Mina El Escobal: tres años después del estado de sitio

La rápida expansión de la industria extractiva en América Latina es un fenómeno que, en muchos lugares, ha generado conflictos sociales y ambientales. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales las actividades extractivas (en Guatemala) “se desarrollan en un contexto de conflicto social, falta de consenso, poca transparencia, escasa regulación ambiental y cuestionables beneficios fiscales y económicos”.

Uno de los casos más emblemáticos en Guatemala es la mina El Escobal en San Rafael Las Flores en el departamento Santa Rosa, donde se ha reportado criminalización, ataques físicos y asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos.

El pico del conflicto minero se tuvo en mayo 2013 cuando el gobierno, en ese entonces, declaró el estado de sitio en cuatro municipios. Después el panorama ha cambiado, no obstante, oponerse a la minería en Santa Rosa y Jalapa sigue siendo una tarea sumamente peligrosa. En este artículo presentamos una actualización sobre la situación alrededor del proyecto minero El Escobal, poniendo el foco en la situación de defensoras y defensores de derechos humanos afectados por la presencia de la mina.

La resistencia pacífica El Escobal

Tahoe Resources Inc. (Tahoe) adquirió el proyecto de plata El Escobal de Goldcorp en el año 2010. Mientras que la empresa exploró las posibilidades de extraer plata en el municipio San Rafael las Flores, se creó una resistencia pacífica en contra del proyecto, y otros proyectos de minería en la región. La resistencia quiere que se tomen en cuenta los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el territorio impactado, especialmente en cuanto a los nacimientos de agua en la región, y promueve el respeto de la articulación de los pueblos afectados por el proyecto a través de consultas.

Las consultas municipales realizadas, fueron impulsadas por la sociedad civil en Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Rosa de Lima y Mataquescuintla en los años 2011 y 2012. En promedio, más del 98 % de los votantes, se expresaron en contra de la minería. En San Rafael las Flores se llevaron a cabo nueve consultas comunitarias en las comunidades del municipio. En ocho comunidades el resultado de votos contrarios a la presencia de minería fue más que 97 %, en un solo caso, se dio un resultado a favor, se trata de una comunidad donde viven trabajadores de la empresa.

A pesar de las consultas realizadas, fue otorgada una licencia de explotación a Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe, el 3 de abril del 2013. Cuatro días después, la población de los municipios alrededor del proyecto decidió instalar un plantón fuera de las instalaciones de la mina como protesta en contra del proyecto.

Foto 2 - Aniversario consulta.JPG

Aniversario de la consulta en Mataquesquintla. Foto:ACOGUATE

Los ataques contra la resistencia en ese entonces tomaron forma tanto de criminalización como ataques físicos. El 11 de abril del 2013 fueron aprehendidas 26 personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestar cerca de las instalaciones de la mina. Las acusaciones por parte de la policía en sus prevenciones policiales han sido cuestionadas, y ninguna de las personas detenidas fueron posteriormente condenadas por un delitos(1). El 27 de abril 2013 ocurrió un ataque armado contra los manifestantes, en el cual resultaron heridas siete personas. Posteriormente, las víctimas han emprendido denuncias contra el personal de la empresa de seguridad de la mina y se puso una denuncia en contra de Tahoe en Canadá, por el hecho.

La mina subterránea El Escobal es un proyecto minero de la minera canadiense Tahoe Resources que opera por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. Es la tercera mina de plata más grande en el mundo y se localiza en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa de la región sur-oriente, aproximadamente 40 km de la Ciudad de Guatemala. En 2015, la mina Escobal alcanzó una producción récord de 20.4 millones de onzas de plata en concentrado. La licencia de explotación fue otorgada el 3 de abril 2013 y contiene oro, plata, níquel, cromo, cobalto, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

Estado de sitio

El 2 de mayo 2013, el gobierno de Guatemala decretó estado de sitio (inicialmente por 30 días pero después de 8 días fue decretado estado de prevención) en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa(2). En el artículo 2, Justificación del decreto, se justificó el Estado de Sitio porque “han ocurrido una serie de hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios. Todos estos actos ponen en manifiesto peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”(3). El estado de sitio se concretizó con un despliegue de 8,500 oficiales incluyendo fuerza militar y se instalaron destacamentos militares en los cuatro municipios, entre los cuales en Mataquescuintla y en Casillas permanecen hasta la fecha. La decisión de declarar estado de sitio fue fuertemente criticada por varias organizaciones nacionales e internacionales(4)  y se argumentó la toma de decisión para “limpiar el camino para que la minería pudiera funcionar sin ser molestada por la resistencia contra la minería en la zona”.

