Comunidades de Sacapulas resisten a la privatización de la energía eléctrica

El 20 de abril de 2013 tuvo lugar la asamblea de los pueblos del norte del departamento del Quiché en Nebaj, para enfrentar el tema de la implementación de planes cuales PET (Plan de Expansión del Transporte) y PER (Plan de Electrificación Rural) manifestando su rechazo, seguido por la condena del expolio, la usurpación de tierras y recursos naturales. El Lote B de los planes de electrificación por parte de TRECSA corre a través de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. En Quiché, cruza Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, y Chichicastenango (1). El Lote B en particular, estaría afectando la biosfera de Visis Caba.

sac_4.jpgFuente http://resistenciadlp.webcindario.com

Muchas comunidades observan que el aumento de la tarifa del servicio de alumbrado público está relacionado con la privatización del energía. El 7 y 14 de noviembre de 2016 pobladores procedentes de diferentes comunidades, se concentraron pacíficamente en Sacapulas, Quiché, para solicitar un diálogo con el gobierno local, sobre los precios del servicio de alumbrado público y exigir al alcalde municipal el cumplimiento de un compromiso que avanzó durante su campaña política: reducir los precios del alumbrado publico. Los usuarios de la energía eléctrica están actualmente pagando 28 quetzales al mes por un servicio de alumbrado publico que en la mayoría de las comunidades no existe, así que piden que se conceda el servicio por 5 quetzales al mes.

Los manifestantes invitaron al alcalde y su corporación a asistir a la concentración para poder atender las demandas de la gente, pero nadie se presentó. ACOGUATE observó tal concentración publica por petición del Colectivo Resistencia de los Pueblos.

sacap_concConcentración en Sacapulas – Foto: ACOGUATE

Sacapulas es uno de los varios municipios de Quiché que ha rechazado la explotación de los bienes y recursos naturales en particular proveniente de la actividad minera e hidroeléctrica en el municipio, por medio de una consulta comunitaria de buena fe realizada el 20 de mayo del año 2011,  a la cuál participaron 27 mil 209 personas de 108 comunidades. El alcalde municipal y su corporación, en ese momento, apoyó la consulta y validó los resultados.(2) Las comunidades de Sacapulas también entregaron sus actas comunitarias a TRECSA, FERSA Sociedad Anónima, Ministerio de Energía y Minas (MEM) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) e Instituto Nacional De Electrificación (INDE) en las cuales se manifestaron en contra de la construcción de sus obras. Actualmente resisten a la construcción pendiente de una línea de alta tensión que cruzaría su territorio y argumentan que ya han aprendido con las líneas de la hidroeléctrica Xacbál: “la promesa de electricidad hecha por empresas y el gobierno es un engaño”.

“Tanto la generación como el transporte y la distribución de energía, además de ser un negocio lesivo para el pueblo, rompe y reconfigura totalmente la vida de la población, pues no sólo rompe sus espacios territoriales y se apropia de las tierras y aguas que las comunidades necesitan para sobrevivir, sino que también deteriora el medio ambiente y rompe la vida social, política, organizativa y cultural de los pueblos tanto la generación como el transporte y la distribución de energía”

Colectivo Resistencia de los Pueblos

La llegada de TRECSA

El 21 de  noviembre 2016 marcó los 20 años de la firma del Decreto 93-96, la Ley General de Electricidad, que privatizó el sector de energía en toda Guatemala. Esta ley, ha promovido la venta de las compañías publicas estatales y la entrada de empresas privadas nacionales y transnacionales en este sector.
TRECSA es una de estas compañías, una subsidiaria guatemalteca del Grupo Energía de Bogotá, la cual fue señalada por Forbes como una de las 2.000 corporaciones más grandes del mundo en 2012. En el mismo año, con el Ministerio de Energía y Minas bajo el gobierno de Otto Pérez Molina, TRECSA fue contratada para construir el sistema de transporte de electricidad. El contrato le otorga definitivamente una concesión del servicio de transporte de electricidad de alta tensión de 50 años, dentro del Plan de Expansión de Transporte de energía (PET 1-2009).
Los planes de TRECSA atraviesan 15 departamentos, 74 municipios, y 340 comunidades y son divididos en Lotes A-B-C-D-E, concentrados en las áreas más señaladas para la construcción de hidroeléctricas y minas, especialmente en el área denominada Franja Transversal del Norte. Las líneas exportarán electricidad desde las nuevas plantas hacia afuera del país, por tal razón Guatemala es considerada un centro distribuidor de la energía eléctrica a nivel centroamericano.  Según TRECSA, al 15 de noviembre 2016, el proyecto logró avanzar en un 62%,  con una capacidad instalada de 230 kilovatios.

