Audiencia del abogado de Santa Eulalia Pedro Toledo concluye con su puesta en libertad

El 4 de noviembre de 2015, el Juez Miguel Ángel Gálvez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, ordenó la libertad del Licenciado Pedro Toledo por falta de mérito para los cuatro cargos de acusación presentados por el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración. Pedro Toledo fue detenido el 3 de octubre, acusado de varios delitos graves, por hechos ocurridos en Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, entre el 19 y 20 de enero de 2015.

ACOGUATE acompaña el Movimiento Social de Santa Eulalia, del cual forma parte Pedro Toledo, y brinda acompañamiento internacional al abogado quien asumió su defensa, el Licenciado Benito Morales.

Pedro Toledo es un abogado maya q’anjob’al, originario de Santa Eulalia, y desempeña su labor profesional en su municipio natal prestando sus servicios especialmente a personas maya hablantes de Q’anjob’al, asegurándose de esta forma el respeto a sus derechos como pueblos indígenas.

Audiencia de primera declaración se realiza un mes después de su detención

Fue detenido el 3 de octubre pasado, en la ciudad de Huehuetenango, cuando se dirigía al bufete de un colega, donde resolvería asuntos propios de su profesión. Su detención se sumó a la de otros defensores del territorio y de los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios del Norte de Huehuetenango1, con la particularidad que el Licenciado Pedro Robel Ovidio Toledo Toledo es abogado y ha sido detenido por motivos directamente relacionados con sus actividades profesionales.

Pedro Toledo fue acusado de los delitos de plagio o secuestro, instigación a delinquir, obstrucción de la acción penal y atentado con agravación específica, por hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de enero de este año, en Santa Eulalia.

Cabe resaltar que meses antes de su detención, y sabiendo que había una orden de aprehensión en su contra en el mismo expediente por medio del cual se procesa a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, se solicitó reiteradamente a la Juez Patricia Flores una audiencia para presentación espontánea, sin embargo no la fijó.

La Constitución Política de la República determina un plazo de hasta 24 horas para tomar primera declaración, lo cual en este caso no fue respetado. En efecto, se anularon o se suspendieron varias audiencias (13, 29 y 30 octubre) en el Juzgado de Mayor Riesgo “A” de la ciudad capital, en donde el Licenciado Toledo había sido inicialmente citado por la Jueza Carol Patricia Flores. Sin embargo el expediente fue finalmente trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo “B” el cual ordenó repetir la audiencia de primera declaración, el día 4 de noviembre, dado que la Jueza Flores se encontraba de vacaciones.

Versiones contradictorias de los acontecimientos

Según el Ministerio Público (MP), el día 19 de enero de 2015, a las 14:50, el Licenciado Pedro Toledo se presentó al Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia en compañía de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, encabezando un grupo de más de cien personas que exigían la puesta en libertad de dos personas de la comunidad de Pojom (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acusadas de asesinato. Tras haber sacado de sus viviendas a varios funcionarios del CAJ, los pobladores habrían amenazado con quemarlos vivos.

Entre tanto, el grupo habría crecido a 200 personas que habrían obligado a tres agentes de la Policía Nacional Civil a dirigirse hacia el Cantón Nueva Hermosa. A las 00:15 horas del 20 de enero, se habrían dirigido primero hacia la residencia de Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia, y luego junto a los otros secuestrados, hacia la casa del secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal.

Según el Ministerio Público, la turba que mientras tanto sumaba mil personas, pretendía por la fuerza que se realizara la audiencia de primera declaración de las dos personas de Pojom.

Los hechos relatados por el Ministerio Público no coinciden con la versión del Licenciado Toledo, ni en la cronología, ni en el desarrollo de los acontecimientos.

