CREOMPAZ: un paso más hacia la justicia

Una etapa importante, en el caso Creompaz, comienza el 3 de mayo de 2016: la fase intermedia a cargo del tribunal de Mayor Riesgo A que decidirá los sindicados que irán a debate oral y público.

Las preocupaciones para la seguridad de los querellantes, testigos y fiscales son grandes, así como el temor que no se lleve a cabo el juicio en conformidad con las garantías internacionales respecto al proceso judicial. Desde principios del presente año, se han registrado múltiples actos en contra de los querellantes y las organizaciones que apoyan, como intimidación, vigilancia, difamaciones.

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Los delitos imputados a los acusados, que actualmente se están investigando, resultaron cometidos en la zona militar 21 de Cobán entre los años 1978 y 1986. Actualmente se está tratando de esclarecer la función que cumplió dicha zona, pues según la imputación del Ministerio Público, se supone que se trató de un centro de detención y de ejecución clandestino. Los delitos por los cuales son acusados los 12 ex-militares capturados, están relacionados con desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad (tortura, violencia sexual, destrucción de las comunidades, etc.)

Después de las órdenes de captura que se ejecutaron el 6 de enero de 2016, se encuentran en prisión preventiva 11 de los 14 ex-militares imputados en el caso. El 3 de mayo, la jueza, tras la solicitud del MP resolvió en sobreseimento el proceso a favor de Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López, por falta de mérito en cuanto no se dispone al momento de suficientes pruebas. Luis Alberto Paredes Nájera que no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal, según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- se quedará en la cárcel militar en espera de futuros peritajes.

Por primera vez en investigaciones de los abusos del pasado, ha sido identificada una cadena de mando completa involucrada en desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad, desde los supuestos perpetradores hasta los instigadores de estos crímenes”

Comunicado OACHNUD Ginebra

Una de las denuncias de los querellantes adhesivos está relacionada con Édgar Justino Ovalle Maldonado, que figura entre los fundadores del FCN (Frente de Convergencia Nacional), actual partido del gobierno en el poder) e integrante del ejército que desempeñó su cargo en la base militar de CREOMPAZ en los años de los hechos que se están denunciando. El 27 de enero, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución rechazando la solicitud de suspensión del antejuicio en contra del Diputado con el argumento de insuficiencia de pruebas con los hechos relacionados. Por su parte, los querellantes presentaron un amparo frente a la Corte de Constitucionalidad que todavía no ha sido resuelto. Esta práctica, también conocida durante el caso de José Efraín Rios Montt durante su época política, favorece el no cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con los crímenes de guerra y un clima de impunidad.

Los hechos

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) accedió a la base de CREOMPAZ con la fiscalía de Derechos Humanos después de recibir una serie de testimonios claves que permitieron el descubrimiento del lugar. Hasta la fecha, se ha excavado en 14 sitios, y se han recuperado 535 osamentas humanas, lo que supone un caso único a nivel latinoamericano, ya que se ha encontrado la cantidad de osamentas más alta dentro de una zona militar. Muchas de estas osamentas pertenecen a personas desaparecidas de distintas comunidades de los municipios de Alta y Baja Verapaz.

La posibilidad de que los restos de los desaparecidos sean devueltos a sus familiares, da también gran esperanza a quienes todavía están buscando a sus seres queridos en las zonas de Alta y Baja Verapaz. Hasta el 27 de abril del presente año, resultaron identificadas 32 personas a través de pruebas de ADN. Por otro lado, la fiscalía ha recibido 128 peritajes de identificación genética. El cadáver de un menor de tres años encarna la víctima más joven encontrada en las fosas, junto a mujeres y ancianos también exhumados.

Igualmente, se pudo relacionar la masacre de Pambach con la zona militar 21. El 2 de junio de 1982, 200 soldados del ejército guatemalteco llegaron a la comunidad de Pambach, Alta Verapaz, de donde se llevaron 80 hombres con el mandato de que tenían que cumplir su servicio militar. Múltiples violaciones sexuales en contra de las mujeres fueron también denunciadas, ocurridas en esta fecha. Los hombres nunca volvieron a sus casas, sin embargo, un sobreviviente de esta masacre pudo escapar de la matanza y es un testigo clave en la explicación de los hechos.

pambach028

Creditos: Sandra Sebastiàn-Plaza Pública

Los cargos y los años que estuvieron en la zona militar 21 los militares capturados, fueron diferentes para cada uno, así por ejemplo, Benedicto Lucas García era el Jefe del Estado Mayor cuando los delitos fueron cometidos en la base militar ahora llamada CREOMPAZ. También hay comandantes, oficiales y encargados de diferentes temas como inteligencia, operaciones y logística, no obstante, el caso representa la captura mas importante en la historia del país debido al número de acusados y a la importancia de los mandos que representaron estos militares.


1 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidosArticulo 9
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.
3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:
b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables.

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