Aniversario de liberación de los siete presos políticos de Huehuetenango: un estudio de los impactos de la sentencia

Hace un año, el 22 de Julio de 2016, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juaréz Mateo, Adalberto Villatoro Hernández, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Mynor López, defensores del agua, de la tierra y del territorio del norte de Huehuetenango, fueron puestos en libertad con sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A, tras pasar un tiempo comprendido entre 1 y 3 años en prisión preventiva, criminalizados por su lucha en defensa del territorio.

En este debate, se decidió juntar tres casos por ser parecidos. Aquí están sistematizados, y se puede apreciar que, a pesar de dos condenas, todos fueron inmediatamente liberados:Untitled 1

ACOGUATE acompaña a los defensores del territorio del norte de Huehuetenango desde que emprendieron los procesos de consulta comunitaria de buena fe. En estos años se ha observado la estrategia de criminalización, en contra de los movimientos, extenderse como intento de paralizar las luchas que protegen y defienden el territorio y la vida.

La represión jurídica infundada de la legitima defensa de los derechos: la criminalización

La criminalización no es un fenómeno nuevo, el primer preso político de la nueva democracia guatemalteca fue Ramiro Choc, dirigente comunitario, por la defensa del territorio del pueblo Q’eqchi, originario de Izabal. El Tribunal de Sentencia Penal de Izabal, el 26 de marzo de 2009, lo condenó a 8 años de cárcel de los cuales ya descontó cinco, en el Preventivo de la zona 18 de la Ciudad capital.

Los estudios hechos al rededor de la estrategia de criminalización, por la cual se entiende la persecución judicial de opositores políticos, muestran que este fenómeno conlleva varias componentes:

  • uso de figuras penales amplias y desproporcionadas, como plagio y secuestro o instigación a delinquir, estos delitos que no incluyen la posibilidad de medidas sustitutivas alternativas al encarcelamiento preventivo;
  • usa indebido del derecho penal, fuertes atrasos y entorpecimiento del proceso jurídico, utilizo del litigio malicioso caracterizado por un alto utilizo de recurso de amparo, de extensiones de los plazos de investigación o de repetidas suspensiones de audiencias1.

Tanto Domingo Baltazar y Rigoberto Juarez, así como Domingo Francisco Cristobal y Pedro Rubel Toledo capturados en otro momento, no tuvieron audiencia de primera declaración en el plazo legal de 48 horas tras ser capturados, sino esperaron entre uno y nueve meses. En el caso de Pedro Toledo entre otros de criminalización en esta región, el juez lo libera por falta de pruebas, justo en fase de primera declaración.

Además, la criminalización encuentra sus fundamentos en un discurso estigmatizador en los medios de comunicación: los defensores, son difamados como “enemigos internos” – haciendo resurgir el concepto usado en contra de los guerrilleros durante el conflicto armado interno que justificó violaciones a los derechos humanos-, “opositores al desarrollo” o “eco terroristas”2”. Juan Castro, abogado en defensa de Domingo Baltasar, resumió durante la audiencia el patrón de criminalización como el “uso de la legalidad, estigma y cooptación de operadores de justicia”3.

Hoy, la criminalización sigue sirviéndose de estructuras y estrategias del tiempo del conflicto armado interno en territorios que siguen traumatizados por esta época4. Durante el proceso, la defensa trajo como medio de prueba un “Informe de Estructura Criminal”, cuya autoría no está comprobada, que retrata el perfil de los principales lideres del norte de Huehuetenango, estimagtizandoles de “peligrosos, terrorista y violentos”. Finalmente, se produce un regreso del ejercito y actores armados no estatales en estos territorios, haciendo revivir el clima del terror propio de los años del conflicto en las comunidades.

