La criminalización en Corozal Arriba a debate

El 19 de mayo de 2017 fueron capturados José Méndez Torres, alcalde indígena de la comunidad de Corozal Arriba, en la municipalidad de La Unión, departamento de Zacapa, y Melvin Álvarez García, tesorero del Consejo de Tierras de la misma comunidad. Los dos, junto a otras cinco personas, están acusados por el delito de asesinato, un hecho ocurrido en el 2013.

La comunidad de Corozal Arriba vive una situación de amenaza a raíz de su lucha por la reapropriación de su identidad y de la tierra que ha sido habitada por los Ch’orti’. Ahora se enfrenta a una acción de criminalización tras la emisión de 17 órdenes de captura en contra de comunitarios, de las cuales 7 ya han sido ejecutadas. Sin embargo, las investigaciones sobre el fallecimiento de tres campesinos ocurrido en ese mismo día del 6 de junio 2013, siguen sin esclarecimiento.

El día de mañana, 25 de mayo 2018, comienza el debate oral y público de los 7 presos y a tal propósito, ACOGUATE ha entrevistado a José y Melvin, quienes llevan 12 meses en la cárcel.

Usted cómo se define?

José: Como indígena. Como indígena del pueblo Maya Ch’orti’.

Melvin: Yo, Melvin Álvarez soy autoridad indígena y activista de derechos humanos. Esto se basa en la Constitución ¨Política de nuestro país de Guatemala y en el Convenio 169 de la OIT -Organización Internacional del Trabajo- con relación a nuestros derechos como pueblos indígenas. En este convenio fundamentamos nuestra defensa.

Qué significa para usted ser indígena e identificarse como tal?

Melvin: Para mi significa que soy autoridad, por lo tanto el Estado debe respetarnos como tales y no violar nuestros derechos como  hoy en día.

José: Para mi ser indígena tiene mucho fundamento, por esto precisamente lo hacemos, no? Identificarse en este sentido es valioso para nosotros porque significa que nosotros, quienes vivimos aquí, somos los verdaderos originarios de las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas son los verdaderos y legítimos dueños de las tierras. Nos identificamos como indígenas, no tenemos pena ni vergüenza: esto es nuestro país.

Cuál es el rol que usted desempeña como autoridad indígena en la comunidad?

Melvin: La comunidad indígena de Corozal Arriba es una comunidad organizada y reconocida totalmente por el Estado. Es así para salvaguardar los recursos naturales que existen dentro de ella basados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de nuestro país.

José: Fui nombrado alcalde indígena de la comunidad mediante asambleas ordinarias y extraordinarias. Esto, ser alcalde indígena, primero, lo pensé y creo que tiene un fundamento, pero también tiene una gran responsabilidad porque el alcalde indígena es el que tiene que llevar no solo la voz de la comunidad, no solo la voz de los campesinos, sino velar por el bienestar de cada una de las familias y velar por el territorio que la comunidad tiene bajo su responsabilidad como pueblo originario.

Mi tarea? Es precisamente esto, velar por el bienestar de cada una de las familias campesinas, del hombre, de la mujer, de los ancianos, los niños, las niñas. Esto es nuestro compromiso. Cuidar el bosque y las aguas, cuidar toda esta naturaleza que todavía tenemos como entorno en las comunidades indígenas. A esto estamos llamados nosotros los alcaldes indígenas, esto es nuestro compromiso.

De qué forma se han articulado en la comunidad de Corozal Arriba para alcanzar sus objetivos? Cómo han operado?

Melvin: Hemos llevado acá nuestras acciones siempre basadas en los acuerdos apegados al derecho, tanto como en el Convenio 169 de la OIT como en nuestra Constitución política de nuestro país; así hemos operado siempre, así hemos alcanzado la restitución de nuestros derechos. Hace mucho tiempo que la lucha se ha llevado en la comunidad para evitar los despojos de nuestras tierras y del ecosistema.