En su declaración, Pedro Toledo afirmó que no fue hasta las 22:30 que recibió una llamada de autoridades ancestrales, solicitando su colaboración por un problema en el cual estaban mediando y que éste les aconsejó abocarse a la Defensoría Pública Penal. A las 00:30 horas nuevamente se le solicitó su colaboración, a lo que accedió y se dirigió al hotel Velasco, donde se encontró con cuatro abogados, y con el Juez Marlon Olivares Interiano. Juntos se dirigieron a la casa del Secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal. En este momento había gente silbando y gritando por lo que se subió a la banqueta e intentó tranquilizar a la multitud, explicándoles que iban a caminar hacia el Juzgado.

En ese momento apareció el alcalde municipal Diego Marcos, quien preguntó qué estaba pasando. Tras hablar con el Secretario, el Juez y los abogados, el alcalde se habría ido con la multitud hacia el Juzgado.

Al llegar y tras revisar el expediente del caso de los dos sindicados de Pojom, los cinco abogados designaron al Licenciado Alexis Giovanni y a su persona para representarlos. En dicha audiencia, el Ministerio Público pidió dictar auto de procesamiento por el delito de encubrimiento propio, mientras el Licenciado Giovanni pidió falta de mérito y él se pronunció sobre medidas sustitutivas. Destacó que su participación se limitó a “colaborar con la administración de justicia, con los administradores, porque los colegas [lo] habían llamado”.

Luego Pedro Toledo relató que al terminar la audiencia, vio a un agente policial entregar un arma al alcalde. Instantes después se oyeron disparos. Cabe mencionar que esa noche se dio un homicidio cuya autoría se le imputa al alcalde Diego Marcos.

Toledo concluyó que el Ministerio Público había recibido “denuncias falsas, sobretodo del señor alcalde municipal”, y aseguró que tras enterarse de los cargos que pesaban sobre él, el Juez Marlon Olivares lo había llamado “diciendo que lamentaba la situación”. Además, enfatizó en que los otros operadores de justicia en sus declaraciones tampoco lo imputaron.

Pedro Toledo aclaró que en Santa Eulalia coexisten el sistema de justicia tradicional maya y el del Estado, y que “las autoridades ancestrales son encargadas de resolver algunas situaciones o problemas que se dan dentro de la población”. Eso explica que como abogado originario del lugar, haya sido llamado para atender esta situación de crisis y afirmó que su participación fue “de conciencia social, humanitaria”.

El Juez resuelve por falta de mérito y ordena la libertad del Licenciado Toledo

Por su parte, el Juez Miguel Ángel Gálvez no se limitó a conocer los hechos sino que indagó sobre el contexto de conflictividad en la región y relacionó el trabajo del abogado Toledo con otros casos de defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios, que en los últimos meses han sido procesados, algunos de ellos encontrándose todavía en prisión preventiva.

La situación de criminalización de la protesta social y las numerosas arbitrariedades documentadas en la región2 explican (más no justifican) el enardecimiento de la población en esta ocasión. “la gente se indignó, exigiendo justicia por la falta de objetividad del Ministerio Público”, declaró Benito Morales, abogado defensor del sindicado.

Tras escuchar las partes, el Juez Gálvez declaró que “el Ministerio Público tiene que actuar de forma inmediata, que faltó una reconstrucción de los hechos y recoger declaraciones en el lugar en los días siguientes, sin necesidad de escuchar a tantas personas”. Añadió que “en vez de ampliar la declaración [de los funcionarios del CAJ], se añaden declaraciones, da la impresión que el Ministerio Público agarra al azar a algunas personas. Lo que hace es perder la objetividad”. Finalmente, estimó que daba la impresión “que el Ministerio Público se está dejando manipular”.

En conclusión, el Juez resolvió la falta de mérito (es decir el abandono de los cargos) para cada una de las acusaciones en contra del Licenciado Pedro Toledo, y ordenó su puesta en libertad.

1“Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango”. ACOGUATE, 07.09.03.2015. https://acoguate.org/2015/09/07/criminalizacion-de-defensores-en-el-norte-de-huehuetenango/

Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, tras más de dos años en prisión son declarados inocentes”. ACOGUATE, 30.10.2015. https://acoguate.org/2015/10/30/saul-mendez-y-rogelio-velasquez-tras-mas-de-dos-anos-en-prision-son-declarados-inocentes/

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