La criminalización en San Pablo no detiene la resistencia contra la hidroeléctrica

“Lo peor comienza el 10 de diciembre de 2014. Allanan mi casa y me capturan, sin antes haberme informado o citado al juzgado que me requería. Dos días después de estar capturado me notifican por plagio o secuestro. Siete días después me notifican otro secuestro en otro caso. Está completamente claro el complot que hicieron en mi contra. Mi único delito fue ser autoridad de mi comunidad.”

Estas palabras se encuentran en una carta escrita a mano por Fausto Sánchez Roblero, entregada a ACOGUATE durante una visita de observación en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango, en febrero de 2017. Durante cinco horas, diez hombres encarcelados por diferentes delitos, que las acusaciones han relacionado a la lucha contra la instalación de una hidroeléctrica en el municipio de San Pablo, nos relatan en detalle su captura y los hechos que les han imputado, insistiendo uno tras otro sobre su inocencia. Seis de los diez presos políticos han sido liberados en febrero y marzo de 2017.

La resistencia comunitaria en el territorio del municipio de San Pablo se organiza por inconformidad al proyecto hidroeléctrico de HidroSalá, una empresa constituida en 2008 por Martin Ignacio Minondo Ayau al 51% y por Mario Antonio García Carrera al 49%. Pertenece al grupo Fabrigas, fundado por Manuel Ayau Cordón. El proyecto se localiza en el terreno de la Finca Argentina, en el municipio de San Pablo, que pertenece a otro miembro de la familia, Raúl Minondo Ayau. El 30 de mayo de 2011, se firmó un contrato con el Ministerio de Energía y Minas aprobando la construcción de la hidroeléctrica por una capacidad de 15 MW con una concesión de 50 años. Las comunidades que estarían interesadas en el área nunca han sido consultadas.

En 2008, todavía no existía el acuerdo de la construcción de HidroSalá, sin embargo hubo un primer intento de ingreso con maquinarias, que luego, a raíz de un diálogo entre pobladores y el director de la empresa, no tuvo lugar. Las maquinarias fueron retiradas en seis días hábiles y no se verificó ningún otro incidente.

Según relatos comunitarios, en marzo 2014 llegó nuevamente una máquina sobre un camión. Los pobladores preguntaron el propósito de la máquina. Dijeron, los dos jóvenes conductores, que se necesitaba terminar el arreglo de un puente sobre el río Salá, pero se supo que el puente no necesitaba ningún arreglo. En la noche, se dio un incendio que quemó la máquina y el camión, hecho que al día no resulta esclarecido. Luego HidroSalá, en una conferencia de prensa, acusaron a los pobladores y se vinculó entonces la pertenencia de la máquina a la empresa. Desde este momento comienza una escalación de criminalización en el territorio pablense actualmente y todavía en acto.

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Rio Salá en el territorio del municipio de San Pablo, departamento San Marcos. ©ACOGUATE

La estrategia de criminalización toma sus pasos

Once personas han sido ligadas a proceso por tres causas distintas en el 2014. Fausto Sánchez Roblero, autoridad indígena del consejo maya mam de San Pablo, que se pronunció públicamente en contra del proyecto hidroeléctrico, estuvo ligado a proceso en los dos primeros y su arresto fue el detonante para el tercer caso.

Aquí presentamos un resumen de los procesos jurídicos llevados a cabo:

Causa “La carceleta de los Andes” (385-2014) con Fausto Sánchez Roblero y Alfonso Chilel Hernández

Fausto, resulta acusado por los delitos de “plagio o secuestro” y “asociaciones ilícitas” mientras que Alfonso es acusado por el delito de “asociaciones ilicitas y detenciones ilegales”, y el caso estuvo a cargo de la fiscalía de sección contra el crimen organizado del Ministerio Publico de San Marcos. El caso se abre en 2014 pero los hechos ocurren en 2012 cuando Casimiro Pérez, un poblador que al no cumplir con trabajos comunitarios de empedrado de un camino, fue llevado al caserío de los Andes y puesto en una carceleta de la comunidad por un par de horas como sanción. Luego fue obligado cumplir una sanción de diez cargas de piedra. Casimiro Pérez será después el querellante adhesivo en contra de Sanchez y Chilel – querellante también en otro caso mas recién que acusa Oscar Sánchez – junto a la Liga Pro Patria. Según el juicio llevado a cabo, los testimonios presentaban incongruencias y no se dio valor probatorio a la primera declaración de Casimiro Perez. Alfonso fue condenado aunque no estuvo conectado directamente al querellante: su trabajo era conducir un pickup y ese día hizo un viaje a los Andes con autoridades. La conexión con Fausto Sánchez apareció tiempo después en la acusación a pesar de no estar presente en la comunidad. Fausto Sánchez fue absuelto en primera instancia y en apelación, recuperando su libertad solo después la absolución en segunda instancia, permaneciendo unos meses mas en la cárcel.

