Mina El Escobal: tres años después del estado de sitio

La rápida expansión de la industria extractiva en América Latina es un fenómeno que, en muchos lugares, ha generado conflictos sociales y ambientales. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales las actividades extractivas (en Guatemala) “se desarrollan en un contexto de conflicto social, falta de consenso, poca transparencia, escasa regulación ambiental y cuestionables beneficios fiscales y económicos”.

Uno de los casos más emblemáticos en Guatemala es la mina El Escobal en San Rafael Las Flores en el departamento Santa Rosa, donde se ha reportado criminalización, ataques físicos y asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos.

El pico del conflicto minero se tuvo en mayo 2013 cuando el gobierno, en ese entonces, declaró el estado de sitio en cuatro municipios. Después el panorama ha cambiado, no obstante, oponerse a la minería en Santa Rosa y Jalapa sigue siendo una tarea sumamente peligrosa. En este artículo presentamos una actualización sobre la situación alrededor del proyecto minero El Escobal, poniendo el foco en la situación de defensoras y defensores de derechos humanos afectados por la presencia de la mina.

La resistencia pacífica El Escobal

Tahoe Resources Inc. (Tahoe) adquirió el proyecto de plata El Escobal de Goldcorp en el año 2010. Mientras que la empresa exploró las posibilidades de extraer plata en el municipio San Rafael las Flores, se creó una resistencia pacífica en contra del proyecto, y otros proyectos de minería en la región. La resistencia quiere que se tomen en cuenta los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el territorio impactado, especialmente en cuanto a los nacimientos de agua en la región, y promueve el respeto de la articulación de los pueblos afectados por el proyecto a través de consultas.

Las consultas municipales realizadas, fueron impulsadas por la sociedad civil en Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Rosa de Lima y Mataquescuintla en los años 2011 y 2012. En promedio, más del 98 % de los votantes, se expresaron en contra de la minería. En San Rafael las Flores se llevaron a cabo nueve consultas comunitarias en las comunidades del municipio. En ocho comunidades el resultado de votos contrarios a la presencia de minería fue más que 97 %, en un solo caso, se dio un resultado a favor, se trata de una comunidad donde viven trabajadores de la empresa.

A pesar de las consultas realizadas, fue otorgada una licencia de explotación a Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe, el 3 de abril del 2013. Cuatro días después, la población de los municipios alrededor del proyecto decidió instalar un plantón fuera de las instalaciones de la mina como protesta en contra del proyecto.

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Aniversario de la consulta en Mataquesquintla. Foto:ACOGUATE

Los ataques contra la resistencia en ese entonces tomaron forma tanto de criminalización como ataques físicos. El 11 de abril del 2013 fueron aprehendidas 26 personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestar cerca de las instalaciones de la mina. Las acusaciones por parte de la policía en sus prevenciones policiales han sido cuestionadas, y ninguna de las personas detenidas fueron posteriormente condenadas por un delitos(1). El 27 de abril 2013 ocurrió un ataque armado contra los manifestantes, en el cual resultaron heridas siete personas. Posteriormente, las víctimas han emprendido denuncias contra el personal de la empresa de seguridad de la mina y se puso una denuncia en contra de Tahoe en Canadá, por el hecho.

La mina subterránea El Escobal es un proyecto minero de la minera canadiense Tahoe Resources que opera por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. Es la tercera mina de plata más grande en el mundo y se localiza en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa de la región sur-oriente, aproximadamente 40 km de la Ciudad de Guatemala. En 2015, la mina Escobal alcanzó una producción récord de 20.4 millones de onzas de plata en concentrado. La licencia de explotación fue otorgada el 3 de abril 2013 y contiene oro, plata, níquel, cromo, cobalto, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

Estado de sitio

El 2 de mayo 2013, el gobierno de Guatemala decretó estado de sitio (inicialmente por 30 días pero después de 8 días fue decretado estado de prevención) en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa(2). En el artículo 2, Justificación del decreto, se justificó el Estado de Sitio porque “han ocurrido una serie de hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios. Todos estos actos ponen en manifiesto peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”(3). El estado de sitio se concretizó con un despliegue de 8,500 oficiales incluyendo fuerza militar y se instalaron destacamentos militares en los cuatro municipios, entre los cuales en Mataquescuintla y en Casillas permanecen hasta la fecha. La decisión de declarar estado de sitio fue fuertemente criticada por varias organizaciones nacionales e internacionales(4)  y se argumentó la toma de decisión para “limpiar el camino para que la minería pudiera funcionar sin ser molestada por la resistencia contra la minería en la zona”.

Años después del estado sitio, permenecen varios procesos judiciales en contra de la empresa o personal de la empresa por violaciones de derechos humanos individuales y colectivos.

Seguridad Privada

Sobre los acontecimientos mencionados el 27 de abril del 2013, es acusado el jefe de seguridad de la minera Alberto Rotondo Dall ́Orso, por haber ordenado a guardias de la empresa de seguridad privada de la Minera San Rafael que dispararan contra personas que estaban protestando frente a las instalaciones de la minera. El servicio de seguridad privada lo brindaba la Corporación Internacional de Seguridad, S.A. (Corinsa), hasta abril de 2013,con Alfa Uno, S.A. del grupo israelita Golan, S.A (la misma que brindaba seguridad privada a la minera de niquel CGN-Hudbay Minerals en El Estor, cuyo jefe Mynor Padilla es actualmente acusado por el asesinato de Adolfo Ich, esposo de Angelica Choc).

Rotondo fue ligado al proceso y en espera del inicio del juicio, aunque estaba bajo arresto domiciliario, logró fugar del país el 30 de noviembre 2015. Actualmente se encuentra en Perú, su país natal, y todavía no se sabe si se realizará su extradición.

