La situación actual de los defensores y las defensoras de la tierra y territorio, un constante peligro bajo observación

El 2016 acaba de concluir dejando muchas preocupaciones sobre la situación enfrentada en el ultimo año por las y los defensores de derechos humanos, quienes recibieron fuertes ataques por la labor que llevan a cabo. El 2017 arranca confirmando las tendencias del año anterior acerca de las violaciones a derechos humanos.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA, al 30 de noviembre 2016 se registran 223 ataques a defensores de Derechos Humanos, mientras que en los años anteriores fueron respectivamente 657 en 2013, 813 en 2014 y 493 en 2015. Sin embargo, a pesar de la disminución cuantitativa de las agresiones en relación al periodo del Gobierno Patriota (2012-2015), los ataques registrados en 2016 han sido más graves, elevándose el número de asesinatos e intentos de ataque físico.

Las y los defensores más en riesgo, son, en este orden: ambientalistas (36 ataques de Enero a Noviembre), sindicalista (34 ataques), periodistas (32 ataques), defensores de la justicia (24 ataques), por ultimo campesinos (23 ataques). Los datos reafirman la necesidad de acompañamiento a estas categorías de defensores.

Esta realidad ha sido analizada y visibilizada en varios informes publicados a lo largo del año pasado, que han puesto en luz la preocupante situación en la que se encuentran de defensoras y defensores del territorio, de la tierra, y de los bienes naturales en Guatemala

La criminalización

En los últimos años el fenómeno de la criminalización se ha distinguido como una de las estrategias utilizadas para arrestar y desarticular el trabajo de las organizaciones sociales frente a los nuevos desafíos del “desarrollo sostenible” concretizados en planes de desarrollo que no incluyen la perspectiva de los pueblos interesados. A tal propósito, el 6 de septiembre 2016, Amnistía Internacional presenta un documento sobre la situación de los defensores de la tierra en Guatemala y Honduras titulado Defendemos la tierra con nuestra sangre”: el riesgo asumido por los defensores es un reto urgente en América central. Se señala la criminalización que vivieron los defensores de La Puya, de Santa Cruz Barrillas y Santa Eulalia, las resistencias que rechazan después de 15 años la mina Marlín en San Marcos: la meta de las y los defensores es oponerse al modus operandi de las empresas en el territorio y denunciar la manera de actuar de actores institucionales, tanto locales como nacionales, para garantizar los derechos colectivos de todas y todos. También apunta a la violencia que ocurrió durante el estado de sitio en 2013 en contra de pobladores resistentes a la minera San Rafael en el departamento de Jalapa, así como el asesinado el 8 de septiembre 2015 de Rigoberto Lima que fue unos de los primeros en denunciar la posible contaminación del río la Pasión que conlleva el cultivo de palma africana o el desalojo masivo en el Valle del Polochic en Alta Verapaz. Además se subraya la triple violencia ejercida en contra de mujeres amenazadas en cuanto indígenas, mujeres y defensoras como Angélica Choc y Lolita Chávez del Consejo de Pueblos Quiché.

Los datos de UDEFEGUA evidencian 68 ataques por hechos de criminalización, es decir actos de difamación, detención arbitraria y denuncia judicial, por un total del 30.94% de los ataques registrados en el año pasado.

Acerca de la estrategia de la criminalización y el uso indebido del derecho penal, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH observa como muchas detenciones se ejecutan después de mucho tiempo y remontan a la participación de una persona a una manifestación, un bloqueo, un plantón o una movilización pacifica en algún momento dado. Así que las ordenes de detención, las cuales se mantienen pendientes de ejecutar por varios años, son reactivadas en momentos estratégicos de movilización y protesta social”, entonces un poder fuerte se ejerce por parte de legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares o actores no estatales como empresas nacionales y transnacionales, seguridad privada o personal que labora a megaproyectos así como los propietarios de tierra.

La criminalización de las defensoras y defensores a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Esta puede tomar lugar, por ejemplo, mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales. La manipulación del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa. (1)

 

Los defensores criminalizados en Huehuetenango

Siete defensores del territorio del Norte de Huehuetenango han sido liberados, en julio 2016, por el Tribunal de Mayor Riesgo A tras transcurrir de 13 a 17 meses en prisión preventiva. Benito Morales Laines, abogado que integra el equipo jurídico encargado de la defensa técnica el caso anunció durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, que el Ministerio Publico apeló en contra de la sentencia que condenó a Ermitaño López por el delito de obstaculización de la acción penal y a Rigoberto Juárez Mateo por el delito de coacción, respectivamente a un año y seis meses de cárcel, otorgándoles la suspensión de la pena (los otros defensores fueron absueltos). La apelación del MP busca anular la sentencia relativa a la condena de Ermitaño López Reyes y Rigoberto Juárez y que sea emitida una nueva sentencia que los condene a 16 años de cárcel por el delito de detenciones ilegales (1 año por cada persona que supuestamente detuvieron).

