El caso del asesinato del lider comuntario Adolfo Ich está llegando a una fase final

El caso que Angelica Choc, querellante en contra de Mynor Padilla, exjefe de Seguridad de la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), lleva por el asesinato de su esposo, el líder comunitario Adolfo Ich y por las lesiones graves causadas al comunitario German Chub, llega a una fase conclusiva en el tribunal de Puerto Barrios.

Un proceso, que hubiera tenido una sentencia en estas fechas, si no fuera atrasado.

En abril 2015, abrió el debate oral y publico por los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre 2009, cuando se verificaron una serie de agresiones y ataques, previamente anunciados a través de amenazas, contra las comunidades que viven cerca del proyecto Fenix, explotación minera de niquel. Agresiones con la intención de sacar las personas que viven en esas tierras. Desde el 8 de febrero de este año, el juicio se celebra a puertas cerradas. Según la jueza Ana Leticia Peña Ayala, la decisión fue tomada en primer lugar por la seguridad de Angelia Choc, algo con la cual la querellante no esta de acuerdo porque considera el carácter público de la audiencia como algo fundamental. Previamente a esta decisión, la querellante habia intentando recusar la jueza por actos de discriminación racial.

A este cuadro se añade uno de los últimos fallos del tribunal, que ha sido dar una protección extra al acusado Mynor Padilla. El acusado Padilla, quien guarda prisión preventiva después de haber sido prófugo de la justicia durante tres años, junto a sus tres abogados (Carlos Rafael Pellecer Lopez, Frank Manuel Trujillo Aldana, David Antonio Barrientos) expresó miedo por su seguridad, en cuanto declaró de haber recibido unas agresiones afuera del tribunal el 17 de mayo 2016. Las supuestas agresiones se refieren a las personas que estaban presentes por parte de la Delegación de Impunidad de la Minera pertenecientes a la organización canadiense RightsAction. Cuando el acusado entró en el edificio, había unas personas en un lado de la entrada, unos con cameras y otros con cuadernos, de repente Padilla mismo se alejó de la policía acercándose a las personas que estaban grabando. Estas fueron las supuestas agresiones y por esta razón la jueza decidió dar una protección extra con 8-9 policías para garantizar la seguridad del acusado.

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Una marcha para la memoria y para exigir justicia

El 30 de junio el centro histórico de Ciudad de Guatemala ofreció su espacio para la Marcha de la Memoria, celebrada el Día de los Héroes y Mártires, para conmemorar la dignidad de todas las personas que han sido víctima del conflicto armado interno. Actividades culturales y artísticas acompañaron este día: una obra de teatro sobre el tema de desaparición forzada y música en vivo por parte de varios artistas guatemaltecos.

Un desfile militar solía llevarse a cabo por las calles de la ciudad en esta fecha, luego suspendido y este año nuevamente anunciado por el presidente de la república. Varias organizaciones, entre la cual la Convergencia por los Derechos Humanos, expresaron su rechazo y preocupación frente a esta decisión, que finalmente fue revocada.

Memoria y dignidad

Según el informe de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico – CEH, la memoria histórica individual y colectiva es el fundamento de la identidad nacional.

Para construir memoria es importante dignificar a las víctimas ante la sociedad a través del reconocimiento de los hechos del pasado, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad del estado frente a las violaciones de derechos humanos que se han dado durante el conflicto armado interno, en particular las que son vinculadas con el ejército y con las fuerzas de seguridad del estado. Así mismo, es importante celebrar la memoria a través de diferentes actividades, como la construcción de monumentos y parques públicos a nivel regional, municipal y nacional, que se asignen nombres de víctimas a centros educativos, edificios y vías públicas; y que se cuente con un día dedicado a las víctimas como “Día nacional de la dignidad de las víctimas”, ahora fechado el 26 de febrero.

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La Marcha de la Memoria es otra forma de seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos, que siga la búsqueda de los desaparecidos, que la justicia avance restituyendo la dignidad y que se siga en la búsqueda del reconocimiento de la verdad.

