El caso “Las Dos Erres” avanza con un nuevo juicio

El caso de la masacre de Las Dos Erres me marco para toda la vida” comentó Aura Elena Farfán de la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala-FAMDEGUA durante un encuentro el 14 de octubre 2016 en Guatemala Ciudad. Y sigue: Me ha marcado porque empezaron a matar con los niños”.

Este caso se vuelve nuevamente actual porque el estado guatemalteco todavía no ha cumplido con su responsabilidad de condenar todos los hechores intelectuales y materiales de la masacre.(1) En agosto 2016 abrió un nuevo proceso contra Santos López Alonso, uno de los militares que participó y secuestró un niño sobreviviente así como sigue el caso contra Efraín Ríos Montt, quien en ese tiempo era jefe de estado.

La masacre se llevó a cabo hace 34 años entre el 6 y el 8 de diciembre 1982 en el parcelamiento Las Dos Erres a 12km de distancia de la aldea Las Cruces, Petén. En las exhumaciones realizadas por antropólogos argentinos en los años 1994 y 1995 se recuperaron las osamentas de 223 personas, 88 de estas niños y niñas menores de 14 años, 25 adolescentes, 36 mujeres y 74 hombres adultos. El cuerpo encontrado al fondo del cementerio clandestino más grande (un viejo pozo) era el de un recién nacido.

Un hecho que clama justicia

El último sindicado se llama Santos López Alonso, quien estaba prófugo de la justicia guatemalteca, capturado en los Estados Unidos y deportado a Guatemala el 10 de Agosto 2016. Fue ligado a proceso por delitos de lesa humanidad y asesinato mas supresión y alteración del estado civil del menor Ramiro Antonio Osorio Cristales. López Alonso declaró ante el tribunal que hizo parte de la patrulla kaibil que entró al parcelamiento Las Dos Erres y estuvo de guardia a la puerta de la iglesia en la cual estaban retenidos las mujeres y niños antes de ser ejecutados. De todas formas él se considera inocente. Desde agosto guarda prisión preventiva hasta el reanudo del proceso en enero 2017.

Los hechos son reconocidos nacionalmente y se obtuvieron diferentes sentencias penales en Guatemala. Esas sentencias fueron fundamentadas entre otras pruebas en las declaraciones de dos testigos: un niño que pudo huir de la masacre y uno que fue secuestrado por el exkaibil Santos López Alonso. Además, kaibiles que formaron parte de la operación se convirtieron en colaboradores eficaces para esclarecer la verdad sobre la masacre. Aun así tardó casi 30 años hasta que una corte guatemalteca condenara algunos de los responsables de la masacre.

El 24 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH emite sentencia sobre el caso, condenando al estado de Guatemala por haber violado los derechos de la población de las Dos Erres, y resuelve que el estado tiene que investigar, juzgar y eventualmente condenar los responsables materiales e intelectuales de la masacre. Según Edgar Peréz el caso de Las Dos Erres es un “caso histórico” porque por primera vez a nivel nacional se condenaron militares y entre ellos militares de alto mando por una masacre ocuurida durante el conflicto armado interno.(2)No obstante, estas sentencias cumplen parcialmente con la restitución de justicia ya que de los responsables materiales, cinco fueron condenados hasta la fecha y faltan los juicios de 14 más.

Los procesos jurídicos y los familiares de las víctimas

Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes todo esto significa repetir sus testimonios varias veces más. No obstante las sentencias anteriores, para una condenación de Santos López Alonso –al igual que los otros responsables materiales que están prófugos de la justicia o en prisión en otros países – se tiene que repetir todo el proceso penal. La responsabilidad penal es personal” recordó Claudette Domínguez, la juez del Tribunal de Mayor Riesgo A, que escuchó las primeras declaraciones en el caso recién abierto. Los kaibiles, que testificaron contra sus colegas, dieron sus testimonios en calidad de pruebas anticipadas, mientras que los familiares que testifican tienen que repetir sus testimonios para cada proceso y recontar significa para muchos de ellos revivir los hechos traumáticos. Aun así, algunos de los familiares de las víctimas llegan a observar las audiencias presenciando momentos dolorosos pero importantes. En este sentido, el sistema jurídico de Guatemala juega un papel de revictimización hacia los que sobrevivieron a atrocidades: después de 34 años de los hechos, todavía no hay justicia y para obtener una sentencia tienen que revivir los hechos una y otra vez.

“Para mi es importante de ver esta gente, que hizo todo esto. Que mataron a mi familia. De saber quienes son. Los hijos de él [el sindicado Santos López Alonso] vinieron también. Para ellos seguramente también está difícil ver a su padre así en esposas. Pero ellos sí pueden venir a verle aquí en el tribunal o en la cárcel. A mi padre nunca más voy a volver a verle.”

 Sobreviviente de la masacre

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Familiar sostiene una rosa mientras espera la sentencia en Ciudad de guatemala, 2 de agosto 2011. Fuente AP.

El juicio contra Efraín Ríos Montt

Aparte del juicio contra el kaibil López Alonso, sigue en curso el proceso contra Efraín Ríos Montt, el ex-jefe de estado de Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligó al Estado de Guatemala de perseguir no solo los hechores materiales sino los hechores intelectuales de la política de tierra arrasada actuada durante su gobierno. El ex-presidente está ligado a proceso por la masacre de las Dos Erres desde 2012, aunque  el juicio nunca haya avanzado. El 16 de noviembre 2016 se dio una audiencia por solicitud de la defensa de Ríos Montt, que pidió la suspensión de la persecución penal por su edad avanzada y la demencia vascular. La jueza Claudette Domínguez negó esta solicitud, pero resolvió que debido a su estado de salud, Ríos Montt no puede enfrentar juicio. El 30 de noviembre 2016 la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público solicitó que este proceso se lleve a cabo con medidas de seguridad especiales o sea que se realice a puertas cerradas y que Ríos Montt no tendrá que presentarse, será representado por su tutora Zury Mayté Ríos Sosa o sus abogados.


