Corozal Arriba: entre recuperación de la tierra y criminalización

Las violaciones a los derechos humanos y los abusos que se registran en la comunidad de Corozal Arriba, se enraízan en la búsqueda de la restitución de las tierras ancestrales a uso de las comunidades ch’orti’.  A pesar de haber recurrido al uso de instrumentos legales, para lograr acceder nuevamente a las tierras, la comunidad se encuentra desde varios años en una situación compleja de conflicto. La historia recién de la comunidad maya ch’orti’ de Corozal Arriba, municipio de La Unión, de Zacapa, se desarrolla entre la lucha por su reconocimiento en cuanto comunidad indígena, el derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales y ahora la criminalización en su contra.

El día 6 de junio de 2013, la alcaldesa y el consejo municipal de La Unión, reconocieron Corozal Arriba como comunidad indígena, a través de un acuerdo (acta 021-2013) apegado al marco juridico del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). En este día, se asesinan tres campesinos de la comunidad, que son Catalino Perez, Juan de Dios Alonzo y David Almazan, mientras estaban realizando unos trabajos comunitarios de mantenimiento. Entre los actores involucrados, se encuentran terratenientes locales, en particular, la supuesta propietaria de la finca Marsella, Vilma Esperanza Chew Casasola. La comunidad misma, considera que este hecho fue ordenado por Chew Casasola como venganza por el acuerdo logrado. Entre los antecedentes del pasado, tres personas de la comunidad fueron denunciadas por usurpación agravada de tierra, recurriendo al instrumento de la persecución penal para imponer el control del territorio.

El mismo 6 de junio, cuatro personas externas a la comunidad, supuestamente encargadas de la seguridad privada de la finca, ingresaron a su territorio con objetivos no muy claros. Luego, uno de ellos, fue encontrado muerto. A raíz de este hecho, fue girada una orden de captura dirigida a 17 personas de Corozal Arriba por el asesinato de Harrison Zuñiga. Actualmente seis hombres de la comunidad se encuentran encarcelados en Zacapa, con la acusación de asesinato. 

Judicialización de una comunidad

Los primeros capturados son dos autoridades indígenas de la comunidad: José Mendez Torres, alcalde indígena y Melvin Alvarez Garcia, tesorero del consejo de tierras. Fueron aprehendidos el 19 de mayo del año 2017, mientras salían de una reunión con otras autoridades indígenas que se realizaba en la comunidad indígena de la Avanzada. La orden de captura se emitió en febrero de 2017. La Policía Nacional Civil, informó a los dos hombres que los estaban deteniendo por disturbio publico, luego fueron notificados de ser acusados por el delito de asesinato. Entre mayo y octubre de este año, han sido capturados seis miembros de la comunidad.

El caso es conocido por el Juzgado B de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacapa presidido por Sandra Patricia Mejía Esquivel. La acusación es presentada por la fiscalía del Ministerio Publico de Gualán, Zacapa.

Durante la primera declaración, que tuvo lugar el 12 de junio, las autoridades indígenas de Corozal se declararon inocentes. El 27 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia, en la cual se fijó la fecha de inicio de debate publico y oral al 18 de octubre. La audiencia fue cancelada unos días antes y actualmente postergada para el 24 de mayo 2018.

En este panorama, la muerte de los tres comunitarios, no ha sido investigada ni esclarecida, al contrario, las viudas que interpusieron una denuncia en la fiscalía del Ministerio Publico de Gualán, nunca han podido acceder a un numero de expediente, nunca han recibido retroalimentación acerca de eventuales investigaciones. Los responsables des sus muertes siguen en libertad.

La ausencia del Estado

En septiembre del año 2013 se dio inicio a una mesa de dialogo entre representantes del Estado (Ministerio de Gobernación, COPREDEH, PDH, Registro de información Catastral, Fondo de Tierras y Secretaria de Asuntos Agrarios), la comunidad indígena de Corozal Arriba y COMUNDICH para resolver la conflictividad social en el área ch’orti’. A finales del 2016, la mesa de dialogo pasó bajo responsabilidad de COPREDEH. A pesar de este intento de dialogo, la mesa no ha avanzado y actualmente estaría bajo responsabilidad de la Secretaria de Asuntos Agrarios que declara no estar en poseso de todos los documentos del proceso anteriormente realizado, por lo cual podría existir la posibilidad de replantear nuevas condiciones encima de acuerdos ya anteriormente sentados.

Durante el proceso de restitución de la tierra, en el cual Jose Mendez y Melvin Alvarez han sido personas claves, los comunitarios de Corozal Arriba han sufrido persecución y amenazas. La ultima ocurrió en octubre 2016, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en una reunión del consejo de tierras que conforma la alcaldía indígena ch’orti’ de Corozal Arriba, amenazando los comunitarios de no ingresar adentro de la finca, cuyas modalidades de acceso habían sido acordadas en 2013.

