Microregión de Ixquisis: un escenario de violaciones de derechos humanos

Ha pasado un año desde que Sebastián Alonso Juan, originario de Yulchen Frontera, San Mateo Ixtatán fue asesinado, tras haber participado a una manifestación pacifica en la microregión de Ixquisis, norte de Huehuetenango.1 El 17 de enero del 2017 don Sebastián, en conjunto con su comunidad, expresaba su desacuerdo con la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés, proyecto ejecutado por la empresa Energía y Renovación S.A., anteriormente llamada Promoción y Desarollos Hídricos S.A.2

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Conmemoración aniversario del asesinato de Sebastián Alonso Juan ©Francisco Simón Francisco

En 1996, tras un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el gobierno ratificó el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales3, estableciendo la obligación de “respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social […] Exige asimismo […] que respeten los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.4 El incumplimiento del Estado de Guatemala, de acatar el Convenio 169 de la OIT, ha sido denunciado por los pueblos Chuj, Q´anjob´al, Akateco y mestizo5 que viven en el área, desde la entrada de la empresa a sus territorios. A través de una consulta de buena fe, realizada en el año 2009, el 99% de la población del municipio de San Mateo Ixtatán votó en contra del otorgamiento de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de recursos naturales en su territorio.6 No obstante, la violación del Convenio 169, no es la única razón por la cual gran parte de las comunidades en la microregión de Ixquisis se han movilizado en contra de los tres proyectos hidroeléctricos.

Hasta la fecha, el asesinato sigue sin esclarecimiento, mientras en la microregión de Ixquisis las comunidades en resistencia que luchan por sus derechos individuales y colectivos, se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos. Desde la entrada de la empresa PDHSA en el territorio, a partir del año 2010, se ha registrado un  incremento constante de diferentes patrones de ataques, mirados a obstaculizar y destruir la resistencia organizada de las comunidades.

Con la presencia de la empresa, la microregión de Ixquisis se vuelve escenario de militarización y fuerte control de la población por las fuerzas armadas. Desde el año 2014, la subestación No. 43-73 de la Policía Nacional Civil (PNC) y el destacamento militar “Ixquisis Frontera”, están instalados en el terreno privado de la empresa, con la justificación de restaurar la orden y la paz después de una quema de maquinarias ocurrido en mayo de 2014.7 Los hechos se verifican en un momento en que se organizó una manifestación pacifica, luego los participante fueron señalados de ser los responsables.8 Las y los defensores a la vez, reportan incidentes causados por la PNC y el ejercito que recuerdan las tácticas de represión del conflicto armado interno: la constante circulación de patrullas armadas, amenazas, violencia y acoso sexual, intimidación, vigilancia y agresiones físicas – tácticas percibidas por la población como destinadas a silenciar la organización y la protesta local. Por lo tanto, las personas defensoras de derechos humanos de la microregión Ixquisis reiteran su petición por el retiro de la PNC y el ejército de su territorio, ya que según ellos “el ejercito y la PNC no están para cuidar a los buenos ciudadanos guatemaltecos, se ha visto que ellos están para cuidar a los grandes empresarios”9 Al respecto, expresan que la presencia militar y policial en el territorio y su cercanía a la empresa, abre la herida del conflicto armado interno que “está fresca todavía” y les hace sentir “como que [estuvieran] viviendo en el año 81 y 82.”10 En las interpelaciones en el Congreso después de los acontecimientos de enero 2017, representantes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Defensa reconocieron que la ubicación de la subestación de la PNC y del destacamento militar en el terreno de la empresa, representan actos inconstitucionales dado que la constitución guatemalteca prohíbe que entes estatales se encuentren en propiedades privadas.11 A pesar de que los Ministros se comprometieron en las citaciones con el traslado de las instalaciones a otro sitio, estas hasta la fecha permanecen en el mismo lugar.

Un elemento más que destacar sobre los procedimientos de la empresa, es la estrategia de generación de división comunitaria. Se ha registrado la contratación de personas que durante el conflicto armado interno, formaron parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) o ex-comisionados militares para vigilar, difamar, intimidar y estigmatizar a la población que se opone a los proyectos hidroeléctricos12. De esta manera, la empresa PDHSA acudió a las antiguas estructuras de poder y miedo heredados del conflicto armado interno como estrategia para apropiarse de las tierras que necesitaba para construir las hidroeléctricas; muchos de los operadores locales que se encargaron de convencer a los comunitarios de vender sus terrenos a la empresa fueron ex-integrantes de las PAC.13 Comunitarios describen un proceso en que operadores de la empresa “conquistaban” a las personas y autoridades, por medio del temor, para obtener los terrenos, a pesar de que estas ventas no tenían el aval de la comunidad.