De 6 a 8 diciembre 1982 atrás de 34 años

El ejército guatemalteco bloqueó todas las calles de acceso a las Dos Erres
y una patrulla de soldados de la fuerza especial kaibil entró durante la 
noche del 5 al 6 de diciembre 1982 al área. Estaban disfrazados de 
“guerrilleros”, según uno de los testigos directos (exkaibil) para que la 
población de la región pensara que fuera la “subversión” que cometió las 
atrocidades.(3) Su meta era recuperar unos 20 fusiles que supuestamente les 
habían robado las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) en un previo encuentro 
violento. Según Edgar Peréz, abogado del querellante adhesivo FAMDEGUA, 
la operación tiene carácter de una “masacre de castigo” ante la población 
de la aldea, porque el ejército sospechó que la población había 
colaborado con la guerrilla.(4) Según el testimonio de uno de los kaibiles, 
el día antes de llegar en las Dos Erres los soldados recibieron la orden 
de “registrar la aldea, matar a los pobladores y recuperar los […] fusiles 
perdidos”.(5) Cuando la fuerza especial kaibil se retiró del área 
el 8 de diciembre 1982, todavía no se tenían noticias de estos fusiles. 
Pero dejaron los cuerpos de toda la población en fosas clandestinas. 
El 6 de Diciembre de madrugada, los kaibiles agruparon los habitantes 
de las Dos Erres en dos lugares de la comunidad: los hombres en la escuela 
y las mujeres y niños en la iglesia. Durante dos días torturaron a los 
hombres y violaron sexualmente a varias niñas y mujeres. Ya que los 
pobladores de las Dos Erres no podían darles noticias sobre las armas 
buscadas, empezaron a matar a la población, empezando con los menores de 
edad.(6) Algunos fueron matados con golpes a la cabeza, algunos fusilados y 
los que no se murieron inmediatamente, fueron enterrados vivos.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala Sentencia de 24 de noviembre de 2009.
2 Conferencia de Prensa, Ciudad de Guatemala, 17 de octubre 2016.
3 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala Memoria del Silencio, Tomo VI, Casas ilustraivos, Anexo I, Caso ilustrativo No. 31 Masacre de las Dos Erres, p.399.
4 Conferencia de Prensa, Ciudad de Guatemala, 17 de octubre 2016.
5 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala Memoria del Silencio, Tomo VI, Casas ilustraivos, Anexo I, Caso ilustrativo No. 31 Masacre de las Dos Erres, p.399
6 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala Memoria del Silencio, Tomo VI, Casas ilustraivos, Anexo I, Caso ilustrativo No. 31 Masacre de las Dos Erres, p.401.
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Juicio contra el ex jefe de seguridad de CGN concluirá a puertas cerradas

Concluirá después de siete años del asesinato de Adolfo Ich, el juicio contra Mynor Padilla. El 17 de noviembre la jueza Ana Leticia Peña Ayala programó la audiencia de emisión de las conclusiones para el día 30 de noviembre y 1 de diciembre 2016. El debate oral y público se abrió en abril 2015, y el proceso ha sido muy atrasado y definido por irregularidades, incluso la querellante intentó recusar la jueza por discriminación racial.

Según la orden del 8 de febrero 2016 emitido por la misma jueza, se han llevado a cabo las audiencias a puertas cerradas, para garantizar la seguridad de Angélica Choc, aun si los querellantes siempre han estado en desacuerdo con la prohibición de la presencia de prensa y observadores nacionales e internacionales que promueven los derechos humanos. Durante la ultima audiencia del debate, el 17 de noviembre, los abogados de la querellante junto a los fiscales y la CICIG que también hace parte del juicio, plantearon a la jueza que abriera las puertas durante las conclusiones y la sentencia. La jueza no lo aceptó y ratificó que las conclusiones seguirán a puertas cerradas.

Mientras tanto tres casos relacionados a las mismas agresiones siguen en el sistema judicial de Canadá.

Atentado contra Angélica Choc

El 16 de septiembre Angélica con dos hijos se encontraba en su casa, cuando escuchó los disparos alrededor de la medianoche. Se tiró en el piso y oyó una moto alejándose de la casa y nadie resultó herido. Inmediatamente llamó a familiares para que la acompañaran en su casa hasta el amanecer. La siguiente mañana familiares observando la pared exterior de la casa, notaron cuatro perforaciones. Luego, al investigar la escena, la policía encontró casquillos de bala calibre 12 y de escopeta calibre 22. Angélica denunció el incidente con el Ministerio Público local.

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Perforaciones de bala en la pared de la casa de Angelica Choc. Foto James Rodriguez.

Angélica Choc, defensora de derechos humanos, ha enfrentado muchas amenazas y intimidaciones a lo largo del proceso, pero con sus abogados consideran este atentado como un mensaje claro que ocurr durante un momento clave en el juicio.

Siete años desde el asesinato de Adolfo Ich

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Conmemoración del asesinato de Adolfo Ich en septiembre 2016. Foto:ACOGUATE

El 27 de septiembre, día del séptimo aniversario del fallecimiento de Adolfo Ich Chaman, familiares y amigos se reunieron en su casa para conmemorar su vida. El líder comunitario fue asesinado en 2009 durante una fase de tensión del conflicto entre residentes y actores relacionados a la Mina Fénix en El Estor. Esa noche se acercó a una concentración en su comunidad La Unión de la municipalidad de El Estor y encontró un enfrentamiento entre manifestantes y la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Niquel (CGN). Al llegar varios hombres se acercaron y mataron Adolfo, macheteándolo y abriendo fuego a quemarropa.

Recientemente Angélica Choc denunció frente a la Naciones Unidas en Ginebra las irregularidades del proceso judicial en Puerto Barrios y las amenazas en su contra. Una figura reconocida en el ámbito internacional por sus casos canadienses y su liderazgo como defensora indígena de los derechos humanos, con su discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, hace un llamado al apoyo internacional de indígenas y defensores de derechos humanos en Guatemala.

Entre otros, Angélica se reunió con miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos.

