La ardua labor por el reconocimiento del genocidio maya Ixil

Una vez mas, por segunda vez, se acerca la proclamación de la sentencia del caso por genocidio maya Ixil. El Tribunal “B” de Mayor Riego, presidido ahora por Maria Eugenia Castellanos, ha escuchado desde octubre 2017, un aproximado de 141 testigos; peritajes históricos, militares, y psicosociales; así como 66 peritajes antropológicos forenses de exhumaciones, planes militares, evidencias balísticas y certificados de defunción, entre otros. Después de la muerte de Efraìn Rios Montt, queda todavía sindicado por los delitos de genocidio y lesa humanidad, el ex jefe de la inteligencia militar de su gobierno, Mauricio Rodriguez Sánchez.
Las personas sobrevivientes han declarado, a lo largo de los años, hechos de tortura, desplazamiento forzado, masacres, violencia sexual. Las circunstancias les obligaron a vivir escondidas, refugiándose en la montaña, las que no lo lograron, fueron concentradas en las aldeas modelos o polos de desarrollo, según los planes de campaña establecidos por el ejercito, para ejercer un total control sobre la población durante el conflicto armado interno. No obstante, siguen caminando para alcanzar la justicia y buscan la condena de aquellos que han sido denunciados como los responsables.

Un largo recorrido

Doce años después de la denuncia formulada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) con asesoría del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), José Efraín Ríos Montt fue declarado responsablemente de genocidio contra el pueblo maya Ixil y de delitos contra deberes de la humanidad. Si bien él fue condenado a 80 años de cárcel, José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex-jefe de la inteligencia militar bajo el gobierno de facto de Ríos Montt, fue absuelto: el Tribunal consideró en aquella sentencia de 2013 que no se disponían de pruebas suficientes para probar que este estuviese implicado directamente en operaciones dirigidas a favor del exterminio de un grupo étnico determinado. El veredicto estableció que durante el mandato de Ríos Montt, entre los años 1982 y 1983, “se cometió sistemáticamente el delito de genocidio en contra del pueblo maya ixil porque se consideró a los ixiles como soporte de la guerrilla, utilizando como estrategia el matarlos de hambre porque se les identificó como un grupo de la población que trasladaba alimentos, apoyo e información a la guerrilla aunado al problema de racismo con el proceso de degradación que produce en el ser humano y que rompe la identidad del pueblo”. La sentencia fue “anulada” por la Corte de Constitucionalidad debido a razones de procedimiento, pues se pidió de retrotraer el debate publico y oral al 19 de abril de 2013. Sin embargo, los querellantes y las personas que en esta sentencia habían encontrado justicia, la consideran vigente. Yassmín Barrios, la jueza que estuvo a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo en el 2013, recuerda la sentencia “como un día en el cual se hizo justicia a las víctimas y se devolvió la credibilidad en el sistema de justicia”.

A pesar de los recursos legales utilizados por parte de la defensa, más de 100 desde el inicio, el Tribunal de Mayor Riesgo B abrió nuevamente el caso de genocidio maya Ixil el 16 de marzo 2016. La AJR y CALDH, pidieron que en este nuevo proceso, se separara en dos juicios para lograr una sentencia adecuada contra cada uno de los acusados. Dos meses después, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal de Mayor Riesgo B que juzgara a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez por separado. Sin embargo, el caso por genocidio estuvo estancado hasta el 13 de octubre 2017. A partir de esa fecha, las audiencias se reanudaron teniendo lugar cada viernes: por no encontrarse en sus plenas facultades mentales y volitivas, el ex-jefe del Estado José Efraín Ríos Montt, a través de una persona tutora, en este caso su hija, se estaba juzgando a puertas cerradas.

En febrero de 2018, por segunda vez, el Tribunal decidió moverse a Nebaj durante cuatro días, con el fin de poder escuchar a testigas y testigos que tenían dificultades para viajar hasta la capital por razones de edad y salud. Del 6 al 9 de febrero, 17 personas presentaron su testimonio, dentro de las cuales algunas testigas declararon a puertas semiabiertas, sobre delitos de violencia y tortura sexual.