“Hay que compartir la memoria histórica con los que están creciendo, que no se quede en papel. Que se enseñe a los jóvenes, recordando lo que pasó, por medio de la educación y los dibujos. Algunos no les gusta y dicen palabras en contra, dicen que son inventos, que se olvide lo que pasó y se conforman con un poco que les dan los ricos, pero se debe enseñar la verdad de lo que pasó” (1)

Las expectativas de las víctimas sobre la justicia transicional

Según un informe de Impunity Watch, para una justicia transicional, que aborde de manera integral los hechos del pasado, se debería atender con las expectativas de los sobrevivientes, que consideran fundamental el cumplimiento de los siguientes pasos:

  • Reconocimiento de la verdad. Las víctimas exigen que el Estado, particularmente el Ejército, reconozca públicamente la verdad de lo que pasó y asuma su responsabilidad en los hechos; mucha gente espera que el Estado reconozca que las personas desaparecidas y asesinadas eran inocentes y que se respeten los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por el terror de la guerra.

  • Encontrar a los desaparecidos. Miles de familias, principalmente las mujeres, anhelan encontrar a sus seres queridos vivos o muertos, quieren recuperar sus restos para enterrarlos dignamente según su religión y costumbre.

  • Reparación digna. Para muchas familias es importante recibir una indemnización económica y resarcimiento material para mitigar la pobreza que continúan viviendo, igualmente esperan medidas de reparación para dignificar la memoria de las víctimas y recuperar la identidad cultural.

  • Justicia. Muchas víctimas esperan que los responsables de los crímenes enfrenten la justicia, principalmente los altos mandos del Ejército o la guerrilla, y que los hechos no queden impunes. Esto servirá para sentar un precedente y evitar que en el futuro agentes del Estado o miembros de cualquier otro grupo cometan este tipo de atrocidades.

  • Dar a conocer la verdad. Para las víctimas es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó durante el conflicto armado, y que en las escuelas y los institutos se enseñe el contenido del informe de la CEH.

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Ríos de lucha

Entrevista a cinco presos políticos del norte de Huehuetenango

Un testimonio de Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Rigoberto Juárez y Sotero Adalberto Villatoro desde el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, Ciudad de Guatemala.

El norte de Huehuetenango

Por sus peculiares características, el territorio representa una de las regiones geo estratégicas a nivel nacional, especialmente apto a la explotación minera y a la producción eléctrica. La riqueza del subsuelo, la abundante presencia de fuentes de agua, así como las amplias extensiones de bosque, han atraído por décadas importantes intereses económico que han encausado, partícipe la cercanía con la frontera méxicana, la construcción de la Franja Transversal del Norte(1). El sector económico que en los últimos diez años ha protagonizado la avanzada empresarial en el territorio ha sido el de la generación hidroeléctrica, conducido por empresas nacionales y transnacionales cuyos proyectos se benefician en su mayoría de prestamos de instituciones financieras internacionales de desarrollo.

Desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango  – ADH–,  se iniciaron en el departamento procesos de consulta comunitaria de buena fe(2) en torno a la explotación de los recursos naturales, en conformidad con las prácticas ancestrales de toma de decisión colectiva y el marco legal internacional relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas(3). A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango han realizado procesos de consulta, ejercicio de democracia directa que ha puesto en evidencia el rechazo de la población a la explotación de los bienes naturales de su territorio.

Con respecto a la industria minera el registro catastral minero del Ministerio de Energía y Minas, reporta un total de 30 licencias de explotación vigentes en el Departamento de Huehuetenango5, de ellas tres se encuentran en la región Norte de este departamento. En cuanto a la industria hidroeléctrica existen en cambio 5 autorizaciones vigentes para proyectos mayores a 5MGW, todos ubicados en la región norte del departamento:

  • proyecto La Cascata (137MW) de la empresa italiana Enel Green Power Guatemala S.A., a ser desarrollado en el municipio de Soloma,
  • Hidroeléctrica San Luis (12.2MW) de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. en el municipio de Santa Eulalia.

Además de los 3 proyectos que conforman el conglomerado de producción hidroeléctrica previstos para la microregión de Ixquisis:

  • Pojom II (20MW) de la Generadora San Mateo,
  • San Andrés (10.8 MW) de la Generadora San Andrés, 
  • Pojom I (10.2MW) de la Generadora del Río, todas subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos (PDHSA).