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Los ex-presos de Huehuetenango durante el debate. ©Jhonathan F. Gomez

En este sentido, la sentencia del 22 de julio de 2016 emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo que liberó a siete expresos políticos del Norte de Huehuetenango, es histórica, ya que es la primera vez que un Tribunal de Mayor Riesgo admite y denuncia claramente el mecanismo de criminalización de defensores de los derechos humanos. Asimismo, basándose en peritajes sociológicos y psicológicos presentados por la defensa, la sentencia pone en luz el papel de las autoridades ancestrales usualmente reprimidas y disminuidas. Este precedente jurídico, impactó de manera positiva otros casos individuales del Norte de Huehuetenango de criminalización sobre los mismos hechos, sin embargo no ha arrestado completamente el uso de esta estrategia.

Un antecedente que juzga la criminalización

Este juicio presentó características que lo diferencian de otros: es la primera vez que un Tribunal de Mayor Riesgo conoció un caso de criminalización y que reconoció este fenómeno. Anteriormente, han sido jueces regionales que juzgaban estos casos y a menudo se han concluido de forma condenatoria para los defensores o con absolución por falta de pruebas, sin más detalles.

Frente a los testimonios presentados, el Tribunal recomendó a los operadores de justicia procurar de evitar la criminalización, destacando el papel del Derecho: Los jueces observamos con profunda preocupación, que se esté tratando de criminalizar conductas permitidas por la propia constitución política de la República, como lo son el derecho a la asociación, a la libre expresión del pensamiento y a protestar en forma pacífica en contra de aquellas circunstancias que no sean aceptadas, por perjudicar a la comunidad. Pues como ha quedado demostrado, no existió ningún delito.

La jueza Yasmin Barrios, en su voto razonado, recomienda: cuando no hay pruebas no podemos ser arbitrarios, no podemos detener ilegalmente a las personas, porque se pierde la confianza en el Sistema de Justicia. El Ministerio Público, debe de presentar las acusaciones, pero sostenidas sobre pruebas, porque no se vale que a una persona la detengan si no existen pruebas”. Además, insta la gente a seguir con su labor de defensa de los derechos humanos: los exhortamos en las comunidades, para que cuando regresen a sus casas, sigan ejercitando sus derechos”.

La construcción de hechos falsos

En gran mayoría, se comprobó la inexistencia de los delitos imputados y la falsedad de los testimonios5. El día de apertura del debate se dio a conocer que los querellantes adhesivos de la causa penal 139-2013, diez trabajadores de Hidro Santa Cruz, se retiraron. Asimismo el ex alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, se presentó sin abogado lo que implicó su retiro del proceso en calidad de querellante, mientras se mantuvo como testigo. El director del CAJ Pascual Tiu Zapeta inicialmente querellante adhesivo luego retirado al cuarto día de debate rindió una declaración a la que no fue otorgado valor probatorio por la jueza presidenta, explicado en su voto razonado, por “carente de veracidad en su dicho”.

Y se añade: Los Jueces observamos con profunda preocupación, que se esté tratando de criminalizar conductas permitidas por la propia constitución Política de la República, como lo son el derecho a la asociación, a la libre expresión del pensamiento y a protestar en forma pacífica en contra de aquellas circunstancias que no sean aceptadas, por perjudicar a la Comunidad.”

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Los ex-presos de Huehuetenango en espera del debate. ©Jhonathan J. Gomez

En los tres casos juzgados, no hubo delito de detención ilegal, amenaza, instigación a delinquir, pero sí se produjeron problemas de orden social, que al no ser atendidos adecuadamente, han motivado como contra parte acusaciones insostenibles, que no corresponden a la realidad, las cuales han generado un procesamiento penal injusto e innecesario, puesto que pudo resolverse a través del diálogo y la mediación. Finalmente, la sentencia no otorga valor probatorio a varios testigos presentados por el MP y la jueza Barrios en su voto razonado, declara de no creer en sus declaraciones por existir demasiadas contradicciones, contrastadas por las fotografías.