Corozal Arriba: un caso de criminalización

El caso de Corozal Arriba, presenta algunos rasgos de la estrategia de criminalización. En primer lugar, presenta de manera muy clara un elemento que desde siglos marca el estatus étnico y jurídico de los pueblos indígenas de Guatemala: la falta de acceso a la justicia. Esta falta comporta un alto nivel de impunidad que se da de forma unilateral: en los casos de denuncias por delitos cometidos en contra de los defensores, “las autoridades no investigan, ni sancionan, ni aprehenden a los culpables, logrando con esto una invitación a repetir esas agresiones en su contra. Al mismo tiempo, causa extrañez que el sistema penal se vuelva muy eficaz cuando se trata de denuncias en contra de los defensores y periodistas quienes son frecuentemente acusados y llevados a prisión, por delitos en contra del honor y terrorismo”.(1) En el caso de Corozal Arriba, se encuentran seis personas encarceladas, de las 17 ordenes de captura emitidas, aterrorizando una entera comunidad, bajo acusación por el asesinato de un empleado de una terrateniente. La misma terrateniente trató de constituirse, en este caso, como tercera interesada. En cambio, la muerte de los tres campesinos sigue impune.

Según las declaraciones de José y Melvin, durante la primera declaración, no se encontraban en la comunidad el día en que ocurrieron los hechos. De nuevo, se trataría de un no respete del principio de presunción de inocencia y una manera impedir el trabajo de de los defensores de su tierra y de los derechos humanos.

El punto mas sutil de la criminalización en el caso de Corozal Arriba consiste en una aflicción legal generalizada, la cual se manifiesta a través de la criminalización de toda la comunidad, como demuestran las 17 ordenes de captura emitidas por el supuesto asesinato de una sola persona. Esta criminalización y judicialización colectiva tiene el objetivo de crear la imagen de una comunidad (y de los pueblos indígenas) como delincuente y que actúa no conforme a la ley. El propósito es deslegitimizar la lucha indígena, etiquetándola de criminal, utilizando el derecho penal en su contra.

Finalmente, el rol social de algunos de los arrestados, constituye otra prueba de que se trata de una estrategia de criminalización en contra de toda una comunidad y de su identidad cultural: José Mendez y Melvin Alvarez, son autoridades indígenas, alcalde y tesorero. El alcalde indígena fue arrestado después de haber interpuesto una denuncia en contra de la fiscalía del Ministerio Público, por no dar seguimiento al caso de los campesinos asesinados en 2013. Este último elemento parece coherente con las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual aclara que “Las y los defensores de derechos humanos también han sido víctimas de criminalización tras interponer denuncias en contra de funcionarios públicos por presunta corrupción o en la búsqueda del esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por parte de los Estados (…)”.(2) Al mismo tiempo, el arresto de dos autoridades ancestrales, indica la voluntad de atacar a la identidad de la comunidad y a sus estructuras sociales, obstaculizando su funcionamiento colectivo y dañando al tejido social. Este ataque se manifiesta tanto a nivel simbólico cuanto a nivel pragmático y concreto.

El caso de Corozal Arriba refleja muy bien los principios en los cuales se construye la estrategia de la criminalización, bien conocido en Guatemala y en muchos otros países de América Latina, una forma de reprimir y desarticular la organización y las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de los defensores de derechos humanos. Este fenómeno tiene relaciones muy estrictas con distintas manifestaciones de violencia (intimidaciones, persecuciones, asesinatos, etc.) por parte de actores estatales y no estatales (3) y está vinculado al tema de la propiedad y del uso de la tierra. No es una casualidad que en la mayoría de los casos, la criminalización se acompaña con actos de violencia que “obedecen a la conflictividad social producto de actividades extractivas, ejecución de megaproyectos, hidroeléctricas, cementeras y expansión de monocultivos avalados por el Estado”.(4)

Las verdaderas razones atrás de la criminalización

Esta lógica de criminalización generalizada tiene sus orígenes en la historia del colonialismo y de la esclavitud que siempre han sufrido los pueblos indígenas de Guatemala. La criminalización es una manifestación de esta esclavitud que sigue siendo la misma, aunque ha cambiado en la forma pero no en su naturaleza. El sistema de opresión y el sistema de “justicia” no han cambiado: lo que ha cambiado es la actitud de los pueblos indígenas Maya Ch’orti’, los cuales han empezado un proceso de re-apropiación de su identidad. Los pueblos indígenas han empezado un proceso que les ha llevado a reconocer su historia, su memoria: han reconocido que siendo ellos mismos los esclavos del pasado, sí son los esclavos de hoy en día, pero también son los legítimos propietarios de sus tierras. Ante esta conciencia, los pueblos han empezado a utilizar los pocos espacios de democracia de este país para reivindicar sus derechos: ahorita, las cortes de justicia se han encontrado obligadas a reconocer la existencia de los pueblos ch’orti’ y también sus derechos a la tierra.