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Adalberto Villatoro y Rigoberto Juarez ex-presos politicos del departamento de Huehuetenango, durante la presentación de Amnistía Internacional. Creditos PBI-Guatemala.

La defensa por su parte apela solicitando la absolución para ambos defensores. Más recientemente, ACOGUATE ha denunciado el 26 de octubre de 2016, el arresto por la misma causa penal, de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad ancestral de Santa Eulalia cuando volvía de una manifestación de amplitud nacional organizada por la CODECA. Después de haber pasado una semana en el centro preventivo de la zona 18 de la capital, fue liberado durante la audiencia de primera declaración el 4 de noviembre, por falta de merito.

En la región norte de Huehuetenango, las agresiones siguen.

El pasado 17 de Enero 2017, el defensor del territorio Sebastian Alonso Juan, fue asesinado por arma de fuego mientras participaba a una manifestación pacifica en la microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, organizada para expresar el rechazo de la población al desvío de los ríos impuestos por los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés. Según referido por los comunitarios agentes de seguridad privada al servicio de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. (PDHSA), junto a agentes de la PNC dispararon con armas de grueso calibre a un grupos de manifestantes. “Disparaban para matar” refirió un comunitario que estuvo presente en los hechos. A la fecha el Ministerío Público no ha acudido al lugar de los hecho.

Anteriormente ACOGUATE había asimismo registrado un ataque físico en contra de Julio Gómez, defensor del Municipio de San Mateo Ixtatán, de fecha 30 de octubre de 2016. El defensor, dueño del transporte que conecta las comunidades de la microregión de Ixquisis con la cabecera municipal fue agredido por unos veinte hombres la noche del 30 de octubre a la 1:20 am, mientras se disponía a emprender el viaje desde la comunidad de Yulchen Frontera hacia San Mateo Ixtatán. También fueron golpeados sus dos ayudantes. Los responsables, según el defensor agredido, un grupo de hombres de las comunidades de la microregión, cercanos a la empresa PDHSA.

Los asesinatos

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas defensores de los derechos humanos, Michel Forst, publicó un informe anual sobre la situación mundial donde los defensores de la tierra y del territorio son llamados “defensores de los derechos humanos ambientales.

En 2015, los asesinatos de estos defensores aumentaron del 59% respecto al año 2014, lo que hace un promedio de 3 asesinatos por semana. Estos asesinatos se relacionen con los sectores de la minería y la industria extractiva (42 asesinatos), las agroempresas (20), las presas hidroeléctricas y los derechos al uso del agua (15) y la explotación forestal (15). En total, el 45% de los 156 asesinatos de defensores documentados en 2015 en 25 países estaba vínculo con la defensa del medio ambiente, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.

ACOGUATE acompaña Angelica Choc en su petición de justicia para el asesinato de su esposo Adolfo Ich, cuyo sindicado por tal delito es Mynor Padilla, en ese entonces jefe de la seguridad privada de la CGN-Hudbay Minerals. La empresa privada involucrada, era la del Grupo Golan, la misma operadora para el cuido de las instalaciones de la mina El Escobal de la minera San Rafael. Entre la resistencia a sus inversiones en el territorio se ha registrado el asesinato Topacio Reynoso de 16 años, mientras que su padre Alex Reynoso a sido atacado con arma de fuego dos veces en un arco de tiempo entre abril 2014 y octubre 2015.

De hecho el informe reporta que el aumento de los asesinatos estuvo relacionado con proyectos de energía hidroeléctrica de gran envergadura para la construcción de presas en países con regímenes jurídicos deficientes, gobiernos represivos y una corrupción generalizada, y en tierras pertenecientes a pueblos indígenas y minorías étnicas”. El 67% del total de asesinatos de defensores de los derechos humanos medioambientales denunciados tuvieron lugar en Asia y el 41% de los denunciados en Centroamérica y América del Sur. Los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos ambientales fueron el Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras, la India, México, el Perú y Tailandia.