Además, el tribunal evidenció la colaboración entre empresas y el Ministerio Público. Así, como ya lo hemos mencionado, los fiscales usaron expresiones que venían del “Informe Estructura Criminal”. Su abogado mandatario, el licenciado Mario Villatoro, representó en la etapa intermedia a los 10 trabajadores de Hidro Santa Cruz constituidos como querellantes en la causa penal 139-2013, que renunciaron en el primer día del debate. Asimismo fue llamado a testificar sobre los hechos del 23 de Enero de 2014 por el Ministerio Público.

¿Una sentencia que hizo jurisprudencia?

Este debate ha representado un momento clave en Guatemala para visibilizar, a gran escala, la estrategia de la criminalización en contra de los defensores de los recursos naturales y del territorio, así como los patrones con sus efectos y reconoce la labor puesta en marcha por parte de los pueblos originarios.

La sentencia del Julio 2016 se abre con citas de los peritajes presentados por la defensa, que ayudan a entender el papel de las autoridades ancestrales y su implicación en los hechos denunciados. La socióloga Gladys Elisabeth Tzul Tzul explica que las autoridades ancestrales hacen lo que les pide la comunidad. Obedecen a las decisiones colectivas tomadas por la asamblea comunitaria. Tienen función de defender la vida y de resolver los conflictos, lo que destaca también Santiago Bastos: El Derecho indígena, se basa no tanto en pagar la culpa, sino en resolver la situación. En Huehuetenango, las autoridades trataron de resolver el problema y mantener el diálogo entre las autoridades estatales, actuando como mediadores. La actitud del Estado y la sociedad, de no entender el papel de las comunidades es un acto racista, al no darle el valor, que le da la población indígena o cuanto ocurrido con Rigoberto Juárez, quien ha sido llamado “el rostro de la oposición”. Además Se han producido artículos y reportajes, en los cuales se ha dado la idea que “Huehuetenango es ingobernable”, en el cual se ve a los pueblos indígenas, como un área perdida, que no hay quien los gobierne”. Gladys Elisabeth Tzul Tzul resalta que las autoridades ancestrales realizan un trabajo comunitario sin remuneración, y por fin expresa que encarcelar a estos representantes produce la desmembración de una parte de la comunidad, situación ideal para que las empresas puedan instalarse en el territorio.

Alegría en la sala del tribunal tras el resultado del fallo. ©Jhonathan J. Gomez

 

De un punto de vista jurídico, hay que anotar que la jueza Marta Claudette Domínguez cerró dos causas penales en contra de defensores del Norte de Huehuetenango lo que se podría analizar como otra consecuencia positiva de la sentencia analizada.

Primero, juzgó a Domingo Francisco Cristóbal Francisco por los hechos de la noche del 19 al 20 de enero de 2015, por los cuales Rigoberto Juarez había sido condenado en julio de 2016. A 64 años de edad, Domingo Franciso Cristobal fue capturado el 26 de octubre de 2016 en Chiantla, después haber participado en una manifestación de amplitud nacional organizada por CODECA, capturado por la División Especializada en Investigación Criminal – DEIC, acusado por los delitos de plagio o secuestro e instigación a delinquir en la orden de aprehensión, al fin el MP siguió solo por coacción y detención ilegal.

Encarcelado al centro preventivo de la capital, zona 18, pudo dar su primera declaración 8 días después del arresto. Enseguida fue liberado por falta de mérito, aceptando la solicitud del MP de desestimar el caso. La jueza observó que la mayoría de declaraciones testimoniales del personal del CAJ no apuntaban a él en cuanto sindicado y que los querellantes adhesivos nunca presenciaron las audiencias. Además, para la jueza, hay pocas probabilidades que un asesor jurídico cometa un delito”, dado que su papel de autoridad ancestral es más bien de regular conflictos. La jueza reconoció difamaciones y amenazas que sufren los defensores vía las redes sociales.