José: Organizándonos. Precisamente porque los terratenientes o los que llamamos los “ricos”, estaban despojando a más de 17 familias de sus tierras, haciendo escrituraciones sobre parcelamiento territorial. De ahí nació nuestra lucha hace 4 años. Esta lucha no es nuestra única lucha sino que tuvimos también compañeros quienes fueron encarcelados por quitarles sus tierras hace varios años. Eso fue lo que a nosotros nos motivó para organizarnos, fue el fundamento de la lucha: defender la tierra para cada uno de los compañeros campesinos a quienes se les estaba quitando. 

Además, el 6 de junio de 2013, el honorable Consejo Municipal nos entregó el acuerdo municipal para la restitución de nuestro derecho de propiedad. Hasta ahorita tenemos 4 años de estar en la lucha que es esto: luchar por defender lo que tenemos, luchar por defender nuestra tierra. El fundamento de nuestra lucha es defender nuestro territorio. 

Bajo nuestra responsabilidad está el cuidado de esta comunidad que tiene un componente de 11 caballerías con 36 manzanas. Ese es el territorio que está llamado a cuidar el Consejo de Administración de Tierras y Recursos Naturales, bajo la responsabilidad del alcalde indígena. Eso es lo que es y ha sido el fundamento de nuestra lucha y lo seguiremos haciendo.

En estos años, cómo se ha dado la criminalización en contra de la comunidad?

José: La criminalización es precisamente lo que nos tiene acá.

Primero fueron aprehendidos tres compañeros campesinos por quitarles su tierra. Después de la restitución de los derechos, los “ricos” actuaron en contra de tres campesinos e hirieron a otros dos más. Ahora la criminalización ha ido creciendo hasta el punto que, el 19 de mayo de 2017, yo como alcalde indígena y el compañero Melvin Álvarez, que es el tesorero del consejo de administración de tierras, fuimos puestos bajo encarcelamiento.

Yo creo que la persecución ha sido la más grande, la más dura, en nuestra comunidad que intentaba defenderse con sus estatutos, con la Constitución Política o el Convenio 169 de la OIT, con los Acuerdos de paz y otras leyes que nos asisten. La comunidad ha intentado defenderse en este sentido; sin embargo, creo que es precisamente el Estado el que nos tiene aquí. Y la pregunta es, dónde está el Estado que nos garantiza la seguridad, la paz a cada uno, desde los rincones de este país nuestro? Cómo puede garantizarlas si nunca llega acá?

Podría explicar de qué manera usted ha sido víctima de la criminalización?

Melvin: Me han acusado falsamente de un asesinato. Yo he sido el que demandó el asesinato de tres compañeros de la comunidad, y he exigido justicia para que se investigue y castigue a quienes cometieron el asesinato de los tres compañeros en nuestra comunidad.

José: En contra de mí, hay una dura persecución en el cual logran encarcelarme y aquí estoy. Llevo un año de estar preso.

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Autoridad Ch’orti’. ©ACOGUATE

“Mantengamonos despiertos, luchemos por lo nuestro, compañeros. Esta tierra es nuestra y por ella lucharemos”.

José Torres Mendez

La criminalización sigue como forma de desarticulación de la lucha desde su liderazgo, en particular en el Informe de Observación 2017, ACOGUATE subraya “Es de resaltar que, muchas de las personas detenidas en estos casos, ocupan importantes cargos reconocidos en sus comunidades, frecuentemente como autoridades ancestrales, representantes y/o defensoras/es en un marco de liderazgo indígena. Por lo tanto, las consecuencias de estas detenciones, que responden a la lógica de la criminalización, trascienden el nivel individual de las personas detenidas y atacan la identidad y las estructuras sociales de las comunidades”.

ACOGUATE brinda acompañamiento internacional a las comunidades Ch’orti’ a través de la organización COMUNDICH desde el año 2007.

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La estrategia de criminalización en contra de la resistencia pacífica de Santa Rosa y Jalapa

La demanda actual de la resistencia pacífica de Santa Rosa y Jalapa es clara, pide el cese definitivo de las labores del proyecto El Escobal, de Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources, empresa estadounidense/canadiense. Las comunidades de los municipios interesados por la presencia de la mina, es decir San Rafael Las Flores incluyendo los aledaños, siguen organizadas y muestran su presencia en dos plantones permanentes, uno en Casillas y otro frente la sede de la Corte de Constitucionalidad.