“Espero que lo que estamos haciendo aquí sea una presión fuerte; sé que no va a ser bien visto por el Estado de Guatemala y por las ONG que apoyan a la empresa, y sé que estoy en riesgo al regresar; sin embargo, la lucha en defensa de nuestros derechos continúa hasta donde Dios me permita la vida.”

Angelica Choc, CERIGUA, 09.11.2016

Desalojos en Izabal

Diferentes problemáticas interesan el departamento de Izabal a causa de múltiples intereses de explotación de sus recursos: en el ultimo mes un desalojo de tres comunidades y 88 familias campesinas indígenas debido a la expansión de monocultivos. Este hecho tiene rasgos de reminiscencia de los acontecimientos que en la misma región condujeron al asesinato de Adolfo Ich. También en 2009, se utilizaron métodos de militarización en contra de comunidades maya q’eqchi’ en El Estor y Lote Ocho, desalojados forzadamente por la seguridad privada y oficiales armados para dejar el espacio a la Mina Fénix, según los relatos de los comunitarios. Cuando se desalojó Lote Ocho en 2007, se encontraban sólo mujeres en la comunidad y cuentan que ese día llegaron seguridad de la mina, policías y soldados quienes las violaron y las arrastraron de sus casas para después quemarlas.

Las controversias son constantes en el área, entre intereses empresariales y la posibilidad de los pueblos indígenas de acceder a la tierra y determinar su uso.

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Angelica Choc durante la conmemoración de Adolfo Ich. Foto:James Rodriguez

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Mina El Escobal: tres años después del estado de sitio

La rápida expansión de la industria extractiva en América Latina es un fenómeno que, en muchos lugares, ha generado conflictos sociales y ambientales. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales las actividades extractivas (en Guatemala) “se desarrollan en un contexto de conflicto social, falta de consenso, poca transparencia, escasa regulación ambiental y cuestionables beneficios fiscales y económicos”.

Uno de los casos más emblemáticos en Guatemala es la mina El Escobal en San Rafael Las Flores en el departamento Santa Rosa, donde se ha reportado criminalización, ataques físicos y asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos.

El pico del conflicto minero se tuvo en mayo 2013 cuando el gobierno, en ese entonces, declaró el estado de sitio en cuatro municipios. Después el panorama ha cambiado, no obstante, oponerse a la minería en Santa Rosa y Jalapa sigue siendo una tarea sumamente peligrosa. En este artículo presentamos una actualización sobre la situación alrededor del proyecto minero El Escobal, poniendo el foco en la situación de defensoras y defensores de derechos humanos afectados por la presencia de la mina.

La resistencia pacífica El Escobal

Tahoe Resources Inc. (Tahoe) adquirió el proyecto de plata El Escobal de Goldcorp en el año 2010. Mientras que la empresa exploró las posibilidades de extraer plata en el municipio San Rafael las Flores, se creó una resistencia pacífica en contra del proyecto, y otros proyectos de minería en la región. La resistencia quiere que se tomen en cuenta los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el territorio impactado, especialmente en cuanto a los nacimientos de agua en la región, y promueve el respeto de la articulación de los pueblos afectados por el proyecto a través de consultas.

Las consultas municipales realizadas, fueron impulsadas por la sociedad civil en Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Rosa de Lima y Mataquescuintla en los años 2011 y 2012. En promedio, más del 98 % de los votantes, se expresaron en contra de la minería. En San Rafael las Flores se llevaron a cabo nueve consultas comunitarias en las comunidades del municipio. En ocho comunidades el resultado de votos contrarios a la presencia de minería fue más que 97 %, en un solo caso, se dio un resultado a favor, se trata de una comunidad donde viven trabajadores de la empresa.

A pesar de las consultas realizadas, fue otorgada una licencia de explotación a Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe, el 3 de abril del 2013. Cuatro días después, la población de los municipios alrededor del proyecto decidió instalar un plantón fuera de las instalaciones de la mina como protesta en contra del proyecto.

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Aniversario de la consulta en Mataquesquintla. Foto:ACOGUATE

Los ataques contra la resistencia en ese entonces tomaron forma tanto de criminalización como ataques físicos. El 11 de abril del 2013 fueron aprehendidas 26 personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestar cerca de las instalaciones de la mina. Las acusaciones por parte de la policía en sus prevenciones policiales han sido cuestionadas, y ninguna de las personas detenidas fueron posteriormente condenadas por un delitos(1). El 27 de abril 2013 ocurrió un ataque armado contra los manifestantes, en el cual resultaron heridas siete personas. Posteriormente, las víctimas han emprendido denuncias contra el personal de la empresa de seguridad de la mina y se puso una denuncia en contra de Tahoe en Canadá, por el hecho.

La mina subterránea El Escobal es un proyecto minero de la minera canadiense Tahoe Resources que opera por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. Es la tercera mina de plata más grande en el mundo y se localiza en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa de la región sur-oriente, aproximadamente 40 km de la Ciudad de Guatemala. En 2015, la mina Escobal alcanzó una producción récord de 20.4 millones de onzas de plata en concentrado. La licencia de explotación fue otorgada el 3 de abril 2013 y contiene oro, plata, níquel, cromo, cobalto, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

Estado de sitio

El 2 de mayo 2013, el gobierno de Guatemala decretó estado de sitio (inicialmente por 30 días pero después de 8 días fue decretado estado de prevención) en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa(2). En el artículo 2, Justificación del decreto, se justificó el Estado de Sitio porque “han ocurrido una serie de hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios. Todos estos actos ponen en manifiesto peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”(3). El estado de sitio se concretizó con un despliegue de 8,500 oficiales incluyendo fuerza militar y se instalaron destacamentos militares en los cuatro municipios, entre los cuales en Mataquescuintla y en Casillas permanecen hasta la fecha. La decisión de declarar estado de sitio fue fuertemente criticada por varias organizaciones nacionales e internacionales(4)  y se argumentó la toma de decisión para “limpiar el camino para que la minería pudiera funcionar sin ser molestada por la resistencia contra la minería en la zona”.

