Las violaciones a derechos humanos en Ixquisis culminan en el asesinato de Sebastian Alonso Juan

El asesinato ocurrido durante una manifestación pacífica de Sebastian Alonso Juan, defensor de la tierra de 72 años y originario de la comunidad Yulchen Frontera, el martes 17 de enero 2017, fue prácticamente una muerte anunciada a pesar de las denuncias previamente hechas. Se suma así un grave y triste hecho a las violaciones a los derechos humanos sufridas por la población de la microregión de Ixquisis. No obstante, las comunidades que están afectadas por el proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos SA, están luchando desde 7 años para que sea reconocido el resultado de la consulta de buena fe realizada en 2009, ocasión en la cual 25,646 personas se expresaron en contra de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera a cielo abierto y de los recursos naturales de su territorio1.

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Tres consultas en Jalapa y Jutiapa reafirman el “No a la minería”

Las estadísticas mineras  publicadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestran una disminución de interés, en los últimos dos años, por nuevas explotaciones mineras: son 307 las licencias de exploración y explotación ya vigentes desde enero de 2017 y actualmente existe el doble de solicitudes en trámite: 6 de reconocimiento, 420 de exploración y 173 de explotación, 599 en total.

Sin embargo, frente al despojo de tierra de los pueblos mayoritariamente indígenas, donde las empresas mineras quieren desarrollarse, explotando bienes comunes, los pobladores se avalan de la consulta comunitaria, una herramienta celebrada en el Convenio 169 de la OIT, para que puedan expresar su opinión sobre el destino de su territorio.

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Comunidades de Sacapulas resisten a la privatización de la energía eléctrica

El 20 de abril de 2013 tuvo lugar la asamblea de los pueblos del norte del departamento del Quiché en Nebaj, para enfrentar el tema de la implementación de planes cuales PET (Plan de Expansión del Transporte) y PER (Plan de Electrificación Rural) manifestando su rechazo, seguido por la condena del expolio, la usurpación de tierras y recursos naturales. El Lote B de los planes de electrificación por parte de TRECSA corre a través de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. En Quiché, cruza Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal, y Chichicastenango (1). El Lote B en particular, estaría afectando la biosfera de Visis Caba.

sac_4.jpgFuente http://resistenciadlp.webcindario.com

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Una lucha incansable para las tierras Ch’orti’

Elodia Castillo Vásquez es alcaldesa indígena desde que tiene 22 años, actualmente presidenta de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del pueblo Ch´orti´- COMUNDICH que articula al rededor de 48 comunidades indígenas de los departamentos de Zacapa y Chiquimula en el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Maya Ch´orti´ y la restitución de sus tierras ancestrales. Además se compromete a la promoción de la equidad de genero y de una juventud activa en una sociedad incluyente.

¿Cómo se autodefine y se describe?

Soy una mujer, me valoro, valoro mi lucha y lo que hago. Si lo hago es porque me gusta colaborar cuando se pueda. Formo parte de la lucha y en cuanto mujer tengo la responsabilidad de defender mi derecho, fortalecer mis capacidades, adquirir conocimiento desde la lucha que llevaron a cabo nuestros abuelos y papás.

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La situación actual de los defensores y las defensoras de la tierra y territorio, un constante peligro bajo observación

El 2016 acaba de concluir dejando muchas preocupaciones sobre la situación enfrentada en el ultimo año por las y los defensores de derechos humanos, quienes recibieron fuertes ataques por la labor que llevan a cabo. El 2017 arranca confirmando las tendencias del año anterior acerca de las violaciones a derechos humanos.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA, al 30 de noviembre 2016 se registran 223 ataques a defensores de Derechos Humanos, mientras que en los años anteriores fueron respectivamente 657 en 2013, 813 en 2014 y 493 en 2015. Sin embargo, a pesar de la disminución cuantitativa de las agresiones en relación al periodo del Gobierno Patriota (2012-2015), los ataques registrados en 2016 han sido más graves, elevándose el número de asesinatos e intentos de ataque físico.

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El caso “Las Dos Erres” avanza con un nuevo juicio

El caso de la masacre de Las Dos Erres me marco para toda la vida” comentó Aura Elena Farfán de la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala-FAMDEGUA durante un encuentro el 14 de octubre 2016 en Guatemala Ciudad. Y sigue: Me ha marcado porque empezaron a matar con los niños”.

Este caso se vuelve nuevamente actual porque el estado guatemalteco todavía no ha cumplido con su responsabilidad de condenar todos los hechores intelectuales y materiales de la masacre.(1) En agosto 2016 abrió un nuevo proceso contra Santos López Alonso, uno de los militares que participó y secuestró un niño sobreviviente así como sigue el caso contra Efraín Ríos Montt, quien en ese tiempo era jefe de estado.

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Juicio contra el ex jefe de seguridad de CGN concluirá a puertas cerradas

Concluirá después de siete años del asesinato de Adolfo Ich, el juicio contra Mynor Padilla. El 17 de noviembre la jueza Ana Leticia Peña Ayala programó la audiencia de emisión de las conclusiones para el día 30 de noviembre y 1 de diciembre 2016. El debate oral y público se abrió en abril 2015, y el proceso ha sido muy atrasado y definido por irregularidades, incluso la querellante intentó recusar la jueza por discriminación racial.

Según la orden del 8 de febrero 2016 emitido por la misma jueza, se han llevado a cabo las audiencias a puertas cerradas, para garantizar la seguridad de Angélica Choc, aun si los querellantes siempre han estado en desacuerdo con la prohibición de la presencia de prensa y observadores nacionales e internacionales que promueven los derechos humanos. Durante la ultima audiencia del debate, el 17 de noviembre, los abogados de la querellante junto a los fiscales y la CICIG que también hace parte del juicio, plantearon a la jueza que abriera las puertas durante las conclusiones y la sentencia. La jueza no lo aceptó y ratificó que las conclusiones seguirán a puertas cerradas.

Mientras tanto tres casos relacionados a las mismas agresiones siguen en el sistema judicial de Canadá.

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