La lucha del pueblo Xinca de esa región, a lo largo de los años se ha perfilado en una linea de tiempo marcada por diferentes etapas y hechos que muestran como esta resistencia haya sufrido constantes ataques y acciones miradas a su debilitación y desarticulación. En particular se ha observado un fenómeno, que luego ha sido claramente identificado con la estrategia de criminalización, particularmente fuerte en Guatemala el año 2013, como mostrado en un informe de UDEFEGUA. Este patrón de ataque es todavía vigente y es usado en respuesta a la oposición de las personas que rechazan la imposición de un modelo de desarrollo que no encaja con sus voluntades.

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Criminalización a través de la desinformación y difamación: el caso de Ixquisis

Bajo el marco legal establecido por el Estado de Guatemala y el derecho internacional, las comunidades en resistencia de la microregión de Ixquisis, hicieron todos sus esfuerzos para visibilizar y denunciar las injusticias y violaciones de DDHH.

En marzo 2017, el caso fue presentado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, Estados Unidos, en conjunto con otros diez casos de proyectos hidroeléctricos en Guatemala, en cuyo contexto personas defensoras son sistemáticamente criminalizadas, amenazadas y atacadas.1 Siempre en Guatemala, autoridades de las diferentes comunidades afectadas han interpuesto varios amparos, denunciando las irregularidades e infracciones de los proyectos hidroeléctricos, para que los argumentos presentados confluyan en fallos que determinen la suspensión de los proyectos, tal como ha sucedido en casos similares.2 El 2 de agosto de 2017, los defensores y defensoras de derechos humanos de la microregión recibieron una visita de alto nivel de la CIDH durante su viaje in loco al país.3 Alrededor de trescientas personas acudieron a la cita con la delegación para compartir sus testimonios y denunciar las constantes amenazas y violaciones a sus derechos. En sus observaciones preliminares, la CIDH expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Guatemala, ya que “defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de extremo riesgo debido a la situación de permanente violencia y criminalización a las que están expuestos”4 y condenaron los ataques y asesinatos de defensoras y defensores del medio-ambiente del país, incluyendo el de Sebastián Alonso Juan.5

Ejerciendo su derecho a la libre manifestación6, las movilizaciones pacificas con las cuales la población en resistencia reivindica sus derechos y exige el cese de las construcciones, así como el retiro de la PNC y el ejército del terreno de la empresa, han sido sistemáticamente blanco de campañas de desinformación, provocando difamación y criminalización, recordando que la criminalización no se limita al uso arbitrario del proceso penal y del sistema jurídico. Igualmente emplea campañas de difamación y señalamientos que buscan dañar y atemorizar a las personas defensoras, causando así una mayor vulnerabilidad del individuo y el colectivo. En procesos de criminalización, los medios de comunicación han sido identificados como un protagonista clave.7 Incluso, se ha visto que la difamación es uno de los primeros pasos antes de eventuales medidas penales para obstaculizar y deslegitimar la lucha de las personas defensoras quienes luego enfrentan el uso indebido del derecho penal. En el caso de la resistencia en la microregión de Ixquisis, se ha podido observar esta estrategia.

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Libres de minería y de contaminación

Amalia Lemus es una mujer comprometida con la defensa de su comunidad y su región, en la cual se encuentra un proyecto de explotación minera con el que no está de acuerdo; actualmente ella es técnica de campo de CODIDENA -Comisión Diocesana en Defensa de la Naturaleza-.

Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources, opera en el área con una licencia de explotación del proyecto “El Escobal” y otra de exploración “Juan Bosco”, que debe su nombre a la comunidad San Juan Bosco en San Rafael las Flores, de donde procede Amalia. En los últimos meses, la resistencia en contra del proyecto “El Escobal”, uno de los más grandes al mundo, se ha articulado en un plantón organizado, ubicado en Casillas. Las personas involucradas en esta resistencia enfrentan  a menudo difamación, criminalización e intimidación debido a su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

En el marco de una serie de entrevistas con defensoras de derechos humanos, ACOGUATE quiere dedicar esta edición a Amalia por su involucramiento con la resistencia organizada en lucha por el territorio.

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Microregión de Ixquisis: un escenario de violaciones de derechos humanos

Ha pasado un año desde que Sebastián Alonso Juan, originario de Yulchen Frontera, San Mateo Ixtatán fue asesinado, tras haber participado a una manifestación pacifica en la microregión de Ixquisis, norte de Huehuetenango.1 El 17 de enero del 2017 don Sebastián, en conjunto con su comunidad, expresaba su desacuerdo con la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés, proyecto ejecutado por la empresa Energía y Renovación S.A., anteriormente llamada Promoción y Desarollos Hídricos S.A.2

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Conmemoración aniversario del asesinato de Sebastián Alonso Juan ©Francisco Simón Francisco

En 1996, tras un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el gobierno ratificó el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales3, estableciendo la obligación de “respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social […] Exige asimismo […] que respeten los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.4 El incumplimiento del Estado de Guatemala, de acatar el Convenio 169 de la OIT, ha sido denunciado por los pueblos Chuj, Q´anjob´al, Akateco y mestizo5 que viven en el área, desde la entrada de la empresa a sus territorios. A través de una consulta de buena fe, realizada en el año 2009, el 99% de la población del municipio de San Mateo Ixtatán votó en contra del otorgamiento de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de recursos naturales en su territorio.6 No obstante, la violación del Convenio 169, no es la única razón por la cual gran parte de las comunidades en la microregión de Ixquisis se han movilizado en contra de los tres proyectos hidroeléctricos.

 

Hasta la fecha, el asesinato sigue sin esclarecimiento, mientras en la microregión de Ixquisis las comunidades en resistencia que luchan por sus derechos individuales y colectivos, se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos. Desde la entrada de la empresa PDHSA en el territorio, a partir del año 2010, se ha registrado un  incremento constante de diferentes patrones de ataques, mirados a obstaculizar y destruir la resistencia organizada de las comunidades.

Con la presencia de la empresa, la microregión de Ixquisis se vuelve escenario de militarización y fuerte control de la población por las fuerzas armadas. Desde el año 2014, la subestación No. 43-73 de la Policía Nacional Civil (PNC) y el destacamento militar “Ixquisis Frontera”, están instalados en el terreno privado de la empresa, con la justificación de restaurar la orden y la paz después de una quema de maquinarias ocurrido en mayo de 2014.7 Los hechos se verifican en un momento en que se organizó una manifestación pacifica, luego los participante fueron señalados de ser los responsables.8 Las y los defensores a la vez, reportan incidentes causados por la PNC y el ejercito que recuerdan las tácticas de represión del conflicto armado interno: la constante circulación de patrullas armadas, amenazas, violencia y acoso sexual, intimidación, vigilancia y agresiones físicas – tácticas percibidas por la población como destinadas a silenciar la organización y la protesta local. Por lo tanto, las personas defensoras de derechos humanos de la microregión Ixquisis reiteran su petición por el retiro de la PNC y el ejército de su territorio, ya que según ellos “el ejercito y la PNC no están para cuidar a los buenos ciudadanos guatemaltecos, se ha visto que ellos están para cuidar a los grandes empresarios”9 Al respecto, expresan que la presencia militar y policial en el territorio y su cercanía a la empresa, abre la herida del conflicto armado interno que “está fresca todavía” y les hace sentir “como que [estuvieran] viviendo en el año 81 y 82.”10 En las interpelaciones en el Congreso después de los acontecimientos de enero 2017, representantes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Defensa reconocieron que la ubicación de la subestación de la PNC y del destacamento militar en el terreno de la empresa, representan actos inconstitucionales dado que la constitución guatemalteca prohíbe que entes estatales se encuentren en propiedades privadas.11 A pesar de que los Ministros se comprometieron en las citaciones con el traslado de las instalaciones a otro sitio, estas hasta la fecha permanecen en el mismo lugar.