Años después del estado sitio, permenecen varios procesos judiciales en contra de la empresa o personal de la empresa por violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Seguridad Privada

Sobre los acontecimientos mencionados el 27 de abril del 2013, es acusado el jefe de seguridad de la minera Alberto Rotondo Dall ́Orso, por haber ordenado a guardias de la empresa de seguridad privada de la Minera San Rafael que dispararan contra personas que estaban protestando frente a las instalaciones de la minera. El servicio de seguridad privada lo brindaba la Corporación Internacional de Seguridad, S.A. (Corinsa), hasta abril de 2013,con Alfa Uno, S.A. del grupo israelita Golan, S.A (la misma que brindaba seguridad privada a la minera de niquel CGN-Hudbay Minerals en El Estor, cuyo jefe Mynor Padilla es actualmente acusado por el asesinato de Adolfo Ich, esposo de Angelica Choc).

Rotondo fue ligado al proceso y en espera del inicio del juicio, aunque estaba bajo arresto domiciliario, logró fugar del país el 30 de noviembre 2015. Actualmente se encuentra en Perú, su país natal, y todavía no se sabe si se realizará su extradición.

Los procesos judiciales pendientes

Paralelamente con el caso contra Alberto Rotondo hay una demanda sobre los mismos hechos que se presentó contra Tahoe el 18 de junio 2014 ante la Corte Suprema de British Columbia en Canadá. Tahoe argumentó que a Guatemala, y no a Canadá, pertenece la jurisdicción apropiada para conocer el caso. El 9 de noviembre 2015 la Corte emitió resolución a favor de la empresa, explicando que las cortes en Canadá tienen jurisdicción para conocer juicios contra empresas canadienses que operan en el extranjero, pero dado que el sistema judicial en Guatemala funciona adecuadamente será más conveniente conocer el caso en Guatemala. Los querellantes apelaron la decisión. El hecho que el caso en Guatemala inició hace tres años y que Alberto Rotondo está prófugo podría influir en la apelación.

Otro proceso judicial en contra de la minera, es el caso por contaminación industrial del agua de una quebrada del río Los Esclavos, artería hídrica principal de Santa Rosa. Los hechos ocurrieron en 2012 y el acusado es Carlos Roberto Monzón Morales, por ser en la actualidad, gerente de la minera. Carlos Monzón está bajo arresto domiciliario desde mayo 2015, pero el juicio está estancado a causa de varios amparos interpuestos.

La resistencia también mantiene procesos abiertos sobre la licencia otorgada a Minera San Rafael. El 5 de octubre 2015, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de revisar la oposición administrativa presentada sobre la licencia, lo que efectivamente retrotrae el proceso hasta octubre del 2012 cuando el MEM negó escuchar la oposición.


En este panorama, los ataques que se han perpetrado en contra de la resistencia pacifica a la mina y a las defensoras y defensores de la vida y el territorio, han sido multiples y de varia naturaleza. ACOGUATE durante su labor de acompañamiento ha registrado cuanto sigue:

Criminalización

En 2015 ACOGUATE observó el debate oral y público contra Oscar Roderico Morales García, del Comité en Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, acusado por haber amenazado a Camilo Ernesto Medina Mazariegos, Gerente de Asuntos Externos de la Minera San Rafael. La estrategia de criminalización había sido utilizada contra Oscar Morales en varias ocasiones anteriores, pero esta denuncia fue la primera que llegó a un debate. El informe anual de 2014 de la Procuraduría de Derechos Humanos menciona las denuncias contra Oscar Morales como ejemplos de los tipos penales de los cuales son acusados los defensores y defensoras en el contexto de criminalización(5). Oscar Morales fue condenado en primera instancia el 3 de junio 2015 y el juez dicto seis meses de prisión, y a la vez, un perdón judicial, el cuál eliminó la condena a prisión. El 22 de septiembre del mismo año, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales. La sentencia indica de nuevo el utilizo de la estrategia de criminalización del líder comunitario. La sentencia fue apelada por el querellante Camilo Ernesto Medina Mazariegos, pero la siguiente fase del proceso todavía sigue no programada.

Durante el 2015, fue denunciado uno de los integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, Edwin Alexander Reynoso, por supuestas amenazas. La denuncia fue retractada diez días después de un ataque armado contra Alexander Reynoso y otras personas de la Sociedad Civil el 17 de octubre 2015.

Las detenciones de 26 personas en abril 2013, sin posterior condena alguna, son otro ejemplo de acciones legales tomadas en contra de las y los defensores de derechos humanos en la región. Durante el Estado de Sitio se giró 18 órdenes de captura contra miembros de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forman parte de la resistencia contra la mina. Todas las órdenes de captura fueron resueltos con falta de mérito, dos después que los acusados pasaron siete meses en detención. La cantidad de acusaciones que posteriormente han sido resueltas sin mérito en conjunto con denuncias repetidas contra los líderes de los movimientos, indica claramente que se está implementando una estrategia de criminalización de la resistencia en la región.

