Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, tras más de dos años en prisión son declarados inocentes

El pasado 28 de octubre de 2015 se dictó la sentencia definitiva en el juicio contra Antonio Rogelio Velásquez López y Saúl Aurelio Méndez Muñoz ante el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango.

20151028_175938La acusación formulada en su contra era por femicidio y asesinato, tras vincularlos en la participación directa en un linchamiento ocurrido en Barillas, Huehuetenango el 19 de agosto de 2010.

“Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, son originarios de Santa Cruz Barillas, municipio del norte de Huehuetenango. Han aportado al desarrollo de sus comunidades como integrantes del Cocode y como parte de la Iglesia Católica con un liderazgo natural porque saben escuchar y comunicarse con las demás personas.

Las comunidades a las que pertenecen Rogelio y Saúl se han visto amenazadas desde el 2008 con la llegada de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A., cuya casa matriz española, está asentada en Galicia.”1

En la exposición de sus conclusiones, el fiscal del Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal de Sentencia que fueran condenados a 100 años de prisión cada uno (que es la pena máxima contemplada por el Código Penal por cada uno de los dos delitos), tras acusarlos de actuar con “alevosía” y “premeditación”, señalando además que cometieron los delitos porque ellos son “líderes comunitarios, como ellos mismos lo habían reconocido”.

Después de escuchar las conclusiones y réplicas de las partes, querellante adhesiva y la defensa técnica de los acusados, el Tribunal expuso un “análisis sintético” de su sentencia definitiva, la cual será notificada a las partes en su versión completa en los próximos días.

El Tribunal comenzó señalando que el MP había modificado los hechos y circunstancias entre su acusación inicial y las conclusiones expuestas ese día, lo cual era contrario al Derecho. Posteriormente señaló que el hecho de iniciar una investigación en el año 2013, tres años después de haber ocurrido los hechos, debilita la posibilidad para la fiscalía de investigar la verdad, además de que implica un incumplimiento por parte del Estado de la obligación positiva de garantizar que se impidan este tipo de acontecimientos en el país, según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Velíz Franco en contra del Estado de Guatemala del 19 de Mayo de 2014.

En su análisis de la plataforma fáctica (hechos contemplados en la acusación del MP) y las pruebas ofrecidas y desahogadas durante el debate oral y público, el Tribunal resolvió que el MP no había probado ni la participación ni la responsabilidad de los acusados y que “el MP es incapaz de probar su teoría del caso”. Señaló que la acusación “no fue precisa y circunstanciada”, de tal manera que “no permitía un análisis completo y objetivo” que venciera la presunción de inocencia, y ni siquiera “ponerla en crisis”. Además señaló que la tesis del MP “fue endeble y revestía de falencias y contradicciones” por sí misma, “incumpliendo en reiteradas ocasiones con su obligación de debida diligencia”, y que “por como había sido expuesta, no se sostiene por sí misma”.

Respecto a las pruebas ofrecidas y presentadas por la fiscalía, el Tribunal analizó que “las propias pruebas de la fiscalía destruyen la tesis” de la acusación. Señaló que las acusaciones por parte de dichos testigos eran “un relato fantasioso que atentaba contra la ética”, y que “no se puede consentir una investigación y acusación alejada de los principios del Derecho, sustentada con medios de prueba indirectos que no le pueden constar los hechos”. Respecto a la única testigo presencial de los hechos de la acusación, el Tribunal calificó que se trataba de “una declaración prefabricada y alejada de los hechos”, es decir que “no era creíble su dicho”. Por lo tanto, incluso “la misma ejecución de la víctima no había sido debidamente acreditada”. El Tribunal resolvió que todas las pruebas testimoniales de la fiscalía carecían de valor probatorio, especialmente el dicho de la único testigo presencial que habían presentado, señalando que “no son testigos idóneos, pertinentes, leales y útiles”, los cualesincluso, favorecen la antítesis del MP, es decir la tesis de la defensa de los acusados”.

Respecto a lo que había sido expuesto por parte de la defensa técnica de los acusados, dirigida por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, los jueces explicaron que“el Tribunal acoge la tesis de la defensa”, en el sentido que el presente caso era “motivo de una represalia”, y que en el presente caso “se prueba la represión y represalia por la resistencia a una hidroeléctrica”. El Tribunal, citando a los alegatos de apertura de la defensa, describió que este tipo de casos (de criminalización contra defensores de derechos humanos y líders comunitarios) se repiten en otras partes de Guatemala, como los casos de San Juan Sacatepequez, San Rafael, Chiquimula, entre otros.

Por lo tanto el Tribunal resolvió “por consenso dictar sentencia absolutoria” en contra de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez.

Sin embargo, el Tribunal decidió no conceder la libertad provisional de los ahora absueltos, debido a un antejuicio vigente que dos de los jueces que conforman el Tribunal están enfrentando por haber ejecutado en otro caso totalmente independiente a este, la medida de libertad provisional. Por lo tanto, se resolvió que se conserva la situación jurídica de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, debiendo quedarse en prisión preventiva hasta en tanto la presente resolución quede firme, es decir, al momento en que la sentencia no sea objeto de apelación por parte del Ministerio Público y/o la querellante adhesiva, o la misma sea resuelta. Finalmente, Rogelio Velázquez y Saúl Méndez, en caso se haga efectiva la apelación, siendo declarados inocentes de todo delito, podrían permanecer en la cárcel por algunas semanas o meses incluso, llevando presos más de dos años a la fecha.

Los dos defensores de derechos humanos de Santa Cruz Barillas han estado privados de libertad en prisión preventiva por más de 34 meses en total. En noviembre de 2012, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias reconoció como arbitraria su primera detención, entre mayo de 2012 y enero de 2013 (causa 92-2012).2

1 Comunicado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, Guatemala, 28 de octubre 2015.

2 “Las primeras detenciones en Barillas fueron arbitrarias, según la ACNUDH”. ACOGUATE, 16.03.2013. https://acoguate.org/2013/03/16/violaciones-a-la-constitucion-en-caso-barillas/

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