Un elemento más que destacar sobre los procedimientos de la empresa, es la estrategia de generación de división comunitaria. Se ha registrado la contratación de personas que durante el conflicto armado interno, formaron parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) o ex-comisionados militares para vigilar, difamar, intimidar y estigmatizar a la población que se opone a los proyectos hidroeléctricos12. De esta manera, la empresa PDHSA acudió a las antiguas estructuras de poder y miedo heredados del conflicto armado interno como estrategia para apropiarse de las tierras que necesitaba para construir las hidroeléctricas; muchos de los operadores locales que se encargaron de convencer a los comunitarios de vender sus terrenos a la empresa fueron ex-integrantes de las PAC.13 Comunitarios describen un proceso en que operadores de la empresa “conquistaban” a las personas y autoridades, por medio del temor, para obtener los terrenos, a pesar de que estas ventas no tenían el aval de la comunidad.

A estos abusos se suman las múltiples irregularidades en el proceso de otorgamiento de permisos y/o autorizaciones para la construcción de los tres proyectos en cuestión tal como la certeza jurídica acerca la tenencia de la tierra, la ausencia de aprobación de los estudios de cambio del uso del suelo, el tráfico de influencias. No se realizó ningún proceso de consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), siendo este la institución que regulariza obras de proyectos hidroeléctricos, antes de otorgar las licencias. A fin de generar las condiciones previas y necesarias para la instalación y construcción del proyecto hidroeléctrico”14 se obtuvo una serie de firmas de personas que en ese entonces ocupaban cargos comunitarios. Según las y los comunitarios, algunas de estas firmas fueron falsificadas por personas que se auto-nombraron autoridades comunitarias, cuando en realidad no fueron respaldadas por las comunidades. Además, algunas maniobras realizadas por el MEM, se establecieron careciendo de contratos vigentes en torno al uso de bienes de dominio público.15

En los acuerdos que la empresa hizo con el Concejo Municipal de San Mateo Ixtatán a mediados de 2011 y que posteriormente les impulsó a autorizar las licencias de construcción, se estipula que “la empresa deberá prioritariamente, proveer el servicio de energía eléctrica a las comunidades”.16 Esta promesa se hizo a pesar de que, desde una perspectiva legal, una productora de energía eléctrica no puede ser distribuidora a la vez. Según El Observador, esta falsa promesa fue un punto clave que permitió la penetración y la presencia de PDHSA en las comunidades”.

Un argumento frecuentemente usado para promover la construcción de las hidroeléctricas es que ésta contribuirá al desarrollo de la microregión. Sin embargo, las autoridades de las comunidades directamente afectadas expresan que desde su experiencia “no es un desarrollo para la microregión y para el pueblo entero.”17

La empresa ha afirmado que las comunidades beneficiarían de proyectos sociales y de infraestructura, mencionando entre ellos la reforestación, la construcción de 18 puentes y de dos escuelas nuevas, como un proyecto de agua potable y el mejoramiento de 18 km de tramo de carretera.18 Sin embargo, hasta el momento las autoridades comunitarias dicen desconocer la existencia de tales proyectos en la región. A raíz de las operaciones de la empresa, el territorio se encuentra alterado, lo cual ha conllevado significantes consecuencias sociales, ambientales y económicas: la contaminación provocada por las obras y el inminente desvío de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, que dejaría a cuatro comunidades sin acceso a agua19, implica una situación precaria para los pobladores quienes en su mayoría viven en situación de pobreza o pobreza extrema.20 “De ponerse en funcionamiento ocasionarán daños irreversibles a la Cuenca hídrica Río Santo Domingo, una de las más importantes del territorio huehueteco y mexicano para la vida humana y la Madre Tierra” escribe la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango en un comunicado publicado en el año 2016.21 Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desestimó en gran medida los impactos ambientales, es mas, sigue carente de un análisis completo sobre cómo la pérdida de agua por causa de las represas, afectaría a los residentes locales. Investigadores atribuyen esa situación a las diversas conexiones entre quienes escribieron los estudios con o para las empresas, e instituciones que dominan el mercado hidroeléctrico en Guatemala. Un ejemplo ilustrativo es que el EIA para los proyectos Pojom II y San Andrés, fue redactado por Grupo Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.A. (SIGA), una empresa que ha sido denunciada públicamente por su conexión con la entonces Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roxana Sobenes García, quien anteriormente había sido administradora y representante legal de SIGA.22