Causa “Las Brisas” (386-2014) con Fausto Sánchez Roblero y Lorenzo Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez

Nuevamente con el delito de “plagio o secuestro”, la acusación se dio por hechos sucedidos en el caserío Las Brisas en 2014, donde era prevista la ubicación de la sala de máquinas de HidroSalá. Dos ingenieros, Gerardo Alberto Sánchez López y Cristóbal René Navarro, pasaron por la comunidad, tomando fotos cerca del terreno. La comunidad pidió una explicación. Reunieron una asamblea para que los ingenieros firmaran un acta. Llamaron a Lorenzo Ramírez Rodríguez en su calidad de autoridad. A Fausto Sánchez se le imputa que estuvo de acuerdo con esto y que hizo una serie de llamadas para avisar a todos, debido a la ubicación de su casa, supuestamente favorable para estar efectuando un control. Los ingenieros citados se constituyen como querellantes adhesivos conjuntamente con la empresa HidroSalá.  Fausto fue absuelto nuevamente, Lorenzo fue condenado pero liberado en febrero 2017, Plutarco está encarcelado y en proceso de casación. Para Fausto Sanchez, las dos causas, han significado permanecer dos años en la cárcel preventiva.

Causa (437-2014) con Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solís Pérez, María Maribel Díaz Gómez, Nery Edilmar Santos López y Heriberto Evelio Santos López

Los seis fueron acusados de los delitos de Robo Agravado, Sedición y Atentado con Agravación Especifica (2), otro caso presentado por la fiscalía de sección contra el crimen organizado del Ministerio Publico de San Marcos. El querellante adhesivo es Liga Pro Patria.

El 10 de diciembre de 2014, se detuvieron a seis personas, agarradas casualmente desde un grupo que aparentemente intentaba liberar Fausto Sanchez el día que se dio su captura. Los relatos parecen coincidir en mostrar que fue una casualidad por la cual los seis fueron detenidos cuando iban haciendo trámites en el pueblo de San Pablo. Simeón fue a comprar pollo, Maribel a comprar medicina, Nery a comprar golosinas para su hija. Al principio arrestaron a Catalino Monzón, cuyo hermano trabajaba en cooperación con la municipalidad, que dejaron libre pero luego capturan a Heriberto Santos, el hermano de Nery Santos, acusándolo de haber robado una arma, que nunca se encontró. En la cárcel, nos cuentan “El delito es ser San Pablense? Ni juntos estuvimos los seis. Nos conocimos aquí en la cárcel. No hay pruebas congruentes.” Los seis recibieron penas de dos a cuatro años, algunos recibieron un atenuante tras haber presentado una confesión espontanea. Marco Tulio, Simeón y Maribel, ya han cumplido sus penas y salieron en marzo de 2017 pero Nery, Heriberto y Bruno todavía permanecen en la cárcel.

En estos casos mencionados se puede observar que los querellantes claves son tres: Casimiro Perez, un comunitario cercano a la empresa, Hidrosalà S.A. y por ultimo la Liga Pro-Patria, y una de sus abogadas es Gilda Aguilar, exfiscal del Ministerio Público, cuestionada por su papel en las primeras detenciones contra defensores del territorio en Santa Cruz Barillas.”(1) Como típico de la estrategia de criminalización, los delitos asignados a los presos pertenecen a un rango de alta gravedad para que no sean admitidas medidas sustitutivas y se pueda así garantizar la prisión preventiva, para que sean aislados de sus comunidades. Por ejemplo, el delito de plagio o secuestro, contemplado en el articulo 201 del Codigo Penal enuncia que “En este caso no se apreciará, ninguna circunstancia atenuante” y la pena a descontar, en caso de condena es entre 20 o 40 años de cárcel.