Existen asimismo tres autorizaciones vigentes en el departamento de Huehuetenango para proyectos inferiores a 5MGW, entre ellos el proyecto Canbalám I, de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la española Hidralia, ubicado en el Municipio de Santa Cruz Barillas.

La resistencia comunitaria y la represión estatal

Frente a los procesos comunitarios de resistencia, cuyas expresiones más tenaces han surgido en los Municipios de Barillas, (Sociedad Civil de Barillas), Santa Eulalia (Movimiento Social de Santa Eulalia) y San Mateo Ixtatán (comunidades de la microregión de Ixquisis) las empresas que pretenden instalar sus proyectos en estos municipios respondieron con diferentes estrategias, ilegales y lesivas de los DDHH, entre ellas intentos de división inter e intra comunitaria, cooptación  de líderes, actos violentos perpetrados en su mayoría por agentes de seguridad privada contratados por las empresas como asesinatos(4), agresiones con armas de fuego, secuestros e intoxicación por gases lacrimógenos, amenazas e intimidaciones.
La respuesta estatal ante la conflictividad en la región, ha sido caracterizada por el amplio despliegue de fuerzas policiales y militares y la acción represiva. Se señala en este sentido, el estado de sitio impuesto por el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, a raíz de los hechos del 2 de Mayo de 2012, que tuvo una duración de 13 días, durante el cual, se realizaron 15 detenciones de líderes comunitarios por supuesta participación en los disturbios.

Particularmente desgastante para los movimientos ha resultado la estrategia de difamación e criminalización impulsada por las empresas y dirigida a perseguir penalmente a líderes y autoridades comunitarias. Ella se avale de la complicidad de  autoridades locales encargadas de administrar la seguridad y la justicia, y se manifiesta por medio de numerosas órdenes de captura respaldadas por denuncias que usan tipos y figuras legales amplias y ambiguas, la práctica de detenciones arbitrarias, ejecutada en algunas ocasiones por actores no estatales, el prolongamiento inmotivado de la prisión preventiva(5), la paralización de casos jurídicos, el aumento de denuncias en contra de defensoras y defensores en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellos interponen por ataques sufridos.

Actualmente, seis defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos del Norte de Huehuetenango, se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.

A partir de hoy, miércoles 6 de julio se estará llevando a cabo el debate ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, nivel 15, torre de tribunales.

 

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(1) Para profundizar ver “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte” de Luis Solano. CEDFOG, El Observador, 2012
(2) Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio. Sistematización de experiencias 2008-2009.”Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2010.
(3) Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Fecha de ratificación: 10 de abril de 1996. Decreto del Congreso de Guatemala número 9-96, del 5 de marzo de 1996.)
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(4) El 1 de Mayo de 2012 se registra en Santa Cruz Barillas el asesinato de Andrés Francisco Miguel, e intento de asesinato de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, líderes comunitarios barillenses, según reportan los comunitarios por parte de personal de seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz. El 16 de abril de 2013 fue encontrado el cadáver de Daniel Pedro Mateo, en Santa Eulalia, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. El 7 de Abril del mismo año había sido secuestrado tras su participación en la actividad de fundación de la Resistencia “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas.
(5) Se señala el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Santa Cruz Barillas, declarados inocentes el 28 de Octubre de 2015 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y liberados e 14 de Enero de 2016 tras mas de dos años en prisión preventiva.

 

 

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Se abre el debate en contra de los defensores del territorio del Norte de Huehuetenango

Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Juan Pablo y Ermitaño López de Barillas, así como Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez de Santa Eulalia, fueron capturados entre febrero y marzo de 2015 debido al papel que desempeñan en las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales del Norte de Huehuetenango. Los seis defensores de derechos humanos acompañados por Acoguate se encuentran encarcelados en prisión preventiva desde más de un año y empezarán el debate oral y público el 6 de julio 2016.

Las estrategias de criminalización

Las estrategias de criminalización empleadas por las instituciones del Estado con el fin de desestructurar los movimientos de resistencia se aprovechan de los desequilibrios de poder entre actores comunitarios y empresas e implican el uso indebido del derecho penal.

En el caso de los líderes de Barillas y Santa Eulalia, se hace patente la justificación de su encarcelamiento por ser personas comprometidas con la defensa del territorio. Las acusaciones por parte de las autoridades presentan un carácter vago e incoherente.