Los procesos judiciales pendientes

Paralelamente con el caso contra Alberto Rotondo hay una demanda sobre los mismos hechos que se presentó contra Tahoe el 18 de junio 2014 ante la Corte Suprema de British Columbia en Canadá. Tahoe argumentó que a Guatemala, y no a Canadá, pertenece la jurisdicción apropiada para conocer el caso. El 9 de noviembre 2015 la Corte emitió resolución a favor de la empresa, explicando que las cortes en Canadá tienen jurisdicción para conocer juicios contra empresas canadienses que operan en el extranjero, pero dado que el sistema judicial en Guatemala funciona adecuadamente será más conveniente conocer el caso en Guatemala. Los querellantes apelaron la decisión. El hecho que el caso en Guatemala inició hace tres años y que Alberto Rotondo está prófugo podría influir en la apelación.

Otro proceso judicial en contra de la minera, es el caso por contaminación industrial del agua de una quebrada del río Los Esclavos, artería hídrica principal de Santa Rosa. Los hechos ocurrieron en 2012 y el acusado es Carlos Roberto Monzón Morales, por ser en la actualidad, gerente de la minera. Carlos Monzón está bajo arresto domiciliario desde mayo 2015, pero el juicio está estancado a causa de varios amparos interpuestos.

La resistencia también mantiene procesos abiertos sobre la licencia otorgada a Minera San Rafael. El 5 de octubre 2015, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de revisar la oposición administrativa presentada sobre la licencia, lo que efectivamente retrotrae el proceso hasta octubre del 2012 cuando el MEM negó escuchar la oposición.


En este panorama, los ataques que se han perpetrado en contra de la resistencia pacifica a la mina y a las defensoras y defensores de la vida y el territorio, han sido multiples y de varia naturaleza. ACOGUATE durante su labor de acompañamiento ha registrado cuanto sigue:

Criminalización

En 2015 ACOGUATE observó el debate oral y público contra Oscar Roderico Morales García, del Comité en Defensa de la Vida y por la Paz de San Rafael Las Flores, acusado por haber amenazado a Camilo Ernesto Medina Mazariegos, Gerente de Asuntos Externos de la Minera San Rafael. La estrategia de criminalización había sido utilizada contra Oscar Morales en varias ocasiones anteriores, pero esta denuncia fue la primera que llegó a un debate. El informe anual de 2014 de la Procuraduría de Derechos Humanos menciona las denuncias contra Oscar Morales como ejemplos de los tipos penales de los cuales son acusados los defensores y defensoras en el contexto de criminalización(5). Oscar Morales fue condenado en primera instancia el 3 de junio 2015 y el juez dicto seis meses de prisión, y a la vez, un perdón judicial, el cuál eliminó la condena a prisión. El 22 de septiembre del mismo año, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales. La sentencia indica de nuevo el utilizo de la estrategia de criminalización del líder comunitario. La sentencia fue apelada por el querellante Camilo Ernesto Medina Mazariegos, pero la siguiente fase del proceso todavía sigue no programada.

Durante el 2015, fue denunciado uno de los integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, Edwin Alexander Reynoso, por supuestas amenazas. La denuncia fue retractada diez días después de un ataque armado contra Alexander Reynoso y otras personas de la Sociedad Civil el 17 de octubre 2015.

Las detenciones de 26 personas en abril 2013, sin posterior condena alguna, son otro ejemplo de acciones legales tomadas en contra de las y los defensores de derechos humanos en la región. Durante el Estado de Sitio se giró 18 órdenes de captura contra miembros de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forman parte de la resistencia contra la mina. Todas las órdenes de captura fueron resueltos con falta de mérito, dos después que los acusados pasaron siete meses en detención. La cantidad de acusaciones que posteriormente han sido resueltas sin mérito en conjunto con denuncias repetidas contra los líderes de los movimientos, indica claramente que se está implementando una estrategia de criminalización de la resistencia en la región.

Ataques físicos

  • El 13 de abril 2014 fue atacada a balazos Merilyn Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años, una lideresa juvenil y miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, junto con su padre Edwin Alexander Reynoso, al salir de un palenque en Mataquescuintla. En la madrugada el 14 de abril Topacio Reynoso Pacheco, murió a causa de las heridas que obtuvo en el ataque. El hecho sigue impune.
  • Un domingo el 5 de abril en 2015 fue asesinado el señor Telésforo Odilio Pivaral González, agricultor de 33 años e integrante activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores. Pivaral González, que era originario de la aldea el Volcancito, fue asesinado en un camino rural de la aldea Las Nueces del mismo municipio con armas de fuegos por personas desconocidas. En un comunicado de la campaña “Defender la Vida es un Derecho: Somos Defensoras y Defensores” cuentan que “como miembro activo del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael Las Flores, el señor Telésforo Pivaral había participado en las acciones de rechazo a la instalación y expansión de proyectos mineros en la región, apoyando las consultas municipales de vecinos y las acciones pacíficas que los comunitarios han emprendido ante las operaciones del proyecto minero El Escobal, de la transnacional Tahoe Resources, operado a través de Mina San Rafael.”
  • El 17 de octubre 2015 algunos integrantes de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, que forma parte de la resistencia contra minerías en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, estuvieron en un carro saliendo de una reunión en Mataquescuintla con el alcalde reelecto Hugo Loy, cuando de repente fueron disparados en una emboscada. Tres personas resultaron heridas, pero pudieron salir del hospital algunos días después. Uno de las personas quien fue disparado era Edwin Alexander Reynoso, un líder de la Sociedad Civil de Mataquescuintla padre de Topacio, ya anteriormente atacados. Uno de los antecedentes del atentado del 17 de octubre, fue que la Municipalidad de Mataquescuintla el viernes 9 de octubre publicó en el Diario de Centro América su reconocimiento de los resultados oficiales obtenidos de la consulta municipal en 2012, en la cual más del 98 por ciento rechazó la exploración y explotación minera en el municipio. En un artículo de Prensa Libre el alcalde Hugo Loy explicó porque no lo habían publicado antes:“No se quiso dar continuidad inmediatamente a los pasos que se establecían, debido a la persecución y criminalización que hizo el Gobierno en contra de habitantes y miembros de la Corporación Municipal, situación que ocasionó el estado de Sitio y de Excepción que vivimos. Ahora vemos que hay un proceso democrático que creemos que es menos represivo”, detalló Loy.
  • Menos que un mes después del segundo ataque contra Alexander Reynoso, el 14 de noviembre 2015, hubo otro ataque en Mataquescuintla. Los primos Adrián Juárez Pérez, de 20 años, y Áxel Juárez Donis, 26 años, fueron asesinados después de un ataque armado fuera del salón municipal donde habían estado en una fiesta. Según información de Prensa Libre el Ministerio Público había informado que una de las hipótesis sobre el crimen era que el ataque podría estar relacionado al hecho de que uno de las víctimas presenció el ataque contra Alexander Reynoso el mes anterior.
  • El 1 de julio 2016 fue atacado otro miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla, a balazos en una emboscada en el camino a su hogar. Sus heridas fueron afortunadamente leves. El defensor de derechos humanos ha sido blanco de amenazas y vigilancia anteriormente.

