La justicia reconoce el genocidio maya Ixil sin imputados

El día 26 de septiembre, el Tribunal de Mayor Riesgo B dio a conocer la sentencia del caso por genocidio maya Ixil. Si bien los jueces reconocieron por unanimidad, que durante el conflicto armado interno se consumó el delito de genocidio hacia la población maya ixil, el acusado Mauricio Rodriguez Sanchez, fue absuelto por mayoría de votos: según el Tribunal, no se pudo comprobar la responsabilidad del ex-jefe de la inteligencia militar por el delito de genocidio y tampoco el delito de deberes contra la humanidad.

Desde las 8:00 de la mañana, estuvieron presentes sobrevivientes del conflicto armado procedentes de diferentes regiones del país y de diferentes etnias maya, que viajaron hasta la capital para exigir justicia y mostrar su solidaridad con el pueblo Ixil. Fotografías de personas desaparecidas y flores ocuparon la Plaza de los Derechos Humanos, mientras el acusado pronunciaba sus últimas palabras ante el Tribunal, los pueblos presentes en la plaza recordaron el largo camino que se realizó para el reconocimiento del genocidio. En contemporánea, también en Nebaj, uno de los municipios mas afectados por las masacres de la población maya ixil, acompañó a la distancia con una conmemoración en honor a las personas fallecidas durante la guerra. Algunos carteles que las víctimas y sus familiares realizaron decían “La lucha a la búsqueda de justicia es la lucha a la vida”.

La sentencia esperada iba a dar seguimiento a la primera que se dio en 2013, cuando el ex-presidente Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por los mismos delitos. Después de dos horas de lectura, se reconoció por unanimidad que sí hubo genocidio en Guatemala. A lo largo de su resumen, la jueza Sara Griselda Yoc Yoc puso énfasis en el sufrimiento y las atrocidades que padeció el pueblo maya ixil durante el conflicto armado interno. Recordó tanto los tratos inhumanos (tortura, masacres, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, bombardeos, etc.) como la manipulación del miedo y el desplazamiento forzado de las cuales fue víctima. Subrayó también que el Estado de Guatemala faltó gravemente al cumplimiento de los acuerdos internacionales que ya había firmado, en cuánto al respecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como la Convención de Ginebra de 1949, la Convención de La Haya, y la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos entre otros. Siguiendo las conclusiones del Ministerio Público, en el cual resaltó como el proceso de construcción del enemigo interno contribuyó a la destrucción integral de dicha población,  el Tribunal reconoció tanto hechos de crímenes de lesa humanidad como de genocidio en contra del pueblo ixil. 

No se hizo una guerra de un enemigo armado, se hizo una matanza del pueblo Ixil, al cual se había estudiado previamente y calificado de enemigo”

Ministerio Público

Un juicio que queda sin culpables

Al retomar la palabra, María Eugenia Castellanos afirmó que los hechos no se podían negar y que ese reconocimiento del genocidio era viable tanto jurídicamente como históricamente. Sin embargo, se decidió que los hechos no estaban vinculados con el acusado. Según el juez Jaime González, aunque los planes de guerra, Victoria 82, Sofía 82 y Firmeza 83, fueron firmados por su mano propia, el acusado “no buscó el aniquilamiento de específico del pueblo maya ixil”. Él recordó también que los análisis de varios peritajes, tal como el de Robles Espinoza, permitieron probar que existía una cadena de mandos bien precisa y que el cargo específico de Rodríguez Sánchez no le permitía tomar tales decisiones. Eso concordó con las conclusiones de la defensa, cuando fue precisado que Rodríguez Sánchez era órgano técnico y asesor. Por lo tanto, no podía rechazar la ejecución de planes militares, ni era responsable de la conducta del ejército. Así resumió el acusado durante el cierre del debate “creo que se equivocaron de persona”. En consecuencia, el Tribunal absolvió al ex-jefe de la Inteligencia Militar por falta de evidencias que probaran su responsabilidad en los hechos, a pesar de que el Ministerio Público pidió durante sus conclusiones, 50 años por el delito de genocidio y 30 años por el delito de lesa humanidad. También, declaró que el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, que tenía como objetivo de localizar y identificar los grupos subversivos(1), era dirigido por Rodríguez Sánchez. Ese plan permitió centralizar información sobre los Ixiles, cuales 98% eran considerados como potencial colaboradores de la guerrilla. Según el Fiscal, el acusado era “el que, más que nadie en todo el país, poseía la información”, y diseño, ejecutó y supervisó la política contrainsurgente.

Con el voto disidente de Sara Yoc, las conclusiones del Ministerio Público no cayeron en el olvido. Ella cerró la lectura, recordando que, como jefe de la Inteligencia Militar del Estado de Guatemala, José Mauricio Rodríguez Sánchez no podía ignorar las consecuencias de sus actos y decisiones al firmar esos planes militares.

Tensiones rodean la sentencia del caso por genocidio

Mientras lxs testigxs reiteraron su deseo de “seguir luchando” por su dignidad, un grupo de personas que se reivindicaron como ixiles, juntos a personas miembros de AVEMILGUA, vino a saludar y felicitar al acusado. Ese mismo grupo, que apoyó al ex-general desde el inicio del proceso, provocó e intimidó a lxs testigxs antes de que se diera la lectura de la sentencia, declarando que ellos “no eran verdaderos ixiles” y que “no hubo genocidio”. Las intimidaciones por parte del mismo grupo, se dieron en el marco de la presentación de las conclusiones por parte del equipo de abogados de Rodriguez Sanchez.

Tales intimidaciones no desanimaron las víctimas que testificaron a lo largo del caso. Poco tiempo después, un miembro de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación, querellantes adhesivos en dicho proceso, compartió “Personalmente, les quiero decir que no estoy desanimado, estoy bastante optimista con lo que pasó el día de hoy, hay cosas muy importantes que salieron”, recordando que había varios caminos legales, y animando a todxs a “seguir adelante”. 


(1) A lo largo de sus conclusiones, la CALDH recordó que el acusado tenía un amplio conocimiento, “específicamente en la región y departamento del Quiché”, que “recibió un curso de inteligencia y contrainteligencia en Argentina en el año 1978 y que así pudo elaborar estudios metodológicos y apreciaciones de inteligencia, dato de informaciones, plantear conclusiones, elaborar y actualizar la apreciación de la inteligencia y dirigir una red de inteligencia estatal militarista”.

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