Rigoberto Juárez a la vez ha sido citado a audiencia de discusión del acto conclusivo el 23 de noviembre de 2016, por los hechos del 23 de enero de 2014. Por estos hechos, Ermitaño López había sido condenado por obstaculización a la acción penal, mientras Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo Juan, habían sido absueltos en la sentencia de julio de 2016. En esta ocasión, el Ministerio Público pidió el sobre seguimiento en favor del acusado por falta de pruebas lo cual marca un cambio significante en la manera de resolver los casos de criminalización de defensores. La jueza acudió a la solicitud, cerrando el caso en definitiva, constatando que para ella, Rigoberto Juárez actuó en su función de mediador ancestral. Dos veces, la jueza le dijo: Reconozco su labor como defensor de los DDHH y del territorio”. Sin embargo Rigoberto Juárez todavía está esperando dos audiencias en 2017, junto a Domingo Baltazar se le acusa de ser responsable de la quema de maquinaria y retención de trabajadores de la empresa 5M, ocurrido en diciembre de 2013. El debate hubiera tenido que abrirse en abril del año 2017 pero fue suspendido sin nueva fecha.

Hidro Santa Cruz se retira del territorio de Guatemala

El último avance, consiste en el anuncio de la empresa Hidro Santa Cruz en un campo pagado del 22 de diciembre de 2016, en el cual anuncia públicamente la renuncia a sus licencias en Barillas y su retiro del país.

Igualmente, las denuncias de las múltiples violaciones de los derechos humanos han tenido un papel significativo: el Banco Mundial tuvo que retirar sus fondos del proyecto, una denuncia en contra del dueño de la empresa Ecoener Hidralia España fue presentada en España. Después de análisis y peticiones, Hidro Santa Cruz estima que el proyecto no es viable económicamente, pero sobre todo que no han adquirido aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio”. En relación a la decisión radical de la empresa de retirarse del país se puede citar el peritaje presentado durante el debate, como por Santiago Bastos, que explica como “el Estado de Guatemala y sus autoridades se han convertido en guardianes de las empresas privadas y protegen los intereses de dicha personas jurídicas; mientras que las y los defensores de derechos humanos son sus enemigos que deben ser tratados como delincuentes, terroristas, extremistas y criminales, quienes deben ser castigados por el derecho penal”. A pesar de haber comunicado públicamente tal decisión, no se ha notificado oficialmente al Estado de Guatemala, y al Ministerio de Energía y Mina que otorgó las licencias en 2012.

Efectos colaterales: daños sociales y varios asesinatos

Pablo Antonio Pablo no es la única víctima en relación a los proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango. En abril de 2013, el defensor de derechos humanos Daniel Pedro Mateo, de Santa Eulalia, fue asesinado en camino a un encuentro en Barillas y en 2015 una sentencia condenó a 25 años de cárcel un ejecutante del asesinato, miembro del personal de la hidroeléctrica 5M, empresa que quiso implantarse en Santa Eulalia pese el rechazo expresado por la comunidad a través de la consulta de buena fe celebrada en 2006.

El primero de mayo de 2012, Andrés Francisco Miguel, defensor del territorio de Barillas, fue asesinado durante el estadio de sitio en la ciudad. Este año debería iniciar el debate para juzgar miembros del personal de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz por el hecho.

Pascual Basilio Pascual Diego, 20 años, en la noche del 20 de Enero de 2015 (fecha de los hechos tratados en el proceso) en Santa Eulalia, fue herido por una bala a la cual no sobrevivió después de unos días en el hospital. A pesar de haber sido denunciado, el crimen aún no se ha esclarecido.

Una sentencia que no solventa la criminalización y sus daños

A pesar de su gran alcance simbólico, dos defensores de los siete han sido condenados aunque la jueza presidenta se haya opuesto y expresado en su voto razonado. En contradicción con la sentencia y su resultado condenatorio, el Ministerio Público apeló parcialmente esta decisión en el último día del plazo, contra de los dos condenados-liberados, Ermitaño Lopez y Rigoberto Juarez, pidiendo una condena a 16 años de cárcel por cada uno por el delito de retención ilegal, o sea un año por cada persona supuestamente retenida. Hasta la fecha no se ha dado inicio al proceso de apelación.