Con estas palabras, Rodimiro Lantan, director de COMUNDICH, explica las raíces de la criminalización de los pueblos mayas ch’orti’ y al mismo tiempo las razones de la lucha por la tierra. Esta lucha tiene orígenes históricas, sociales y culturales, prueba de que hay una relación estricta entre el despojo de la tierra, la marginalización y la discriminación de los pueblos indígenas.(5) Los territorios tienen un valor simbólico en cuanto lugares de memoria, lugares de transmisión de tradiciones, lugares de cohesión social y autonomía política;(6) por lo tanto, la lucha por la tierra es fundamental para la sobre vivencia étnico-identitaria y social-economica de los pueblos indígenas.

La particularidad de la lucha de las comunidades maya ch’orti’ que son acompañadas por COMUNDICH, consiste en sus reivindicaciones especificas, las cuales no se limitan a pedir el respeto de sus derechos (por ejemplo a la consulta comunitaria) frente a los despojos causados por los megaproyectos, si no en avanzar demandas de reconocimiento de propiedad de la tierra. Este camino ha desde siempre conllevado criminalización y acusaciones de “usurpación de tierra” en contra de los pueblos indígenas: a pesar de que el Estado reconoce constitucionalmente las tierras de las comunidades indígenas y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y sus compromisos en los Acuerdos de Paz sobre “desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución, compensación” de los derechos relativos a la tierra (…) el reconocimiento legal de la propiedad colectiva de la tierra así como el acceso a dichas tierras sigue siendo un problema estructural en el país, resultado de la discriminación racial.”(7) A nivel jurídico, la acusación de “usurpación de tierra” viene de la falta de inscripciones de los títulos en el Registro General de la Propiedad, debido otra vez a distintas maneras ancestrales de dividir, compartir y gestionar las parcelas de tierra.

Ante esta situación, la única opción pareció ser la de demostrar su legitima propiedad de la tierra a través de la búsqueda de títulos en distintos registros de los siglos pasados. Hasta ahora, se han logrado algunos resultados satisfactorios: la comunidad “El Guayabo” del municipio de Camotán, por ejemplo, desde hace dos años inició un proceso para recuperar el título de su territorio y logró encontrar cinco títulos coloniales que datan del año 1789 y que demuestran que históricamente las comunidades indígenas ch’orti’ han sido dueñas de importantes extensiones de tierras, muchas veces despojadas. Hoy en día, estamos en la espera que las Supremas Cortes de Justicia emiten la sentencia y validen el proceso de recuperación de la tierra.(8)

A finales de cuenta, la importancia de esta lucha consiste en permitir de realizar en la vida diaria los vínculos entre tierra e identidad, aunque es cierto que el camino se queda todavía muy largo y que la posesión de un título de tierra registrado solo es una etapa y no una finalidad: el objetivo sigue siendo que la propiedad indígena se fundamente en el uso y posesión históricos de las tierras y recursos, no en el reconocimiento oficial del Estado. Este objetivo es fundamental para que también sean reconocidos los derechos de estas comunidades que carecen de un título real sobre la propiedad de la tierra y para que se respeten las distintas formas de tenencia y organización del territorio.(9)

El camino recorrido por Corozal Arriba y las 48 demás comunidades, acompañadas por COMUNDICH – Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del pueblo ch’orti’, sigue adelante. ACOGUATE la acompaña desde el 2007 y ha estado observando la mesa de dialogo mencionada desde 2013 hasta 2015.


1. Organización de pueblos indígenas Guatemala, Informe Alternativo, CERD, 86 periodo de sesiones, 2015, p. 48.
2. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 32.Cfr. CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Organización de los Estados Americanos, 2015.
4. Organización de pueblos indígenas Guatemala, Informe Alternativo, CERD, 86 periodo de sesiones, 2015, p. 44.
5. Peuples autochtones – Terres, territoires et ressources naturelles, http://www.un.org/fr/events/indigenousday/pdf/Backgrounder_LTNR_FINAL_FR.pdfHoffmann, Goueset, Mesclier.
6. Ethnicité et territoire, in Géographies de l’Amérique latine, Presses Universitaires de Rennes, pp. 125-130, 2006.
7. Organización de pueblos indígenas Guatemala, Informe Alternativo, CERD, 86 periodo de sesiones, 2015, pp. 25-26.Cfr. Sol Chortí, LXII Edición, Julio 2017.
8. El territorio de los Ch’Orti’, pueblo ancestral, p. 9.Cfr. Sol Chortí, LXII Edición, Julio 2017.
9. CIDH, Situación de derechos humanos en Guatemala, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 201, pp. 200-201.
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Criminalización y etiquetada , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s