Restituir la voz de las víctimas en un territorio que fue uno de los principales escenarios de los hechos era un paso importante para ellos: permitía a la población ixil apropiarse como tal, de la lucha por la memoria histórica y el cese de la impunidad en Guatemala. Un miembro de la AJR, a tal propósito, destacó un aspecto: “Esperamos que nunca volverá a pasar, y es por eso que pedimos justicia. Utilizaron nuestros mismos hermanos para matarnos. Es por eso que no queremos justicia para las pequeñas manos, pero queremos perseguir los que pensaron este plan, la cabeza. Sabemos que fue una policía del estado […]”. Recordó que el sufrimiento y el dolor han sido el motor para la búsqueda de justicia y la necesidad de crear memoria para que las nuevas generaciones no tengan que enfrentar la misma situación, para que todas y todos puedan heredar la paz. Así declaró uno de los testigos: “Tengo hijxs y nietxs, pido que se haga justicia a la ley de Guatemala y para que las nuevas generaciones no vuelvan a sufrir como nosotros”.

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Ingreso a la Torre de Tribunales para la observación de las audiencias.

Actos intimidatorios para obstaculizar

Desde el inicio del caso, ACOGUATE ha prestado observación internacional en todas las audiencias, por peticion de la AJR. Se ha registrado que tanto querellantes como testigos y observadores fueron repetidamente intimidados y objeto de difamación.

Múltiples perfiles presentes en las redes sociales, afines a grupos de apoyo o simpatizantes de militares, fueron y son utilizados con el fin de difundir contenidos escritos y visuales destinados a deslegitimar la acción de las personas sobrevivientes, acusándolas de “vividores del conflicto” o “terroristas”, hostiles a rechazar la reconciliación por su incapacidad de dejar atrás el pasado. La misma producción de estos videos, constituye en si un acto de intimidación que tiene como objetivo producir temor para que estas personas desistan de estar presentes en las audiencias.

Tanto en Nebaj como en la Torre de Tribunales de la capital, las personas que apoyaron a los testigos, nos compartieron que sufrieron discriminaciones e intimidaciones de carácter sexista. Agresiones como estas, recuerdan que el racismo estructural e institucional que formó la base sobre la cual se desarrolló el genocidio en los años ochenta, sigue vigente hoy(1), tanto en el sistema judicial como en los servicios de seguridad.(2)

Un miembro de la AJR, compartió que las y los socios de la organización tenían frecuentemente dificultades para entrar en la Torre de Tribunales, pues era habitual que los agentes de los puestos de control de acceso les interrogaran, preguntándoles de dónde venían y quien era su jefe. Un hostigamiento que desembocó en algunas ocasiones en negarles la entrada a la sala de audiencias, hechos por los cuáles los abogados de la parte querellante tuvieron que interceder varias veces. Por su parte, otra persona miembro de la AJR, comentó que las mujeres indígenas que usan vestuario maya, fueron sometidas a un control estricto por parte de los agentes de seguridad de los accesos a la Torre. Señaló que les inspeccionaron la ropa con fuerza y de una manera que les dio miedo. Así por ejemplo, a una joven ixil le ordenaron quitarse la faja, argumentando que estaba escondiendo algo debajo. Y comenta “De todo nos quieren desnudar”. Sin embargo, expresaron que la violencia en forma de sexismo y de racismo que recibieron no las desmotivó, por lo que siguieron participando y asistiendo a las audiencias.

Durante las audiencias en Nebaj, las personas que apoyaron a la AJR, también fueron objeto de intimidación por parte de grupos de apoyo a los acusados, que gritaron que “no hubo genocidio” y que eran “los verdaderos terroristas”. Hubo tomas de fotos de las personas presentes, además un carro rondó durante la noche en el pueblo de Nebaj lanzando mensajes difamatorios. Se registraron varios intentos mirados a deslegitimizar la lucha de las víctimas y de los sobrevivientes así como el papel del acompañamiento y observación internacional. Los testigos sufrieron numerosas intimidaciones y difamaciones por parte de apoyantes de grupos afines a militares, grupos supuestamente pertenecientes a ex-patrulleros civiles que se adunaron de nuevo en Nebaj. Se respondió reforzando la presencia policial en el pueblo durante toda la semana, por el temor que las incesantes provocaciones pudieran escalar en una confrontación.