Ataques físicos

  • El 13 de abril 2014 fue atacada a balazos Merilyn Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años, una lideresa juvenil y miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, junto con su padre Edwin Alexander Reynoso, al salir de un palenque en Mataquescuintla. En la madrugada el 14 de abril Topacio Reynoso Pacheco, murió a causa de las heridas que obtuvo en el ataque. El hecho sigue impune.
  • Un domingo el 5 de abril en 2015 fue asesinado el señor Telésforo Odilio Pivaral González, agricultor de 33 años e integrante activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores. Pivaral González, que era originario de la aldea el Volcancito, fue asesinado en un camino rural de la aldea Las Nueces del mismo municipio con armas de fuegos por personas desconocidas. En un comunicado de la campaña “Defender la Vida es un Derecho: Somos Defensoras y Defensores” cuentan que “como miembro activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores, el señor Telésforo Pivaral había participado en las acciones de rechazo a la instalación y expansión de proyectos mineros en la región, apoyando las consultas municipales de vecinos y las acciones pacíficas que los comunitarios han emprendido ante las operaciones del proyecto minero El Escobal, de la transnacional Tahoe Resources, operado a través de Mina San Rafael.”
  • El 17 de octubre 2015 algunos integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forma parte de la resistencia contra minerías en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, estuvieron en un carro saliendo de una reunión en Mataquescuintla con el alcalde reelecto Hugo Loy, cuando de repente fueron disparados en una emboscada. Tres personas resultaron heridas, pero pudieron salir del hospital algunos días después. Uno de las personas quien fue disparado era Edwin Alexander Reynoso, un líder de la Sociedad Civil de Mataquescuintla padre de Topacio, ya anteriormente atacados. Uno de los antecedentes del atentado del 17 de octubre, fue que la Municipalidad de Mataquescuintla el viernes 9 de octubre publicó en el Diario de Centro América su reconocimiento de los resultados oficiales obtenidos de la consulta municipal en 2012, en la cual más del 98 por ciento rechazó la exploración y explotación minera en el municipio. En un artículo de Prensa Libre el alcalde Hugo Loy explicó porque no lo habían publicado antes:“No se quiso dar continuidad inmediatamente a los pasos que se establecían, debido a la persecución y criminalización que hizo el Gobierno en contra de habitantes y miembros de la Corporación Municipal, situación que ocasionó el estado de Sitio y de Excepción que vivimos. Ahora vemos que hay un proceso democrático que creemos que es menos represivo”, detalló Loy.
  • Menos que un mes después del segundo ataque contra Alexander Reynoso, el 14 de noviembre 2015, hubo otro ataque en Mataquescuintla. Los primos Adrián Juárez Pérez, de 20 años, y Áxel Juárez Donis, 26 años, fueron asesinados después de un ataque armado fuera del salón municipal donde habían estado en una fiesta. Según información de Prensa Libre el Ministerio Público había informado que una de las hipótesis sobre el crimen era que el ataque podría estar relacionado al hecho de que uno de las víctimas presenció el ataque contra Alexander Reynoso el mes anterior.
  • El 1 de julio 2016 fue atacado otro miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, a balazos en una emboscada en el camino a su hogar. Sus heridas fueron afortunadamente leves. El defensor de derechos humanos ha sido blanco de amenazas y vigilancia anteriormente.

Difamación

A finales del año 2015 apareció una página web llamada “Atentado Terrorista Mina San Rafael”. No hay información sobre los autores de la página, pero contiene difamación contra actores que promueven las consultas y el respeto de derechos humanos en el área.  La página pretende identificar los actores responsables por la conflictividad en la zona y nombra como tales: La iglesia católica, las ONG y los alcaldes municipales. Entre las acusaciones y alegaciones en la página contra estos actores se encuentra la de ser promotores de la conflictividad, divulgadores de desinformación sobre la mina, que interponen denuncias falsas de oposición a operaciones de la Mina San Rafael, de ser delincuentes y realizar acciones fuera de la ley,  y que tratan de enriquecerse con fondos de la cooperación internacional. La página también viola el derecho a la privacidad por el hecho de que divulga datos personales en mapeo y fotos de reuniones privadas. Es preocupante dada la situación de amenazas y ataques físicos que viven los miembros de la sociedad civil en la zona.

Amenazas

El 30 de noviembre 2015 el abogado director de CALAS (Centró de Acción Legal Social Ambiental de Guatemala), Rafael Maldonado, fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter. Rafael Maldonado había publicado un tweet donde hizo referencia a la fuga del ex gerente de seguridad de Minera San Rafael, Alberto Rotondo. En respuesta a su publicación alguien respondió “Se te acaba el tiempo, te aconsejo que huyas cerdo hdp. Guerra avisada no mata gente”. La amenaza no fue un caso aislado, en el mismo año ya se había reportado dos otros incidentes relacionados a su trabajo de litigio contra la Minera San Rafael.


Organizaciones exigen responsabilidad

En respuesta a la situación alrededor de la mina Escobal, la sociedad civil nacional e internacional ha realizado varias campañas para exigir responsabilidad tanto al gobierno de Guatemala como de otros países, y varías organizaciones han pedido que los accionistas vendan sus inversiones en Tahoe. El consejo de ética de los fondos de pensiones estatales de Noruega es uno de los actores que han escuchado los reclamos y en su informe anual de 2014 recomendaron la exclusión de Tahoe debido a un “inaceptable riesgo de la compañía en la contribución de serias violaciones a los derechos humanos”.  La mayor accionista de la empresa hasta el año pasado, era la empresa canadiense Goldcorp dueña del 40 % de las acciones de Tahoe pero vendió primero el 14 % de las acciones y posteriormente el resto en junio 2015. Según la compañía, la decisión de vender formaba parte de su estrategia financiera, pero algunas organizaciones argumentan que la razón principal era por temor de la crítica contra el proyecto minero El Escobal.

Situación preocupante de defensoras y defensores de derechos humanos

Sobre los ataques físicos contra defensoras y defensores de derechos humanos arriba descritos no ha habido ninguna condena para los autores materiales o intelectuales. ACOGUATE expresa preocupación por los hechos de suma gravedad como asesinatos, varios contra jóvenes menores de 26 años de edad, que siguen ocurriendo y queden impunes. Corresponde al Estado de Guatemala asegurar que las y los defensoras y defensores de derechos humanos dispongan de recursos eficaces y garantice la integridad física de los miembros de los movimientos pacíficos que laboran en favor del medio ambiente y del respeto a las consultas de la población sobre proyectos mineros.