Entre las tácticas más usadas destaca la privación de libertad de los defensores, seguida por constantes retrasos en los procesos penales. En este marco se añade la regular ausencia de los querellantes que ofrece el pretexto para suspender las audiencias y aplazar constantemente el momento de la sentencia final. Las cifras son bastante elocuentes: sobre 34 audiencias previstas, 16 fueron anuladas por razón de incomparecencia1.

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Causas penales Nros 139-2013, 268-2014 y 109-2015 desde que el Juzgado de Mayor Riesgo A asumió los casos

Tortura social y psicológica de los presos y sus familiares

Es importante recordar que desde el principio del encarcelamiento, los líderes encarcelados y sus abogados defensores han denunciado muchas otras irregularidades, incumplimientos y abusos que afectan seriamente a los derechos humanos de los detenidos: resulta preocupante que en ciertas ocasiones, algunos de ellos hayan sido conducidos al tribunal sin que los abogados y las familias hayan sido informados previamente. Cabe recordar que el 24 de mayo de 2016, Rigoberto Juárez fue conducido desde la cárcel al palacio de justicia, en ausencia de sus abogados. Los encarcelados han expresado poca confianza hacia la institución penitenciaria y preocupación respecto a su seguridad personal. Uno de ellos declaró: “Nos pueden llevar a cualquier hora bajo cualquier argumento legal”. Otra táctica consiste en difundir rumores sobre la integridad física de los presos, en particular se verificó antes y durante la Caravana por la Dignidad llevada a cabo en el mes de abril. Si por ahora, queda difícil identificar a los autores intelectuales de tales hechos, sin embargo resulta clara la meta buscada: desestabilizar a las poblaciones comprometidas con la defensa del territorio.

Esta situación afecta severamente no sólo a los presos, sino también a sus familias y sus comunidades. Como expresado en el comunicado emitido por las familias de los presos, este tipo de irregularidades y amenazas genera un clima de inseguridad que conduce a los familiares a vivir permanentemente en el miedo de lo que podría pasar, padeciendo así una verdadera tortura psicológica. Últimamente los cinco defensores encarcelados en el Preventivo de la zona 18, han expresado otra preocupación respecto a la eminencia de cambios en la cárcel anunciada por el gobierno, a causa de la situación de saturación del sistema penitenciario agravada por los últimos casos de corrupción.

El caso de Ermitaño Lopez

Tendríamos que evocar asimismo la situación peculiar de Ermitaño López, el único de los defensores de derechos humanos ,que se encuentra encarcelado en el centro preventivo de Huehuetenango. Esta cárcel cuenta con condiciones de detención entre las más duras del país.

Desde el principio de su encarcelamiento, la dirección parece haber dificultado ciertas visitas: el 23 de junio de 2016, no se permitió al abogado de conversar con su cliente más de dos minutos, lo que constituye una grave violación a los derechos de los presos. Según el defensor, se trata de una táctica destinada a obstaculizar la comunicación con la gente y así, aislarlo del movimiento social. Asimismo, por haber intentado defender los derechos de otros presos oponiéndose a los malos tratos a los que estaban expuestos3, ha sido visado regularmente por amenazas e intimidación.

En cuanto al cotidiano en la cárcel, las repetidas reclamaciones de los presos y sus allegados buscan llamar la atención por los incumplimientos de la institución penitenciaria en materia de alimentación, así como en términos de salud y de condiciones sanitarias. Debido a las graves deficiencias que existen en este ámbito, los 6 defensores tuvieron que esperar un tiempo anormalmente largo y sufrir muchos obstáculos antes de recibir atención médica.

Reclamaciones y expectativas de los defensores

Frente a esta serie de abusos e incumplimientos, los defensores encarcelados no se cansan de protestar y reclamar por sus derechos. De forma repetida, han denunciado la colisión entre el sistema de justicia y los intereses de la oligarquía nacional. Así expresó Rigoberto Juárez : “La institucionalidad del Estado guatemalteco sigue funcionando para un grupito. Nosotros estamos exponiendo al mundo la injusticia que impera en este país.” Refiriéndose a los ataques que visan regularmente el trabajo realizado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, el mismo añadió: “No permiten la solidaridad por la paz, la llaman “injerencia”. En cambio, cuando se trata de defender los intereses del capital nacional y transnacional es otra cosa. La solidaridad entre ellos para violar los derechos de los pueblos, esta sí la permiten.” Seguir leyendo

