La situación actual de los defensores y las defensoras de la tierra y territorio, un constante peligro bajo observación

El 2016 acaba de concluir dejando muchas preocupaciones sobre la situación enfrentada en el ultimo año por las y los defensores de derechos humanos, quienes recibieron fuertes ataques por la labor que llevan a cabo. El 2017 arranca confirmando las tendencias del año anterior acerca de las violaciones a derechos humanos.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA, al 30 de noviembre 2016 se registran 223 ataques a defensores de Derechos Humanos, mientras que en los años anteriores fueron respectivamente 657 en 2013, 813 en 2014 y 493 en 2015. Sin embargo, a pesar de la disminución cuantitativa de las agresiones en relación al periodo del Gobierno Patriota (2012-2015), los ataques registrados en 2016 han sido más graves, elevándose el número de asesinatos e intentos de ataque físico.

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El caso “Las Dos Erres” avanza con un nuevo juicio

El caso de la masacre de Las Dos Erres me marco para toda la vida” comentó Aura Elena Farfán de la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala-FAMDEGUA durante un encuentro el 14 de octubre 2016 en Guatemala Ciudad. Y sigue: Me ha marcado porque empezaron a matar con los niños”.

Este caso se vuelve nuevamente actual porque el estado guatemalteco todavía no ha cumplido con su responsabilidad de condenar todos los hechores intelectuales y materiales de la masacre.(1) En agosto 2016 abrió un nuevo proceso contra Santos López Alonso, uno de los militares que participó y secuestró un niño sobreviviente así como sigue el caso contra Efraín Ríos Montt, quien en ese tiempo era jefe de estado.

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Juicio contra el ex jefe de seguridad de CGN concluirá a puertas cerradas

Concluirá después de siete años del asesinato de Adolfo Ich, el juicio contra Mynor Padilla. El 17 de noviembre la jueza Ana Leticia Peña Ayala programó la audiencia de emisión de las conclusiones para el día 30 de noviembre y 1 de diciembre 2016. El debate oral y público se abrió en abril 2015, y el proceso ha sido muy atrasado y definido por irregularidades, incluso la querellante intentó recusar la jueza por discriminación racial.

Según la orden del 8 de febrero 2016 emitido por la misma jueza, se han llevado a cabo las audiencias a puertas cerradas, para garantizar la seguridad de Angélica Choc, aun si los querellantes siempre han estado en desacuerdo con la prohibición de la presencia de prensa y observadores nacionales e internacionales que promueven los derechos humanos. Durante la ultima audiencia del debate, el 17 de noviembre, los abogados de la querellante junto a los fiscales y la CICIG que también hace parte del juicio, plantearon a la jueza que abriera las puertas durante las conclusiones y la sentencia. La jueza no lo aceptó y ratificó que las conclusiones seguirán a puertas cerradas.

Mientras tanto tres casos relacionados a las mismas agresiones siguen en el sistema judicial de Canadá.

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Mina El Escobal: tres años después del estado de sitio

La rápida expansión de la industria extractiva en América Latina es un fenómeno que, en muchos lugares, ha generado conflictos sociales y ambientales. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales las actividades extractivas (en Guatemala) “se desarrollan en un contexto de conflicto social, falta de consenso, poca transparencia, escasa regulación ambiental y cuestionables beneficios fiscales y económicos”.

Uno de los casos más emblemáticos en Guatemala es la mina El Escobal en San Rafael Las Flores en el departamento Santa Rosa, donde se ha reportado criminalización, ataques físicos y asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos.

El pico del conflicto minero se tuvo en mayo 2013 cuando el gobierno, en ese entonces, declaró el estado de sitio en cuatro municipios. Después el panorama ha cambiado, no obstante, oponerse a la minería en Santa Rosa y Jalapa sigue siendo una tarea sumamente peligrosa. En este artículo presentamos una actualización sobre la situación alrededor del proyecto minero El Escobal, poniendo el foco en la situación de defensoras y defensores de derechos humanos afectados por la presencia de la mina.

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El caso del asesinato del lider comuntario Adolfo Ich está llegando a una fase final

El caso que Angelica Choc, querellante en contra de Mynor Padilla, exjefe de Seguridad de la Compañia Guatemalteca de Niquel (CGN), lleva por el asesinato de su esposo, el líder comunitario Adolfo Ich y por las lesiones graves causadas al comunitario German Chub, llega a una fase conclusiva en el tribunal de Puerto Barrios.

Un proceso, que hubiera tenido una sentencia en estas fechas, si no fuera atrasado.

En abril 2015, abrió el debate oral y publico por los hechos que ocurrieron el 27 de septiembre 2009, cuando se verificaron una serie de agresiones y ataques, previamente anunciados a través de amenazas, contra las comunidades que viven cerca del proyecto Fenix, explotación minera de niquel. Agresiones con la intención de sacar las personas que viven en esas tierras. Desde el 8 de febrero de este año, el juicio se celebra a puertas cerradas. Según la jueza Ana Leticia Peña Ayala, la decisión fue tomada en primer lugar por la seguridad de Angelia Choc, algo con la cual la querellante no esta de acuerdo porque considera el carácter público de la audiencia como algo fundamental. Previamente a esta decisión, la querellante habia intentando recusar la jueza por actos de discriminación racial.