Aparte de los ataques físicos, se nota la criminalización estratégica contra los miembros de la resistencia El Escobal. A pesar de las múltiples acusaciones, este artículo menciona sólo 46 de los numerosos casos, no hay ninguna condena correspondiente contra los miembros de la resistencia. La estrategia de criminalización es acompañada por difamación y amenazas contra la resistencia y organizaciones e instituciones que la apoya. ACOGUATE expresa preocupación por esta situación, y recuerda la obligación del Estado de garantizar la protección de toda persona frente a toda amenaza, represalia, presión, y cualquier acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

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Mural en Mataquesquintla. Foto: ACOGUATE


(1) MINERA SAN RAFAEL, S.A. -Proyecto Minero “El Escobal”, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala: Violación al estado de derecho, criminalización planificada de la demanda y protest social, persecución penal a defensores y defensoras de derechos humanos. Guatemala. Primera edición/CALAS. Guatemala 2014. P. 14 y 25-32.
(2) Estado de sitio – resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala (p.15)
(3) Decreto gubernativo número 06-2013 (Diario de Centro América, 2 de mayo 2013)
(4) Por ejemplo en el Informe de la tercera Misión Internacional 2015 (Act Alliance, CIDSE, CIFCA, FIAN, Vía Campesina, RelUITA) escriben lo siguiente “El caso de San Rafael Las Flores también ilustra el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza estatal durante el estado de sitio, que desplegó a 8,500 oficiales para controlar a lapoblación civil, incluyendo fuerza militar que según los estándares internacionales sólo debería ser desplegada en caso de conflicto armado internacional.”
(5) Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). INFORME ANUAL CIRCUNSTANCIADO (p. 135)
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El caso del asesinato del lider comuntario Adolfo Ich está llegando a una fase final

El caso que Angelica Choc, querellante en contra de Mynor Padilla, exjefe de Seguridad de la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), lleva por el asesinato de su esposo, el líder comunitario Adolfo Ich y por las lesiones graves causadas al comunitario German Chub, llega a una fase conclusiva en el tribunal de Puerto Barrios.

Un proceso, que hubiera tenido una sentencia en estas fechas, si no fuera atrasado.

En abril 2015, abrió el debate oral y publico por los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre 2009, cuando se verificaron una serie de agresiones y ataques, previamente anunciados a través de amenazas, contra las comunidades que viven cerca del proyecto Fenix, explotación minera de niquel. Agresiones con la intención de sacar las personas que viven en esas tierras. Desde el 8 de febrero de este año, el juicio se celebra a puertas cerradas. Según la jueza Ana Leticia Peña Ayala, la decisión fue tomada en primer lugar por la seguridad de Angelia Choc, algo con la cual la querellante no esta de acuerdo porque considera el carácter público de la audiencia como algo fundamental. Previamente a esta decisión, la querellante habia intentando recusar la jueza por actos de discriminación racial.

A este cuadro se añade uno de los últimos fallos del tribunal, que ha sido dar una protección extra al acusado Mynor Padilla. El acusado Padilla, quien guarda prisión preventiva después de haber sido prófugo de la justicia durante tres años, junto a sus tres abogados (Carlos Rafael Pellecer Lopez, Frank Manuel Trujillo Aldana, David Antonio Barrientos) expresó miedo por su seguridad, en cuanto declaró de haber recibido unas agresiones afuera del tribunal el 17 de mayo 2016. Las supuestas agresiones se refieren a las personas que estaban presentes por parte de la Delegación de Impunidad de la Minera pertenecientes a la organización canadiense RightsAction. Cuando el acusado entró en el edificio, había unas personas en un lado de la entrada, unos con cameras y otros con cuadernos, de repente Padilla mismo se alejó de la policía acercándose a las personas que estaban grabando. Estas fueron las supuestas agresiones y por esta razón la jueza decidió dar una protección extra con 8-9 policías para garantizar la seguridad del acusado.

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Una marcha para la memoria y para exigir justicia

El 30 de junio el centro histórico de Ciudad de Guatemala ofreció su espacio para la Marcha de la Memoria, celebrada el Día de los Héroes y Mártires, para conmemorar la dignidad de todas las personas que han sido víctima del conflicto armado interno. Actividades culturales y artísticas acompañaron este día: una obra de teatro sobre el tema de desaparición forzada y música en vivo por parte de varios artistas guatemaltecos.

Un desfile militar solía llevarse a cabo por las calles de la ciudad en esta fecha, luego suspendido y este año nuevamente anunciado por el presidente de la república. Varias organizaciones, entre la cual la Convergencia por los Derechos Humanos, expresaron su rechazo y preocupación frente a esta decisión, que finalmente fue revocada.

Memoria y dignidad

Según el informe de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico – CEH, la memoria histórica individual y colectiva es el fundamento de la identidad nacional.

Para construir memoria es importante dignificar a las víctimas ante la sociedad a través del reconocimiento de los hechos del pasado, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad del estado frente a las violaciones de derechos humanos que se han dado durante el conflicto armado interno, en particular las que son vinculadas con el ejército y con las fuerzas de seguridad del estado. Así mismo, es importante celebrar la memoria a través de diferentes actividades, como la construcción de monumentos y parques públicos a nivel regional, municipal y nacional, que se asignen nombres de víctimas a centros educativos, edificios y vías públicas; y que se cuente con un día dedicado a las víctimas como “Día nacional de la dignidad de las víctimas”, ahora fechado el 26 de febrero.

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La Marcha de la Memoria es otra forma de seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos, que siga la búsqueda de los desaparecidos, que la justicia avance restituyendo la dignidad y que se siga en la búsqueda del reconocimiento de la verdad.

“Hay que compartir la memoria histórica con los que están creciendo, que no se quede en papel. Que se enseñe a los jóvenes, recordando lo que pasó, por medio de la educación y los dibujos. Algunos no les gusta y dicen palabras en contra, dicen que son inventos, que se olvide lo que pasó y se conforman con un poco que les dan los ricos, pero se debe enseñar la verdad de lo que pasó” (1)

Las expectativas de las víctimas sobre la justicia transicional

Según un informe de Impunity Watch, para una justicia transicional, que aborde de manera integral los hechos del pasado, se debería atender con las expectativas de los sobrevivientes, que consideran fundamental el cumplimiento de los siguientes pasos:

  • Reconocimiento de la verdad. Las víctimas exigen que el Estado, particularmente el Ejército, reconozca públicamente la verdad de lo que pasó y asuma su responsabilidad en los hechos; mucha gente espera que el Estado reconozca que las personas desaparecidas y asesinadas eran inocentes y que se respeten los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por el terror de la guerra.