Actualmente dos miembros del consejo maya mam municipal se encuentran bajo medidas sustitutivas con restricciones:

  • Óscar Sanchez autoridad ancestral del Consejo maya Mam, no era líder en contra de la empresa sino como el mismo afirma “representante legítimo de su comunidad”. En agosto de 2016, fue detenido en el marco de una conferencia de prensa en que se denunciaban las violaciones de derechos humanos por las empresas hidroeléctricas y demandar la liberación de los diez presos políticos el mismo día en que tuvo lugar una audiencia de Fausto Sanchez Roblero. Según un artículo de CMI, “Una mujer identificada con el chaleco de la Liga Pro-Patria y una persona que se presenta como víctima en el caso contra Fausto Sánchez, Casimiro Pérez, señalaron a Óscar Sánchez ante agentes de la PNC en los alrededores del juzgado”. 

    Su arresto da pauta para observar que la estrategia de criminalización en el área todavía no se ha parado. Como enunciado en un comunicado de UDEFEGUA: el nombre del Sr. Oscar Sánchez nunca ha sido mencionado en la descripción de los hechos ni se encuentra registrado en el expediente. Sorprende mucho esta captura que claramente es un nuevo caso de criminalización”. Inicialmente detenido durante dos meses y medio por los delitos de “plagio o secuestro ” y “asociaciones ilícitas”, salió de la cárcel con medidas sustitutivas de arresto domiciliario por un cambio de delito. Esto significa que no puede salir de su casa para reunirse y no puede participar en eventos o reuniones relacionados a su cargo de autoridad indígena. Al momento, sus audiencias no han podido desarrollarse y avanzar en cuanto la acusación interpuso un amparo para que se reintegrara el delito de plagio o secuestro y se le diera así cárcel preventiva en lugar de la medida sustitutiva. El Juzgado, desde el principio, no admitió que Hidrosalá y Liga Pro Patria se constituyeran como querellantes adhesivos, a pesar de haberlo intentado.

  • Duarle Licardie era el secretario del consejo maya Mam, capturado por Interpol mediante una orden de captura internacional en México DF, por el caso en que supuestamente fueron retenido ingenieros de HidroSalá. El anuncio de su captura se da el mismo día 10 de diciembre 2016, en que tuvo lugar una conferencia de prensa en ocasión del día internacional de los derechos humanos, en que se denunciaba nuevamente la criminalización en San Pablo. El proceso cayó por falta de mérito. Por otro caso pasó un mes en la cárcel: queda pendiente una acusación por “delito de atentado contra servicios de utilidad pública” en un caso que involucra ENERGUATE. El expresa que su papel sólo ha sido lo de mediar la comunicación entre las partes en el parque central de San Pablo. Ahora está bajo medidas sustitutivas muy restringidas: no puede salir del departamento ni participar en reuniones en relación con sus acusaciones.

Los efectos de la criminalización

Al visitarlos en la cárcel preventiva de San Marcos en Quetzaltenango – mudaron los presos allí después que un temblor en San Marcos que dañó el edificio de la cárcel – los presos políticos compartieron con nosotros su condiciones de vida muy difíciles: “Cuando nos trajeron aquí en la cárcel, nos rastrearon los policías por todo el patio. Durante ocho días no tuvimos derecho de ir al baño, ni tuvimos comida. Los otros presos pasaban y nos tocaban la cara, el pecho, las nalgas para provocarnos pero nos quedamos quietos.” También añaden: “A veces es muy difícil aquí. Una vez agarré una sartén, pero no había aceite, fui a buscar una pero no había nada que freír. Unos compañeros me regalaron dos huevos, pero no había sal. La situación era tan absurda que ya se me había pasado el hambre. En mi casa en la despensa, hay de todo: huevos, aceite, sal”.

En estas condiciones de vida en la cárcel fría de Quetzaltenango, es difícil mantenerse en buenas condiciones de salud. Lorenzo tuvo problemas con sus ojos y a pesar de una solicitud presentada por su abogado, el juez no otorgó el permiso de salir para enfrentar una cirugía.  Cabe mencionar que los efectos son acusados también por las familias: al no poder proveer por sus familias, muchos de sus hijos no pueden estudiar o comprarse lo necesario.

Además otro tipo de intimidaciones y amenazas no han disminuido con el tiempo o con el fin del encarcelamiento. También se sienten todavía vigilados, monitoreados e intimidados en sus casas, en sus reuniones y en los eventos públicos que organizan.