Añade que en casi todos los países afectados de América Latina, el Gobierno y los agentes empresariales están involucrados en los asesinatos de defensores de los derechos humanos ambientales.” Se preocupa del aumento de las represalias ejercidas contra los defensores que protestan contra los daños ambientales ocasionados por proyectos financiados por instituciones financieras internacionales” como el Banco Mundial, estimando que es un total fracaso de sus compromisos en el papel sobre las evaluaciones de riesgos y sus respuestas. Estas represalias incluyen imputaciones penales infundadas.

El acceso a la tierra

El mancado reconocimiento de los derechos históricos sobre propiedad de la tierra es otro factor de limitación de la labor de los defensores de derechos humanos. Esto se debe a una incertidumbre jurídica sobre la titulación, la demarcación y la delimitación de las tierras así como el derecho a gozar de los bienes contenidos adentro. Varios factores han generado esta situación cuales: desplazamientos de la población que ocurrieron durante el conflicto armado interno, o desalojos forzoso para la realización de proyectos de desarrollo.

ACOGUATE ha levantado su preocupación frente a la constante amenaza a las comunidades q’eqchi si se realizara la hidroeléctrica Xalalá sobre los ríos Copon y Chixoy. Las comunidades que conforman ACODET han seguido organizadas para prevenir la implementación del proyecto hasta la fecha a pesar de intentos repetitivos de ingreso por parte del INDE. También observa el proceso de restitución de las tierras comunales de Tzalbal, cuya comunidad desplazada durante el conflicto descubrió que sus tierras fueron vendidas sin previo consentimiento por parte de la municipalidad y acompaña el pueblo Ch’orti’ con la COMUNDICH frente a la restitución de los títulos de tierras que han sido usurpados y despojados por parte de terratenientes en una fase colonial y de liberalismo durante la época de Rufino Barrios.

La conflictividad social”

Sobre la así dicha “conflictividad social” se habla adentro del informe Mas allá del conflicto: luchas por el bienestar” presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, a finales de 2016. Las relaciones que existen entre la conflictividad y desarrollo humano se han dado por la agenda política post-guerra, que después de 20 años, ha carecido de estrategias sobre la gobernabilidad, en cuanto dichas situaciones se dan a raíz de temas irresueltos cuales la profunda desigualdad en el país no obstante el estado haya pasado de un régimen opresivo y autoritario a uno democrático sin encajar bien las mutaciones del estado, la economía y la sociedad. Se apunta entonces la “conflictividad” como fenómeno visible de un proceso de contienda entre agenda política y las acciones colectivas de la sociedad civil.

Por esto en un mundo globalizado, la búsqueda del crecimiento económico – que las empresas llaman en público “desarrollo” – ha dado origen a un entorno neocolonial que exacerba los conflictos entre las comunidades y los agentes empresariales”(2). El alarma pone en luz como las empresas invierten sin preocuparse de los derechos fundamentales como lo a la vida o a la consulta y en otros casos hasta agresiones perpetradas en sus nombres por empresas de seguridad privadas. El relator  Michel Forst, lamenta la ausencia de respuesta de los Estados, que en muchos casos tienen vínculos financieros con las empresas.

A tal propósito recomienda con urgencia a todos los interesados a que adopten públicamente y un enfoque de tolerancia cero respecto a los asesinatos y actos de violencia cometidos contra los defensores de los derechos humanos ambientales”. Ve también como una prioridad Formular un tratado internacional para prevenir y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales y nacionales, teniendo en cuenta también el mayor riesgo que plantean las actividades empresariales para los defensores de los derechos humanos ambientales.”

En relación a esto recordamos el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas reglamentada en el Convenio 169 de la OIT, firmado por Guatemala,  así como enunciado en los Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas del 1995, parte de los Acuerdos de paz, y en los códigos municipales. La primera consulta llevada a cabo en Sipakapa en el 2005, sobre el proyecto Mina Marlin abrió una temporada de más de 110 procesos similares en cerca de 70 municipios (3), donde han participado cientos de comunidades indígena que nuevamente han empezado expresarse sobre el territorio que habitan y los bienes naturales que contienen.

 


(1) Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Comisión Interamericana De Derechos Humanos – CIDH, 2016.
(2) Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, A/71/281, 3 agosto 2016.
(3) Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión, Comisión Interamericana De Derechos Humanos – CIDH, 31 diciembre 2015.
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