Los aportes de los peritajes

Para lograr demostrar la eventual perpetración de los actos de genocidio y lesa humanidad, las deposiciones de testimonios se acompañan también por la exposición de varios tipos de peritajes que puedan sustentar y probar los hechos descritos. La mayoría de estos son los mismos que ya fueron presentados en 2013 pero nuevamente ratificados y validados en el proceso en curso. El objetivo de este juicio es argumentar porque se cometieron dichos crímenes de lesa humanidad en el área Ixil, y verificar la intencionalidad de atacar a esta etnia maya asentada en el norte del Quiché.

La forma prejuiciosa y perniciosa de ver la población ixil, es parte del racismo estructural existente hacia la población indígena. Bajo este plano, se enmarca el peritaje de Marta Elena Casaus, que razona sobre “las causas profundas por las que se produjo el genocidio y su relación directa con el racismo histórico-estructural”

Ella señala que el primer paso está en la construcción de “tópicos o estereotipo del otro” con el fin de generar una exclusión y marginalidad legítima. Continúa explicando que, en el paìs de Guatemala, esta fase de legitimación de la exclusión, ya se produjo a lo largo del tiempo, de forma histórica y probablemente desde la llegada de la colonia, a la cual simplemente se añadieron nuevos epítetos bélicos tales como “subversivo, comunista, guerrillero o no normalizable”. El segundo paso, según Feirstein, es “la campaña de hostigamiento y persecución hacia la clase indígena”. La creación de un enemigo al que se puede culpar de los males del país como el de apoyar la guerrilla, contribuye a su transformación en el “enemigo interno”. En los diversos planes tales como Victoria 82, Firmeza 83 y plan de operaciones Sofía, se inicia con el hostigamiento y persecución del “Otro” elevándose el prejuicio a una categoría absoluta. En este caso concreto, todas las comunidades ixiles pasan a ser concebidas como “subversivas, guerrilleras, comunistas”, identificándolos a todos como el enemigo interno. La propuesta es entonces “cortar la semilla del mal”. Estas frases forman parte del léxico del discurso racista, presente en los planes militares mencionados anteriormente. La ultima fase de los actos de genocidio (masacre física de un grupo), ha sido la del etnocidio, es decir, toda eliminación de sus costumbres y cultura: “normalizarlos o borrarle lo ixil, ladinizarles”. Esto comporta la eliminación de todas aquellas referencias culturales que permiten a un pueblo de identificarse como tal, como su vestimenta, su idioma, su espiritualidad, su cosmovisión o sus prácticas. A este momento se llega con el apoyo de los planes “fusiles y frijoles” o “techo, tortilla y trabajo”, fase en que se recluye la población del área en las aldeas modelo o polos de desarrollo.

Este ultimo paso, estaba contemplado de facto en el Plan Sofia. El militar retirado Restituto Valero Ramos, perito de la Fiscalía, dijo que el Plan de Operaciones Sofía era real y que fue usado principalmente contra los indígenas. A través de la lectura y análisis derivada de los planes militares, se ha intentado demostrar que éstos se enfocaban en señalar a la población Ixil como hostil, difícil y rebelde incidiendo por lo tanto el adoctrinamiento militar hacia los mismo componentes del ejército, en que este pueblo era el enemigo, y el “guerrillero” a combatir.

Entre las personas expertas que aportaron sus peritajes en el caso, se encuentra un matemático, Patrick Donnel que presentó un estudio sobre análisis de datos, que toma en consideración el censo de la población del 1981 y los registros de muertes o ejecución, entre el ’82 y ’83. Él observa como 8 de cada 10 personas hubiera tenido la probabilidad de morir en ese momento (dada la incidencia del numero de masacres y una guerra en acto) y que estas hubieran pertenecido a una etnia indígena. Al mismo tiempo, explica que su peritaje basado en números, no comprueba un acto de genocidio, pues se consideraría como tal si se identificara la intencionalidad de los hechos y ese no es el objeto de su estudio. Sin embargo explica que estos datos, pueden dar la dimensión numérica de las muertes en ese momento del conflicto y por ende visibiliza que la mayoría de las personas muertas o con posibilidad de morir eran de etnia indígena Ixil. 