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En Tzalbal sigue la lucha para la restitución de la tierra nacionalizada durante el conflicto armado interno

Las tierras de Tzalbal que pertenecían al ejido municipal de Nebaj hasta 1984, fueron nacionalizadas en medio del conflicto armado, en ausencia de la población desplazada por culpa de la represión. Fue hasta en el año 2011 que las comunidades afectadas, retornadas a sus tierras de origen, aprendieron por parte del Fondo de Tierras que vivían “de prestado”, en tierras que ahora pertenecen a la nación. Desde entonces, las comunidades se organizaron para exigir la restitución inmediata y sin condición de sus tierras al ejido municipal. Hasta noviembre 2013, no habían recibido una respuesta concreta por parte del Estado.

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   Entre el 2013 y el día de hoy, la lucha de las comunidades de Tzalbal, en el mucipio de Nebaj, Quiché, conoció varios momentos de esperanza, decepción y re-orientación, que exponemos en este artículo.

Fracaso del dialogo con el gobierno de Otto Pérez Molina

Cuando aprendieron, en mayo de 2011, que las tierras en las cuales habían vivido, fueron nacionalizadas durante el conflicto armado, las 12 comunidades de Tzalbal afectadas (unas 15000 personas) empezaron a organizarse con el fin de exigir la restitución inmediata de sus tierras. Esta petición fue apoyada por la alcaldía municipal de Nebaj(1). Los comunitarios buscaron en primer lugar, comprobar la declaración del Fondo de Tierras. Un estudio registral realizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) confirmó que el estado guatemalteco se adueñó de las tierras por cesión a titulo gratuito que le hizo la municipalidad de Nebaj en 1984(2). Sin embargo, el titulo de cesión de tierra tenía un defecto jurídico: las tierras en cuestión pertenecían al ejido municipal de Nebaj lo cual significa que estaban a nombre de la municipalidad y los vecinos. La cesión no contó con el aval de estos últimos, a pesar de que eran co-propietarios, por tal razón, las comunidades asesoradas jurídicamente por la CIJ, decidieron interponer un reclamo administrativo.
Las comunidades de Tzalbal emprendieron “un largo camino de diálogo con las instituciones del gobierno de Otto Pérez Molina”(3), durante la cual tuvieron encuentros con la Secretaria de Asuntos Agrarios, los Bienes de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, la Procuradoría General de la Nación, la Escribanía del Gobierno, el Registro General de la Propiedad, el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango y el Fondo de Tierras. El objetivo era de lograr la restitución de las tierras al ejido municipal a través de un acuerdo gubernativo.

A pesar de que se había llegado a un acuerdo, el día en que los representantes de las comunidades y los abogados llegaron a recibir este, las mismas autoridades les informaron que “había un problema y que el Presidente no podía firmar el acuerdo gubernativo”. El Fondo de Tierras alegó que las comunidades no estaban dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ley de Transformación Agraria y la ley del Fondo de Tierras y además que no existía una ley que permitiera la restitución. Según Ramón Cadenas, director de la CIJ para Centroamérica, “deshonraron un acuerdo que ya habían hecho con las comunidades y por lo tanto toda la negociación se terminó”(4) en julio 2014. Las comunidades denuncian hasta hoy la “falta de voluntad política” del gobierno de Otto Pérez Molina que “no sólo impidió la restitución de [sus] tierras usurpadas por el Estado durante la guerra sino que también dio continuidad a la injusticia y a la impunidad”.

Dos caminos posibles para el 2016

La vía judicial: Frente al cierre de la vía administrativa, las comunidades fueron conducidas a pensar en acudir a la vía judicial. Esta posibilidad, que consiste en depositar un recurso de amparo, anteriormente había sido descartada por ser más larga y porque se consideraba que existían pruebas suficientes para obtener la restitución de las tierras por la vía administrativa. Sin embargo, en julio de 2015, las comunidades consensuaron que sólo les quedaba esta solución y se decidió que, con el apoyo legal de la CIJ, iban a preparar el recurso de amparo, preparación todavía en curso a la fecha de hoy.
La vía administrativa: Sin embargo, con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina el 3 de septiembre de 2015 y la toma de posesión del nuevo Presidente Jimmy Morales en enero 2016, un puerta se abrió para las comunidades de Tzalbal. Ellas escucharon la promesa del nuevo gobierno de “ser un gobierno transparente”, “de luchar frontalmente contra la impunidad” y de ayudar a las comunidades. Están ahora usando este argumento para pedir al actual gobierno una respuesta que no obtuvieron con Otto Pérez Molina.