Pero el desarrollo de este proyecto ha impuesto nuevos desafíos a las comunidades interesadas y afectadas. Hay una resistencia por parte de ellas por el tratamiento y por la desconsideración de los derechos de los pueblos. Según TRECSA el proyecto afecta  en un 75% los derechos de posesión de pueblos indígenas, 10% de propiedad privada y 15% propiedad nacional.

El gobierno amparó TRECSA por la falta de voluntad en promover o reconocer las consultas comunitarias, emitiendo el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que en 2015 obligó las comunidades a entregar o vender su tierra a un precio establecido por la misma empresa. Las comunidades afectadas interpusieron un recurso de amparo en contra de este acuerdo, que la Corte de Constitucionalidad ya desestimó. Además se presentó una iniciativa de Ley 4782 de Servidumbre legal para la transmisión eléctrica que en 2015 obligó las comunidades a entregar o vender su tierra. Se llevó a cabo una vista pública en marzo de 2014 y en enero del año 2016, líderes comunitarios junto con los abogados pidieron el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humano – PDH, para resolver con prontitud el recurso de amparo presentado. Al final, la Corte canceló el recurso y el Acuerdo Gubernativo sigue vigente.

sac_2Fuente: http://www.eprsiepac.com/contenido/aperturas/

La privatización de la energía en Guatemala

La historia de la privatización de la electricidad en Guatemala empezó hace muchos años antes de que TRECSA existiera. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzman fue el que creó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y empezó a investigar la situación de la producción, distribución, venta y consumo de la energía eléctrica en el país. Su gobierno quería romper la dependencia con la compañía transnacional Electric Bond and Share Company (EBASCO) así que evaluaba la posibilidad de instalación de hidroeléctricas. Durante sus primeros 6 meses como presidente dio inicio a los planes para la construcción de una de las primeras hidroeléctricas en Guatemala se llamaba Jurun Marinalá.

Los gobiernos militares a final de los ’60 y ’70 proyectaron la construcción de mas de 40 hidroeléctricas en el país, así como la acumulación de capitales a partir de las exportación de energía eléctrica. Los gobiernos de los ’90 empezaron la privatización del Instituto Nacional de Electricidad (INDE) y la reprivatización de la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). El Congreso de Guatemala puso en vigor el Decreto Ley No. 93-96 que privatizó el sector de energía eléctrica en Guatemala dando a las compañías privadas acceso ilimitado a la producción, distribución y exportación de energía, al mismo tiempo concediendo que cada una de estas fases fueran llevadas a cabo por diferentes compañías y no funcionar come el INDE que controlaba todo el proceso desde la producción a la transmisión. Por este Decreto, el INDE fue privatizado y pasado a DEOCSA y DEORSA, hoy subsidiarias de ENERGUATE. Los Decretos 20-86 y 52-2003 autorizan al gobierno a proveer incentivos fiscales para inversiones privadas. El Gobierno usó estos Decretos para utilizar el ISR (Impuesto Sobre la Renta) con fines de financiar los proyectos a través de impuestos de los ciudadanos Guatemaltecos. En 2004 inició la transformación de la matriz energética bajo del gobierno de Oscar Berger.