A estos abusos se suman las múltiples irregularidades en el proceso de otorgamiento de permisos y/o autorizaciones para la construcción de los tres proyectos en cuestión tal como la certeza jurídica acerca la tenencia de la tierra, la ausencia de aprobación de los estudios de cambio del uso del suelo, el tráfico de influencias. No se realizó ningún proceso de consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), siendo este la institución que regulariza obras de proyectos hidroeléctricos, antes de otorgar las licencias. A fin de generar las condiciones previas y necesarias para la instalación y construcción del proyecto hidroeléctrico”14 se obtuvo una serie de firmas de personas que en ese entonces ocupaban cargos comunitarios. Según las y los comunitarios, algunas de estas firmas fueron falsificadas por personas que se auto-nombraron autoridades comunitarias, cuando en realidad no fueron respaldadas por las comunidades. Además, algunas maniobras realizadas por el MEM, se establecieron careciendo de contratos vigentes en torno al uso de bienes de dominio público.15

En los acuerdos que la empresa hizo con el Concejo Municipal de San Mateo Ixtatán a mediados de 2011 y que posteriormente les impulsó a autorizar las licencias de construcción, se estipula que “la empresa deberá prioritariamente, proveer el servicio de energía eléctrica a las comunidades”.16 Esta promesa se hizo a pesar de que, desde una perspectiva legal, una productora de energía eléctrica no puede ser distribuidora a la vez. Según El Observador, esta falsa promesa fue un punto clave que permitió la penetración y la presencia de PDHSA en las comunidades”.

Un argumento frecuentemente usado para promover la construcción de las hidroeléctricas es que ésta contribuirá al desarrollo de la microregión. Sin embargo, las autoridades de las comunidades directamente afectadas expresan que desde su experiencia “no es un desarrollo para la microregión y para el pueblo entero.”17

La empresa ha afirmado que las comunidades beneficiarían de proyectos sociales y de infraestructura, mencionando entre ellos la reforestación, la construcción de 18 puentes y de dos escuelas nuevas, como un proyecto de agua potable y el mejoramiento de 18 km de tramo de carretera.18 Sin embargo, hasta el momento las autoridades comunitarias dicen desconocer la existencia de tales proyectos en la región. A raíz de las operaciones de la empresa, el territorio se encuentra alterado, lo cual ha conllevado significantes consecuencias sociales, ambientales y económicas: la contaminación provocada por las obras y el inminente desvío de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, que dejaría a cuatro comunidades sin acceso a agua19, implica una situación precaria para los pobladores quienes en su mayoría viven en situación de pobreza o pobreza extrema.20 “De ponerse en funcionamiento ocasionarán daños irreversibles a la Cuenca hídrica Río Santo Domingo, una de las más importantes del territorio huehueteco y mexicano para la vida humana y la Madre Tierra” escribe la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango en un comunicado publicado en el año 2016.21 Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desestimó en gran medida los impactos ambientales, es mas, sigue carente de un análisis completo sobre cómo la pérdida de agua por causa de las represas, afectaría a los residentes locales. Investigadores atribuyen esa situación a las diversas conexiones entre quienes escribieron los estudios con o para las empresas, e instituciones que dominan el mercado hidroeléctrico en Guatemala. Un ejemplo ilustrativo es que el EIA para los proyectos Pojom II y San Andrés, fue redactado por Grupo Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.A. (SIGA), una empresa que ha sido denunciada públicamente por su conexión con la entonces Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roxana Sobenes García, quien anteriormente había sido administradora y representante legal de SIGA.22

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Rio Negro, Bella Linda ©ACOGUATE

Determinados a levantar sus voces para que sean escuchadas, mas de 2000 comunitarios de la microregión se reunieron en 17 de enero de 2017 para crear un plantón pacifico permanente enfrente de las instalaciones de la empresa PDHSA para consolidar sus intenciones de seguir firmes en torno a la autodeterminación de su pueblo y su voluntad. El día culminó en el ya mencionado asesinato de Sebastián Alonso Juan, comunitario defensor de la tierra de 72 años, mientras participaba en la manifestación pacifica.23 Igual como en el 2014 se registró una quema de maquinarias en el terreno de la empresa. Al ver el humo, los manifestantes decidieron suspender la manifestación pacifica y alejarse del sitio. Al momento de retirarse, varios testigos reportan que vieron, infiltrados armados y enmascarados con pasamontañas empezaron a disparar contra la multitud y que agentes de la seguridad privada de la empresa estaban emboscados detrás de la “casa de las maquinarias”, de donde procedían los primeros disparos. Asimismo, se registró la presencia de elementos de la PNC y del ejercito.24

Sin embargo, varios medios noticieros publicaron notas que daban a entender “que la quema de la maquinaria y los ataques a la empresa son ejecutados por un grupo de gente armada […] está vinculado a los/las comunitarios y comunitarias que se oponen a la instalación del proyecto hidroeléctrico”.25