Difamación

A finales del año 2015 apareció una página web llamada “Atentado Terrorista Mina San Rafael”. No hay información sobre los autores de la página, pero contiene difamación contra actores que promueven las consultas y el respeto de derechos humanos en el área.  La página pretende identificar los actores responsables por la conflictividad en la zona y nombra como tales: La iglesia católica, las ONG y los alcaldes municipales. Entre las acusaciones y alegaciones en la página contra estos actores se encuentra la de ser promotores de la conflictividad, divulgadores de desinformación sobre la mina, que interponen denuncias falsas de oposición a operaciones de la Mina San Rafael, de ser delincuentes y realizar acciones fuera de la ley,  y que tratan de enriquecerse con fondos de la cooperación internacional. La página también viola el derecho a la privacidad por el hecho de que divulga datos personales en mapeo y fotos de reuniones privadas. Es preocupante dada la situación de amenazas y ataques físicos que viven los miembros de la sociedad civil en la zona.

Amenazas

El 30 de noviembre 2015 el abogado director de CALAS (Centró de Acción Legal Social Ambiental de Guatemala), Rafael Maldonado, fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter. Rafael Maldonado había publicado un tweet donde hizo referencia a la fuga del ex gerente de seguridad de Minera San Rafael, Alberto Rotondo. En respuesta a su publicación alguien respondió “Se te acaba el tiempo, te aconsejo que huyas cerdo hdp. Guerra avisada no mata gente”. La amenaza no fue un caso aislado, en el mismo año ya se había reportado dos otros incidentes relacionados a su trabajo de litigio contra la Minera San Rafael.


Organizaciones exigen responsabilidad

En respuesta a la situación alrededor de la mina Escobal, la sociedad civil nacional e internacional ha realizado varias campañas para exigir responsabilidad tanto al gobierno de Guatemala como de otros países, y varías organizaciones han pedido que los accionistas vendan sus inversiones en Tahoe. El consejo de ética de los fondos de pensiones estatales de Noruega es uno de los actores que han escuchado los reclamos y en su informe anual de 2014 recomendaron la exclusión de Tahoe debido a un “inaceptable riesgo de la compañía en la contribución de serias violaciones a los derechos humanos”.  La mayor accionista de la empresa hasta el año pasado, era la empresa canadiense Goldcorp dueña del 40 % de las acciones de Tahoe pero vendió primero el 14 % de las acciones y posteriormente el resto en junio 2015. Según la compañía, la decisión de vender formaba parte de su estrategia financiera, pero algunas organizaciones argumentan que la razón principal era por temor de la crítica contra el proyecto minero El Escobal.

Situación preocupante de defensoras y defensores de derechos humanos

Sobre los ataques físicos contra defensoras y defensores de derechos humanos arriba descritos no ha habido ninguna condena para los autores materiales o intelectuales. ACOGUATE expresa preocupación por los hechos de suma gravedad como asesinatos, varios contra jóvenes menores de 26 años de edad, que siguen ocurriendo y queden impunes. Corresponde al Estado de Guatemala asegurar que las y los defensoras y defensores de derechos humanos dispongan de recursos eficaces y garantice la integridad física de los miembros de los movimientos pacíficos que laboran en favor del medio ambiente y del respeto a las consultas de la población sobre proyectos mineros.

Aparte de los ataques físicos, se nota la criminalización estratégica contra los miembros de la resistencia El Escobal. A pesar de las múltiples acusaciones, este artículo menciona sólo 46 de los numerosos casos, no hay ninguna condena correspondiente contra los miembros de la resistencia. La estrategia de criminalización es acompañada por difamación y amenazas contra la resistencia y organizaciones e instituciones que la apoya. ACOGUATE expresa preocupación por esta situación, y recuerda la obligación del Estado de garantizar la protección de toda persona frente a toda amenaza, represalia, presión, y cualquier acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

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Mural en Mataquesquintla. Foto: ACOGUATE


(1) MINERA SAN RAFAEL, S.A. -Proyecto Minero “El Escobal”, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala: Violación al estado de derecho, criminalización planificada de la demanda y protest social, persecución penal a defensores y defensoras de derechos humanos. Guatemala. Primera edición/CALAS. Guatemala 2014. P. 14 y 25-32.
(2) Estado de sitio – resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala (p.15)
(3) Decreto gubernativo número 06-2013 (Diario de Centro América, 2 de mayo 2013)
(4) Por ejemplo en el Informe de la tercera Misión Internacional 2015 (Act Alliance, CIDSE, CIFCA, FIAN, Vía Campesina, RelUITA) escriben lo siguiente “El caso de San Rafael Las Flores también ilustra el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza estatal durante el estado de sitio, que desplegó a 8,500 oficiales para controlar a lapoblación civil, incluyendo fuerza militar que según los estándares internacionales sólo debería ser desplegada en caso de conflicto armado internacional.”
(5) Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). INFORME ANUAL CIRCUNSTANCIADO (p. 135)
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El caso del asesinato del lider comuntario Adolfo Ich está llegando a una fase final

El caso que Angelica Choc, querellante en contra de Mynor Padilla, exjefe de Seguridad de la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), lleva por el asesinato de su esposo, el líder comunitario Adolfo Ich y por las lesiones graves causadas al comunitario German Chub, llega a una fase conclusiva en el tribunal de Puerto Barrios.