Hoy en día, aunque el sistema sea privado, el gobierno en coordinación con las compañías nacionales y transnacionales continúa jugando un gran papel en los planes de construcción e implementación del sistema de energía.

Otra manera en que el gobierno de Guatemala apoya a las compañías de electricidad es a través del Plan de Expansión de Transmisión (PET 1-2009), “un plan gubernativo que busca garantizar la electricidad para las grandes empresas generadoras de electricidad en Guatemala y la región Centro Americana”. El PET sirve para transportar energía eléctrica a 15 de los 22 departamentos, en 75 de los 334 municipios del país, para conectar la energía producida en Guatemala con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEMPAC) y está relacionado con el Plan Energético (2013-2027) realizado por el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota que contiene cinco ejes operativos, incluso los Planes de Expansión de Transmisión (PET) y con la meta de convertir Guatemala en un centro productor y exportador de energía eléctrica. En Centroamérica, Guatemala ya es el país que más produce y exporta la mayor cantidad de energía eléctrica. Este plan en particular pretende abaratar los precios de la energía eléctrica para los grandes empresarios tanto dentro del país como afuera.

Con la realización del Plan Energético y PET 1-2009, el gobierno de Otto Pérez Molina declaró el anillo eléctrico una prioridad nacional y de necesidad pública a través del Acuerdo Gubernativo 145-2013, garantizando el apoyo económico, político, y social del Gobierno a las compañías de electrificación.

Uno de los efectos más graves de este acuerdo es la obligación de las municipalidades de aceptar los proyectos sin consultar a los propietarios de las tierras. Esta es una violación directa del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige una consulta previa libre e informada antes de empezar proyectos, convenio ratificado por Guatemala. Como describe el boletín de Resistencia de los Pueblos, “la urgencia y necesidad es para las empresas y no para las comunidades y pueblos. La urgencia es el negocio de unos pocos sobre el derecho de los pueblos.”

Estos planes de electrificación no solo son apoyados por el gobierno sino también por grupos económicos fuertes en Guatemala. En agosto de 2014, CITIBANK Guatemala prestó USD 87.000.000 a TRECSA para implementar el PET. En la misma línea, TRECSA no solo funciona como una compañía bajo el nombre de TRECSA, también tiene más de seis sub contratas (DMZ, AYYZA, EDEMTEC, CEDER, y SEMAFOR…) que tienen varias responsabilidades, entre otras penetrar las comunidades. Por ejemplo, Semafor, una empresa Guatemalteca, es responsable de la negociación de derechos de paso en las comunidades, comprando sus tierras para venderlas a TRECSA. Semafor es responsable de la construcción de las subestaciones Covadonga, Uspantán, y Sacapulas. DMZ, AYYZA, y CEDER también trabajan la mediación con comunidades. Por otro lado una empresa mexicana, EDEMTEC, es responsable por obras civiles, diseños y pruebas.

Comunidades en resistencia

“La violencia que acompaña la privatización del sector eléctrico y la imposición de los megaproyectos de generación y distribución de energía, es uno de los principales costos sociales y político que se desprenden de la racionalidad neoliberal, y tiende a agudizarse”

El Observador, n. 40

La conflictividad alrededor de la construcción del tendido de electricidad se basa en las violaciones de los derechos comunitarios por parte de TRECSA y por parte del Gobierno.

La Comisión Internacional sobre Seguridad Electromagnética (2009) señala que las normas de protección contra las radiaciones no ionizantes recomendadas por las organizaciones internacionales de normalización y apoyadas por la Organización Mundial de la Salud son insuficientes.(1) Por estas razones muchas comunidades preguntan, “¿Desarrollo de qué, a cuál precio, con las ganancias para quiénes, a qué costo ambiental? Preguntas como éstas rondan [están] en la cabeza de pobladores y pobladoras que ven como el desarrollo del sector eléctrico ocupa sus territorios, los reordena y les desplaza.”


1. Presentación de Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA
2. Según su sito web, TRECSA apoya al Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas, lo cual manda que las empresas respeten los derechos humanos universales.
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