En este contexto, el 18 de abril de 2016 las comunidades convocaron a una marcha en Nebaj con el propósito de:

“exig[ir] al nuevo gobierno del presidente Jimmy Morales, delante de la comunidad nacional, internacional y los organismos de derechos humanos que están acompañando el proceso, la restitución inmediata y sin ningún tipo de condiciones de las tierras nacionalizadas”

Carta Abierta de las comunidades de Tzalbal, Abril 2016

Los participantes, procedentes de las 12 comunidades interesadas, marcharon primero hasta la oficina del Fondo de Tierras. Allí, entregaron a los funcionarios una carta abierta que resume toda la historia de su lucha y su demanda única y clara: la restitución de sus tierras.

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Carta abierta de las comunidades de Tzalbal, Abril 2016

La marcha siguió  hasta el parque central de la cabecera donde representantes de las comunidades hicieron conocer a la población de Nebaj su demanda.Tanto Pedro Raymundo Cobo, alcalde municipal, como Miguel de Léon Ceto, alcalde indígena, apoyaron esta demanda con sus discursos en el acto de cierre hablando respectivamente de “abuso” y de “robo” y recordaron que la lucha de las 12 comunidades de Tzalbal es la lucha de todo el pueblo de Nebaj, ya que la nacionalización afectó al ejido municipal. Un grupo de jóvenes nebajenses también subió al escenario para expresar su preocupación.

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Marcha de las comunidades de Tzalbal, 18 abril 2016

Del conflicto armado a los megaproyectos

La situación actual de las comunidades de Tzalbal tiene su raíz en el conflicto armado e invita a tener una mirada más amplia de las consecuencias y de las causas del conflicto armado interno.

La marcha organizada para el 18 de abril, tuvo lugar el día anterior a que llegara el Tribunal de Mayor Riesgo B a Nebaj para escuchar testigas y testigos en el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“Los militares robaron las tierras de Tzalbal porque pensaban que íbamos a morir o ser sus mozos. Se confundieron porque los ixiles estamos vivos. Eso es el genocidio. Pero no morimos. Ahora dicen que no hubo genocidio pero entonces por qué robaron la tierra. Vinieron a matar, asesinar y robar nuestras tierras. Mataron a nuestros hijos, quemaron las casas, robaron la tierra. Si alguien dice que no es verdad es que no estaba aquí. Los que vivimos la guerra aquí estamos. Pensemos en nuestros hijos”(5)

Miguel de León Ceto, alcalde indígena

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    La lucha de los que marcharon el 18 de abril en Nebaj se enmarca en una larga historia. Sus abuelas y abuelos lucharon para la registración de la tierra en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango en 1903. En la época del conflicto armado, fueron despojados mientras huyeron de la violencia. Hoy en día, se enfrentan al “Fondo de Tierra y un gran numero de empresas que se encuentran re-ordenando con sus mega-proyectos sus propias tierras y sus propios territorios”. Lo que piden es la “Justicia ya” que para ellos significa “paz, tranquilidad y desarrollo”(6) verdadero de las comunidades.

ACOGUATE acompaña el colectivo Resistencia de los Pueblos y observó la marcha de Tzalbal el 18 abril 2016.


(1) Acuerdo Municipal número 042-2012, con fecha 12 de julio de 2012.
(2) Informe Consultoría Estudio registral sobre ejidos municipales del Departamento de El Quiché, Comisión Internacional de Juristas, Marzo de 2012.
(3) Carta abierta de las Comunidades de Tzalbal del Municipio de Nebaj, Abril 2016.
(4) Entrevista a Ramón Cadenas.
(5) Discurso de Miguel de León Ceto, el 18 de abril de 2016.
(6) Discurso de un representante de las comunidades de Tzalbal, el 18 de abril de 2016.