Un proceso, que hubiera tenido una sentencia en estas fechas, si no fuera atrasado.

En abril 2015, abrió el debate oral y publico por los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre 2009, cuando se verificaron una serie de agresiones y ataques, previamente anunciados a través de amenazas, contra las comunidades que viven cerca del proyecto Fenix, explotación minera de niquel. Agresiones con la intención de sacar las personas que viven en esas tierras. Desde el 8 de febrero de este año, el juicio se celebra a puertas cerradas. Según la jueza Ana Leticia Peña Ayala, la decisión fue tomada en primer lugar por la seguridad de Angelia Choc, algo con la cual la querellante no esta de acuerdo porque considera el carácter público de la audiencia como algo fundamental. Previamente a esta decisión, la querellante habia intentando recusar la jueza por actos de discriminación racial.

A este cuadro se añade uno de los últimos fallos del tribunal, que ha sido dar una protección extra al acusado Mynor Padilla. El acusado Padilla, quien guarda prisión preventiva después de haber sido prófugo de la justicia durante tres años, junto a sus tres abogados (Carlos Rafael Pellecer Lopez, Frank Manuel Trujillo Aldana, David Antonio Barrientos) expresó miedo por su seguridad, en cuanto declaró de haber recibido unas agresiones afuera del tribunal el 17 de mayo 2016. Las supuestas agresiones se refieren a las personas que estaban presentes por parte de la Delegación de Impunidad de la Minera pertenecientes a la organización canadiense RightsAction. Cuando el acusado entró en el edificio, había unas personas en un lado de la entrada, unos con cameras y otros con cuadernos, de repente Padilla mismo se alejó de la policía acercándose a las personas que estaban grabando. Estas fueron las supuestas agresiones y por esta razón la jueza decidió dar una protección extra con 8-9 policías para garantizar la seguridad del acusado.

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Una marcha para la memoria y para exigir justicia

El 30 de junio el centro histórico de Ciudad de Guatemala ofreció su espacio para la Marcha de la Memoria, celebrada el Día de los Héroes y Mártires, para conmemorar la dignidad de todas las personas que han sido víctima del conflicto armado interno. Actividades culturales y artísticas acompañaron este día: una obra de teatro sobre el tema de desaparición forzada y música en vivo por parte de varios artistas guatemaltecos.

Un desfile militar solía llevarse a cabo por las calles de la ciudad en esta fecha, luego suspendido y este año nuevamente anunciado por el presidente de la república. Varias organizaciones, entre la cual la Convergencia por los Derechos Humanos, expresaron su rechazo y preocupación frente a esta decisión, que finalmente fue revocada.

Memoria y dignidad

Según el informe de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico – CEH, la memoria histórica individual y colectiva es el fundamento de la identidad nacional.

Para construir memoria es importante dignificar a las víctimas ante la sociedad a través del reconocimiento de los hechos del pasado, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad del estado frente a las violaciones de derechos humanos que se han dado durante el conflicto armado interno, en particular las que son vinculadas con el ejército y con las fuerzas de seguridad del estado. Así mismo, es importante celebrar la memoria a través de diferentes actividades, como la construcción de monumentos y parques públicos a nivel regional, municipal y nacional, que se asignen nombres de víctimas a centros educativos, edificios y vías públicas; y que se cuente con un día dedicado a las víctimas como “Día nacional de la dignidad de las víctimas”, ahora fechado el 26 de febrero.

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La Marcha de la Memoria es otra forma de seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos, que siga la búsqueda de los desaparecidos, que la justicia avance restituyendo la dignidad y que se siga en la búsqueda del reconocimiento de la verdad.

“Hay que compartir la memoria histórica con los que están creciendo, que no se quede en papel. Que se enseñe a los jóvenes, recordando lo que pasó, por medio de la educación y los dibujos. Algunos no les gusta y dicen palabras en contra, dicen que son inventos, que se olvide lo que pasó y se conforman con un poco que les dan los ricos, pero se debe enseñar la verdad de lo que pasó” (1)

Las expectativas de las víctimas sobre la justicia transicional

Según un informe de Impunity Watch, para una justicia transicional, que aborde de manera integral los hechos del pasado, se debería atender con las expectativas de los sobrevivientes, que consideran fundamental el cumplimiento de los siguientes pasos:

  • Reconocimiento de la verdad. Las víctimas exigen que el Estado, particularmente el Ejército, reconozca públicamente la verdad de lo que pasó y asuma su responsabilidad en los hechos; mucha gente espera que el Estado reconozca que las personas desaparecidas y asesinadas eran inocentes y que se respeten los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por el terror de la guerra.

  • Encontrar a los desaparecidos. Miles de familias, principalmente las mujeres, anhelan encontrar a sus seres queridos vivos o muertos, quieren recuperar sus restos para enterrarlos dignamente según su religión y costumbre.

  • Reparación digna. Para muchas familias es importante recibir una indemnización económica y resarcimiento material para mitigar la pobreza que continúan viviendo, igualmente esperan medidas de reparación para dignificar la memoria de las víctimas y recuperar la identidad cultural.