A pesar que le fue negado valor probatorio a numerosos testimonios, siguen vigentes las órdenes de captura en contra de otras personas vinculadas a los mismos hechos juzgados en la sentencia estudiada, limitando su libertad así como el ejercicio de manifestación y autodeterminación en el Norte de Huehuetenango.

Finalmente, la criminalización de los defensores de la vida y territorio sigue afectando el ejercicio de derecho de muchos movimientos sociales en el país que exigen ser parte de las decisiones relacionadas al desarrollo del territorio en que viven.

Para remarcar nuevamente esta situación Amnistía Internacional publicó un informe de seguimiento a lo que se publicó el año pasado en relación a la situación de los defensores de la tierra y territorio en Guatemala. Sobre cuanto expuesto, en merito a la estrategia de criminalización así relata:

Amnistía Internacional ha tomado conocimiento que el Ministerio Público de Guatemala estaría en proceso de emitir una Instrucción General que contendría directrices dirigidas a todo su personal para investigar eficazmente los ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Tras meses de revisiones, esta Instrucción no ha sido aún firmada y, por lo tanto, tampoco ha empezado a ser implementada. Igualmente, el Ministerio Público, con apoyo de organismos internacionales, ha tomado la decisión de diseñar un protocolo de prevención de los casos de criminalización contra personas defensoras. No obstante, la organización no ha tenido información en relación al proceso de consulta que debería llevarse a cabo con las personas defensoras, o si el mencionado protocolo se encuentra ya en trámite de aprobación. Finalmente, aunque en 2016 hubo algunas reuniones lideradas por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) en torno al diseño de la política pública de protección a personas defensoras ordenada en la sentencia Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 no ha habido avances específicos en la adopción de tal política.

Antes de concluir el mismo informe con unas recomendaciones para las instituciones y poderes del Estado, se subraya:

El sistema de justicia de Guatemala debe garantizar – en concordancia con las exigencias del derecho internacional – la presunción de inocencia, el debido proceso y dejar de utilizar los procesos penales como una forma de desalentar, intimidar, hostigar y desarticular la movilización social. En este sentido, las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas eficaces, dirigidas a poner un alto a la criminalización y a prevenir el indebido uso del sistema de justicia para acosar o silenciar el trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos.


1 Peritaje socio-cultural de Santiago Bastos sobre la conflictividad presentado a la audiencia de los 7 ex presos de Huehuetenango: “Se ha criminalizado a los dirigentes, a través de procesos penales, que se caracterizan por el alargamiento de fases previas, para finalmente liberar a los acusados.”

2 Ver el informe de Amnistía Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre” sobre la criminalización de los defensores de los DDHH en Guatemala, presentado en el país agosto de 2016. https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/4562/2016/es/

3 Extractos de la sentencia parcialmente absolutoria de las autoridades ancestrales de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia de Huehuetenango, Bufete de derechos humanos.

4 Ver el número de masacres que hubo en el Norte de Huehuetenango durante la guerra en el sitio web del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas: http://www.cafca.gt/huehuetenango.html

5 Sobre el caso del 19 de enero de 2015: “los juzgadores tenemos la certeza que no existió violencia (…)que no existió ninguna acción contraria a la ley (..) Los propios testigos, no señalan a los acusados, como las personas que los hayan detenido, coaccionado o instigado a delinquir.” Yasmin Barrios negó todo valor probatorio al querellante principal en este caso, que fue director del CAJ: se siente molesto porque ya no se le renovó el contrato como Coordinador del Centro de Administración de Justicia de Santa Eulalia, lo que sirve a los juzgadores para comprender su actitud negativa, lo que no justifica que acuse a los procesados, para que sigan presos (…) En su contradictoria declaración, el testigo confiesa finalmente que fueron otras personas quienes golpearon al juez. Es increíble que el testigo y otras personas resultaran detenidas ilegalmente, cuando en las fotos y video se observa que en el lugar donde se realizó la reunión había agentes de policía nacional. Dice que no estaba en la audiencia del 23 de enero de 2014 y cambio de color cuando vio la prueba video.”

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