La estrategia de la empresa: una llave de ingreso en el territorio

El proyecto hidrolectrico HidroSalá nace en 2008 y planea usar el caudal del río Salá en el municipio de San Pablo, departamento de San Marcos. La empresa arranca a través  de un proceso habitual para los proyectos que quieren implantarse en un territorio: promesas de mejoramientos de las condiciones de vida, servicios de salud y de educación, pues la ausencia del estado es total en las zonas remotas. Planean la reparación de un camino, la reparación y reconstrucción de dos escuelas, el fortalecimiento de un puesto de salud, una reforestación con más de 100,000 árboles y la construcción de un instituto de enseñanza media. Según algunos testimonios, también fue organizado un viaje por la empresa para visitar otra hidroeléctrica en Izabal, pagando pasaje, comida, hospedaje y 100 Q. También se organizó un juego de fútbol en que se regalaron playeras y gorras a los jóvenes.

Después del 2008, se ha registrado a poco a poco en el territorio una aumento de violaciones a los derechos humanos: difamación, intentos de cooptación, presencia policial masiva en la finca Argentina, vigilancia.

En abril de 2017, han comparecido tres artículos en el web que han preocupado los pobladores del área y temen que la difamación así como las ordenes de captura puedan seguir vigentes en el marco de una estrategia de criminalización de la resistencia al proyecto.(3)

Se celebra la liberación de seis de los presos políticos: la lucha continúa

El 21 de abril de 2017 la plaza central de San Pablo se llenó desde las nueve horas con más de 600 personas bajo una gran carpa o agrupándose bajo la sombra de los árboles. Se celebra la salida de la cárcel en febrero y marzo de Fausto Sánchez, Alfonso Chilel, Lorenzo Ramírez, Marco Tulio Pérez, Simeón Guzmán y Maribel Díaz. Los cuatro que siguen encarcelados – Nery Santos, Heriberto Santos, Bruno Solís y Plutarco Clemente – fueron mencionados numerosas veces al pedir su liberación. Fausto Sánchez se pronunció en un discurso animado en el que dijo que, a través de él, el Estado guatemalteco reprimió al pueblo de San Pablo y al pueblo maya mam. Acentuó sobre la necesidad de un desarrollo integral que no sólo serviría para la ganancia de algunas empresas y el beneficio de personas con cargos políticos, sino para todos.

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Recibimiento de los presos políticos del municipio de San Pablo en el parque central de la cabecera departamental. Al evento asistieron alrededor de 600 personas. ©ACOGUATE

Se celebró la liberación de seis de los diez presos políticos con discursos, una ceremonia maya, canciones y una obra de teatro por la compañía de jóvenes “Las lágrimas que hablan”. Los actores caricaturizaron con mucho éxito situaciones reales como la llegada de la empresa, las reuniones con el alcalde, las tensiones en la comunidad y las turbias. El alcalde de San Pablo se pronunció a favor de la resistencia, por primera vez desde que fue electo, y firmó una acta reconociendo la legitimidad del pueblo Mam en el territorio.

En conclusión y para mejor entender al espíritu que anima a los que fueron encarcelados por defender el territorio o simplemente por ser habitantes indígenas de San Pablo, estas palabras que Marco Tulio Pérez tuvo en la cárcel: “Soy apolítico, no hay que ser político, lo importante son la naturaleza y los recursos naturales. Me duele que no cuiden los recursos. Es un privilegio de ser preso político si es para defender la naturaleza de este país. Nos dicen que robamos armas, secuestramos, pero no. Nunca pensé que en San Pablo iba a haber presos políticos. Queremos una cultura de paz.”

ACOGUATE observó el evento y acompaña la resistencia en San Pablo por petición de esta misma.


(1) Los 11 presos políticos de San Marcos que guardan prisión, Centro de Medios Independientes, 08 de agosto 2016.
(2) Sentencia de la causa numero 12005-2014-00437 emitida por el Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos, 08 de diciembre 2015.
(3) Los artículos mencionados se pueden consultar a través de los siguientes enlaces ¿Quiénes están detrás de la conflictividad en San Marcos?”, “San Pablo, San Marcos, ¿pueblo sin ley o pueblo del crimen?” y “Ellos son los grandes perdedores de la conflictividad en San Marcos” han comparecido en abril 2017. En ellos se comparan las personas citadas a terroristas y se les intenta vincular con la guerrilla del conflicto armado interno y con el narcotráfico. Se puede leer: “El proyecto de la hidroeléctrica HidroSalá les llevó programas de salud, educación, infraestructura, capacitación y nuevas formas de ganarse la vida de manera honrada […] Pero los grupos interesados en la conflictividad, que para ellos es su negocio, no entienden razones y condenan a comunidades enteras a vivir en la pobreza, sin educación ni salud, y con infraestructura que solo empeora su situación de abandono.”
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