provocado por estas situaciones y por las condiciones en las cárceles, algunas personas presentan gastritis, diabetes, lesiones leves y padecimientos anteriores no tratados o descuidados causando complicaciones adicionales a las que padecieran si estuvieran en libertad).

– Con la criminalización se apunta a desprestigiar a las personas en el ámbito social, comunitario y mediático y despojarlas de su rol en la sociedad.

– Finalmente, un familiar describe la situación de los derechos humanos en el país como “el triángulo del temor, silencio y aislamiento, que lleva hacia la inmovilización”. Así expresa el miedo de hablar de las causas de sus luchas así como de la violación de sus derechos humanos individuales y colectivos.

Efectos comunitarios

Los efectos son multidimensionales y para un defensor causan igual pesar en su persona que en sus comunidades:

– Las personas que se han visto involucradas en estos casos, han expresado que, en gran medida, la criminalización causa desesperación y sentido de impotencia en presos, perseguidos y familiares. Aunado a esto, los sentimientos de solidaridad que han caracterizado a pueblos tan unidos y organizados como los de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia pueden fragilizarse y la moral colectiva debilitarse. Las organizaciones sociales reconocen que, como parte de la estrategia diseñada por las empresas, la división interna es uno de sus mayores enemigos, y necesitan de muchos esfuerzos para prevenir y contenerla. Es así que se esmeran en seguir con sus formas de organización, comunicación y acción, pero expresan que no dejan de tener miedo a que uno u otro miembro pierda la perspectiva histórica de la solidaridad que les identifica como pueblo y que les permite seguir avanzando colectivamente.

– La criminalización que padecen, como comunidades desde hace unos años, provoca reacciones a la vez de vigor, lucha y resistencia, aunque también trae “voces de la soledad y de la angustia” que todo ser humano experimenta ante ofensas tan graves, y por el hecho de ser atacados por el gobierno y ahora también por personas con tantos recursos como los empresarios de proyectos transnacionales.

– Actualmente la región norte de Huehuetenango en general es blanco de estigmatización y difamación fabricada por las propias autoridades estatales y los medios de comunicación, que acusan a la población de conformar comunidades “anárquicas”, “de ser bochincheros”, “violentos” e “ingobernables”. Sin embargo, la vida cotidiana, familiar, escolar, comercial y de servicios básicos se mantiene con los mismos vaivenes que en el resto del país, sobretodo a nivel de las cabeceras municipales, como Barillas y Santa Eulalia. Pero evidentemente existe un riesgo latente de que se incremente la violencia intra-comunitaria, principalmente debido a la poca legitimidad democrática y a la deficiencia de las autoridades locales y de nuevos intentos por imponer proyectos hidroeléctricos. De lo último se desprende una especulación que incrementa el precio de las tierras y los conflictos agrarios que de ello resultan, son aprovechados para cooptar y sobornar a otros grupos sociales.

– Se desvirtúa el debate central que las comunidades y defensores venían trabajando desde hace años, al tener que atender a las situaciones inmediatas, inminentes y directas provocadas por la criminalización. Por ejemplo, sienten mucha pena que sólo se hable de “su situación en la cárcel”, y que no existan las energías y recursos para abordar temas como el debate contra la cultura desarrollista, y sus falacias, que traen consigo este tipo de proyectos energéticos y extractivos, impulsados tanto por los gobiernos en Guatemala como por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y por las empresas transnacionales.

– No pueden descartarse reacciones colectivas que se vayan radicalizando. Las expresiones de hastío no cesan, las comunidades no se dan por vencidas pues tienen muy claro, y lo expresan de igual forma, sus planteamientos, exigencias y derechos sobre lo que quieren para sus familias, sus territorios y para el país. Pero constatan que se les están cerrando las vías del diálogo y los espacios democráticos. Así el comunicado publicado el 27 de marzo de 2015 por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala -PDH- respecto a la detención de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, expresa que “la ausencia de procesos de diálogo de tipo intercultural son, entre otras causas, factores que desencadenan conflictos de tipo social20. Los derechos humanos, en el mejor de los significados, son una síntesis histórica de las reivindicaciones sociales universales.

Sin embargo la defensa continúa

A pesar de todo, la criminalización contra defensores y líderes también motiva a consolidar procesos comunitarios en solidaridad con los presos políticos, en defensa de los derechos humanos y en resistencia a proyectos transnacionales que los violentan.

En primer lugar, destaca la valentía de las esposas, compañeras y de los familiares de las personas encarceladas, que hacen todo lo posible por ver a los suyos en libertad y mientras tanto no dejan de atenderlos a pesar de las distancias. Al mismo tiempo siguen denunciando las causas de las violaciones a los derechos humanos que padecen, en lo individual y en lo colectivo.

HH 20150609_132128Así mismo, existen diversas iniciativas de coordinación entre muchas organizaciones, redes y defensores/as de derechos humanos en el país. Por ejemplo, grupos juveniles que, de forma creativa, comienzan a expresarse al respecto; grupos de apoyo dedicados especialmente hacia algunos de los casos antes mencionados; festivales solidarios y culturales realizados en Huehuetenango y Barillas en los últimos meses; observación en las audiencias por parte del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala; campañas de solidaridad a nivel nacional e internacional por parte de organizaciones civiles, entre muchas otras expresiones.