  • Justicia. Muchas víctimas esperan que los responsables de los crímenes enfrenten la justicia, principalmente los altos mandos del Ejército o la guerrilla, y que los hechos no queden impunes. Esto servirá para sentar un precedente y evitar que en el futuro agentes del Estado o miembros de cualquier otro grupo cometan este tipo de atrocidades.

  • Dar a conocer la verdad. Para las víctimas es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó durante el conflicto armado, y que en las escuelas y los institutos se enseñe el contenido del informe de la CEH.

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Ríos de lucha

Entrevista a cinco presos políticos del norte de Huehuetenango

Un testimonio de Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Rigoberto Juárez y Sotero Adalberto Villatoro desde el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, Ciudad de Guatemala.

El norte de Huehuetenango

Por sus peculiares características, el territorio representa una de las regiones geo estratégicas a nivel nacional, especialmente apto a la explotación minera y a la producción eléctrica. La riqueza del subsuelo, la abundante presencia de fuentes de agua, así como las amplias extensiones de bosque, han atraído por décadas importantes intereses económico que han encausado, partícipe la cercanía con la frontera méxicana, la construcción de la Franja Transversal del Norte(1). El sector económico que en los últimos diez años ha protagonizado la avanzada empresarial en el territorio ha sido el de la generación hidroeléctrica, conducido por empresas nacionales y transnacionales cuyos proyectos se benefician en su mayoría de prestamos de instituciones financieras internacionales de desarrollo.

Desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango  – ADH–,  se iniciaron en el departamento procesos de consulta comunitaria de buena fe(2) en torno a la explotación de los recursos naturales, en conformidad con las prácticas ancestrales de toma de decisión colectiva y el marco legal internacional relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas(3). A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango han realizado procesos de consulta, ejercicio de democracia directa que ha puesto en evidencia el rechazo de la población a la explotación de los bienes naturales de su territorio.

Con respecto a la industria minera el registro catastral minero del Ministerio de Energía y Minas, reporta un total de 30 licencias de explotación vigentes en el Departamento de Huehuetenango5, de ellas tres se encuentran en la región Norte de este departamento. En cuanto a la industria hidroeléctrica existen en cambio 5 autorizaciones vigentes para proyectos mayores a 5MGW, todos ubicados en la región norte del departamento:

  • proyecto La Cascata (137MW) de la empresa italiana Enel Green Power Guatemala S.A., a ser desarrollado en el municipio de Soloma,
  • Hidroeléctrica San Luis (12.2MW) de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. en el municipio de Santa Eulalia.

Además de los 3 proyectos que conforman el conglomerado de producción hidroeléctrica previstos para la microregión de Ixquisis:

  • Pojom II (20MW) de la Generadora San Mateo,
  • San Andrés (10.8 MW) de la Generadora San Andrés, 
  • Pojom I (10.2MW) de la Generadora del Río, todas subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos (PDHSA).

Existen asimismo tres autorizaciones vigentes en el departamento de Huehuetenango para proyectos inferiores a 5MGW, entre ellos el proyecto Canbalám I, de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la española Hidralia, ubicado en el Municipio de Santa Cruz Barillas.

La resistencia comunitaria y la represión estatal

Frente a los procesos comunitarios de resistencia, cuyas expresiones más tenaces han surgido en los Municipios de Barillas, (Sociedad Civil de Barillas), Santa Eulalia (Movimiento Social de Santa Eulalia) y San Mateo Ixtatán (comunidades de la microregión de Ixquisis) las empresas que pretenden instalar sus proyectos en estos municipios respondieron con diferentes estrategias, ilegales y lesivas de los DDHH, entre ellas intentos de división inter e intra comunitaria, cooptación  de líderes, actos violentos perpetrados en su mayoría por agentes de seguridad privada contratados por las empresas como asesinatos(4), agresiones con armas de fuego, secuestros e intoxicación por gases lacrimógenos, amenazas e intimidaciones.
La respuesta estatal ante la conflictividad en la región, ha sido caracterizada por el amplio despliegue de fuerzas policiales y militares y la acción represiva. Se señala en este sentido, el estado de sitio impuesto por el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, a raíz de los hechos del 2 de Mayo de 2012, que tuvo una duración de 13 días, durante el cual, se realizaron 15 detenciones de líderes comunitarios por supuesta participación en los disturbios.

Particularmente desgastante para los movimientos ha resultado la estrategia de difamación e criminalización impulsada por las empresas y dirigida a perseguir penalmente a líderes y autoridades comunitarias. Ella se avale de la complicidad de  autoridades locales encargadas de administrar la seguridad y la justicia, y se manifiesta por medio de numerosas órdenes de captura respaldadas por denuncias que usan tipos y figuras legales amplias y ambiguas, la práctica de detenciones arbitrarias, ejecutada en algunas ocasiones por actores no estatales, el prolongamiento inmotivado de la prisión preventiva(5), la paralización de casos jurídicos, el aumento de denuncias en contra de defensoras y defensores en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellos interponen por ataques sufridos.

Actualmente, seis defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos del Norte de Huehuetenango, se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.

A partir de hoy, miércoles 6 de julio se estará llevando a cabo el debate ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, nivel 15, torre de tribunales.

 

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(1) Para profundizar ver “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte” de Luis Solano. CEDFOG, El Observador, 2012
(2) Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio. Sistematización de experiencias 2008-2009.”Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2010.
(3) Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Fecha de ratificación: 10 de abril de 1996. Decreto del Congreso de Guatemala número 9-96, del 5 de marzo de 1996.)
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(4) El 1 de Mayo de 2012 se registra en Santa Cruz Barillas el asesinato de Andrés Francisco Miguel, e intento de asesinato de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, líderes comunitarios barillenses, según reportan los comunitarios por parte de personal de seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz. El 16 de abril de 2013 fue encontrado el cadáver de Daniel Pedro Mateo, en Santa Eulalia, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. El 7 de Abril del mismo año había sido secuestrado tras su participación en la actividad de fundación de la Resistencia “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas.
(5) Se señala el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Santa Cruz Barillas, declarados inocentes el 28 de Octubre de 2015 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y liberados e 14 de Enero de 2016 tras mas de dos años en prisión preventiva.

