Resistencia organizada contra Mina San Rafael denuncia ataques constantes

El proyecto minero El Escobal en San Rafael Las Flores, departamento Santa Rosa, ejemplifica como se desarrollan relaciones de poder desiguales entre los intereses económicos y la población local, que reclama su legítimo derecho a la consulta. Según los comunitarios, en 2008, la empresa pretendió vender a la población del municipio de San Rafael, un proyecto de planta de orquídeas, que al final resul en otro proyecto de extracción minera, no deseado, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources Inc.

Los defensores y las defensoras que se movilizan en favor de la naturaleza y los derechos humanos en el área, han reportado a lo largo de estos años, difamación, amenazas, criminalización constante, ataques físicos y hasta asesinatos. Desde entonces, una serie de acontecimientos de violencia se realizan en contra de la población de la región, que lucha para que sus voces en oposición a este proyecto, sean escuchadas.

ACOGUATE brinda acompañamiento internacional a CODIDENA (Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza) desde 2012 y a la Sociedad civil de Mataquescuintla desde 2015. También observa el plantón permanente en Casillas desde junio 2017. Para leer sobre los antecedentes véase aquí.

Un plantón pacífico permanente

Durante abril y mayo de 2017, la población de los municipios situados en el perímetro de operación de la mina, empezó a observar un aumento de temblores inusuales. Varias familias constataron algunos daños en sus casas, como fisuras en sus paredes.

El pueblo xinca y mestizo, decidió organizarse en una resistencia mas visible y permanente: el 7 de junio, la red de población en resistencia se juntó y dio vida a un plantón pacífico en la carretera a la entrada de Casillas, día y noche, para recordar que no fueron consultados en el municipio de San Rafael Las Flores, antes de implementar el proyecto. En los lugares donde se realizaron consultas posteriormente a la concesión de la licencia, dijeron “no”, mediante consultas municipales y de buena fe, reivindicando su deseo de protección de la naturaleza. En total, seis municipios afectados de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa se involucran en el plantón.

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Manta presente en el plantón. ©ACOGUATE

En seguimiento a esta movilización, de 7 a 9 de junio de 2017, fue organizada una mesa institucional de dialogo. Cuatro representantes de la resistencia, un delegado del CONRED (Coordinadora nacionla para la reducción de desastre), autoridades a nivel municipal y departamental y el jefe de la policía local estuvieron invitados para “encontrar una solución” con el MEM (Ministerio de Energía y Minas), lo cual no se presentó y el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). Lamentablemente, la negociación no alcanzó una solución conjunta por tener peticiones diferentes: la resistencia pedía el cese total de la mina, mientras la CONRED, por su parte, solo explicó que los temblores no eran debidos a las actividades mineras.

Ataques al plantón

Aunque la resistencia se organizó de manera pacífica, el plantón de Casillas no ha escapado a varios actos de violencia en su contra. Como ya ocurrió anteriormente con diferentes defensores del medio ambiente de la región, las personas involucradas en el plantón sufrieron varios ataques físicos.

El 22 de junio 2017 los antimotines llegaron a Casillas a las 2:00 de la tarde y desalojaron el plantón. Tiraron bombas de gas lacrimógeno, no solamente en el lugar dónde estaban los manifestantes, sino también hacia casas cercanas. Aproximadamente cien personas fueron intoxicadas, incluidos niños que fueron gravemente afectados. Además, varias personas fueron directamente agredidas físicamente por parte de los antimotines y cuatro personas fueron detenidas por la fuerza policial durante varías horas y solamente en la noche fueron dejadas en libertad sin acusaciones penales.

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Presencia de policía al rededor del plantón en Casillas, 16 de Junio 2017. ©ACOGUATE

Después de esta agresión, las acciones de intimidación y de vigilancia no han parado. Al contrario, en varias ocasiones, se ha observado helicópteros volando hasta la mina pasando próximos al plantón y en algunos casos, muy cerca de las casas al rededor del área.

Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos, el 5 de julio la Corte Suprema de Justicia publica la resolución emitida el 22 de Junio, día del desalojo del plantón con uso desproporcionado de la fuerza,  en respuesta al amparo provisional presentado por CALAS en mayo, suspendiendo temporalmente la licencia de explotación de la mina El Escobal y la licencia de exploración Juan Bosco. Según los integrantes de la resistencia pacífica esto significa que todos los camiones que llevan material para trabajos en la mina desde esta fecha, están actuando fuera de lo legal, pues nunca se ha demostrado de tener autorización por parte de un juez compentente para ingresar, con el proposito de llevar a cabo acciones de mantenimiento y mitigación de los impactos de la empresa.

No obstante, el 21 de julio, un segundo acto de violencia en contra de la resistencia ocurrió a las 2:30 de la madrugada, cuando un grupo de policías y antimotines intervinieron y atacaron nuevamente a las personas presentes con gas lacrimógeno y gas pimienta. Al parecer, policías escoltaron un camión de combustible hacia la mina para que pudieran seguir con sus actividades a pesar de la suspensión de su licencia.

En respuesta a este ataque, una denuncia penal fue interpuesta por parte de CODIDENA en contra de la policía por falta de respeto a los procedimientos legales y uso de violencia. Según el marco legal, un desalojo por parte de la policía debe ser afectuado entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, para impedir excesos de violencia. Por su parte, el Ministerio Público todavía no ha dado tramite a esta denuncia.

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Plantón en Casillas. ©ACOGUATE

Campaña de difamación

Desde el principio, la Mina San Rafael y Tahoe Resources Inc. han usado diferentes medios para defender su legitimidad en la región. Después del amparo entregado por falta de consulta popular a la población Xinka, la empresa respondió que, según la convención 169 de la OIT, una consulta es necesaria únicamente en el caso donde pueblos indígenas vivan en el territorio. De esta manera, la empresa niega la existencia del pueblo xinka en la región. En respuesta a este argumento y a pesar del riesgo que implica una manifestación de esta magnitud, la población Xinka organizó una caminata en la capital el 19 de julio, con miles de personas pidiendo el respeto a su identidad.

 

Marcha del pueblo Xinca en la ciudad Capital, 19 de julio 2017. ©ACOGUATE

Durante este tiempo, una campaña de difamación han sido incesante, con el fin de deslegitimar la resistencia, en particular en las redes sociales, preocupa los y las defensoras envolucradas. Grupos de apoyo al proyecto minero publicaron varios comunicados y artículos con información que mira a la manipulación de la opinión publica: el 26 de junio, se publicó un artículo que afirma que el INSIVUMEH concluyó que los temblores son efectivamente debidos a causas naturales, dato contrario a lo que fue entregado a la resistencia, por parte del instituto. El 27 de junio, otro artículo afirmaba que la resistencia es armada y violenta, a pesar del hecho que el plantón siempre se definió como una resistencia pacifica(1). Finalmente, anuncios pagados en varios medios de comunicación escritos, televisivos y radiales sobre la supuesta pérdida económica de la minera y del pueblo de San Rafael Las Flores son otros ejemplos.

Con respecto al tema de la difamación, el director de Codidena, Moisés Divas comenta: “Todos estos campos pagados buscan confundir la información sobre el derecho de empleo, sobre la inversión en Guatemala y sobre la situación de certeza jurídica. También se han creado perfiles falsos en facebook para confundir la información en los medios sociales”. Además, ve preocupante que no solo la empresa y sus grupos de apoyo usen la difamación sino también el MEM (Ministerio de Energias y Minas): cuando se les preguntó por qué no se había hecho consulta, respondieron que era porque según el RENAP y el INE no había Xinkas en la región(2). “No aparecen [los xincas] en los registros, pero este no es argumento válido, no significa que no existen” sigue Divas.

Al lado de esta campaña de difamación, pipas de combustible siguen llegando a la mina. De hecho, líderes de la resistencia confirman que en estas últimas semanas, helicópteros transportaron toneles de gasolina hasta San Rafael Las Flores varias veces. Durante uno de los varios viajes, el martes 22 de agosto, dos toneles de combustible, afortunadamente vacíos, cayeron en la comunidad Sabana Redonda, en San Rafael las Flores y fueron recogidos por la población. La empresa no publicó ninguna comunicación sobre este acontecimiento. También hubo dos intentos por parte de minera San Rafael de conectar la energía eléctrica.