En un campo pagado publicado el 19 de enero de 2017, la PDHSA aseveró que los y las manifestantes acudieron al lugar de manifestación

[…] de manera intimidante y portando armas de fuego de distinto calibre y armas blancas (…) Al llegar al predio donde se encontraba la maquinaria, procedieron a quemar la misma en dos ocasiones distintas [14:00 y 18:02 horas] (…) Adicionalmente se enfrentaron con las armas que portaban con las fuerzas de seguridad del Estado”.26

Mientras la empresa sostiene que ocurrieron dos incidentes de quema de maquinaria el 17 de enero del 2017, defensores y defensoras del territorio relatan que la manifestación pacífica se dispersó a partir de las 2 pm, cuando se notó el humo de las quemas y que pocos momentos después comenzaron los disparos que hirieron y luego mataron a Sebastián Alonso Juan. Según relatan, a las 6 pm, los comunitarios se encontraban, sin ayuda ninguna por las instituciones del Estado, ocupados con intentar de salvarle la vida al compañero herido quien luego falleció en camino a un centro medico en Santa Cruz Barillas.

Así mismo el relato de la empresa PDHSA no fue comprobado por las autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en las interpelaciones del 25 y 26 de marzo del 2017 que buscaron esclarecer los hechos del 17 de enero. Tanto el titular del MINGOB, Francisco Rivas Lara, como el Viceministro de Seguridad, Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, confirmaron que la movilización fue de carácter pacífica. Adicionalmente, constataron que sí se habían generado disparos en el lugar donde se guardada la maquinaria de la empresa y no donde se realizó la manifestación pacifica y que esto sucedió posteriormente a la movilización.

En un previo articulo de ACOGUATE se profundiza más sobre la cronología de los acontecimientos el día de la manifestación pacifica del 17 de enero 2017.

ACOGUATE acompaña las comunidades en resistencia de Ixquisis desde el 2016.


1La microregión Ixquisis está conformada por las comunidades: Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón (El Observador, Informe Especial No. 10 p.6).
2En un comunicado datado el 3 de Octubre, la empresa informa que la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., más conocida como PDHSA, se ha evolucionado a Energía y Renovación S.A.
3Organización Internacional de Trabajo, Comunicado de Prensa, 13 de junio de 1996. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008418/lang–es/index.htm-
4Op. Cit., Organización Internacional de Trabajo.
5La mayoría de la población de la microregión de Ixquisis pertenece al pueblo Maya Chuj. Sin embargo, también hay una población Maya Q´anjob´al, Acateco, y mestiza.
6Merida, Alba Cecilia, Krenmayr, Wolfgang, “Tejiendo entre los pueblos – la defensa del territorio. Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango”, Sistematización de experiencias 2008-2009.
7La Noticia en Guatemala, “Instalan Destacamento Militar para retomar el orden en aldea Ixquisis”, 7 de mayo 2014. http://lanoticiaenguatemala.com/instalan-destacamento-militar-para-retomar-el-orden-en-aldea-ixquisis-2/
8El Observador, Informe especial No. 10, “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A)”, 12 de julio 2017, p. 4.
9Acta comunitaria de la microregión de Ixquisis No. 79, 2017.
10Op. Cit., Acta No. 79.
11Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10, pp. 38–39.
12Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 3 p.11
13Op. Cit., El observador, Informe Especial No.10, p. 51.
14Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10, p. 52.
15Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 3, p.1.
16Op. Cit., El Observador, Informe especial No. 3, p.8.
17Op. Cit., Acta No. 79.
18Op. Cit., EL Observador, Informe Especial No. 10 p. 67.
19El Observador, Informe Especial No. 3, “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, norte de Huehuetenango”, 13 de julio de 2016.
20Instituto de Estadísticas (INE), “Mapa de Pobreza Rural en Guatemala”, 2011.
21Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) et al., Comunicado Final Caso Ixquisis, 26 de abril de 2016.
22Op. Cit., El Observador. Informe Especial No. 3, pp. 21-22.
23Front Line Defenders, 23 de enero 2017. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/indigenous-and-land-rights-defender-sebastian-alonso-juan-assassination
24Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) et al., Comunicado “Ante la represión en contra de las comunidades defensoras de los derechos de las comunidades que integran la Micro Región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”. 17 de enero 2017.
25Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10. p. 12.
26Campo pagado de Promoción y Desarrollos Hídricos S,A. en elPeriódico, 19 de enero de 2017. p.9.