 

 

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Se abre el debate en contra de los defensores del territorio del Norte de Huehuetenango

Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Juan Pablo y Ermitaño López de Barillas, así como Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez de Santa Eulalia, fueron capturados entre febrero y marzo de 2015 debido al papel que desempeñan en las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales del Norte de Huehuetenango. Los seis defensores de derechos humanos acompañados por Acoguate se encuentran encarcelados en prisión preventiva desde más de un año y empezarán el debate oral y público el 6 de julio 2016.

Las estrategias de criminalización

Las estrategias de criminalización empleadas por las instituciones del Estado con el fin de desestructurar los movimientos de resistencia se aprovechan de los desequilibrios de poder entre actores comunitarios y empresas e implican el uso indebido del derecho penal.

En el caso de los líderes de Barillas y Santa Eulalia, se hace patente la justificación de su encarcelamiento por ser personas comprometidas con la defensa del territorio. Las acusaciones por parte de las autoridades presentan un carácter vago e incoherente.

Entre las tácticas más usadas destaca la privación de libertad de los defensores, seguida por constantes retrasos en los procesos penales. En este marco se añade la regular ausencia de los querellantes que ofrece el pretexto para suspender las audiencias y aplazar constantemente el momento de la sentencia final. Las cifras son bastante elocuentes: sobre 34 audiencias previstas, 16 fueron anuladas por razón de incomparecencia1.

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Causas penales Nros 139-2013, 268-2014 y 109-2015 desde que el Juzgado de Mayor Riesgo A asumió los casos

Tortura social y psicológica de los presos y sus familiares

Es importante recordar que desde el principio del encarcelamiento, los líderes encarcelados y sus abogados defensores han denunciado muchas otras irregularidades, incumplimientos y abusos que afectan seriamente a los derechos humanos de los detenidos: resulta preocupante que en ciertas ocasiones, algunos de ellos hayan sido conducidos al tribunal sin que los abogados y las familias hayan sido informados previamente. Cabe recordar que el 24 de mayo de 2016, Rigoberto Juárez fue conducido desde la cárcel al palacio de justicia, en ausencia de sus abogados. Los encarcelados han expresado poca confianza hacia la institución penitenciaria y preocupación respecto a su seguridad personal. Uno de ellos declaró: “Nos pueden llevar a cualquier hora bajo cualquier argumento legal”. Otra táctica consiste en difundir rumores sobre la integridad física de los presos, en particular se verificó antes y durante la Caravana por la Dignidad llevada a cabo en el mes de abril. Si por ahora, queda difícil identificar a los autores intelectuales de tales hechos, sin embargo resulta clara la meta buscada: desestabilizar a las poblaciones comprometidas con la defensa del territorio.

Esta situación afecta severamente no sólo a los presos, sino también a sus familias y sus comunidades. Como expresado en el comunicado emitido por las familias de los presos, este tipo de irregularidades y amenazas genera un clima de inseguridad que conduce a los familiares a vivir permanentemente en el miedo de lo que podría pasar, padeciendo así una verdadera tortura psicológica. Últimamente los cinco defensores encarcelados en el Preventivo de la zona 18, han expresado otra preocupación respecto a la eminencia de cambios en la cárcel anunciada por el gobierno, a causa de la situación de saturación del sistema penitenciario agravada por los últimos casos de corrupción.

El caso de Ermitaño Lopez

Tendríamos que evocar asimismo la situación peculiar de Ermitaño López, el único de los defensores de derechos humanos ,que se encuentra encarcelado en el centro preventivo de Huehuetenango. Esta cárcel cuenta con condiciones de detención entre las más duras del país.

Desde el principio de su encarcelamiento, la dirección parece haber dificultado ciertas visitas: el 23 de junio de 2016, no se permitió al abogado de conversar con su cliente más de dos minutos, lo que constituye una grave violación a los derechos de los presos. Según el defensor, se trata de una táctica destinada a obstaculizar la comunicación con la gente y así, aislarlo del movimiento social. Asimismo, por haber intentado defender los derechos de otros presos oponiéndose a los malos tratos a los que estaban expuestos3, ha sido visado regularmente por amenazas e intimidación.

En cuanto al cotidiano en la cárcel, las repetidas reclamaciones de los presos y sus allegados buscan llamar la atención por los incumplimientos de la institución penitenciaria en materia de alimentación, así como en términos de salud y de condiciones sanitarias. Debido a las graves deficiencias que existen en este ámbito, los 6 defensores tuvieron que esperar un tiempo anormalmente largo y sufrir muchos obstáculos antes de recibir atención médica.

Reclamaciones y expectativas de los defensores

Frente a esta serie de abusos e incumplimientos, los defensores encarcelados no se cansan de protestar y reclamar por sus derechos. De forma repetida, han denunciado la colisión entre el sistema de justicia y los intereses de la oligarquía nacional. Así expresó Rigoberto Juárez : “La institucionalidad del Estado guatemalteco sigue funcionando para un grupito. Nosotros estamos exponiendo al mundo la injusticia que impera en este país.” Refiriéndose a los ataques que visan regularmente el trabajo realizado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, el mismo añadió: “No permiten la solidaridad por la paz, la llaman “injerencia”. En cambio, cuando se trata de defender los intereses del capital nacional y transnacional es otra cosa. La solidaridad entre ellos para violar los derechos de los pueblos, esta sí la permiten.” Seguir leyendo

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En Tzalbal sigue la lucha para la restitución de la tierra nacionalizada durante el conflicto armado interno

Las tierras de Tzalbal que pertenecían al ejido municipal de Nebaj hasta 1984, fueron nacionalizadas en medio del conflicto armado, en ausencia de la población desplazada por culpa de la represión. Fue hasta en el año 2011 que las comunidades afectadas, retornadas a sus tierras de origen, aprendieron por parte del Fondo de Tierras que vivían “de prestado”, en tierras que ahora pertenecen a la nación. Desde entonces, las comunidades se organizaron para exigir la restitución inmediata y sin condición de sus tierras al ejido municipal. Hasta noviembre 2013, no habían recibido una respuesta concreta por parte del Estado.