Todas estas iniciativas son manifestaciones sociales que permiten mantener la atención pública sobre estos casos, reconociendo a la criminalización contra defensores como una faceta más de las redes de corrupción que existen en el país. Ese contrapeso, democrático y pacífico, a los abusos, violaciones a derechos humanos es la razón de ser del reconocimiento de los propios derechos humanos en un régimen democrático. Igualmente, la garantía del debido proceso, como derecho fundamental, es la principal responsabilidad de las instituciones del Estado. Sin embargo, parafraseando al abogado Benito Morales, el círculo vicioso observado los últimos años en Huehuetenango y otras regiones del país, entre conflictividad social y criminalización, será resuelto de fondo en el momento en que sea reconocido y puesto en práctica el pluralismo jurídico que respete el derecho a la autonomía de los pueblos originarios de Guatemala.


1 2a parte, “Criminalización 2004-2009”, en “Criminalización, una forma de paralizar y debilitar la respuesta social”, Udefegua, 2010. Pp. 9 en adelante. Consultable en línea: http://www.ghrc-usa.org/Programs/HumanRightsDefenders/informe_udefegua_semestral.pdf

2 Idem. P. 3.

3 Idem.

4 Entre muchos otros estudios e informes sobre el tema, pero para nombrar otros espacios académicos a los “normalmente” citados, puede leerse el Informe del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, financiado por la Fundación Open Society Institute: Eduardo Bertoni (coord.)“¿Es legítima la criminalización de la protesta social?”. Ed. Universidad de Palermo, 2010. Consultable en línea: http://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf

5 Op. cit., Udefegua 2010. P. 15.

6 “La criminalización de la protesta social en torno a la industria extractiva en América Latina”, CIDSE, 2011. Consultable en linea: http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/download/35_643387d27335b86daa4602b5ae709725.html.

7 Por ejemplo, Ministerio Público y fiscalías especializadas, el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, y finalmente el Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil.

8 Udefegua (op. cit., 2010), señala un solo caso de sentencia contra un defensor entre 2004 y 2009, entre 592 casos penales abiertos. Igualmente todas las personas criminalizadas desde 2009 y principalmente en 2012 en el norte de Huehuetenango, fueron liberadas. Todos los procesos iniciados en 2014 y 2015 en esta misma región siguen abiertos, en su mayoría están en la fase intermedia a septiembre de 2015.

9 En un sentido más resumido algunos doctrinistas latinoamericanos, lo llaman “la judicialización de la política”, en los casos en que hay “gobiernos que criminalizan aquello que no pueden resolver de otra manera”. Ver “¿Es legítima la criminalización de la protesta social?”, (CELE, 2010. Op. Cit, pág. 18).

10 En particular se recuerdan los lamentables asesinatos de Andrés Francisco Miguel de Barillas ocurrido en mayo de 2012, y de Daniel “Maya” Pedro Mateo de Santa Eualalia ocurrido en abril de 2013.

11 No obstante, el MP presentó una apelación contra esta resolución, para restituir el delito de plagio o secuestro a la acusación. Hasta el mes de agosto, dicha apelación no ha sido resuelta en definitiva.

12 Tal como fueron acusados los defensores del territorio de Huehuetenango (y otros en el país) en 2012.

13 Andrés Cabanas, Memorial de Guatemala, “Un pacto por la vida”, por CMI-G – 26 mar, 2015. Consultable en línea: https://cmiguate.org/un-pacto-por-la-vida/

14 Comunicado de Prensa de la Convergencia por los Derechos Humanos, de fecha 30 de marzo de 2014, “El Estado de Guatemala cierra espacios a la sociedad civil y a los pueblos indígenas”.

15 No obstante, a principios de septiembre se supo que, en virtud de los hechos ocurridos el 19 y 20 de enero de 2015, la Suprema Corte de Justicia había aprobado dos antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia. Dado que este último aspira a ser reelecto en las elecciones a celebrarse el 6 de septiembre 2015, los expedientes están en manos del Tribunal Supremo Electoral desde el 3 de septiembre.

16 Comentario de una persona de Barillas durante una visita de ACOGUATE en la región.

17 El abogado defensor Benito Morales señala que “la modificación de la definición del delito en el artículo 201 del Código Penal en el año 2009, cuando se añadieron dos nuevos párrafos, dejó ésta tan ambigua que ahora todo cabe dentro del delito de plagio o secuestro”. El abogado añade que no es un delito por el que históricamente se haya inculpado a defensores y defensoras de derechos en Guatemala, sino que se trata más bien de una nueva tendencia propiciada por la modificación de la definición de plagio y secuestro en el Código Penal.

Los párrafos adheridos a la definición anterior del articulo 201 del Código Penal, a raíz de la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal, son:

…”Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de veinte (20) a cuarenta (40) años y multa de cincuenta mil (Q.50,000.00) a cien mil Quetzales (Q.100,000.00). Este delito se considera consumado, cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante.”… (Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. Código Penal. Artículo 201 y párrafos adheridos el 7 de mayo de 2009).

18 Algunos de los efectos que aquí se resaltan fueron mencionados por la propias personas afectadas y/o por algunas de las organizaciones que brindan acompañamiento psico-social en la región a partir de este año, como el ECAP y la ODHAG.

19 Udefegua resalta el hecho que deberá“tom(ar)se en cuenta que los/as defensores/as de derechos humanos son personas respetuosas de la ley y que usualmente denuncian a delincuentes, a personas corruptas y otros violadores de las normas, aunque estén primordialmente en defensa de derechos económicos, sociales y culturales.” Op. cit. Udefegua, 2010. P. 13.

20 Comunicado de Prensa, PDH, 27 de marzo de 2015: “Ante la violación del derecho al debido proceso de dos representantes de comunidades indígenas del norte de Huehuetenango, detenidos en la ciudad de Guatemala.”

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Una respuesta a Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango

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