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Corozal Arriba: entre recuperación de la tierra y criminalización

Las violaciones a los derechos humanos y los abusos que se registran en la comunidad de Corozal Arriba, se enraízan en la búsqueda de la restitución de las tierras ancestrales a uso de las comunidades ch’orti’.  A pesar de haber recurrido al uso de instrumentos legales, para lograr acceder nuevamente a las tierras, la comunidad se encuentra desde varios años en una situación compleja de conflicto. La historia recién de la comunidad maya ch’orti’ de Corozal Arriba, municipio de La Unión, de Zacapa, se desarrolla entre la lucha por su reconocimiento en cuanto comunidad indígena, el derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales y ahora la criminalización en su contra.

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Resistencia organizada contra Mina San Rafael denuncia ataques constantes

El proyecto minero El Escobal en San Rafael Las Flores, departamento Santa Rosa, ejemplifica como se desarrollan relaciones de poder desiguales entre los intereses económicos y la población local, que reclama su legítimo derecho a la consulta. Según los comunitarios, en 2008, la empresa pretendió vender a la población del municipio de San Rafael, un proyecto de planta de orquídeas, que al final resul en otro proyecto de extracción minera, no deseado, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources Inc.

Los defensores y las defensoras que se movilizan en favor de la naturaleza y los derechos humanos en el área, han reportado a lo largo de estos años, difamación, amenazas, criminalización constante, ataques físicos y hasta asesinatos. Desde entonces, una serie de acontecimientos de violencia se realizan en contra de la población de la región, que lucha para que sus voces en oposición a este proyecto, sean escuchadas.

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Aniversario de liberación de los siete presos políticos de Huehuetenango: un estudio de los impactos de la sentencia

Hace un año, el 22 de Julio de 2016, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juaréz Mateo, Adalberto Villatoro Hernández, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Mynor López, defensores del agua, de la tierra y del territorio del norte de Huehuetenango, fueron puestos en libertad con sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A, tras pasar un tiempo comprendido entre 1 y 3 años en prisión preventiva, criminalizados por su lucha en defensa del territorio.

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La criminalización en San Pablo no detiene la resistencia contra la hidroeléctrica

“Lo peor comienza el 10 de diciembre de 2014. Allanan mi casa y me capturan, sin antes haberme informado o citado al juzgado que me requería. Dos días después de estar capturado me notifican por plagio o secuestro. Siete días después me notifican otro secuestro en otro caso. Está completamente claro el complot que hicieron en mi contra. Mi único delito fue ser autoridad de mi comunidad.”

Estas palabras se encuentran en una carta escrita a mano por Fausto Sánchez Roblero, entregada a ACOGUATE durante una visita de observación en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango, en febrero de 2017. Durante cinco horas, diez hombres encarcelados por diferentes delitos, que las acusaciones han relacionado a la lucha contra la instalación de una hidroeléctrica en el municipio de San Pablo, nos relatan en detalle su captura y los hechos que les han imputado, insistiendo uno tras otro sobre su inocencia. Seis de los diez presos políticos han sido liberados en febrero y marzo de 2017.

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Justicia negada para Adolfo Ich

Ocho años después de la muerte de Adolfo Ich y las lesiones graves de German Chub, con el fallo del 6 de abril del 2017 en Puerto Barrios, la jueza Ana Leticia Peña Ayala absuelve al acusado Mynor Padilla. El debate oral contra el ex jefe de seguridad de CGN-Hudbay Minerals, abrió el 8 de abril en 2015 el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios y duró dos años.

“Tanto que hemos luchado y esforzado por nada… no hay justicia” afirma German Chub saliendo de la sala del tribunal después de dos horas de espera. German ha sido víctima de lesiones graves y testigo en el caso contra Mynor Padilla que con esperanza ha anhelado el día de la sentencia desde septiembre 2009.

El acusado es Mynor Ronaldo Padilla Gonzales, ex-jefe de seguridad de la empresa Guatemalteca de Níquel (CGN), al tiempo subsidiaria de la minera Hudbay Minerals, de capital canadiense. Acusado por el Ministerio Publico de los delitos de lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul, Alejandro Acte Coc y German Chub Choc actualmente parapléjico desde entonces, lesiones leves en contra de 3 pobladores en fin por el asesinato de Adolfo Ich Chamán quien era líder comunitario, esposo de Angelica Choc, querellante en el caso. El caso contra Hudbay Minerals sigue en Canadá, donde la empresa está demandada por las agresiones ocurridas en el territorio en que operaba, El Estor.

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Con la fuerza de los ancestros

Angelica Choc es una defensora de derechos humanos. Desde dos años enfrenta, como querellante, el juicio por el asesinato de su esposo Adolfo Ich. El hecho ocurrió en 2009 y el fallo dictado el 6 de abril 2017, absuelve el sindicado Mynor Padilla así como ordena su inmediata libertad. Padilla, es el ex jefe de seguridad privada de la CGN – Compañia Guatemalteca de Niquel en ese entonces subsidiaria de la minera canadiense Hudbay Minerals.

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