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   Entre el 2013 y el día de hoy, la lucha de las comunidades de Tzalbal, en el mucipio de Nebaj, Quiché, conoció varios momentos de esperanza, decepción y re-orientación, que exponemos en este artículo.

Fracaso del dialogo con el gobierno de Otto Pérez Molina

Cuando aprendieron, en mayo de 2011, que las tierras en las cuales habían vivido, fueron nacionalizadas durante el conflicto armado, las 12 comunidades de Tzalbal afectadas (unas 15000 personas) empezaron a organizarse con el fin de exigir la restitución inmediata de sus tierras. Esta petición fue apoyada por la alcaldía municipal de Nebaj(1). Los comunitarios buscaron en primer lugar, comprobar la declaración del Fondo de Tierras. Un estudio registral realizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) confirmó que el estado guatemalteco se adueñó de las tierras por cesión a titulo gratuito que le hizo la municipalidad de Nebaj en 1984(2). Sin embargo, el titulo de cesión de tierra tenía un defecto jurídico: las tierras en cuestión pertenecían al ejido municipal de Nebaj lo cual significa que estaban a nombre de la municipalidad y los vecinos. La cesión no contó con el aval de estos últimos, a pesar de que eran co-propietarios, por tal razón, las comunidades asesoradas jurídicamente por la CIJ, decidieron interponer un reclamo administrativo.
Las comunidades de Tzalbal emprendieron “un largo camino de diálogo con las instituciones del gobierno de Otto Pérez Molina”(3), durante la cual tuvieron encuentros con la Secretaria de Asuntos Agrarios, los Bienes de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, la Procuradoría General de la Nación, la Escribanía del Gobierno, el Registro General de la Propiedad, el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango y el Fondo de Tierras. El objetivo era de lograr la restitución de las tierras al ejido municipal a través de un acuerdo gubernativo.

A pesar de que se había llegado a un acuerdo, el día en que los representantes de las comunidades y los abogados llegaron a recibir este, las mismas autoridades les informaron que “había un problema y que el Presidente no podía firmar el acuerdo gubernativo”. El Fondo de Tierras alegó que las comunidades no estaban dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ley de Transformación Agraria y la ley del Fondo de Tierras y además que no existía una ley que permitiera la restitución. Según Ramón Cadenas, director de la CIJ para Centroamérica, “deshonraron un acuerdo que ya habían hecho con las comunidades y por lo tanto toda la negociación se terminó”(4) en julio 2014. Las comunidades denuncian hasta hoy la “falta de voluntad política” del gobierno de Otto Pérez Molina que “no sólo impidió la restitución de [sus] tierras usurpadas por el Estado durante la guerra sino que también dio continuidad a la injusticia y a la impunidad”.

Dos caminos posibles para el 2016

La vía judicial: Frente al cierre de la vía administrativa, las comunidades fueron conducidas a pensar en acudir a la vía judicial. Esta posibilidad, que consiste en depositar un recurso de amparo, anteriormente había sido descartada por ser más larga y porque se consideraba que existían pruebas suficientes para obtener la restitución de las tierras por la vía administrativa. Sin embargo, en julio de 2015, las comunidades consensuaron que sólo les quedaba esta solución y se decidió que, con el apoyo legal de la CIJ, iban a preparar el recurso de amparo, preparación todavía en curso a la fecha de hoy.
La vía administrativa: Sin embargo, con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina el 3 de septiembre de 2015 y la toma de posesión del nuevo Presidente Jimmy Morales en enero 2016, un puerta se abrió para las comunidades de Tzalbal. Ellas escucharon la promesa del nuevo gobierno de “ser un gobierno transparente”, “de luchar frontalmente contra la impunidad” y de ayudar a las comunidades. Están ahora usando este argumento para pedir al actual gobierno una respuesta que no obtuvieron con Otto Pérez Molina.

En este contexto, el 18 de abril de 2016 las comunidades convocaron a una marcha en Nebaj con el propósito de:

“exig[ir] al nuevo gobierno del presidente Jimmy Morales, delante de la comunidad nacional, internacional y los organismos de derechos humanos que están acompañando el proceso, la restitución inmediata y sin ningún tipo de condiciones de las tierras nacionalizadas”

Carta Abierta de las comunidades de Tzalbal, Abril 2016

Los participantes, procedentes de las 12 comunidades interesadas, marcharon primero hasta la oficina del Fondo de Tierras. Allí, entregaron a los funcionarios una carta abierta que resume toda la historia de su lucha y su demanda única y clara: la restitución de sus tierras.

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Carta abierta de las comunidades de Tzalbal, Abril 2016

La marcha siguió  hasta el parque central de la cabecera donde representantes de las comunidades hicieron conocer a la población de Nebaj su demanda.Tanto Pedro Raymundo Cobo, alcalde municipal, como Miguel de Léon Ceto, alcalde indígena, apoyaron esta demanda con sus discursos en el acto de cierre hablando respectivamente de “abuso” y de “robo” y recordaron que la lucha de las 12 comunidades de Tzalbal es la lucha de todo el pueblo de Nebaj, ya que la nacionalización afectó al ejido municipal. Un grupo de jóvenes nebajenses también subió al escenario para expresar su preocupación.