Años después del estado sitio, permenecen varios procesos judiciales en contra de la empresa o personal de la empresa por violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Seguridad Privada

Sobre los acontecimientos mencionados el 27 de abril del 2013, es acusado el jefe de seguridad de la minera Alberto Rotondo Dall ́Orso, por haber ordenado a guardias de la empresa de seguridad privada de la Minera San Rafael que dispararan contra personas que estaban protestando frente a las instalaciones de la minera. El servicio de seguridad privada lo brindaba la Corporación Internacional de Seguridad, S.A. (Corinsa), hasta abril de 2013,con Alfa Uno, S.A. del grupo israelita Golan, S.A (la misma que brindaba seguridad privada a la minera de niquel CGN-Hudbay Minerals en El Estor, cuyo jefe Mynor Padilla es actualmente acusado por el asesinato de Adolfo Ich, esposo de Angelica Choc).

Rotondo fue ligado al proceso y en espera del inicio del juicio, aunque estaba bajo arresto domiciliario, logró fugar del país el 30 de noviembre 2015. Actualmente se encuentra en Perú, su país natal, y todavía no se sabe si se realizará su extradición.

Los procesos judiciales pendientes

Paralelamente con el caso contra Alberto Rotondo hay una demanda sobre los mismos hechos que se presentó contra Tahoe el 18 de junio 2014 ante la Corte Suprema de British Columbia en Canadá. Tahoe argumentó que a Guatemala, y no a Canadá, pertenece la jurisdicción apropiada para conocer el caso. El 9 de noviembre 2015 la Corte emitió resolución a favor de la empresa, explicando que las cortes en Canadá tienen jurisdicción para conocer juicios contra empresas canadienses que operan en el extranjero, pero dado que el sistema judicial en Guatemala funciona adecuadamente será más conveniente conocer el caso en Guatemala. Los querellantes apelaron la decisión. El hecho que el caso en Guatemala inició hace tres años y que Alberto Rotondo está prófugo podría influir en la apelación.

Otro proceso judicial en contra de la minera, es el caso por contaminación industrial del agua de una quebrada del río Los Esclavos, artería hídrica principal de Santa Rosa. Los hechos ocurrieron en 2012 y el acusado es Carlos Roberto Monzón Morales, por ser en la actualidad, gerente de la minera. Carlos Monzón está bajo arresto domiciliario desde mayo 2015, pero el juicio está estancado a causa de varios amparos interpuestos.

La resistencia también mantiene procesos abiertos sobre la licencia otorgada a Minera San Rafael. El 5 de octubre 2015, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de revisar la oposición administrativa presentada sobre la licencia, lo que efectivamente retrotrae el proceso hasta octubre del 2012 cuando el MEM negó escuchar la oposición.


En este panorama, los ataques que se han perpetrado en contra de la resistencia pacifica a la mina y a las defensoras y defensores de la vida y el territorio, han sido multiples y de varia naturaleza. ACOGUATE durante su labor de acompañamiento ha registrado cuanto sigue:

Criminalización

En 2015 ACOGUATE observó el debate oral y público contra Oscar Roderico Morales García, del Comité en Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, acusado por haber amenazado a Camilo Ernesto Medina Mazariegos, Gerente de Asuntos Externos de la Minera San Rafael. La estrategia de criminalización había sido utilizada contra Oscar Morales en varias ocasiones anteriores, pero esta denuncia fue la primera que llegó a un debate. El informe anual de 2014 de la Procuraduría de Derechos Humanos menciona las denuncias contra Oscar Morales como ejemplos de los tipos penales de los cuales son acusados los defensores y defensoras en el contexto de criminalización(5). Oscar Morales fue condenado en primera instancia el 3 de junio 2015 y el juez dicto seis meses de prisión, y a la vez, un perdón judicial, el cuál eliminó la condena a prisión. El 22 de septiembre del mismo año, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales. La sentencia indica de nuevo el utilizo de la estrategia de criminalización del líder comunitario. La sentencia fue apelada por el querellante Camilo Ernesto Medina Mazariegos, pero la siguiente fase del proceso todavía sigue no programada.

Durante el 2015, fue denunciado uno de los integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, Edwin Alexander Reynoso, por supuestas amenazas. La denuncia fue retractada diez días después de un ataque armado contra Alexander Reynoso y otras personas de la Sociedad Civil el 17 de octubre 2015.