 

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Sentencia por genocidio: entre memoria y olvido

A tres años de la sentencia por genocidio maya ixil, emitida el 10 de mayo 2013, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) convocaron para la celebración de su conmemoración, el viernes 13 de mayo. Una sentencia, que sigue vigente para los querellantes y las personas que en ella han encontrado justicia, a pesar de haber sido anulada y de los amparos interpuestos que ralentizan el avance de un nuevo juicio.

La conmemoración, se llevó a cabo en la casa de la memoria en presencia de la sociedad civil y de los socios de la AJR, un espacio que dejó la palabra a la expresión artística a través de la música y poesía. Se recordó cuanto lo sufrido haya sido el motor de la búsqueda de justicia y la necesidad de sentar memoria para que las nuevas generaciones no tengan que enfrentar la misma situación, para que todas y todos puedan heredar la paz.

Una vez mas, la voluntad de que esta sentencia no caiga en el olvido, sigue firmemente: el camino ha sido largo y difícil, así como de suma importancia para todos los sobrevivientes.

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El día antes de la conmemoración, la Sala primera de apelaciones del Tribunal de Mayor Riesgo B, dio lugar al amparo provisional otorgado el 4 de mayo 2016, que ordena la separación del juicio para los sindicados: por un lado habrá un juicio con procedimiento especial, que respete las medidas de seguridad, en contra del ex militar y jefe de estado Efraín Rios Montt. Se llevará a cabo a puertas cerradas por no encontrarse en sus plenas facultades mentales y volitivas. Por otro lado, un juicio ordinario y publico en contra del ex jefe de la inteligencia militar Mauricio Rodriguez Sanchez. El recurso interpuesto anula el amparo otorgado el 25 de agosto 2015, cuando se decidió de proceder con un juicio conjunto y especial, sin la presencia de prensa y observadores, solo de las víctimas. Ambos sindicados son imputados de delitos por genocidio y deberes contra la humanidad.

Se explicó al Tribunal que, celebrar dos juicios juntos  (uno por medidas de seguridad y el otro de manera ordinaria) siendo distintas su naturaleza, violenta las garantías constitucionales de las víctimas. Así como lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República, 356 del Código Procesal Penal, y el 63 de la Ley del Organismo Judicial,  cometiéndose un grave error al juzgar, a ambos acusados, con las reglas de un juicio por medidas de seguridad, a puerta cerrada y sin presencia de medios de comunicación, ya  que en el caso del juicio ordinario contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, tanto las víctimas del genocidio como la sociedad guatemalteca  y la humanidad, tienen derecho a presenciar el debate oral y público.

Comunicado CALDH-AJR, 04 de mayo 2016

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Durante la vista publica los abogados de CALDH y de AJR, quienes interpusieron dicho recurso, subrayaron la importancia hacia el respeto del principio de publicidad en el debate publico y oral, en particular por la tipología de los delitos juzgados “pluriofensivo y de trascendencia internacional (….) que lesionan los valores de la humanidad”. De tal manera “la divulgación de la verdad permite el fortalecimiento de la democracia”.

Ahora el juicio queda suspendido por la segunda vez, después que el Tribunal decidió de mover a Nebaj tres días de juicio para poder escuchar nuevamente los testigos que por razones de edad y salud tienen dificultades en viajar hasta la capital. Testigas y testigos que ofrecieron nuevamente su testimonio “para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí”.

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 ACOGUATE acompaña la AJR desde el año 2000 y observa el proceso por genocidio.

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CREOMPAZ: un paso más hacia la justicia

Una etapa importante, en el caso Creompaz, comienza el 3 de mayo de 2016: la fase intermedia a cargo del tribunal de Mayor Riesgo A que decidirá los sindicados que irán a debate oral y público.

Las preocupaciones para la seguridad de los querellantes, testigos y fiscales son grandes, así como el temor que no se lleve a cabo el juicio en conformidad con las garantías internacionales respecto al proceso judicial. Desde principios del presente año, se han registrado múltiples actos en contra de los querellantes y las organizaciones que apoyan, como intimidación, vigilancia, difamaciones.