  • Encontrar a los desaparecidos. Miles de familias, principalmente las mujeres, anhelan encontrar a sus seres queridos vivos o muertos, quieren recuperar sus restos para enterrarlos dignamente según su religión y costumbre.

  • Reparación digna. Para muchas familias es importante recibir una indemnización económica y resarcimiento material para mitigar la pobreza que continúan viviendo, igualmente esperan medidas de reparación para dignificar la memoria de las víctimas y recuperar la identidad cultural.

  • Justicia. Muchas víctimas esperan que los responsables de los crímenes enfrenten la justicia, principalmente los altos mandos del Ejército o la guerrilla, y que los hechos no queden impunes. Esto servirá para sentar un precedente y evitar que en el futuro agentes del Estado o miembros de cualquier otro grupo cometan este tipo de atrocidades.

  • Dar a conocer la verdad. Para las víctimas es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó durante el conflicto armado, y que en las escuelas y los institutos se enseñe el contenido del informe de la CEH.

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Ríos de lucha

Entrevista a cinco presos políticos del norte de Huehuetenango

Un testimonio de Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Rigoberto Juárez y Sotero Adalberto Villatoro desde el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, Ciudad de Guatemala.

El norte de Huehuetenango

Por sus peculiares características, el territorio representa una de las regiones geo estratégicas a nivel nacional, especialmente apto a la explotación minera y a la producción eléctrica. La riqueza del subsuelo, la abundante presencia de fuentes de agua, así como las amplias extensiones de bosque, han atraído por décadas importantes intereses económico que han encausado, partícipe la cercanía con la frontera méxicana, la construcción de la Franja Transversal del Norte(1). El sector económico que en los últimos diez años ha protagonizado la avanzada empresarial en el territorio ha sido el de la generación hidroeléctrica, conducido por empresas nacionales y transnacionales cuyos proyectos se benefician en su mayoría de prestamos de instituciones financieras internacionales de desarrollo.

Desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango  – ADH–,  se iniciaron en el departamento procesos de consulta comunitaria de buena fe(2) en torno a la explotación de los recursos naturales, en conformidad con las prácticas ancestrales de toma de decisión colectiva y el marco legal internacional relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas(3). A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango han realizado procesos de consulta, ejercicio de democracia directa que ha puesto en evidencia el rechazo de la población a la explotación de los bienes naturales de su territorio.

Con respecto a la industria minera el registro catastral minero del Ministerio de Energía y Minas, reporta un total de 30 licencias de explotación vigentes en el Departamento de Huehuetenango5, de ellas tres se encuentran en la región Norte de este departamento. En cuanto a la industria hidroeléctrica existen en cambio 5 autorizaciones vigentes para proyectos mayores a 5MGW, todos ubicados en la región norte del departamento:

  • proyecto La Cascata (137MW) de la empresa italiana Enel Green Power Guatemala S.A., a ser desarrollado en el municipio de Soloma,
  • Hidroeléctrica San Luis (12.2MW) de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. en el municipio de Santa Eulalia.

Además de los 3 proyectos que conforman el conglomerado de producción hidroeléctrica previstos para la microregión de Ixquisis:

  • Pojom II (20MW) de la Generadora San Mateo,
  • San Andrés (10.8 MW) de la Generadora San Andrés, 
  • Pojom I (10.2MW) de la Generadora del Río, todas subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos (PDHSA).

Existen asimismo tres autorizaciones vigentes en el departamento de Huehuetenango para proyectos inferiores a 5MGW, entre ellos el proyecto Canbalám I, de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la española Hidralia, ubicado en el Municipio de Santa Cruz Barillas.

La resistencia comunitaria y la represión estatal

Frente a los procesos comunitarios de resistencia, cuyas expresiones más tenaces han surgido en los Municipios de Barillas, (Sociedad Civil de Barillas), Santa Eulalia (Movimiento Social de Santa Eulalia) y San Mateo Ixtatán (comunidades de la microregión de Ixquisis) las empresas que pretenden instalar sus proyectos en estos municipios respondieron con diferentes estrategias, ilegales y lesivas de los DDHH, entre ellas intentos de división inter e intra comunitaria, cooptación  de líderes, actos violentos perpetrados en su mayoría por agentes de seguridad privada contratados por las empresas como asesinatos(4), agresiones con armas de fuego, secuestros e intoxicación por gases lacrimógenos, amenazas e intimidaciones.
La respuesta estatal ante la conflictividad en la región, ha sido caracterizada por el amplio despliegue de fuerzas policiales y militares y la acción represiva. Se señala en este sentido, el estado de sitio impuesto por el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, a raíz de los hechos del 2 de Mayo de 2012, que tuvo una duración de 13 días, durante el cual, se realizaron 15 detenciones de líderes comunitarios por supuesta participación en los disturbios.

Particularmente desgastante para los movimientos ha resultado la estrategia de difamación e criminalización impulsada por las empresas y dirigida a perseguir penalmente a líderes y autoridades comunitarias. Ella se avale de la complicidad de  autoridades locales encargadas de administrar la seguridad y la justicia, y se manifiesta por medio de numerosas órdenes de captura respaldadas por denuncias que usan tipos y figuras legales amplias y ambiguas, la práctica de detenciones arbitrarias, ejecutada en algunas ocasiones por actores no estatales, el prolongamiento inmotivado de la prisión preventiva(5), la paralización de casos jurídicos, el aumento de denuncias en contra de defensoras y defensores en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellos interponen por ataques sufridos.

Actualmente, seis defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos del Norte de Huehuetenango, se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.

A partir de hoy, miércoles 6 de julio se estará llevando a cabo el debate ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, nivel 15, torre de tribunales.