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Mapa de masacres ocurridas durante la guerra. Fuente://www.centralamericanstories.com/

El área ixil, ofrecía unas característica geográficas marcadas por el aislamiento y el difícil acceso, escenario que resultó propicio para que las masacres fueran difícilmente conocidas por otras personas distintos a los perpetradores y a las víctimas. 

A nivel numérico, otro peritaje que destaca es el de Elizabeth Oglesby, que señala que los desplazamientos internos del pueblo Ixil entre el año 1982 y 1990, han movilizado entre 29 y 37 mil personas civiles, que escapaban de los ataques del ejército. Los desplazamientos obligaron a las personas que los sufrieron no solo a vivir en la clandestinidad sino también a padecer sufrimientos vinculados a la pérdida de sus medios de vida. A la pérdida de vidas humanas, se sumó el hambre derivada de la imposibilidad de producir alimentos al no poder asentarse nuevamente para desarrollar sus vidas y sus cosechas (que ya habían sido quemadas y destruidas cuando se vieron obligadas/os a huir). La autora remarca nuevamente como los ixiles fueron considerados un pueblo difícil, un pueblo que “ni los finqueros de la costa querían contratar para trabajar”. La aldea modelo, lugar en que se obligó el asentamiento la población que no se desplazó, tuvo el fin de crear un “ixil autorizado”.(3)

20 años de lucha contra el olvido y la impunidad

En una declaración que emitió la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en abril de 2018, recordó que “hasta la fecha, muy pocos casos de graves violaciones de derechos humanos, especialmente de altos funcionarios, han dado lugar a condenas”, “a pesar de los valientes esfuerzos de las víctimas y la sociedad civil guatemalteca”. Esto resalta la importancia del juicio en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez y cuánto sean perniciosos los intentos de obstáculizar el curso de la justicia, para que no se juzguen los delitos cometidos durante el conflicto armado. 

A tal propósito, un mes después de que abriera el juicio, en noviembre de 2017, se presentó una iniciativa para la reforma de la ley de reconciliación nacional, la que regula que se omita amnistía para los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada ocurridos antes del 1986. Según cuanto presentado en la iniciativa de ley 5377 “se argumenta que la población aún se encuentra dividida por las batallas judiciales derivadas de los 36 años de enfrentamiento, lo cual representa un desgaste financiero para el Estado y la imagen del país”. En junio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, en los mismos días en que el país enfrentaba la emergencia de la erupción del volcán Fuego, emitió un dictamen favorable, para que se proceda con la misma, sin embargo la CC dio tramite a una solicitud de amparo presentada por algunos congresistas. La CC, ya anteriormente en enero 2016, no acceptó el recurso interpuesto por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que buscaba eliminar el art. 8 de la ley. Este recurso de amparo fue interpuesto poco tiempo después de que abriera el caso “Zona militar 21” conocido también como “CREOMPAZ. También el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no repetición de las Naciones Unidas, pidió que el congreso no diera tramite a esta ley.

Después de 18 años de un proceso lleno de obstáculos, las víctimas esperan que se haga justicia en las próximas semanas. De hecho, una sentencia condenatoria en contra de los acusados, constituiría un paso necesario para que el pueblo de Guatemala pueda seguir cerrando las desigualdades entre su pasado y presente.


(1) En la audiencia del 25 de mayo de 2018, la socióloga Marta Elena Casaús Arzú presentó un peritaje en el cual se destacó el vínculo estrecho entre racismo y genocidio. Ver el sitio web del Ministerio Público, “En juicio contra militar MP presentan peritaje denominado racismo y genocidio” : https://www.mp.gob.gt/noticias/2018/05/25/en-juicio-contra-militar-mp-presentan-peritaje-denominado-racismo-y-genocidio/.

(2) La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluye que “la innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad expresada permanentemente por el Estado constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra” (Memoria del Silencia, Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones).

(3) Boletín de audiencia, CALDH, 2018

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