Las detenciones de 26 personas en abril 2013, sin posterior condena alguna, son otro ejemplo de acciones legales tomadas en contra de las y los defensores de derechos humanos en la región. Durante el Estado de Sitio se giró 18 órdenes de captura contra miembros de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forman parte de la resistencia contra la mina. Todas las órdenes de captura fueron resueltos con falta de mérito, dos después que los acusados pasaron siete meses en detención. La cantidad de acusaciones que posteriormente han sido resueltas sin mérito en conjunto con denuncias repetidas contra los líderes de los movimientos, indica claramente que se está implementando una estrategia de criminalización de la resistencia en la región.

Ataques físicos

  • El 13 de abril 2014 fue atacada a balazos Merilyn Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años, una lideresa juvenil y miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, junto con su padre Edwin Alexander Reynoso, al salir de un palenque en Mataquescuintla. En la madrugada el 14 de abril Topacio Reynoso Pacheco, murió a causa de las heridas que obtuvo en el ataque. El hecho sigue impune.
  • Un domingo el 5 de abril en 2015 fue asesinado el señor Telésforo Odilio Pivaral González, agricultor de 33 años e integrante activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores. Pivaral González, que era originario de la aldea el Volcancito, fue asesinado en un camino rural de la aldea Las Nueces del mismo municipio con armas de fuegos por personas desconocidas. En un comunicado de la campaña “Defender la Vida es un Derecho: Somos Defensoras y Defensores” cuentan que “como miembro activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores, el señor Telésforo Pivaral había participado en las acciones de rechazo a la instalación y expansión de proyectos mineros en la región, apoyando las consultas municipales de vecinos y las acciones pacíficas que los comunitarios han emprendido ante las operaciones del proyecto minero El Escobal, de la transnacional Tahoe Resources, operado a través de Mina San Rafael.”
  • El 17 de octubre 2015 algunos integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forma parte de la resistencia contra minerías en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, estuvieron en un carro saliendo de una reunión en Mataquescuintla con el alcalde reelecto Hugo Loy, cuando de repente fueron disparados en una emboscada. Tres personas resultaron heridas, pero pudieron salir del hospital algunos días después. Uno de las personas quien fue disparado era Edwin Alexander Reynoso, un líder de la Sociedad Civil de Mataquescuintla padre de Topacio, ya anteriormente atacados. Uno de los antecedentes del atentado del 17 de octubre, fue que la Municipalidad de Mataquescuintla el viernes 9 de octubre publicó en el Diario de Centro América su reconocimiento de los resultados oficiales obtenidos de la consulta municipal en 2012, en la cual más del 98 por ciento rechazó la exploración y explotación minera en el municipio. En un artículo de Prensa Libre el alcalde Hugo Loy explicó porque no lo habían publicado antes:“No se quiso dar continuidad inmediatamente a los pasos que se establecían, debido a la persecución y criminalización que hizo el Gobierno en contra de habitantes y miembros de la Corporación Municipal, situación que ocasionó el estado de Sitio y de Excepción que vivimos. Ahora vemos que hay un proceso democrático que creemos que es menos represivo”, detalló Loy.
  • Menos que un mes después del segundo ataque contra Alexander Reynoso, el 14 de noviembre 2015, hubo otro ataque en Mataquescuintla. Los primos Adrián Juárez Pérez, de 20 años, y Áxel Juárez Donis, 26 años, fueron asesinados después de un ataque armado fuera del salón municipal donde habían estado en una fiesta. Según información de Prensa Libre el Ministerio Público había informado que una de las hipótesis sobre el crimen era que el ataque podría estar relacionado al hecho de que uno de las víctimas presenció el ataque contra Alexander Reynoso el mes anterior.
  • El 1 de julio 2016 fue atacado otro miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, a balazos en una emboscada en el camino a su hogar. Sus heridas fueron afortunadamente leves. El defensor de derechos humanos ha sido blanco de amenazas y vigilancia anteriormente.

Difamación

A finales del año 2015 apareció una página web llamada “Atentado Terrorista Mina San Rafael”. No hay información sobre los autores de la página, pero contiene difamación contra actores que promueven las consultas y el respeto de derechos humanos en el área.  La página pretende identificar los actores responsables por la conflictividad en la zona y nombra como tales: La iglesia católica, las ONG y los alcaldes municipales. Entre las acusaciones y alegaciones en la página contra estos actores se encuentra la de ser promotores de la conflictividad, divulgadores de desinformación sobre la mina, que interponen denuncias falsas de oposición a operaciones de la Mina San Rafael, de ser delincuentes y realizar acciones fuera de la ley,  y que tratan de enriquecerse con fondos de la cooperación internacional. La página también viola el derecho a la privacidad por el hecho de que divulga datos personales en mapeo y fotos de reuniones privadas. Es preocupante dada la situación de amenazas y ataques físicos que viven los miembros de la sociedad civil en la zona.