Juicios pendientes

Varios procesos judiciales, que empezaron estos últimos años, están todavía pendientes en los casos que la resistencia lleva en contra de Mina San Rafael.

Entre estos procesos, se encuentra la petición administrativa para que la municipalidad suspendiera los trabajos de la empresa mientras que esta solventaba su situción juridica por no haber tenido una licencia de construcción. Segun el Codigo Municipal, la empresa debería de obtener una licencia municipal, bajo presentación de un plan de impacto ambiental. Cuatro vecinos de San Rafael Las Flores, solicitaros información publica acerca de este proceso y obtuvieron una respuesta negativa.  La municipalidad explicó  que nunca se tramitó la licencia, porque no existía un reglamento sobre esto. Por tal razón, se planteó un amparo, resuelto en primera instancia a favor de la municipalidad, actualmente apelado el 20 de agosto en segunda instancia, en espera de resolución. La corte deniegó el amparo por no ser procedente. La empresa Mina San Rafael se contituyó como tercer interesado.

El primero de junio, una juez de la Corte de Guatemala condenó a seis miembros de la Policía Nacional Civil por incumplimiento del deber. Los seis policías fueron responsables de la custodia de Alberto Rotondo Dall’Orso, antiguo jefe de seguridad de Tahoe Resources, quien fue arrestado en noviembre de 2015 en su casa en Guatemala por atacar con arma de fuego y herir a 7 personas que se estaban manifestando en resistencia en contra de la mina El Escobal el 26 de abril de 2013. Después de su arresto en noviembre de 2015, Alberto Rotondo desapareció del país, volviendose profugo de la justicia,  para evitar el juicio. Fue capturado de nuevo en Perú y ahora se espera su extradición o un juicio allá.

El 8 de junio de 2017 hubo un gran avance en cuanto al caso civil en contra de Tahoe Resources Inc. por las mismas violaciones arriba mencionadas en Canadá. La Corte Suprema de Canadá se negó a conocer la apelación de Tahoe Resources Inc., en la demanda presentada por los activistas comunitarios guatemaltecos a causa de lesiones sufridas en su contra.

Más recién en el informe Dirty Profits (Ganancias Sucias) de la organización Facing Finance, se considera que Tahoe Resources es una de las peores empresas respecto a los derechos humanos y se pide a los bancos que excluyan la empresa para señalar su rechazo a las violaciones de derechos humanos.

En espera de respuestas

A pesar de esta campaña de difamación, la Corte de Constitucionalidad, a la que la empresa Mina San Rafael apeló sobre el amparo de mayo, confirmó la suspensión de la licencia de la mina el 24 de agosto.

El lunes 28 de agosto a las 11 de la mañana, tuvo lugar una audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Era la oportunidad para las dos partes de presentar sus pruebas sobre la legitimidad del proyecto de la mina Escobal. El pueblo Xinca, a través de CALAS, del Parlamento Xinca y de sus abogados, ha reiterado su petición para que se reconozca al pueblo Xinca, basándose sobre los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996, donde se pidió al Estado de Guatemala el compromiso de respetar los derechos humanos de los pueblos Mayas, Xinca y Garífunas. También fueron mencionados el Convenio 169 del OIT y la declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El 9 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia notificó sobre una resolución ambigua que, por un lado, favorece al pueblo Xinka, obligando al estado de efectuar una consulta y revocando la decisión anterior de suspender las actividades de la mina. CALAS interpuso una apelación ante la Corte de Constitucionalidad contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, por la cual los proyectos mineros El Escobal y Juan Bosco siguen suspendidos hasta que se resuelva.

En espera de la resolución de la Corte del amparo provisional otorgado en julio, Tahoe Resources cabildeó a los gobiernos de Canada y Estados Unidos para obtener una resolución favorable.

“Se espera que la Corte de Constitucionalidad efectivamente tome en cuenta los argumentos planteados por lxs denunciantes y que se apegue al estado de derecho. Quien lo lea conozca que la población está en contra de la minera. La información internacional que la empresa Tahoe da a sus inversionistas es falsa, ya que son miles de pobladores los que manifiestan su inconformidad y piden el cierre definitivo de la empresa”.

Moises Divas, director de CODIDENA.


 

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