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Una marcha para la memoria y para exigir justicia

El 30 de junio el centro histórico de Ciudad de Guatemala ofreció su espacio para la Marcha de la Memoria, celebrada el Día de los Héroes y Mártires, para conmemorar la dignidad de todas las personas que han sido víctima del conflicto armado interno. Actividades culturales y artísticas acompañaron este día: una obra de teatro sobre el tema de desaparición forzada y música en vivo por parte de varios artistas guatemaltecos.

Un desfile militar solía llevarse a cabo por las calles de la ciudad en esta fecha, luego suspendido y este año nuevamente anunciado por el presidente de la república. Varias organizaciones, entre la cual la Convergencia por los Derechos Humanos, expresaron su rechazo y preocupación frente a esta decisión, que finalmente fue revocada.

Memoria y dignidad

Según el informe de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico – CEH, la memoria histórica individual y colectiva es el fundamento de la identidad nacional.

Para construir memoria es importante dignificar a las víctimas ante la sociedad a través del reconocimiento de los hechos del pasado, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad del estado frente a las violaciones de derechos humanos que se han dado durante el conflicto armado interno, en particular las que son vinculadas con el ejército y con las fuerzas de seguridad del estado. Así mismo, es importante celebrar la memoria a través de diferentes actividades, como la construcción de monumentos y parques públicos a nivel regional, municipal y nacional, que se asignen nombres de víctimas a centros educativos, edificios y vías públicas; y que se cuente con un día dedicado a las víctimas como “Día nacional de la dignidad de las víctimas”, ahora fechado el 26 de febrero.

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La Marcha de la Memoria es otra forma de seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos, que siga la búsqueda de los desaparecidos, que la justicia avance restituyendo la dignidad y que se siga en la búsqueda del reconocimiento de la verdad.

“Hay que compartir la memoria histórica con los que están creciendo, que no se quede en papel. Que se enseñe a los jóvenes, recordando lo que pasó, por medio de la educación y los dibujos. Algunos no les gusta y dicen palabras en contra, dicen que son inventos, que se olvide lo que pasó y se conforman con un poco que les dan los ricos, pero se debe enseñar la verdad de lo que pasó” (1)

Las expectativas de las víctimas sobre la justicia transicional

Según un informe de Impunity Watch, para una justicia transicional, que aborde de manera integral los hechos del pasado, se debería atender con las expectativas de los sobrevivientes, que consideran fundamental el cumplimiento de los siguientes pasos:

  • Reconocimiento de la verdad. Las víctimas exigen que el Estado, particularmente el Ejército, reconozca públicamente la verdad de lo que pasó y asuma su responsabilidad en los hechos; mucha gente espera que el Estado reconozca que las personas desaparecidas y asesinadas eran inocentes y que se respeten los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por el terror de la guerra.

  • Encontrar a los desaparecidos. Miles de familias, principalmente las mujeres, anhelan encontrar a sus seres queridos vivos o muertos, quieren recuperar sus restos para enterrarlos dignamente según su religión y costumbre.

  • Reparación digna. Para muchas familias es importante recibir una indemnización económica y resarcimiento material para mitigar la pobreza que continúan viviendo, igualmente esperan medidas de reparación para dignificar la memoria de las víctimas y recuperar la identidad cultural.

  • Justicia. Muchas víctimas esperan que los responsables de los crímenes enfrenten la justicia, principalmente los altos mandos del Ejército o la guerrilla, y que los hechos no queden impunes. Esto servirá para sentar un precedente y evitar que en el futuro agentes del Estado o miembros de cualquier otro grupo cometan este tipo de atrocidades.

  • Dar a conocer la verdad. Para las víctimas es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó durante el conflicto armado, y que en las escuelas y los institutos se enseñe el contenido del informe de la CEH.

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Ríos de lucha

Entrevista a cinco presos políticos del norte de Huehuetenango

Un testimonio de Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Rigoberto Juárez y Sotero Adalberto Villatoro desde el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, Ciudad de Guatemala.

El norte de Huehuetenango

Por sus peculiares características, el territorio representa una de las regiones geo estratégicas a nivel nacional, especialmente apto a la explotación minera y a la producción eléctrica. La riqueza del subsuelo, la abundante presencia de fuentes de agua, así como las amplias extensiones de bosque, han atraído por décadas importantes intereses económico que han encausado, partícipe la cercanía con la frontera méxicana, la construcción de la Franja Transversal del Norte(1). El sector económico que en los últimos diez años ha protagonizado la avanzada empresarial en el territorio ha sido el de la generación hidroeléctrica, conducido por empresas nacionales y transnacionales cuyos proyectos se benefician en su mayoría de prestamos de instituciones financieras internacionales de desarrollo.

Desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango  – ADH–,  se iniciaron en el departamento procesos de consulta comunitaria de buena fe(2) en torno a la explotación de los recursos naturales, en conformidad con las prácticas ancestrales de toma de decisión colectiva y el marco legal internacional relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas(3). A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango han realizado procesos de consulta, ejercicio de democracia directa que ha puesto en evidencia el rechazo de la población a la explotación de los bienes naturales de su territorio.

Con respecto a la industria minera el registro catastral minero del Ministerio de Energía y Minas, reporta un total de 30 licencias de explotación vigentes en el Departamento de Huehuetenango5, de ellas tres se encuentran en la región Norte de este departamento. En cuanto a la industria hidroeléctrica existen en cambio 5 autorizaciones vigentes para proyectos mayores a 5MGW, todos ubicados en la región norte del departamento:

  • proyecto La Cascata (137MW) de la empresa italiana Enel Green Power Guatemala S.A., a ser desarrollado en el municipio de Soloma,
  • Hidroeléctrica San Luis (12.2MW) de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. en el municipio de Santa Eulalia.

Además de los 3 proyectos que conforman el conglomerado de producción hidroeléctrica previstos para la microregión de Ixquisis:

  • Pojom II (20MW) de la Generadora San Mateo,
  • San Andrés (10.8 MW) de la Generadora San Andrés, 
  • Pojom I (10.2MW) de la Generadora del Río, todas subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos (PDHSA).

Existen asimismo tres autorizaciones vigentes en el departamento de Huehuetenango para proyectos inferiores a 5MGW, entre ellos el proyecto Canbalám I, de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la española Hidralia, ubicado en el Municipio de Santa Cruz Barillas.

La resistencia comunitaria y la represión estatal

Frente a los procesos comunitarios de resistencia, cuyas expresiones más tenaces han surgido en los Municipios de Barillas, (Sociedad Civil de Barillas), Santa Eulalia (Movimiento Social de Santa Eulalia) y San Mateo Ixtatán (comunidades de la microregión de Ixquisis) las empresas que pretenden instalar sus proyectos en estos municipios respondieron con diferentes estrategias, ilegales y lesivas de los DDHH, entre ellas intentos de división inter e intra comunitaria, cooptación  de líderes, actos violentos perpetrados en su mayoría por agentes de seguridad privada contratados por las empresas como asesinatos(4), agresiones con armas de fuego, secuestros e intoxicación por gases lacrimógenos, amenazas e intimidaciones.
La respuesta estatal ante la conflictividad en la región, ha sido caracterizada por el amplio despliegue de fuerzas policiales y militares y la acción represiva. Se señala en este sentido, el estado de sitio impuesto por el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, a raíz de los hechos del 2 de Mayo de 2012, que tuvo una duración de 13 días, durante el cual, se realizaron 15 detenciones de líderes comunitarios por supuesta participación en los disturbios.

Particularmente desgastante para los movimientos ha resultado la estrategia de difamación e criminalización impulsada por las empresas y dirigida a perseguir penalmente a líderes y autoridades comunitarias. Ella se avale de la complicidad de  autoridades locales encargadas de administrar la seguridad y la justicia, y se manifiesta por medio de numerosas órdenes de captura respaldadas por denuncias que usan tipos y figuras legales amplias y ambiguas, la práctica de detenciones arbitrarias, ejecutada en algunas ocasiones por actores no estatales, el prolongamiento inmotivado de la prisión preventiva(5), la paralización de casos jurídicos, el aumento de denuncias en contra de defensoras y defensores en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellos interponen por ataques sufridos.

Actualmente, seis defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos del Norte de Huehuetenango, se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.

A partir de hoy, miércoles 6 de julio se estará llevando a cabo el debate ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, nivel 15, torre de tribunales.

 

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(1) Para profundizar ver “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte” de Luis Solano. CEDFOG, El Observador, 2012
(2) Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio. Sistematización de experiencias 2008-2009.”Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2010.
(3) Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Fecha de ratificación: 10 de abril de 1996. Decreto del Congreso de Guatemala número 9-96, del 5 de marzo de 1996.)
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(4) El 1 de Mayo de 2012 se registra en Santa Cruz Barillas el asesinato de Andrés Francisco Miguel, e intento de asesinato de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, líderes comunitarios barillenses, según reportan los comunitarios por parte de personal de seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz. El 16 de abril de 2013 fue encontrado el cadáver de Daniel Pedro Mateo, en Santa Eulalia, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. El 7 de Abril del mismo año había sido secuestrado tras su participación en la actividad de fundación de la Resistencia “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas.
(5) Se señala el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Santa Cruz Barillas, declarados inocentes el 28 de Octubre de 2015 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y liberados e 14 de Enero de 2016 tras mas de dos años en prisión preventiva.

 

 

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