Del 11 al 15 de marzo de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, realizó una visita a Guatemala para observar la situación de derechos humanos en el país. Durante su visita, la Alta Comisionada sostuvo reuniones con varias autoridades estatales, instituciones del organismo judicial y sectores de la sociedad civil. El 13 de marzo se reunió en Totonicapán con más de 3,000 representantes y líderes de comunidades indígenas y ancestrales de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, quienes presentaron un amplio espectro de casos de discriminación, falta de justicia, desalojos, conflictividad generado por megaproyectos, pérdida de territorio indígena, militarización de la sociedad y criminalización de la resistencia pacífica. ACOGUATE observó el encuentro por petición de organizaciones acompañadas que participaron. Después de la reunión en Totonicapán, la Sra. Pillay visitó el cementerio de La Verbena en la ciudad capital, donde sigue la exhumación de personas que fueron enterradas como XX.
Navi Pillay visita a Guatemala
El 1 de septiembre de 2008, Navanethem (Navi) Pillay, de nacionalidad sudafricana, asumió el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Trabajó durante varios años como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid. En 1995, cuando terminó el apartheid, la Sra. Pillay fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Ese mismo año fue elegida magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cargo que desempeñó durante ocho años (1999-2003), los últimos cuatro como presidenta. En 2003, fue designada jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya, donde permaneció hasta agosto de 20081.
Durante su visita a Guatemala, la Sra. Pillay sostuvo reuniones con varias autoridades guatemaltecas, incluyendo los Ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, así como con el Presidente y la Vicepresidenta del Congreso, y los Presidentes de las Comisiones de derechos humanos y asuntos constitucionales. Además se reunió con el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento, la Fiscal General, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y con representantes del equipo de país del Sistema de Naciones Unidas y del cuerpo diplomático. En varias ocasiones se reunió con la sociedad civil, autoridades y líderes indígenas, y representantes del sector privado2.
Encuentro en Totonicapán
Unos 3,000 representantes de pueblos indígenas de toda Guatemala llegaron a Totonicapán el 13 de marzo para exponer su situación a la Alta Comisionada y reivindicar el respeto de sus derechos. En una conferencia de prensa dos días después, la Alta Comisionada dijo haberse impactado por “las voces unánimes que describieron la exclusión en todas las esferas, incluyendo el acceso a servicios básicos, propiedad de la tierra, acceso a la justicia, participación en entidades públicas y procesos de toma de decisión, así como la criminalización de líderes indígenas que ejercían su derecho a disentir.”3
Las reivindicaciones de los representantes indígenas se basaron en cuatro temas: i) la autonomía y la libre determinación, ii) los megaproyectos, iii) la criminalización y la remilitarización y iv) la discriminación (específicamente en contra de las mujeres) y el racismo hacia la población indígena en la sociedad guatemalteca, además de la situación de pobreza en que se vive. También entregaron a la Alta Comisionada el documento de “Posicionamiento Político de los Pueblos Originarios”, y le pidieron apoyo en su lucha.
El documento entregado concluye que “en Guatemala – en pleno siglo XXI – persiste intacto el modelo de Estado-Nación ‘autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que [sigue sirviendo] sirvió para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados’ del país, como contundentemente concluyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos (…) este ‘Estado-Nación’ incumple frontalmente la implementación de diversos instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.”4
Los representantes que llegaron al encuentro en Totonicapán explicaron cómo la explotación de los recursos naturales por parte de la minería, la explotación petrolera y la construcción de represas hidroeléctricas destruyen la naturaleza de una manera irreversible. También denunciaron que la expansión de monocultivos, como la palma africana o la caña de azúcar, para la producción de agrocombustibles ha sido motivo de desalojos y fuente de destrucción del medio ambiente. Además destacaron los daños sociales provocados, como la división de las comunidades y el aumento de la violencia en las regiones afectadas. Tomando eso en cuenta, la Alta Comisionada en un resumen de las conclusiones de su visita a Guatemala manifestó que había “la necesidad de que el Estado lleve a cabo una revisión exhaustiva de las leyes y políticas existentes relativas a las tierras indígenas, minerías y medio ambiente, en particular una reforma a la Ley de Minería, de acuerdo a los estándares internacionales, de modo que se evite el aumento del número de desalojos que mi Oficina ha documentado.”5
También los representantes hablaron en Totonicapán de la falta de respeto a las consultas comunitarias. Pillay expresó su preocupación por esto, y en reuniones con el sector privado, resaltó la necesidad de aplicar las provisiones específicas contempladas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en 2007, de la cual Guatemala fue promotora y uno de los primeros signatarios.6
Otras conclusiones de la Alta Comisionada
Navi Pillay recalcó su preocupación por la situación de la población indígena en Guatemala y la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos. Indicó que: “Hay problemas serios. Considero válido su reclamo de que son tratados como si fuesen invisibles. La Constitución de este país habla de igualdad para todos.”7 Comparó la situación con la del pasado en su propio país: “Lo que escuché hoy me recuerda a mi infancia en Sudáfrica, el racismo y la discriminación fueron fuerzas corrosivas que dañaron los fundamentos de la misma sociedad”8
También reconoció el “papel sustancial” de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Urgió al gobierno “a reconocer públicamente su contribución a la justicia y la democracia, así como a adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para aquellos que están en riesgo o enfrentan amenazas, ataques, intimidación y criminalización debido a su labor en derechos humanos.”9
La Alta Comisionada reconoció la importancia de investigar los crímenes del pasado. Expresó que, “a nivel mundial se ha demostrado que no puede reconciliarse a un país en forma perdurable y sostenible si no se enfrentan los crímenes cometidos. Es fundamental escuchar el clamor de quienes piden justicia.”10 Por lo tanto, vio como “esperanzador”11 los avances en casos de crímenes del pasado, tales como la sentencia en el caso de las Dos Erres12 y los avances en el caso por genocidio.13
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