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Rio Negro, Bella Linda ©ACOGUATE

Determinados a levantar sus voces para que sean escuchadas, mas de 2000 comunitarios de la microregión se reunieron en 17 de enero de 2017 para crear un plantón pacifico permanente enfrente de las instalaciones de la empresa PDHSA para consolidar sus intenciones de seguir firmes en torno a la autodeterminación de su pueblo y su voluntad. El día culminó en el ya mencionado asesinato de Sebastián Alonso Juan, comunitario defensor de la tierra de 72 años, mientras participaba en la manifestación pacifica.23 Igual como en el 2014 se registró una quema de maquinarias en el terreno de la empresa. Al ver el humo, los manifestantes decidieron suspender la manifestación pacifica y alejarse del sitio. Al momento de retirarse, varios testigos reportan que vieron, infiltrados armados y enmascarados con pasamontañas empezaron a disparar contra la multitud y que agentes de la seguridad privada de la empresa estaban emboscados detrás de la “casa de las maquinarias”, de donde procedían los primeros disparos. Asimismo, se registró la presencia de elementos de la PNC y del ejercito.24

Sin embargo, varios medios noticieros publicaron notas que daban a entender “que la quema de la maquinaria y los ataques a la empresa son ejecutados por un grupo de gente armada […] está vinculado a los/las comunitarios y comunitarias que se oponen a la instalación del proyecto hidroeléctrico”.25

En un campo pagado publicado el 19 de enero de 2017, la PDHSA aseveró que los y las manifestantes acudieron al lugar de manifestación

[…] de manera intimidante y portando armas de fuego de distinto calibre y armas blancas (…) Al llegar al predio donde se encontraba la maquinaria, procedieron a quemar la misma en dos ocasiones distintas [14:00 y 18:02 horas] (…) Adicionalmente se enfrentaron con las armas que portaban con las fuerzas de seguridad del Estado”.26

Mientras la empresa sostiene que ocurrieron dos incidentes de quema de maquinaria el 17 de enero del 2017, defensores y defensoras del territorio relatan que la manifestación pacífica se dispersó a partir de las 2 pm, cuando se notó el humo de las quemas y que pocos momentos después comenzaron los disparos que hirieron y luego mataron a Sebastián Alonso Juan. Según relatan, a las 6 pm, los comunitarios se encontraban, sin ayuda ninguna por las instituciones del Estado, ocupados con intentar de salvarle la vida al compañero herido quien luego falleció en camino a un centro medico en Santa Cruz Barillas.

Así mismo el relato de la empresa PDHSA no fue comprobado por las autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en las interpelaciones del 25 y 26 de marzo del 2017 que buscaron esclarecer los hechos del 17 de enero. Tanto el titular del MINGOB, Francisco Rivas Lara, como el Viceministro de Seguridad, Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, confirmaron que la movilización fue de carácter pacífica. Adicionalmente, constataron que sí se habían generado disparos en el lugar donde se guardada la maquinaria de la empresa y no donde se realizó la manifestación pacifica y que esto sucedió posteriormente a la movilización.

En un previo articulo de ACOGUATE se profundiza más sobre la cronología de los acontecimientos el día de la manifestación pacifica del 17 de enero 2017.

ACOGUATE acompaña las comunidades en resistencia de Ixquisis desde el 2016.