ACOGUATE brinda acompañamiento internacional por solicitud de las organizaciones querellantes y observa las audiencias.1

Los delitos imputados a los acusados, que actualmente se están investigando, resultaron cometidos en la zona militar 21 de Cobán entre los años 1978 y 1986. Actualmente se está tratando de esclarecer la función que cumplió dicha zona, pues según la imputación del Ministerio Público, se supone que se trató de un centro de detención y de ejecución clandestino. Los delitos por los cuales son acusados los 12 ex-militares capturados, están relacionados con desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad (tortura, violencia sexual, destrucción de las comunidades, etc.)

Después de las órdenes de captura que se ejecutaron el 6 de enero de 2016, se encuentran en prisión preventiva 11 de los 14 ex-militares imputados en el caso. El 3 de mayo, la jueza, tras la solicitud del MP resolvió en sobreseimento el proceso a favor de Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López, por falta de mérito en cuanto no se dispone al momento de suficientes pruebas. Luis Alberto Paredes Nájera que no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal, según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- se quedará en la cárcel militar en espera de futuros peritajes.

Por primera vez en investigaciones de los abusos del pasado, ha sido identificada una cadena de mando completa involucrada en desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad, desde los supuestos perpetradores hasta los instigadores de estos crímenes”

Comunicado OACHNUD Ginebra

Una de las denuncias de los querellantes adhesivos está relacionada con Édgar Justino Ovalle Maldonado, que figura entre los fundadores del FCN (Frente de Convergencia Nacional), actual partido del gobierno en el poder) e integrante del ejército que desempeñó su cargo en la base militar de CREOMPAZ en los años de los hechos que se están denunciando. El 27 de enero, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución rechazando la solicitud de suspensión del antejuicio en contra del Diputado con el argumento de insuficiencia de pruebas con los hechos relacionados. Por su parte, los querellantes presentaron un amparo frente a la Corte de Constitucionalidad que todavía no ha sido resuelto. Esta práctica, también conocida durante el caso de José Efraín Rios Montt durante su época política, favorece el no cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con los crímenes de guerra y un clima de impunidad.

Los hechos

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) accedió a la base de CREOMPAZ con la fiscalía de Derechos Humanos después de recibir una serie de testimonios claves que permitieron el descubrimiento del lugar. Hasta la fecha, se ha excavado en 14 sitios, y se han recuperado 535 osamentas humanas, lo que supone un caso único a nivel latinoamericano, ya que se ha encontrado la cantidad de osamentas más alta dentro de una zona militar. Muchas de estas osamentas pertenecen a personas desaparecidas de distintas comunidades de los municipios de Alta y Baja Verapaz.

La posibilidad de que los restos de los desaparecidos sean devueltos a sus familiares, da también gran esperanza a quienes todavía están buscando a sus seres queridos en las zonas de Alta y Baja Verapaz. Hasta el 27 de abril del presente año, resultaron identificadas 32 personas a través de pruebas de ADN. Por otro lado, la fiscalía ha recibido 128 peritajes de identificación genética. El cadáver de un menor de tres años encarna la víctima más joven encontrada en las fosas, junto a mujeres y ancianos también exhumados.

Igualmente, se pudo relacionar la masacre de Pambach con la zona militar 21. El 2 de junio de 1982, 200 soldados del ejército guatemalteco llegaron a la comunidad de Pambach, Alta Verapaz, de donde se llevaron 80 hombres con el mandato de que tenían que cumplir su servicio militar. Múltiples violaciones sexuales en contra de las mujeres fueron también denunciadas, ocurridas en esta fecha. Los hombres nunca volvieron a sus casas, sin embargo, un sobreviviente de esta masacre pudo escapar de la matanza y es un testigo clave en la explicación de los hechos.

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Creditos: Sandra Sebastiàn-Plaza Pública

Los cargos y los años que estuvieron en la zona militar 21 los militares capturados, fueron diferentes para cada uno, así por ejemplo, Benedicto Lucas García era el Jefe del Estado Mayor cuando los delitos fueron cometidos en la base militar ahora llamada CREOMPAZ. También hay comandantes, oficiales y encargados de diferentes temas como inteligencia, operaciones y logística, no obstante, el caso representa la captura mas importante en la historia del país debido al número de acusados y a la importancia de los mandos que representaron estos militares.


1 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidosArticulo 9
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.
3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:
b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables.

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