Amenazas

El 30 de noviembre 2015 el abogado director de CALAS (Centró de Acción Legal Social Ambiental de Guatemala), Rafael Maldonado, fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter. Rafael Maldonado había publicado un tweet donde hizo referencia a la fuga del ex gerente de seguridad de Minera San Rafael, Alberto Rotondo. En respuesta a su publicación alguien respondió “Se te acaba el tiempo, te aconsejo que huyas cerdo hdp. Guerra avisada no mata gente”. La amenaza no fue un caso aislado, en el mismo año ya se había reportado dos otros incidentes relacionados a su trabajo de litigio contra la Minera San Rafael.


Organizaciones exigen responsabilidad

En respuesta a la situación alrededor de la mina Escobal, la sociedad civil nacional e internacional ha realizado varias campañas para exigir responsabilidad tanto al gobierno de Guatemala como de otros países, y varías organizaciones han pedido que los accionistas vendan sus inversiones en Tahoe. El consejo de ética de los fondos de pensiones estatales de Noruega es uno de los actores que han escuchado los reclamos y en su informe anual de 2014 recomendaron la exclusión de Tahoe debido a un “inaceptable riesgo de la compañía en la contribución de serias violaciones a los derechos humanos”.  La mayor accionista de la empresa hasta el año pasado, era la empresa canadiense Goldcorp dueña del 40 % de las acciones de Tahoe pero vendió primero el 14 % de las acciones y posteriormente el resto en junio 2015. Según la compañía, la decisión de vender formaba parte de su estrategia financiera, pero algunas organizaciones argumentan que la razón principal era por temor de la crítica contra el proyecto minero El Escobal.

Situación preocupante de defensoras y defensores de derechos humanos

Sobre los ataques físicos contra defensoras y defensores de derechos humanos arriba descritos no ha habido ninguna condena para los autores materiales o intelectuales. ACOGUATE expresa preocupación por los hechos de suma gravedad como asesinatos, varios contra jóvenes menores de 26 años de edad, que siguen ocurriendo y queden impunes. Corresponde al Estado de Guatemala asegurar que las y los defensoras y defensores de derechos humanos dispongan de recursos eficaces y garantice la integridad física de los miembros de los movimientos pacíficos que laboran en favor del medio ambiente y del respeto a las consultas de la población sobre proyectos mineros.

Aparte de los ataques físicos, se nota la criminalización estratégica contra los miembros de la resistencia El Escobal. A pesar de las múltiples acusaciones, este artículo menciona sólo 46 de los numerosos casos, no hay ninguna condena correspondiente contra los miembros de la resistencia. La estrategia de criminalización es acompañada por difamación y amenazas contra la resistencia y organizaciones e instituciones que la apoya. ACOGUATE expresa preocupación por esta situación, y recuerda la obligación del Estado de garantizar la protección de toda persona frente a toda amenaza, represalia, presión, y cualquier acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

Foto 1 - Mural topacio.JPG

Mural en Mataquesquintla. Foto: ACOGUATE


(1) MINERA SAN RAFAEL, S.A. -Proyecto Minero “El Escobal”, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala: Violación al estado de derecho, criminalización planificada de la demanda y protest social, persecución penal a defensores y defensoras de derechos humanos. Guatemala. Primera edición/CALAS. Guatemala 2014. P. 14 y 25-32.
(2) Estado de sitio – resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala (p.15)
(3) Decreto gubernativo número 06-2013 (Diario de Centro América, 2 de mayo 2013)
(4) Por ejemplo en el Informe de la tercera Misión Internacional 2015 (Act Alliance, CIDSE, CIFCA, FIAN, Vía Campesina, RelUITA) escriben lo siguiente “El caso de San Rafael Las Flores también ilustra el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza estatal durante el estado de sitio, que desplegó a 8,500 oficiales para controlar a lapoblación civil, incluyendo fuerza militar que según los estándares internacionales sólo debería ser desplegada en caso de conflicto armado internacional.”
(5) Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). INFORME ANUAL CIRCUNSTANCIADO (p. 135)
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