 

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(1) Para profundizar ver “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte” de Luis Solano. CEDFOG, El Observador, 2012
(2) Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio. Sistematización de experiencias 2008-2009.”Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2010.
(3) Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Fecha de ratificación: 10 de abril de 1996. Decreto del Congreso de Guatemala número 9-96, del 5 de marzo de 1996.)
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(4) El 1 de Mayo de 2012 se registra en Santa Cruz Barillas el asesinato de Andrés Francisco Miguel, e intento de asesinato de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, líderes comunitarios barillenses, según reportan los comunitarios por parte de personal de seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz. El 16 de abril de 2013 fue encontrado el cadáver de Daniel Pedro Mateo, en Santa Eulalia, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. El 7 de Abril del mismo año había sido secuestrado tras su participación en la actividad de fundación de la Resistencia “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas.
(5) Se señala el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Santa Cruz Barillas, declarados inocentes el 28 de Octubre de 2015 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y liberados e 14 de Enero de 2016 tras mas de dos años en prisión preventiva.

 

 

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Se abre el debate en contra de los defensores del territorio del Norte de Huehuetenango

Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Juan Pablo y Ermitaño López de Barillas, así como Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez de Santa Eulalia, fueron capturados entre febrero y marzo de 2015 debido al papel que desempeñan en las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales del Norte de Huehuetenango. Los seis defensores de derechos humanos acompañados por Acoguate se encuentran encarcelados en prisión preventiva desde más de un año y empezarán el debate oral y público el 6 de julio 2016.

Las estrategias de criminalización

Las estrategias de criminalización empleadas por las instituciones del Estado con el fin de desestructurar los movimientos de resistencia se aprovechan de los desequilibrios de poder entre actores comunitarios y empresas e implican el uso indebido del derecho penal.

En el caso de los líderes de Barillas y Santa Eulalia, se hace patente la justificación de su encarcelamiento por ser personas comprometidas con la defensa del territorio. Las acusaciones por parte de las autoridades presentan un carácter vago e incoherente.

Entre las tácticas más usadas destaca la privación de libertad de los defensores, seguida por constantes retrasos en los procesos penales. En este marco se añade la regular ausencia de los querellantes que ofrece el pretexto para suspender las audiencias y aplazar constantemente el momento de la sentencia final. Las cifras son bastante elocuentes: sobre 34 audiencias previstas, 16 fueron anuladas por razón de incomparecencia1.

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Causas penales Nros 139-2013, 268-2014 y 109-2015 desde que el Juzgado de Mayor Riesgo A asumió los casos

Tortura social y psicológica de los presos y sus familiares

Es importante recordar que desde el principio del encarcelamiento, los líderes encarcelados y sus abogados defensores han denunciado muchas otras irregularidades, incumplimientos y abusos que afectan seriamente a los derechos humanos de los detenidos: resulta preocupante que en ciertas ocasiones, algunos de ellos hayan sido conducidos al tribunal sin que los abogados y las familias hayan sido informados previamente. Cabe recordar que el 24 de mayo de 2016, Rigoberto Juárez fue conducido desde la cárcel al palacio de justicia, en ausencia de sus abogados. Los encarcelados han expresado poca confianza hacia la institución penitenciaria y preocupación respecto a su seguridad personal. Uno de ellos declaró: “Nos pueden llevar a cualquier hora bajo cualquier argumento legal”. Otra táctica consiste en difundir rumores sobre la integridad física de los presos, en particular se verificó antes y durante la Caravana por la Dignidad llevada a cabo en el mes de abril. Si por ahora, queda difícil identificar a los autores intelectuales de tales hechos, sin embargo resulta clara la meta buscada: desestabilizar a las poblaciones comprometidas con la defensa del territorio.

Esta situación afecta severamente no sólo a los presos, sino también a sus familias y sus comunidades. Como expresado en el comunicado emitido por las familias de los presos, este tipo de irregularidades y amenazas genera un clima de inseguridad que conduce a los familiares a vivir permanentemente en el miedo de lo que podría pasar, padeciendo así una verdadera tortura psicológica. Últimamente los cinco defensores encarcelados en el Preventivo de la zona 18, han expresado otra preocupación respecto a la eminencia de cambios en la cárcel anunciada por el gobierno, a causa de la situación de saturación del sistema penitenciario agravada por los últimos casos de corrupción.

El caso de Ermitaño Lopez

Tendríamos que evocar asimismo la situación peculiar de Ermitaño López, el único de los defensores de derechos humanos ,que se encuentra encarcelado en el centro preventivo de Huehuetenango. Esta cárcel cuenta con condiciones de detención entre las más duras del país.

Desde el principio de su encarcelamiento, la dirección parece haber dificultado ciertas visitas: el 23 de junio de 2016, no se permitió al abogado de conversar con su cliente más de dos minutos, lo que constituye una grave violación a los derechos de los presos. Según el defensor, se trata de una táctica destinada a obstaculizar la comunicación con la gente y así, aislarlo del movimiento social. Asimismo, por haber intentado defender los derechos de otros presos oponiéndose a los malos tratos a los que estaban expuestos3, ha sido visado regularmente por amenazas e intimidación.

En cuanto al cotidiano en la cárcel, las repetidas reclamaciones de los presos y sus allegados buscan llamar la atención por los incumplimientos de la institución penitenciaria en materia de alimentación, así como en términos de salud y de condiciones sanitarias. Debido a las graves deficiencias que existen en este ámbito, los 6 defensores tuvieron que esperar un tiempo anormalmente largo y sufrir muchos obstáculos antes de recibir atención médica.

Reclamaciones y expectativas de los defensores

Frente a esta serie de abusos e incumplimientos, los defensores encarcelados no se cansan de protestar y reclamar por sus derechos. De forma repetida, han denunciado la colisión entre el sistema de justicia y los intereses de la oligarquía nacional. Así expresó Rigoberto Juárez : “La institucionalidad del Estado guatemalteco sigue funcionando para un grupito. Nosotros estamos exponiendo al mundo la injusticia que impera en este país.” Refiriéndose a los ataques que visan regularmente el trabajo realizado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, el mismo añadió: “No permiten la solidaridad por la paz, la llaman “injerencia”. En cambio, cuando se trata de defender los intereses del capital nacional y transnacional es otra cosa. La solidaridad entre ellos para violar los derechos de los pueblos, esta sí la permiten.” Seguir leyendo

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