1La microregión Ixquisis está conformada por las comunidades: Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón (El Observador, Informe Especial No. 10 p.6).
2En un comunicado datado el 3 de Octubre, la empresa informa que la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., más conocida como PDHSA, se ha evolucionado a Energía y Renovación S.A.
3Organización Internacional de Trabajo, Comunicado de Prensa, 13 de junio de 1996. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008418/lang–es/index.htm-
4Op. Cit., Organización Internacional de Trabajo.
5La mayoría de la población de la microregión de Ixquisis pertenece al pueblo Maya Chuj. Sin embargo, también hay una población Maya Q´anjob´al, Acateco, y mestiza.
6Merida, Alba Cecilia, Krenmayr, Wolfgang, “Tejiendo entre los pueblos – la defensa del territorio. Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango”, Sistematización de experiencias 2008-2009.
7La Noticia en Guatemala, “Instalan Destacamento Militar para retomar el orden en aldea Ixquisis”, 7 de mayo 2014. http://lanoticiaenguatemala.com/instalan-destacamento-militar-para-retomar-el-orden-en-aldea-ixquisis-2/
8El Observador, Informe especial No. 10, “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A)”, 12 de julio 2017, p. 4.
9Acta comunitaria de la microregión de Ixquisis No. 79, 2017.
10Op. Cit., Acta No. 79.
11Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10, pp. 38–39.
12Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 3 p.11
13Op. Cit., El observador, Informe Especial No.10, p. 51.
14Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10, p. 52.
15Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 3, p.1.
16Op. Cit., El Observador, Informe especial No. 3, p.8.
17Op. Cit., Acta No. 79.
18Op. Cit., EL Observador, Informe Especial No. 10 p. 67.
19El Observador, Informe Especial No. 3, “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, norte de Huehuetenango”, 13 de julio de 2016.
20Instituto de Estadísticas (INE), “Mapa de Pobreza Rural en Guatemala”, 2011.
21Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) et al., Comunicado Final Caso Ixquisis, 26 de abril de 2016.
22Op. Cit., El Observador. Informe Especial No. 3, pp. 21-22.
23Front Line Defenders, 23 de enero 2017. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/indigenous-and-land-rights-defender-sebastian-alonso-juan-assassination
24Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) et al., Comunicado “Ante la represión en contra de las comunidades defensoras de los derechos de las comunidades que integran la Micro Región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”. 17 de enero 2017.
25Op. Cit., El Observador, Informe Especial No. 10. p. 12.
26Campo pagado de Promoción y Desarrollos Hídricos S,A. en elPeriódico, 19 de enero de 2017. p.9.

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Corozal Arriba: entre recuperación de la tierra y criminalización

Las violaciones a los derechos humanos y los abusos que se registran en la comunidad de Corozal Arriba, se enraízan en la búsqueda de la restitución de las tierras ancestrales a uso de las comunidades ch’orti’.  A pesar de haber recurrido al uso de instrumentos legales, para lograr acceder nuevamente a las tierras, la comunidad se encuentra desde varios años en una situación compleja de conflicto. La historia recién de la comunidad maya ch’orti’ de Corozal Arriba, municipio de La Unión, de Zacapa, se desarrolla entre la lucha por su reconocimiento en cuanto comunidad indígena, el derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales y ahora la criminalización en su contra.

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Resistencia organizada contra Mina San Rafael denuncia ataques constantes

El proyecto minero El Escobal en San Rafael Las Flores, departamento Santa Rosa, ejemplifica como se desarrollan relaciones de poder desiguales entre los intereses económicos y la población local, que reclama su legítimo derecho a la consulta. Según los comunitarios, en 2008, la empresa pretendió vender a la población del municipio de San Rafael, un proyecto de planta de orquídeas, que al final resul en otro proyecto de extracción minera, no deseado, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources Inc.

Los defensores y las defensoras que se movilizan en favor de la naturaleza y los derechos humanos en el área, han reportado a lo largo de estos años, difamación, amenazas, criminalización constante, ataques físicos y hasta asesinatos. Desde entonces, una serie de acontecimientos de violencia se realizan en contra de la población de la región, que lucha para que sus voces en oposición a este proyecto, sean escuchadas.

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