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Marcha de las comunidades de Tzalbal, 18 abril 2016

Del conflicto armado a los megaproyectos

La situación actual de las comunidades de Tzalbal tiene su raíz en el conflicto armado e invita a tener una mirada más amplia de las consecuencias y de las causas del conflicto armado interno.

La marcha organizada para el 18 de abril, tuvo lugar el día anterior a que llegara el Tribunal de Mayor Riesgo B a Nebaj para escuchar testigas y testigos en el juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“Los militares robaron las tierras de Tzalbal porque pensaban que íbamos a morir o ser sus mozos. Se confundieron porque los ixiles estamos vivos. Eso es el genocidio. Pero no morimos. Ahora dicen que no hubo genocidio pero entonces por qué robaron la tierra. Vinieron a matar, asesinar y robar nuestras tierras. Mataron a nuestros hijos, quemaron las casas, robaron la tierra. Si alguien dice que no es verdad es que no estaba aquí. Los que vivimos la guerra aquí estamos. Pensemos en nuestros hijos”(5)

Miguel de León Ceto, alcalde indígena

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    La lucha de los que marcharon el 18 de abril en Nebaj se enmarca en una larga historia. Sus abuelas y abuelos lucharon para la registración de la tierra en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango en 1903. En la época del conflicto armado, fueron despojados mientras huyeron de la violencia. Hoy en día, se enfrentan al “Fondo de Tierra y un gran numero de empresas que se encuentran re-ordenando con sus mega-proyectos sus propias tierras y sus propios territorios”. Lo que piden es la “Justicia ya” que para ellos significa “paz, tranquilidad y desarrollo”(6) verdadero de las comunidades.

ACOGUATE acompaña el colectivo Resistencia de los Pueblos y observó la marcha de Tzalbal el 18 abril 2016.


(1) Acuerdo Municipal número 042-2012, con fecha 12 de julio de 2012.
(2) Informe Consultoría Estudio registral sobre ejidos municipales del Departamento de El Quiché, Comisión Internacional de Juristas, Marzo de 2012.
(3) Carta abierta de las Comunidades de Tzalbal del Municipio de Nebaj, Abril 2016.
(4) Entrevista a Ramón Cadenas.
(5) Discurso de Miguel de León Ceto, el 18 de abril de 2016.
(6) Discurso de un representante de las comunidades de Tzalbal, el 18 de abril de 2016.

 

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Sentencia por genocidio: entre memoria y olvido

A tres años de la sentencia por genocidio maya ixil, emitida el 10 de mayo 2013, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) convocaron para la celebración de su conmemoración, el viernes 13 de mayo. Una sentencia, que sigue vigente para los querellantes y las personas que en ella han encontrado justicia, a pesar de haber sido anulada y de los amparos interpuestos que ralentizan el avance de un nuevo juicio.

La conmemoración, se llevó a cabo en la casa de la memoria en presencia de la sociedad civil y de los socios de la AJR, un espacio que dejó la palabra a la expresión artística a través de la música y poesía. Se recordó cuanto lo sufrido haya sido el motor de la búsqueda de justicia y la necesidad de sentar memoria para que las nuevas generaciones no tengan que enfrentar la misma situación, para que todas y todos puedan heredar la paz.

Una vez mas, la voluntad de que esta sentencia no caiga en el olvido, sigue firmemente: el camino ha sido largo y difícil, así como de suma importancia para todos los sobrevivientes.

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El día antes de la conmemoración, la Sala primera de apelaciones del Tribunal de Mayor Riesgo B, dio lugar al amparo provisional otorgado el 4 de mayo 2016, que ordena la separación del juicio para los sindicados: por un lado habrá un juicio con procedimiento especial, que respete las medidas de seguridad, en contra del ex militar y jefe de estado Efraín Rios Montt. Se llevará a cabo a puertas cerradas por no encontrarse en sus plenas facultades mentales y volitivas. Por otro lado, un juicio ordinario y publico en contra del ex jefe de la inteligencia militar Mauricio Rodriguez Sanchez. El recurso interpuesto anula el amparo otorgado el 25 de agosto 2015, cuando se decidió de proceder con un juicio conjunto y especial, sin la presencia de prensa y observadores, solo de las víctimas. Ambos sindicados son imputados de delitos por genocidio y deberes contra la humanidad.

Se explicó al Tribunal que, celebrar dos juicios juntos  (uno por medidas de seguridad y el otro de manera ordinaria) siendo distintas su naturaleza, violenta las garantías constitucionales de las víctimas. Así como lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República, 356 del Código Procesal Penal, y el 63 de la Ley del Organismo Judicial,  cometiéndose un grave error al juzgar, a ambos acusados, con las reglas de un juicio por medidas de seguridad, a puerta cerrada y sin presencia de medios de comunicación, ya  que en el caso del juicio ordinario contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, tanto las víctimas del genocidio como la sociedad guatemalteca  y la humanidad, tienen derecho a presenciar el debate oral y público.

Comunicado CALDH-AJR, 04 de mayo 2016

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Durante la vista publica los abogados de CALDH y de AJR, quienes interpusieron dicho recurso, subrayaron la importancia hacia el respeto del principio de publicidad en el debate publico y oral, en particular por la tipología de los delitos juzgados “pluriofensivo y de trascendencia internacional (….) que lesionan los valores de la humanidad”. De tal manera “la divulgación de la verdad permite el fortalecimiento de la democracia”.

Ahora el juicio queda suspendido por la segunda vez, después que el Tribunal decidió de mover a Nebaj tres días de juicio para poder escuchar nuevamente los testigos que por razones de edad y salud tienen dificultades en viajar hasta la capital. Testigas y testigos que ofrecieron nuevamente su testimonio “para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí”.

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 ACOGUATE acompaña la AJR desde el año 2000 y observa el proceso por genocidio.

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